Pobladores de la comunidad indígena nahua enfrentan el riesgo de perder alrededor de 3 mil hectáreas de su territorio mediante un juicio iniciado hace dos décadas.
“Tenemos claro que desde hace años poderosos intereses codician nuestras playas y nuestros montes, ricos en minerales. Fue así que en el año 2009 reorganizamos nuestra Guardia Comunal y recuperamos más de mil hectáreas de tierra que nos habían sido despojadas. A partir de ese momento y hasta el día de hoy hemos sufrido el asesinato de 40 comuneros y la desaparición de 5 más”, denunció la comunidad, en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Desde 2008, en el proceso de organización para la recuperación de su territorio y a lo largo de los años, [en Ostula] han sufrido asesinatos, desapariciones, intentos de desarme y ataques armados por parte del crimen organizado”, acusaron los colectivos, centros de derechos humanos y organizaciones como la Asamblea Múuch’ Xìimbal, Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de Las Casas.
Los pobladores de Ostula responsabilizaron del ataque al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y denunciaron que las agresiones comenzaron desde el pasado 1 de julio contra los puntos de vigilancia de la Guardia Comunal, pero que desde la mañana del miércoles se recrudecieron con “explosiones ocasionadas por drones así como detonaciones de armas de grueso calibre, en los cerros que rodean la encargatura de la Cofradía de Ostula”.
«Denunciamos la conducta omisiva del gobierno federal ante la grave situación descrita y la colusión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y la Guardia Civil, así como de diversos funcionarios estatales, con el CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación)», señaló la comunidad tras el asesinato, perpetrado la noche del pasado 17 de mayo a la altura de la comunidad La Estanzuela, en el tramo de la brecha entre la cabecera municipal de Aquila a la encargatura de la Mina de Providencia.
Cinco hombres desaparecieron en la comunidad nahua entre 2010 y 2013, cuando la población estaba dominada por el cártel de Los Caballeros Templarios. Todos son recordados por participar en la recuperación de las tierras de Xayakalan. Hace un año, sus familias supieron que, a pesar de sus denuncias, la fiscalía de Michoacán no tenía información sobre los casos.
Javier, de 41 años, hombre de baja estatura, camisa fajada y sonrisa fácil, cubría el turno de un profesor, y era además regidor de Aquila, municipio ubicado al suroeste de Michoacán al que pertenece Ostula. Ambos fueron vistos por última vez en Las Copas de Oro, un restaurante cercano a su destino. Días después, encontraron la camioneta quemada en un terreno de Xayakalan; hasta ahora no hay indicios del paradero de los dos amigos ni avances en la investigación.
En un comunicado conjunto, las organizaciones de diferentes estados del país y de Estados Unidos señalaron que a pesar de la violencia por parte del crimen organizado, ante la «falta de capacidad» del Estado para proteger la seguridad de los habitantes en Michoacán, la comunidad nahua ha repelido los ataques a través de su organización autónoma.
Debido a los ataques en la comunidad de Santa María Ostula por parte de grupos delictivos, quedaron suspendidas las actividades públicas, clases y fiestas.
A través de redes sociales la Comisión de Comunicación de la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila informó que el objetivo es mantener a la población a salvo de cualquier posible ataque.
Los habitantes de Ostula aseguraron que los agresores de la comunidad forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que usaron “armas de muy alto calibre”. Además, los pobladores reportaron los vuelos de drones en la comunidad.
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Los habitantes de la comunidad reportaron que durante el ataque resultó herido un comunero, quien ya se encuentra estable, y precisaron que el comando armado abandonó el territorio luego de que algunos elementos de la Guardia Comunal de Ostula acudieran a repeler a sus integrantes.
Los comuneros de Ostula reconocieron que a pesar de detener la orden del Tribunal, éste «trastocó profundamente la paz y la tranquilidad de toda la región», luego de que el pasado 11 de agosto fueran notificados de la orden para desalojar 700 hectáreas de tierras de Xayakalan, fundada en tierras recuperadas en 2009.
En un comunicado, Ostula denunció que el magistrado ordenó el desalojo «a favor de los supuestos pequeños propietarios de La Placita, quienes han sido parte de organizaciones criminales», a pesar de que Tribunal Superior Agrario concedió mediante un jucio de amparo una medida cautelar «para que las cosas se mantengan en el estado en que están y la comunidad no sea privada de sus tierras y derechos agrarios».
En lo que va del año, cuatro guardias comunales han sido asesinados en Santa María Ostula.
Mientras que en lo que va del año, cuatro guardias comunales más también perdieron la vida como consecuencia de los ataques dirigidos a los grupos comunitarios, defensores comunitarios y pueblos originarios que se organizan ante la inseguridad de la región.
«Esta brutal ejecución por parte del cártel criminal se da ante la indiferencia absoluta de todos los niveles de gobierno y del secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, quien actualmente no tiene más ocupación que impulsar su carrera política mediante giras proselitistas disfrazadas de recorridos de trabajo», acusó la comunidad.
El colectivo Llegó la Hora de los Pueblos exigió al gobierno de Michoacán que suspenda toda acción que tenga como fin desarmar, difamar, estigmatizar, desmantelar o criminalizar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula, cuya organización autónoma ha brindado seguridad a la comunidad ante la ausencia de las autoridades.
«El gobierno de Michoacán se apoya en una reforma a la ley del Sistema de Seguridad, relacionada con la ley orgánica municipal, que pretende que sólo se permita operar a las rondas y guardias comunales de comunidades con “autogobiernos” reconocidos por el Instituto Electoral y que ejerzan presupuesto directo», explicó el colectivo.
La CNDH emitió una serie de recomendaciones a la Sedena y al Gobierno de Silvano Aureoles luego de que en julio del año pasado se registrara el abuso de fuerza por parte de autoridades locales y federales que cobraron la vida de un menor de edad y dejó un saldo de 10 personas heridas. El 19 de julio de 2015, la captura de un líder comunitario en Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, causó que los pobladores realizaran bloqueos carreteros, mismos que terminaron en una serie de disparos por parte de federales y militares en contra de los manifestantes. El organismo exhortó al Ejército Mexicano y al gobierno estatal a a reparar el daño a las víctimas, castigar a los responsables, así como tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar este tipo de situaciones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, para reparar el daño y tomar medidas necesarias luego de que las autoridades locales y federales incurrieron, en julio del año pasado, en el uso ilegítimo de la fuerza en contra de pobladores que bloquearon la carretera federal en la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, y que dejó un saldo de 10 personas heridas y la muerte de un niño de 12 años llamado Heriberto.
De acuerdo con la recomendación 65/2016 de la CNDH, el uso ilegítimo de la fuerza es “atribuible a personal militar del 65/o Batallón ‘La Placita’, así como a policías de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa (SSP) y los mandos de control que conocieron y toleraron su actuar”.
El 19 de julio de 2015, elementos del Ejército Mexicano -los batallones de infantería 30/o, 65/o y 82/o-, personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Federal, así como elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Fuerza Ciudadana y de Fuerza Rural -pertenecientes a la SSP-, realizaron un fuerte operativo de seguridad en la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, con la finalidad de detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario que se ha opuesto al despojo de tierras realizado por las mineras que operan en ese municipio acusado por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
La captura de Verdía Zepeda ocasionó que los pobladores realizaran tres bloqueos sobre la carretera federal 200 Tecomán-Lázaro Cárdenas a la altura de Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla para impedir el paso de los militares y liberar al detenido.
La Comisión acreditó entonces que “la población civil agredió verbal y físicamente con palos y piedras al convoy de vehículos oficiales. Al respecto, la CNDH reitera y enfatiza que el ejercicio de un derecho, el planteamiento de una inconformidad y el reclamo de intereses particulares, que por legítimos que estos sean o fundada que resulte la reclamación, no puede realizarse ejerciendo violencia, contraviniendo la ley, desconociendo las instituciones o afectando los derechos de terceras personas”.
Por otro lado, los testimonios de los comuneros dan cuenta de que los militares, en su intento para dispersar la manifestación, dispararon contra la población civil ocasionando la muerte de un menor de 12 años e hiriendo por impacto de bala a una menor de seis años y a otras personas. Las autoridades insistieron desde entonces que fueron disparos al aire.
“Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado 6 lesionados y un fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos del 65/o Batallón. No se acreditó que los pobladores del Puente de Ixtapilla dispararan en contra del convoy militar”, señaló la dependencia por medio de un comunicado.
Tras el lamentable suceso, la CNDH inició el expediente CNDH/2/2015/5527/Q, en el que quedó de manifiesto que “en Xayakalan se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores, por un militar del 65/o Batallón, quien empleó de modo indebido el uso de la fuerza letal, sin aplicar los protocolos, ya que disparó al aire en dos ocasiones, desde un vehículo en movimiento, lo que constituye un uso ilegítimo de la fuerza conforme al Manual de Uso de la Fuerza, al no observar los principios de legalidad, racionalidad y oportunidad”.
Asimismo, la Comisión señaló que en el bloqueo en Duin “se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, quienes resultaron heridas por el indebido empleo de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo) por parte de servidores públicos de la SSP, lo que constituyó un uso ilegítimo de la fuerza”, según refirió la dependencia en un comunicado.
Finalmente, la CNDH advirtió que en el Puente Ixtapilla “se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio de un niño, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 militares del 65/o Batallón”.
Por ello, la dependencia exhorta a la Sedena y al Gobernador de Michoacán a reparar el daño a las víctimas directas e indirectas conforme a la Ley General de Víctimas; inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados; colaborar en la Averiguación Previa que se instruye ante la Procuraduría General de la República (PGR); denunciar e investigar a los servidores públicos y militares (según sea el caso) para lindar o deslindar responsabilidades; y capacitar al personal de Seguridad Pública y defensa sobre el uso de la fuerza.
En el caso específico del Ejército Mexicano, la Comisión solicita que los elementos de la Sedena documenten sus intervenciones para que haya evidencias de su actuación. En cambio, a la administración estatal pide que reforme el Protocolo o diseñe un Manual que regule la actuación de la fuerza policial para el control de multitudes y uso legítimo de la fuerza.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/29-12-2016/3130751
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| Foto: La Voz de Michoacán |
Morelia, Mich. Habitantes de 30 comunidades indígenas demandaron al gobierno estatal cesen actos de represión y hostigamiento, tras señalar que hubo detenciones y abuso de autoridad con tres de sus compañeros de Santa Fe de la Laguna y Cocucho, comunidades ubicadas en la zona purépecha.
El Consejo Indígena de Michoacán informó que el pasado domingo 13 de marzo el comunero Rigoberto Francisco Reyes, de 35 años de edad, y Jorge Luis Jacobo Francisco de 11 años, originarios y avecindados en la comunidad indígena de Cocucho, fueron agredidos por elementos de la Fuerza Rural de Charapan en terrenos de la propia comunidad de Cocucho, lo anterior en represalia, porque la comunidad exige la entrega y administración del presupuesto directo y la conformación de un gobierno comunal.
El estado de salud del menor es delicado. Ante ello se interpuso la denuncia correspondiente y una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Apenas en noviembre pasado fue detenido arbitrariamente el comunero de Santa Fe de la Laguna Nicolás Bautista Ramírez, mismo que posteriormente, gracias a la movilización social, fue liberado y absuelto de los cargos que injustamente se le imputaban.
“Además, nuestro asesor, el historiador Pavel Uliánov Guzmán, ha recibido diversas llamadas telefónicas donde ha sido amenazado en su integridad física, por asesorar a nuestras comunidades”, señala el comunicado enviado por la organización indígena que integran autoridades indígenas de Ostula, Santa Fe de la Laguna, Caltzontzin, Pichátaro, Zirahuén, Sevina, Capácuaro, Urapicho, Angahuan, Uricho, Pamatácuaro, Tacuro, Corupo, Nuevo Zirosto, entre otras.
Fuente: La Jornada
Autor: Ernesto Martínez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/20/comunidades-indigenas-michoacanas-exigen-cese-a-hostilidades-6549.html
Morelia, Mich. El líder del grupo de autodefensas de la Comunidad de Ostula, municipio de Aquila y de otros pueblos de la sierra y costa nahua, Cemeí Verdía Zepeda, fue liberado esta mañana una vez que el juzgado tercero de lo penal de la capital michoacana consideró que no había pruebas para procesarlo por el delito de homicidio calificado.
Cemeí Verdía fue detenido el pasado 19 de julio en la población costera de La Placita, acusado primero de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, por lo que fue trasladado a un penal de Nayarit.
La acusación fue desvanecida. Sin embargo, Verdía tuvo que enfrentar otros dos procesos penales, uno por robo, que no procedió y el de homicidio calificado que enfrentó en el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, que abandonó este día.
Fuente: La Jornada
Autor: Ernesto Martínez Elorriaga
También exigen el esclarecimiento de la muerte del menor Hidelberto Reyes García presuntamente asesinado por elementos del Ejército durante una manifestación el pasado 19 de julio, en el poblado de Ixtapilla.
Afuera de Casa de Gobierno y sin bloquear la vialidad alrededor de 200 manifestantes se apostaron con cartulinas y pancartas en mano en espera de ser atendidos por el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. Al respecto la autoridad michoacana informó que una comisión de inconformes será recibida y atendida por el propio secretario.
Cemeí Verdía, quien fuera líder de autodefensas en el municipio de Aquila, fue detenido y señalado por el homicidio de sujetos armados que lo emboscaron cuando circulaba en la carretera, también fue acusado de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.
Posteriormente fue señalado del delito de robo en agravio del Ayuntamiento de Aquila que se desistió de interponer una denuncia, y también fue acusado de cometer delitos electorales.
Tras su detención los habitantes de la comunidad náhuatl de Ostula se manifestaron en el poblado de Ixtapilla para exigir su liberación pero durante la protesta presuntamente personal del Ejército realizó disparos para dispersar a la gente y “esquirla de bala” impactó en la cara de Hidelberto Reyes García, de 12 años.
Según los peritajes del gobierno es imposible determinar el calibre de la bala que terminó con su vida, debido a que lo que causó su muerte fue un fragmento del proyectil.
Los inconformes que bloquean la carretera Costera Lázaro Cárdenas- Manzanillo, en Xayacalan advirtieron que continuarán el bloqueo carretero con tráileres y piedras por tiempo indefinido. La gente porta palos, piedras, guadañas, azadones, machetes y otros objetos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422302
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