XALAPA, Ver. (apro).- A un año y un mes de la desaparición de Zito Ángel Zanatta, hermano del diputado local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri, la detención de un octavo policía municipal de Orizaba, Veracruz, puso al descubierto una red de oficiales quienes hacían “entregas selectivas” de sus detenidos a células de la organización delincuencial de Los Zetas.
Apenas el 24 de diciembre pasado, fue detenido Yilmar Pérez Herrera, el octavo oficial involucrado en la desaparición de Zito Ángel Zanatta y a quien ya se le dictó el auto de formal prisión (ayer) junto con los policías Rubén Morales Vázquez, Martín Parra Yacotú, Martín Rosas Téllez, Germán Victoria Weisser, Héctor Hugo Villa Vásquez, Ausencio Jacobo Osorio Rincón y Carlos Alberto Gómez Rosas.
Desde octubre del 2015, el Mando Único de la SSP asumió el control de la seguridad en Orizaba y los mandos policíacos locales fueron relevados de la corporación, incluso por la desaparición del hermano del legislador local poblano hay otros cuatro policías municipales prófugos de la justicia. Los datos generales de estos últimos se omiten, por la propia secrecía de la investigación.
La averiguación previa 728/2014, a la que Proceso tuvo acceso, narra que Zito Ángel Zanatta fue detenido e ingresado a los separos de la policía municipal la madrugada del 18 de octubre del 2014, tras escandalizar en las afueras del bar Platinum Nigth Club.
Así lo demuestran las cámaras de video consultadas por elementos de la Policía Ministerial adscritos al caso; sin embargo, para la detención del hermano del priista se utilizaron –según el parte informativo 067064 y 067065- las patrullas de la Policía Municipal rotuladas con los números 73 y 08 y la detención se hizo, según los oficiales en el bar Queens. En dicho centro de recreación, los meseros y vigilantes dijeron nunca haber visto a Ángel Zito.
De estás inconsistencias, los policías municipales aseguran que lo liberaron a las 4:25 horas, pero un video aporta su salida faltando 15 minutos para las 5:00 horas.
En la causa penal 1/2015, los ocho policías hoy en prisión están siendo procesados por “desaparición forzada de personas, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad”.
“Hay varios policías en el bote (sic) por eso, se les da cumplimiento a una orden de aprehensión por desaparición forzada, el modus de operar era detener y entregar a sus detenidos a Los Zetas, pusieron (sic) al hermano del diputado Zito Zanatta, entre otros… este último, Yilmar Pérez cayó ayer. Tarde o temprano los alcanza el brazo de la justicia”, explica un directivo de la Fiscalía General del Estado que permitió el acceso al expediente.
De acuerdo con testigos, afuera de la propia comandancia policial, Zito Ángel Zanatta fue “levantado” por un comando a bordo de una camioneta negra.
Pese a que los familiares de Zanatta solicitaron información a la Policía Municipal de Orizaba sobre el estatus jurídico y paradero del detenido, los oficiales entregaron información falsa, revela la indagatoria ministerial.
“No obstante que sus familiares solicitaron información, ésta les fue proporcionada falsamente, ya que inclusive existen contradicciones en las declaraciones de los policías, con lo registrado en las videograbaciones y la bitácora de la corporación, así como las declaraciones de los testigos, con lo que dicen los indiciados”, expresa la averiguación previa consultada.
Ángel Zito fue dejado en libertad sin cobrarle ninguna multa y sin acreditársele la comisión de un delito, salió de la comandancia policial por su propio pie y desde ahí se desconoce su paradero.
Orizaba, ubicado en la región montañosa central de Veracruz, ha sido escenario de diversas desapariciones y hechos de violencia.
En agosto pasado, en la madrugada del jueves 13, fueron acribillados dos jefes regionales de Los Zetas, José Márquez Balderas, “El Chichi”, y Felipe Santana Hernández, “El Felino”, en el interior del bar “La Taberna”, cuando un grupo armado irrumpió y les disparó a quemarropa. En la refriega murió también Juan Heriberto Santos Cabrera, quien hasta junio último fue corresponsal de Televisa en esa ciudad, así como Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero y José Eduardo Castillo Romero, uno de ellos, mesero del lugar.
Esta quíntuple ejecución sacó a la luz cómo las células delincuenciales suelen tener contactos directos con la Policía Municipal de Orizaba, pues el periódico “El Buen Tono”, a través de un comunicado, exhibió como sus exreporteros, Enrique Rivas y Guillermo Ramos –ya despedidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada- fueron “reclamados” en las instalaciones de la comandancia policíaca por miembros de la delincuencia organizada.
“Tras la balacera en el bar La Taberna, los periodistas pidieron su traslado a Córdoba, pero policías les informaron que afuera de las instalaciones (de la policía) están Los Zetas y están pidiendo que los entreguen”.
Una semana previa al ataque de “La Taberna”, la madrugada del viernes 7 de agosto, cibernautas dieron cuenta de la aparición de una narcomanta en la autopista Córdoba-Orizaba, en la que se anticipaba que irían por jefes de plaza de Los Zetas, por taxistas, policías y reporteros al servicio de esa organización criminal. La firmaban los Cárteles Unidos, que aglutina a Los Ántrax, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
“Estamos aquí para hacer una limpia –decía la manta–. Usen a más gente para que sepamos quiénes son y vayamos por ellos también. Todo Córdoba –municipio conurbado a Orizaba– y la región sabe que ustedes mueven su droga armas y dinero en taxis”.
En esta región de Córdoba y Orizaba, se encuentra la agrupación civil “Solecito” que aglutina a madres y familiares de personas desaparecidas y quienes han sido víctimas de un “levantón” o se fueron sin dejar rastro alguno; en varios de estos casos, los integrantes de “Solecito” han responsabilizado a policías municipales o estatales de estar involucrados en la desaparición forzada de su familiar.
Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta
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