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Despliegan operativo por entrega del Cuarto Informe de Gobierno de Peña al Congreso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó un operativo con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En el despliegue para garantizar la seguridad y la movilidad durante y después de la entrega del documento, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, participarán cuatro mil 100 policías con 200 vehículos, apoyados con un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, el cual realizará sobrevuelos para supervisar y coordinar las acciones en tierra.

Se tiene previsto que a las 17:00 horas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se presente en el recinto de San Lázaro para entregar informe al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños.

Por ello, la policía capitalina se mantendrá en alerta ante cualquier contingencia que pudiera presentarse en los alrededores del inmueble ubicado en la colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza.

Asimismo, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará las acciones de vialidad correspondientes para permitir la movilidad ante la presencia de posibles marchas, movilizaciones o concentraciones.

Por la noche, a las 21:00 horas, el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con cerca de 300 jóvenes de distintas partes del país en el Palacio Nacional, para hablar sobre su cuarto año de gobierno.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/453161/despliegan-operativo-entrega-del-cuarto-informe-gobierno-pena-al-congreso

¿Cuántas recomendaciones requiere el Ejecutivo?

Desde el sexenio de Felipe Calderón se cuestionaba si la llamada “guerra contra al narco” debía ser orquestada con las fuerzas militares en las calles. El argumento oficial era entendible, México carece de fuerzas policiales capacitadas para esta función. En campaña, Enrique Peña Nieto ofreció reajustar la estrategia de seguridad. Vamos para 10 años de promesas, no es un asunto simple pero se requieren planes concretos. Se han hecho múltiples anuncios, todos ellos en formato faraónico, de la redefinición, reestructuración, profesionalización, tecnificación y fortalecimiento de las policías en el país. El resultado, las fuerzas militares siguen y al parecer seguirán en las calles.

Recientemente Peña Nieto afirmó que el Estado no dará ni un paso atrás en el objetivo de dar seguridad a los mexicanos y que el Ejército tendrá una mayor capacidad de despliegue. Hizo un llamado a la sociedad civil para que se solidarice con los elementos de Ejército y de este modo combatir a la delincuencia organizada. Al parecer la nueva estrategia es pedir solidaridad a la sociedad mexicana.

Diagnósticos y recomendaciones en el sentido opuesto sobran:

Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein con motivo de su visita a México: “Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”.

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en México: “Durante su visita, la Comisión pudo constatar con extrema preocupación que esta presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana persiste, y no tiene plazo aproximado para concluir… La CIDH considera indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponderían a la policía”.

Informe del Relator especial sobre la Tortura, Juan E. Méndez: “Retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles”.

Informe del Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns: “Según la información proporcionada al Relator especial, el Sr. Peña Nieto ha declarado que las fuerzas armadas seguirán realizando una labor de seguridad pública hasta la aplicación de la nueva estrategia en materia de seguridad y justicia, la cual permitirá su retorno progresivo a los cuarteles…Deberían adoptarse todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares”.

¿Cuántas recomendaciones requiere el Ejecutivo?

En artículo publicado en El País por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, pone en claro que la Constitución mexicana establece que las fuerzas armadas en tiempos de paz solo pueden realizar funciones relativas a la disciplina militar dentro de sus cuarteles. Las únicas dos excepciones se dan al declararse un estado de excepción o cuando se encuentre comprometida la seguridad interior. Por el bien del país, de la ciudadanía y de las fuerzas armadas es importante saber, como lo escribe el Ministro Cossío, bajo qué supuesto y con qué mandato están operando las fuerzas armadas. Agregaría yo que es imprescindible saber cuál es el plan de sustitución por fuerzas policiales y legislar el uso de la fuerza de conformidad con estándares internacionales.

Todo hace indicar que este sexenio no habrá cambios en materia de seguridad. El costo será abonar a la grave crisis de derechos humanos y al desgaste de las fuerzas armadas. Si el tema de la corrupción ya está posicionado como ineludible para las campañas electorales de 2018; la estrategia de seguridad, que junto con otros como la impunidad, la marginación y las víctimas, no podrían quedar fuera. Allí están las recomendaciones.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYÁN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/cuantas-recomendaciones-requiere-el-ejecutivo/

PGR podrá espiar en lugares públicos e intervenir comunicaciones si sospecha nexos criminales

La reforma aprobada a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada permite a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar intervenciones de comunicaciones privadas que deberán autorizarse en menos de seis horas y sin la obligación de demostrar ante el juez indicios de que la persona que será espiada pertenece al crimen organizado.

Las modificaciones a la ley aprobadas esta semana por la Cámara de Diputados además amplían el número de delitos que se consideran como delincuencia organizada, por ejemplo al contrabando y narcomenudeo, y en los que se podrá emplear el espionaje como medida de investigación.
También se contempla que las autoridades podrán realizar espionajes en tiempo real en sitios públicos utilizando cualquier medio electrónico o tecnológico a su alcance, así como dar seguimiento especial a personas e implementar operaciones encubiertas con agentes que incluso recibirán nueva identidad.

A continuación Animal Político te presenta las modificaciones clave de esta nueva ley a partir del dictamen aprobado por los Diputados, y que entrara en vigor en cuanto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Espionaje exprés

Para intervenir las comunicaciones privadas de una persona (su teléfono, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería y cualquier dispositivo de comunicación) aún se necesitará la autorización de un juez, sin embargo, la reforma probada sí modifica requisitos y condiciones para que el mismo se autorizado.

Antes de los cambios, la ley establecía en el artículo 15 que el juez tenía doce horas de plazo para autorizar el espionaje de las comunicaciones de una persona, y en el artículo 18 se señalaba  que el juez debería constatar “la existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada es miembro de la delincuencia organizada” para dar el visto bueno a la intervención.

Pero ambos párrafos fueron derogados. En su lugar, la reforma establece que el juez contará solo con un plazo máximo de seis horas para autorizar la intervención.

Para recibir el visto bueno del juez, la solicitud del Ministerio Público Federal deberá estar “fundada y motivada” según la nueva redacción del artículo 17, pero ya no se establece el requisito de confirmar el nexo criminal del objetivo en específico.

Según el mismo artículo, lo que la PGR debe precisar al juez es la persona o personas que serán intervenidas, si es posible la identificación de los lugares donde se realizará el espionaje, el tipo de comunicación a ser intervenida, su duración, y al empresa concesionaria responsable del sistema a intervenir.

El espionaje a una persona no podrá exceder de seis meses… aunque el Ministerio Público podrá intervenir de nuevo las comunicaciones del mismo objetivo si presenta una solicitud que lo justifique ante el juez.

Entre los párrafos que los legisladores añadieron destaca el que describe como “comunicaciones privadas” a “todo un sistema de comunicación, programas que sean fruto d ela evolución de la tecnología, que permitan el intercambio de datos, videos, audio, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, las cuales se pueden presentar en tiempo real o con posterioridad al momento en que se produce el momento comunicativo”.

Se estableció además que el juez que autorice la intervención podrá supervisar en cualquier momento que se lleve a cabo conforme a lo establecido y se detecta irregularidades, podrá ordenar su cancelación.

“Big Brother”

En el capítulo de técnicas de Investigación de la ley Federal contra la delincuencia Organizada, enmarcadas en el artículo 11Bis, los legisladores aprobaron nuevas modalidades de las que podrá echar mano el Ministerio Público y los policías ministeriales.

Entre las técnicas nuevas se encuentra el “recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia”. También se habilitó la “vigilancia electrónica” y el “seguimiento de personas”.

Además la Procuraduría podrá intervenir cuentas bancarias,  financieras o equivalentes como parte de las investigaciones.

De acuerdo con la reforma, cuando las acciones anteriores afecten algún tipo de comunicación privada se requerirá la autorización previa de un juez.

La nueva ley también faculta a la PGR para que pueda solicitar a la Secretaría de Economía toda la información relacionada con actividades comerciales o negocios de alguna persona o empresa bajo investigación por delincuencia organizada.

En un plazo máximo de seis meses la Procuraduría deberá emitir protocolos específicos para todas estas modalidades de investigación.

Nuevos delitos y sanciones más severas

La reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada incluyó cinco delitos nuevos dentro del catálogo de conductas delictivas que la ley considera como actividades de crimen organizado: 1) desvío de precursores químicos para la preparación de narcóticos 2)  narcomenudeo 3)uso de moneda falsificada con conocimiento de ello 4) contrabando de bienes) y 5)  robo de hidrocarburos.

Dichos ilícitos se suman a los que ya estaban previamente incorporados a la ley como es el tráfico de drogas, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el secuestro o el tráfico y trata de personas. Además, todos estos ilícitos ya se podrán agravar con penas de hasta 40 años de prisión si los involucrados resaltan estar al mando de las células delictiva.

Con esta reforma, el Ministerio Público Federal tendrá la facultad de atraer directamente delitos de trata de personas o narcomenudeo que estén en manos de las procuradurías o fiscalías locales.

También se estableció que una vez consignados estos delitos, ninguno prescribirá si el probable responsable no se encuentra en prisión o si es extraditado a otro país.

Agentes encubiertos y con nueva identidad

Entre las nuevas técnicas de investigación enmarcadas en el artículo 11 de la reformada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se establece la figura de ”agentes encubiertos” con el objetivo de obtener información de primera mano de los grupos criminales.

“Los agentes de las fuerzas del orden público que participen en dichas investigaciones, con base en circunstancias del caso, se les proporcionará una nueva identidad, dotándolos para tal efecto de la documentación correspondiente” indica el párrafo agregado a la ley.

Los fiscales responsables de la investigación podrán autorizar que los nombres o cualquier dato personal de los  agentes que participen en estas operaciones no aparezcan en los expedientes de la investigación. En su lugar se asignará a los agentes una “clave numérica” y con a msima serán  identificados en los documentos,

Cabe señalar que los artículos reformados no establecen alguna limitante para que personas ajenas a la policía de la PGR pueden participar como agentes encubiertos en las investigaciones.

Lo que si establece la ley es que “ninguna persona podrá ser obligada a actuar en operaciones encubiertas”.

Arraigos se quedan

Los arraigos se mantienen en la reforma a la Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada. Como ya estaba estipulado, se remarca que estos deberán ser autorizados por un juez y que serán por un periodo de 40 días, que podrá duplicarse solo una vez. Es decir, ninguna persona podrá ser arraigada más de 80 días.

Lo que si se adicionó con la reforma son los seis requisitos indispensables que deberá tener la resolución judicial que autorice un arraigo 1) Nombre y cargo de juez que lo autoriza 2) los datos del arraigado 3) los delitos 4) el motivo por el cual es necesario el arraigo 5) el día, hora y lugar del arraigo y 6) las autoridades responsables.

Se establece que en caso de que un juez niegue una orden de arraigo la PGR podrá subsanar deficiencias y volver a presentar la solicitud. En caso de que se trate de una negativa a ampliar un arraigo, podrá interponer una apelación.

Prisión de oficio, y no en cualquier cárcel

La reforma establece en el artículo 3 que cualquier delito de delincuencia organizada ameritará “prisión preventiva oficiosa”, es decir, que una persona detenida o bajo proceso por este delito deberá estar recluida en una cárcel.

Pero además, se estableció en el artículo 42 que las personas que se encuentren en prisión preventiva o ya sentenciada por un tema de delincuencia organizada, deberá ser recluidos en “centros especiales” sin que se diera mayor detalle de los mismos.

Además se anula el derecho de las personas recluidas por crimen organizado a compurgar su pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, y se mantiene la posibilidad de que sean sometidos a mecanismos de vigilancia especial de acuerdo con su perfil criminal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/pgr-podra-espiar-en-lugares-publicos-e-intervenir-comunicaciones-si-sospecha-nexos-criminales/

Cinco estados con escenarios de tensión para elecciones del domingo

Las autoridades electorales y de seguridad han informado que se cuenta con todas las condiciones para realizar las elecciones el domingo 5 de junio.
El próximo domingo cinco de junio, 14 estados tendrán elecciones, el Instituto Nacional Electoral ha informado que no hay “focos rojos”, por lo que esperan una jornada sin mayores conflictos, pero hay condiciones en algunas entidades que causan tensión y hostilidad.
Los estados con escenarios complejos son Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Sinaloa.

Oaxaca
En este estado los partidos políticos, PAN y PRD, buscan conservar su poder frente al PRI, pese a que estos tres partidos están sumidos en una crisis profunda. La situación social se complica por las movilizaciones y protestas del gremio magisterial contra la Reforma Educativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha intensificado su presencia y presión durante los últimos días.

Tamaulipas
El PRI busca conservar la gubernatura, sin embargo la inseguridad podría cobrar factura. Tamaulipas es el estado que tiene el mayor número de secuestros y desaparecidos a nivel nacional. El crimen organizado sigue siendo un tema constante en la entidad.

Veracruz
Inseguridad, presencia de grupos delincuenciales, abusos contra la prensa, asesinato de periodistas y los desfalcos financieros durante la administración de Javier Duarte han causado polémica y provocado mayor división de diversos sectores.

Chihuahua
La presencia del crimen organizado está presente en algunas zonas del estado, principalmente en Ciudad Juárez, lo cual genera tensión previo a las elecciones en la jornada dominical.

Sinaloa
Este es otro estado en donde la presencia de inseguridad e influencia de grupos criminaleses la principal amenaza en varias regiones. Además algunos candidatos han denunciado que grupos afines al gobierno estatal busca interfenir en el proceso electoral.
(Con información de El Informador)


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0206/mexico/escenarios-de-tension-en-algunas-entidades-que-tendran-elecciones-el-domingo/

México ‘limpia’ de sicarios la nueva cárcel de El Chapo para evitar que le ataquen

El Gobierno traslada 81 presos a otros penales, entre ellos integrantes de La Línea, enemigos mortales del capo.

Es difícil saber si El Chapo dormirá mejor. Pero sus guardianes seguro que sí. 81 presos de la cárcel de Ciudad Juárez (Chihuahua) han sido trasladados a otros centros penitenciarios para evitar altercados y aumentar el blindaje del mayor narcotraficante del planeta. Entre los desplazados figuran sicarios de La Línea, el brazo armado del cártel de Juárez, el enemigo mortal de Joaquín Guzmán Loera. La guerra entre ambos, iniciada en 2008, abrió en México uno de los capítulos más negros de su historia.

El Chapo ingresó en la prisión de Ciudad Juárez hace apenas una semana. El viernes por la noche, sin aviso previo, fue sacado de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano y llevado en avión 1.800 kilómetros al norte, hasta la penitenciaría de Chihuahua. El movimiento no deja de ser un misterio. Las autoridades lo han presentado, aunque con escaso éxito, como parte de la rotación que impone el protocolo de seguridad. La importancia de El Chapo y la misma insistencia del Ejecutivo en que la vigilancia que rodeaba al narcotraficante en El Altiplano era insuperable, han puesto en duda esta explicación. En contra juegan, además, que el centro sea uno de las peor calificados del ámbito federal y que en marzo de 2014 mostró sus debilidades cuando cinco convictos escaparon saltando el muro con cuerdas y ganchos.

Otro punto débil del trasladado radicaba en la presencia en el penal de destacados integrantes de La Línea. Este grupúsculo ultraviolento fue creado en 2007 por el entonces líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, para frenar la entrada de los hombres de El Chapo en Ciudad Juárez, un enclave estratégico en la distribución de droga en Estados Unidos. La guerra abierta entre ambas organizaciones criminales fue abismal. La ciudad fronteriza se volvió la más peligrosa del mundo. De una tasa de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes pasó a una de casi 200. Hubo meses con más de 350 asesinatos. 10.000 personas murieron en la vorágine. La intervención federal, pero también el desgaste de ambos contendientes, aminoraron la violencia. Pero no el encono. De ahí que la presencia de sicarios de La Línea en la misma cárcel que El Chapo fuese vista como un potencial peligro.

En el nuevo penal, según las autoridades, se ha clonado el blindaje que rodeaba a El Chapo en El Altiplano. En la celda, la única de la zona de máxima seguridad, el preso vive bajo constante vigilancia. Un equipo de 75 agentes se encarga de ello. Los perros prueban su comida y guardias vigilados por otros guardias siguen sus movimientos día y noche.

En este castillo insomne, la comunicación con el narcotraficante está prohibida. El último agente que le dirigió la palabra fuera del protocolo (le preguntó si era su cumpleaños) fue despedido. Alejada de cualquier núcleo urbano, la cárcel misma se levanta sobre un terreno rocoso, donde, según fuentes oficiales, es casi imposible horadar un túnel, la especialidad del cártel de Sinaloa que le permitió a Guzmán Loerafugarse de El Altiplano en julio pasado. Y, en todo caso, se han instalado barrotes en el suelo de la celda para evitar la tentación.

Para conjurar el peligro de fuga tampoco se descarta un segundo traslado. Una medida excepcional pero que se ajustaría a las dimensiones históricas del desafío. El Chapo es una cuestión de Estado. Otra huida pulverizaría la presidencia de Enrique Peña Nieto. Ante esta amenaza, el Gobierno juega una carrera contrarreloj. El trámite de extradición avanza inexorable. Tanto Estados Unidos como México están de acuerdo. Y un juez federal la ha autorizado. Pero la catarata de recursos lanzada por El Chapo y su equipo de abogados retrasarán en meses su envío. Durante este tiempo, el peligro de huida es máximo.



Fuente: El País Internacional
Autor: Jan Martínez
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/13/mexico/1463154302_439020.html

Critica Astudillo el “desorganizado e inefectivo” plan federal contra el narco en Guerrero

CHILPANCINGO. Gro: El gobernador priista Héctor Astudillo Flores criticó la estrategia del gobierno federal contra el narco que se implementa en la entidad al afirmar que ha sido “desorganizada y no muy efectiva”.

Astudillo consideró que la captura de narcotraficantes no toca de manera sustantiva el corazón de la industria del narcotráfico denominada por el mandatario como “complejas empresas de negocios” por “sus multimillonarios ingresos” que obtienen de actividades de “lavado de dinero”, producción y tráfico de drogas, así como contrabando, secuestro y extorsión.

Por ello, advirtió que mientras no se afecte el poder económico de las organizaciones del crimen organizado, “las estrategias de gobierno probablemente seguirán siendo en gran medida ineficaces”.


La postura de Astudillo se encuentra plasmada en el texto del Plan Estatal de Desarrollo (PED), documento denominado como el eje rector de la administración actual que fue entregado la semana pasada al Congreso local, cuya copia fue obtenida por Apro.

Sobre el tema del combate al narcotráfico, campaña impulsada por el expresidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, el mandatario estatal reprochó la estrategia del gobierno federal argumentando que la captura del líder de algún grupo criminal provoca una lucha entre los delincuentes que aspiran a sustituirlo.

Esta situación solo genera violencia y no afecta el negocio de la mafia, afirma Astudillo.

El documento estratégico señala que hace 10 años la violencia relacionada con el narcotráfico se enfocaba a una lucha entre organizaciones criminales por el control de plazas y zonas de producción y trasiego de drogas, así como enfrentamientos contra autoridades civiles y militares.

No obstante, ahora las nuevas organizaciones delictivas que operan en la entidad, emplean la violencia para comunicar su capacidad y poderío frente a sus competidores y las autoridades. También para intimidar a la sociedad y cooptarlos mediante el miedo, refiere el texto.

Violencia incesante

Esta guerra provocada, según Astudillo, desde hace una década por la corrupción del “sistema político”, ha dejado una estela de muerte y sangre que no cesa:

De 2005 a 2015, las autoridades estatales han registrado 21 mil 950 homicidios dolosos, es decir, dos mil 195 ejecuciones al año durante una década.

El documento oficial indica que hasta 2008, el cartel hegemónico que operaba en Guerrero era el de los Beltrán Leyva, grupo criminal que se afincó en Acapulco y tuvo su época de esplendor durante la administración del exgobernador y actual senador priista, René Juárez Cisneros.

Actualmente, se estima que al menos nueve organizaciones delictivas que aglutinan a 26 de los 80 grupos criminales que existen en el país, según un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), se disputan esta estratégica plaza del Pacífico mexicano.

El gobierno de Astudillo se refiere a las organizaciones criminales como “complejas empresas de negocios” y señala que la fragmentación de la estructura del narco en Guerrero, lejos de debilitar ha propiciado una mayor influencia y control de las organizaciones criminales en las comunidades de las siete regiones de la entidad.

Gobierno “incompetente”

Por ello, el gobierno de Astudillo se declaró “incompetente” para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia en Guerrero al afirmar lo siguiente:

“Hoy no existe fuerza policiaca local alguna con el armamento, la tecnología o la capacidad organizacional capaces de competir con la estructura del hampa en la entidad”.


El mandatario también reconoció lo que diversos representantes de sectores productivos han denunciado públicamente en el sentido de que la inseguridad provocó la contracción de la economía estatal debido a que grandes empresas generadoras de empleo, migraron a otras entidades “más seguras” y que la actividad turística ha sufrido pérdidas millonarias por el mismo factor de violencia que no cesa en la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431926/no-hay-fuerza-policiaca-local-que-compita-con-la-estructura-del-hampa-en-guerrero-astudillo