Organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cartas de respaldo en favor de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, y en denuncia de las “persistentes irregularidades del proceso judicial que pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio”.

La mañana de este viernes, habitantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula se movilizaron en defensa de sus tierras comunales con dos acciones simultáneas: una protesta frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad y la toma la carretera federal 200, en la costa michoacana, a la altura del crucero de Aquila.

Más de 40 organizaciones y colectivos indígenas de México se pronunciaron contra los últimos ataques armados por parte del crimen organizado en la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, y denunciaron que “las autoridades estatales y federales han brillado por su ausencia, permitiendo el ataque impune de los agresores”.

“Desde 2008, en el proceso de organización para la recuperación de su territorio y a lo largo de los años, [en Ostula] han sufrido asesinatos, desapariciones, intentos de desarme y ataques armados por parte del crimen organizado”, acusaron los colectivos, centros de derechos humanos y organizaciones como la Asamblea Múuch’ Xìimbal, Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de Las Casas.

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, se declaró en alerta por los ataques con explosivos y armas de fuego que integrantes del crimen organizado cometieron contra la población este miércoles, cuando agredieron a la población civil “sin distingo” y enviaron “grupos de alrededor de 50 criminales cada uno a rodear a una población desarmada e integrada principalmente por mujeres, niños y personas de la tercera edad”.

Los pobladores de Ostula responsabilizaron del ataque al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y denunciaron que las agresiones comenzaron desde el pasado 1 de julio contra los puntos de vigilancia de la Guardia Comunal, pero que desde la mañana del miércoles se recrudecieron con “explosiones ocasionadas por drones así como detonaciones de armas de grueso calibre, en los cerros que rodean la encargatura de la Cofradía de Ostula”.

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, denunció el asesinato del comunero Antonio Regis Nicolás, cuando él, su esposa y su hijo de dos años fueron interceptados por un comando armado después de atender una urgencia médica, en medio del clima «de terror y desolación» que atraviesan las localidades en la región por la violencia de la delincuencia organizada.

«Denunciamos la conducta omisiva del gobierno federal ante la grave situación descrita y la colusión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y la Guardia Civil, así como de diversos funcionarios estatales, con el CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación)», señaló la comunidad tras el asesinato, perpetrado la noche del pasado 17 de mayo a la altura de la comunidad La Estanzuela, en el tramo de la brecha entre la cabecera municipal de Aquila a la encargatura de la Mina de Providencia.

El 23 de febrero de 2010, Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Urcino viajaban en una camioneta de redilas de color azul, de camino al palacio municipal de Aquila. Los maestros de primaria, originarios de la comunidad nahua de Santa María Ostula, regresaban de un festejo en una escuela de la encargatura de La Cofradía, en la que Gerardo, de 50 años, era director.

Javier, de 41 años, hombre de baja estatura, camisa fajada y sonrisa fácil, cubría el turno de un profesor, y era además regidor de Aquila, municipio ubicado al suroeste de Michoacán al que pertenece Ostula. Ambos fueron vistos por última vez en Las Copas de Oro, un restaurante cercano a su destino. Días después, encontraron la camioneta quemada en un terreno de Xayakalan; hasta ahora no hay indicios del paradero de los dos amigos ni avances en la investigación.

Cientos de colectivos organizaciones de derechos humanos se pronunciaron para reconocer la labor del gobierno indígena de Santa María Ostula, en Michoacán, «para generar mejores condiciones de vida en su territorio, que es uno de los lugares más seguros del país, a pesar de estar en una de las zonas más violentas».

En un comunicado conjunto, las organizaciones de diferentes estados del país y de Estados Unidos señalaron que a pesar de la violencia por parte del crimen organizado, ante la «falta de capacidad» del Estado para proteger la seguridad de los habitantes en Michoacán, la comunidad nahua ha repelido los ataques a través de su organización autónoma.