Detienen a un joven de 16 años que mató a su madre en Xochimilco

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia capitalina determinó la probable responsabilidad de un joven de 16 años en el asesinato de su madre, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una tina abandonada el pasado 3 de marzo en la delegación Xochimilco.

La PGJDF informó en un comunicado que el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Xochimilco 2 inició averiguación previa por el delito de homicidio, derivado de los hechos ocurridos en el paraje Tecaltitla, en San Gregorio Atlapulco.

En esa zona fue descubierto el cuerpo de la víctima, de 42 años, quien había sido reportada como desaparecida el 23 de febrero de 2016 en el Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA).

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron su identificación toda vez que correspondía con la media filiación y prendas que vestía.

El pasado 4 de marzo, el concubino de la mujer, quien denunció en CAPEA la desaparición, la identificó plenamente como su pareja e indicó que la tina donde se encontraron los restos era de su propiedad.

Cuando el Ministerio Público practicaba diligencias en el domicilio de la mujer, llegó su hijo de 16 años, quien afirmó que él fue quien disparó con un rifle calibre.22 cuando su madre se encontraba recostada en su cama.

Con el propósito de detener la sangre, el menor la envolvió con una cobija y bolsas de plástico; enseguida la metió en una tina y dos días después, con un “diablito”, caminó tres kilómetros aproximadamente para abandonarla en dicho paraje, aprovechando la ausencia de su papá, quien se encontraba en el sepelio de un familiar.‎

Con elementos de prueba, la representación social de la 57 agencia investigadora determinará la acción de remisión contra el probable responsable ante un juez de Procesos Escritos en Justicia para Adolescentes.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/432586/detienen-a-joven-16-anos-asesinar-a-madre-en-xochimilco

Procuraduría capitalina lleva 17 sentencias este año

Ciudad de México. La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) del Distrito Federal ha tenido 17 sentencias condenatorias en lo que va de este año, informó el Ministerio Público federal.

De acuerdo con información proporcionada por al dependencia que encabeza Arely Gómez González estas condenas fueron emitidas por los 18 jueces de distrito en materia de procesos penales que se localizan en la capital del país.

Las sentencias fueron dictadas en contra de presuntos responsables de la comisión de ilícitos tales como: delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerza Armadas.

“Durante los procesos de integración de las averiguaciones previas, con detenidos y sin detenido, se muestra el fortalecimiento de la intervención procesal y la supervisión del trabajo ministerial, que se materializó en las acusaciones planteadas ante jueces federales”, señaló la PGR.

Fuente: La Jornada

Autor: Gustavo Castillo

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/20/procuraduria-capitalina-lleva-17-sentencias-este-ano-116.html

Ordenan a la CNVB desbloquear cuentas bancarias de Ahumada

MEXICO, DF (apro).- Un juzgado federal dio un plazo de tres días a Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para que desbloqueé tres cuentas bancarias que pertenecen a Carlos Ahumada.

En caso de incumplir con lo ordenado, el presidente de la CNBV podría hacerse acreedor de una multa de cien mil días de salario mínimo, bajo la precisión de que de no realizar ese trámite, incluso se puede ordenar la separación su puesto y posterior consignación.

El secretario del juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, Asdrúbal González Ramírez, emitió el acuerdo respectivo en el que se emplazó a Gonzáles Aguadé.

El juez cuarto de distrito de amparo, Francisco Javier Sarabia Ascencio, concedió hace poco más de un mes la protección de la justicia al empresario argentino que reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias por orden de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría capitalina.

La fiscalía pidió, en un oficio enviado a la CNBV, el aseguramiento de cada una de las cuentas de Ahumada y que se restringiera la cuenta para recibir cargos.

El congelamiento del dinero, advirtió, debía prevalecer “hasta que la investigación citada al rubro sea determinada”.

La PGJDF entregó al juez, el martes pasado, el oficio y anexos a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo con el fin de que lleve a cabo el desbloqueo de las cuentas bancarias de BBVA Bancomer y Banca Afirme a nombre de Carlos Ahumada.

Fuente: Proceso

http://www.proceso.com.mx/?p=424536

Emitirá CDHDF recomendaciones por 'Caso Narvarte'

México, DF. Al cumplirse casi cuatro meses de los asesinatos en la colonia Narvarte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo anunció que emitirá dos recomendaciones.

Ello, por las filtraciones de información y por la violación a las medidas precautorias en este caso, tanto para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), como para el Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF).

Aseveró que la Ciudad de México está obligada a enviar un mensaje de que aquí no se van a permitir este tipo de prácticas.

En entrevista, declaró que desde el primer momento que mandaron medidas precautorias para no revictimizar a los afectados se pidió que se resguardarán los datos, se aplicara el protocolo de feminicidios y no cerraran las líneas de investigación por posible atentado a la libertad de expresión.

Señaló que lo que pudieron documentar fue la violación a las medidas precautorias por las filtraciones que se detectaron en medios de información, donde había incluso fotografías de extractos de la investigación.

La ombudsperson capitalina señaló que esperan un castigo ejemplar por estas filtraciones e incluso el procurador Rodolfo Ríos Garza, le adelantó que se abrió una averiguación previa para indagar al interior de la dependencia y no se vulneren los derechos a los afectados por filtraciones.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/30/emitira-cdhdf-recomendaciones-por-caso-narvarte-7871.html

PGJDF resguardará información de 'Caso Narvarte'

México, DF. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fue obligada por la justicia federal a resguardar toda la información contenida en el expediente de investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el pasado 31 de julio, donde perdieran la vida el fotoreportero, Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y tres mujeres más.

La dependencia a cargo de Rodolfo Ríos, fue notificada, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la suspensión definitiva que otorgó luego de resolver al amparo "promovido por la omisión de resguardo de la información contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1".

De acuerdo con la notificación del recurso, interpuesto por familiares de las víctimas, la PGJDF deberá proteger "los datos personales de las víctimas, directas e indirectas, para que no se haga del dominio público la información contenida en la indagatoria relacionada con el caso Narvarte".

En septiembre pasado el juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal admitió el recurso solicitado por familiares de Rubén Espinosa Becerril por las filtraciones del caso que permitió la procuradora capitalina.

Entonces la juez María Catalina de la Rosa otorgó una suspensión provisional del acto reclamado, por lo que la dependencia fue obligada temporalmente a resguardar la totalidad de la información contenida en la citada averiguación previa.

De acuerdo con la información que emitió, en ese momento, el Consejo de la Judicatura Federal, todos los servidores públicos con acceso al expediente tuvieron que acatar la restricción, lo cual les impedía difundir cualquier información del caso.

La argumentación expuesta en el recurso 804/2015 señalaba que la información difundida ocasionó daño moral, revictimización y violó los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

Además que las filtraciones del homicidio y cuatro feminicidios  generaron actos de estigmatización y criminalización, equiparables a tormento con efectos de infamia, prohibidos por la Constitución.


Ahora, luego de casi tres meses de la determinación judicial, se ordena a la PGJDF el resguardo definitivo de la información del homicidio múltiple.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSEFINA QUINTERO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/28/pgjdf-resguardara-informacion-de-caso-narvarte-4791.html

Confirma juez que la PGJDF omitió resguardar información sobre caso Narvarte

MÉXICO, DF: A casi cuatro meses del multihomicidio de la colonia Narvarte, un juez confirmó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no resguardó debidamente la información sobre la indagatoria del caso y le ordenó no hacerla del dominio público.

En un comunicado, la dependencia informó que fue notificada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la suspensión definitiva al amparo promovido por la omisión de resguardo de la información contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1.

Dicha notificación también instruyó a la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos “para que se resguarden los datos personales de las víctimas, directas e indirectas, y no se haga del dominio público la información contenida en la indagatoria relacionada con el caso Narvarte”.

El viernes 31 de julio, Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín fueron asesinados en el departamento 401 del edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez.

Desde los primeros días, la PGJDF filtró información a ciertos medios de comunicación que fortaleció la línea de investigación que involucra el delito de robo, delincuencia organizada y prostitución. Prácticamente no se tocó la indagatoria que señaló un posible móvil político y su relación con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien Nadia y Rubén acusaron de amenazarlos.

A principios de septiembre pasado, la familia del periodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso y Cuartoscuro junto con la organización internacional Artículo 19 promovieron un amparo contra el actuar de la PGJDF.

El propósito fue evitar que continuara la filtración de información sobre el caso a los medios de comunicación con “interpretaciones sesgadas y parciales de la orden judicial”. Según sus argumentos, con las filtraciones se causó daños psicológicos y morales a los familiares de las cinco víctimas con la intención de criminalizarlas y estigmatizarlas.

Amistad entre Mile y detenidos, el origen: PGJDF

Ayer, el portal de noticias AnimalPolítico publicó que, a punto de cumplirse cuatro meses del multihomicidio, la PGJDF sólo ha reunido pruebas para fortalecer una de las líneas de investigación: que el origen del crimen es la “amistad” de los tres detenidos con Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana.

En entrevista, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales dela PGJDF Edmundo Garrido reconoció que aunque aún no tienen un móvil totalmente confirmado, la investigación ha permitido construir un “caso sólido ya consignado”, del que se mantiene un desglose abierto.

Según la nota, el funcionario dijo que se siguieron todas las líneas del caso incluso la de Veracruz. “Evidentemente que con tres personas consignadas una (línea) se fortalece y otras se debilitan. La que se fortaleció es que hay tres personas que privaron de la vida a estas cinco personas que estaban en el interior y que estas tres personas tenían un vínculo de amistad y afectividad con una de las personas que estaban en el interior”, dijo.
Sin embargo, Garrido Osorio reconoció que no tienen elementos suficientes para confirmar al 100%el móvil del crimen. La PGJDF, agregó, tampoco tiene pruebas de que supuestamente la mujer colombiana recibía cargamentos de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El funcionario reiteró que la averiguación previa del caso no se ha cerrado porque aún falta recabar testimonios –aunque no especificó de quiénes–, así como la localización de otras personas que podrían estar involucradas en el multihomicidio.


En su edición del pasado 17 de septiembre, Proceso publicó la existencia de videos captados por cámaras privadas que mostraban el intercambio de un paquete negro y un sobre amarillo que un par de horas después del crimen hicieron dos de los ahora detenidos con al menos dos personas más que no estuvieron en el departamento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
FECHA 28 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421979

La PGJDF pretende dar carpetazo al multihomicidio en la Narvarte

MÉXICO, DF: Cumplidos los primeros 100 días del caso Narvarte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se encamina a cerrar el caso, pese a las múltiples dudas que subyacen todavía. Por ello, los abogados coadyuvantes interpusieron el pasado 5 de noviembre una demanda de amparo ante el Poder Judicial Federal contra la dependencia que dirige Rodolfo Ríos Garza.

El argumento es que la PGJDF se negó a informarles por escrito los avances de la investigación del crimen ocurrido el pasado 31 de julio en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, donde fueron asesinadas Milena Virginia Martín, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.

No sólo eso: la Procuraduría puso pretextos para no realizar o aplazar –sin fecha definida–, la realización de por lo menos 50 peritajes y diligencias específicas, así como la reconstrucción de hechos que la coadyuvancia le pidió por escrito dos veces –el 5 de agosto y el 10 de septiembre– para complementar la indagatoria y aclarar el crimen.

La solicitud de los demandantes incluía acciones que apuntan a Veracruz, de donde salieron el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera, exiliados por las amenazas y acoso que, a decir de ellos públicamente, provenían del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

El pasado 12 de octubre, la PGJDF respondió a los abogados con la negativa de cumplir dichas peticiones, pues consideró que no era “necesario ni obligatorio” darles un informe por escrito. Entre sus argumentos expuso que los interesados han tenido “múltiples” reuniones informativas con las autoridades encargadas de la investigación, entre ellos Edmundo Garrido, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; Marco Reyes, fiscal de Homicidios; y Raúl Peralta, director de la Policía de Investigación de la dependencia.

También alegó que los interesados han podido revisar el expediente del caso en días y horarios hábiles. Sin embargo, la PGJDF no aclaró que éste es un derecho legal de la coadyuvancia, no un favor de la dependencia.

Sobre los peritajes y diligencias solicitadas, la PGJDF respondió que las realizará sólo si el Ministerio Público las considera “dables y oportunas” y si ello ocurre, se harían “en su momento procesal oportuno”.

De acuerdo con la demanda de amparo interpuesta por los abogados, con su respuesta la Procuraduría no dio “cumplimiento a su obligación constitucional y legal de informar a las víctimas sobre el desarrollo del proceso y no solventó las dudas que se plantearon”. Por si fuera poco, dejó a los familiares de las víctimas “en un estado de indefensión” pues no les dio ninguna certidumbre sobre el móvil del asesinato de sus familiares aquella tarde del 31 de julio.

Inconsistencias impiden cierre

Un resumen ejecutivo sobre el avance en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, elaborado por los abogados Karla Micheele Salas y David Peña –defensa de las familias de Nadia Vera y Mile Virginia Martín–, asegura que, pese a las inconsistencias en el expediente señaladas por los abogados coadyuvantes, la PGJDF les ha informado que en las próximas semanas el caso va a ser “cerrado y archivado”.

Entre las principales observaciones que alegan los también integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) está el doble discurso de la PGJDF. Y es que, dicen, por un lado el procurador Ríos Garza, ha presentado públicamente a tres personas –Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas– como las que “estuvieron presentes en el departamento el día de los hechos” y aparecen en los videos captados por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SP-DF) cuando entraron al edificio de la calle Luz Saviñón.

Sin embargo, el funcionario ha sido “muy cuidadoso” en no señalarlos públicamente como los responsables de los asesinatos. De esta manera, aclaran, evita “que los medios de comunicación le inquieran sobe la mecánica de los hechos, el móvil o la organización previa para el crimen”.

No obstante, los tres detenidos han recibido el auto de formal prisión por los delitos de homicidio y cuatro feminicidios, además del robo calificado. De hecho, Pacheco, Torres y Martínez se encuentran presos en el reclusorio Preventivo Oriente, en una zona conocida como “Diamante”. Se trata de un módulo de alta seguridad, con extrema vigilancia y salidas al patio, visitas y uso de dinero restringidos. Ahí están recluidos secuestradores, multihomicidas y líderes del crimen organizado… aquellos considerados como peligro para la sociedad. Por ejemplo, ahí están presos los acusados por el caso Heaven.

Una segunda inconsistencia, añaden, es que a más de tres meses de investigación, la PGJDF no ha podido establecer ni probar el móvil del multihomicidio. “No sabe cuál fue la motivación de este atroz crimen, por qué cuatro de las cinco víctimas fueron torturadas, ni por qué ni para qué actuaron de la forma en que lo hicieron las personas responsables de los hechos”.

Para colmo, agregan, las autoridades de justicia les han dicho que “no es obligación de la PGJDF el probar el móvil, eso en este caso es una exquisitez”. Así les respondieron en la reunión realizada el jueves 27 de agosto.

Como tercer punto, la coadyuvancia observa que tanto Pacheco Gutiérrez como Torres Tranquilino han admitido la participación de más personas y más vehículos antes y después de cometido el crimen. En su edición 2038, Proceso informó de la existencia de una videograbación captada por cámaras particulares a las 19:07 horas de aquel 31 de julio en calles de la delegación Coyoacán. Las imágenes mostraron el intercambio de un paquete negro y un sobre amarillo que Abraham y Omar tuvieron con al menos otra persona más.

El mismo Abraham lo reconoció en la ampliación de su declaración: “En el fotograma señalado con la hora 19:08:26 se ve a Omar después caminando hacia un sujeto con una playera color café clara como beige, sin saber quién es, porque es la gente de Omar…”.

En otra parte de su testimonio, el expolicía capitalino mencionó la presencia de dos personas a quienes reconoció como “gente de Omar”, quienes los ayudaron cuando el Mustang –propiedad de Mile y que robaron después del crimen– empezó a fallar y lo metieron al estacionamiento de un hotel ubicado en la calzada de Tlalpan: “Entonces llegan los del carro y me introducen al vehículo, pero a mí me ponen en la parte posterior atrás del copiloto, pero me piden que agache la cabeza, pues no quería Omar que viera a los otros dos tipos y le dijeron ellos que a mí me hubiera mandado Omar en Metro…”.

Otra inconsistencia marcada por los abogados y que la PGJDF no ha aclarado es el hallazgo en el departamento del ADN de una cuarta persona que participó en el multihomicidio. El material genético se obtuvo cuando — a petición de la coadyuvancia– se procesaron pericial y químicamente algunos objetos localizados en la zona del crimen, entre ellos, la liga para hacer ejercicio con la que fue asfixiada Nadia Vera. En ese artículo deportivo se encontró “una muestra de ADN con 14 marcadores definidos y sólo un marcador mezclado” que corresponden a los de una persona de sexo masculino, que no es ninguno de los tres detenidos ni de Rubén Espinosa. Eso, dicen, “nos obliga a pensar la participación de cuando menos una persona más en estos hechos”. Pero la PGJDF no ha mencionado nada al respecto.

Es el mismo caso en cuanto a las huellas dactilares que se encontraron en el departamento y en el Mustang y que no corresponden ni a las víctimas ni a los tres detenidos. Por ello, dicen los abogados, la Procuraduría “no ha podido tampoco descartar la presencia de otros sujetos en el departamento al momento de crimen”.

En el resumen ejecutivo del caso, los autores destacan que la PGJDF realizó un cruce de llamadas telefónicas entre los tres detenidos con el cual construyó una “red” de comunicaciones con la que pretendió acreditar que se “organizaron” para cometer el crimen.

No obstante, dicen que la autoridad ha omitido investigar el cúmulo de llamadas que los tres tuvieron antes, durante y después de ir al departamento de la colonia Narvarte. Y son enfáticos: “existen llamadas y enlaces telefónicos sin investigar, números telefónicos sin procesar e incluso enlaces de comunicación de Puebla, Chihuahua y del Estado de México que siguen sin ser investigados”.

Peor aún, no se ha hecho un seguimiento de los teléfonos celulares de Nadia y Rubén, pese a que lo solicitaron desde septiembre pasado. “A 100 días de los hechos no se tiene información cierta sobre la localización, uso y llamadas o mensajes que pudieron haberse enviado y recibido de ambos teléfonos después del crimen”.

Sobre la camioneta Suburban azul, presuntamente propiedad de Daniel Pacheco, en la que los homicidas llegaron al departamento (Proceso 2027), señalan que luego de ser localizada el 1 de octubre en un estacionamiento de una unidad habitacional en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, los peritos no hallaron rastros de droga, armas ni otro indicio “que permita robustecer ninguna de las hipótesis que ha mantenido la PGJDF”.

Respecto a la pistola utilizada para ultimar a las víctimas, la coadyuvancia informa que el rastreo y el análisis comparativo, tanto en la base de datos de armas del Distrito Federal como de la Procuraduría General de la República (PGR) no se encontró ningún antecedente delincuencial. Ello indica que el arma nunca había sido utilizada en otros hechos delictivos o que era nueva, “lo que permite concluir que se trató de una arma especialmente adquirida para el multihomicidio”.

Sobre este mismo aspecto, señalan que aunque la PGJDF ha reiterado su negativa de que los homicidas usaron un silenciador para accionar el arma, “los testimonios de más de siete vecinos señalan que en ningún momento escucharon las detonaciones con las que fueron asesinados Rubén, Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra”.

Una de las acciones más cuestionadas a la dependencia que encabeza Rodolfo Ríos desde que ocurrió el multihomicidio fue la filtración de información que salió de la misma procuraduría y de manera parcial para encaminar el caso a un asunto de prostitución, robo y narcomenudeo. No obstante, tampoco ha encontrado la droga que supuestamente le quitaron a Mile en el departamento.

En el resumen ejecutivo de las inconsistencias de la investigación, la coadyuvancia señala la “violencia institucional en contra de las víctimas desde las primeras horas de cometido el crimen hasta la fecha”. La acusa de “dirigir a la opinión pública y crear una verdad paralela sobre lo que en realidad consta en la investigación”.

Destaca su preocupación por el manejo sobre la información relativa a Mile Virginia, la víctima de origen colombiano. Dice: “A partir de estereotipos derivados de la apariencia de la víctima y de su nacionalidad, la PGJDF construyó un perfil de la víctima, le impuso un apodo o sobrenombre y ha filtrado información a los medios de comunicación sobre supuestas actividades previas al crimen así como su involucramiento en los hechos”.

No obstante, agrega, a 100 días de los hechos, la Procuraduría “no puede establecer con pruebas objetivas la supuesta relación que tenía Mile Virginia con los responsables, ni si ellos se conocían previamente”.

Pero eso no es todo. Como representantes legales de la familia de la joven en México, los litigantes acusan que el “uso malicioso” en la prensa que ha hecho la PGJDF sobre su imagen, así como el “maltrato” al propio cuerpo de la víctima, pues fue enviado a Colombia en un avanzado estado de descomposición y “muchas” semanas después, bajo el argumento de que “el cuerpo estaba en investigación”. Eso, añaden, “se tradujo en un maltrato físico al propio cuerpo y una afectación emocional para sus familiares”.

Lamentable, el papel de la CDHDF

En la lista de inconsistencias señaladas por la coadyuvancia, destaca la crítica al “lamentable papel” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), presidida por Perla Gómez Gallardo, pues critica que “con su silencio se ha convertido en parte de la impunidad que prevalece en el caso”.

Y señala sus errores: En un primer comunicado de prensa sólo hizo referencia al fotoperiodista Rubén Espinosa y pidió a las autoridades capitalinas medidas cautelares hacia su familia, “dejando de lado” a las cuatro víctimas mujeres. Tampoco verificó que los restos de Mile Virginia se preservaran y que su traslado a Colombia se diera respetando los derechos de la familia.

Más: Aún cuando acreditó que Daniel Pacheco Gutiérrez fue víctima de tratos crueles durante su detención, la Comisión se pronunció diciendo que “no fue víctima de tortura”. Con ello, restó “importancia a la coacción de la cual fue objeto el detenido para declarar”.

Karla Micheele Salas y David Peña también observan que la PGJDF ha incumplido las medidas cautelares emitidas por la CDHDF para evitar las filtraciones de información, que se respeten los derechos de las víctimas y se garantice el derecho a la coadyuvancia.


“A pesar de los claros incumplimientos, dicha instancia no se ha pronunciado ni ha hecho valer los medios legales que tiene a su disposición para que se investigue y sancione el incumplimiento de sus peticiones”. Tampoco se ha pronunciado contra las omisiones que la Procuraduría ha hecho en la indagatoria, aún cuando la misma Comisión las ha acreditado y “pese a la importancia que conllevaría que esa instancia se pronunciara sobre un caso que se encuentra aún abierto y que puede corregirse”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Colgado de Iztapalapa no está ligado al narco, sino a pleito en reclusorio: PGJDF

MÉXICO, D.F: Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), indicó que el caso de la persona colgada en un puente ayer en Iztapalapa podría estar relacionado con un conflicto al interior del Reclusorio Oriente.

“Podría ser un tema interno en este reclusorio, esto no implica que desestimemos alguna otra línea sino, me refiero exactamente, por este mensaje que se dejó, es una de las línea más fuerte que tenemos en este momento”, recalcó en entrevista con Primero Noticias, de Televisa.

El funcionario indicó que la investigación de la PGJDF se enfoca en el contenido de la cartulina colocada junto al cadáver y “con hechos que han sucedido este año en el mismo lugar”.

Ríos Garza insistió en rechazar que el caso esté relacionado con el crimen organizado, como también recalcó ayer Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Ayer a las cinco de la mañana fue colgado el cuerpo de un hombre en el puente La Concordia, en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal.

En un comunicado, la PGJDF precisó que la víctima tenía dos disparos de arma de fuego en la cabeza.

La víctima estaba vendada, sin zapatos, vestía pantalón de mezclilla y playera oscura. Tenía el rostro cubierto y algunos transeúntes percibieron que se trataba de una máscara de Halloweeen.


En su edición 2030, la revista Proceso publicó un reportaje que evidenciaba el crecimiento del narcotráfico en la capital del país. La investigación presentaba una radiografía de ejecuciones, mantas, extorsiones y demás huellas del paso del crimen organizado en el Distrito Federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Condenan a 520 años a tres implicados en caso Heaven

México, DF. Un juez condenó a 520 años de prisión a tres presuntos responsables del secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven de la ciudad de México y su posterior asesinato en 2013, informó este domingo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

A Ernesto Espinosa y José de Jesús Carmona, ambos socios del bar, y al presunto sicario Víctor Manuel Torres, se les acusó penalmente del secuestro y asesinato de los chicos, que fueron raptados a plena luz del día el 26 de mayo de 2013 de ese bar de la Zona Rosa ubicado a unos metros de una sede policial.

"Con los elementos de prueba suficientes recabados por la policía de investigación, el ministerio público (...) logró que el juez resolviera imponerles, además de la pena individual de 520 años de prisión, multa de 5 millones 51 mil 280 pesos a cada uno", dijo la PGJDF en un comunicado.

Sin embargo, la dependencia señaló que la causa penal contra otra docena de involucrados en el caso sigue abierta.

Los cadáveres de los 13 jóvenes, la mayoría residentes del barrio de Tepito, fueron encontrados tres meses después de su secuestro -luego de fuertes protestas de sus familiares- en una fosa clandestina cavada en un racho de una localidad aledaña a la ciudad de México.

Según las investigaciones, el crimen habría sido una represalia por el homicidio de un vendedor de drogas al por menor cometido pocos días antes en otro bar de la ciudad de México.

La capital mexicana quedó sacudida por el "caso Heaven", que puso en entredicho la imagen supuestamente ajena de la ciudad a la violencia que se vive en otras regiones del país por las pugnas entre los poderosos cárteles narcotraficantes.

Fuente: La Jornada

Autor: AFP

Más contradicciones, más sinsentidos en caso Narvarte

La investigación de la Procuraduría General del Distrito Federal respecto de la matanza de cinco personas en la colonia Narvarte –el fotorreportero Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, y cuatro mujeres– entró en un nuevo capítulo de sinsentidos: La información sigue siendo filtrada y las declaraciones de los detenidos se contradicen en puntos torales –como el modo en que entraron al edificio, la forma en que se desplazaron y, notoriamente, las motivaciones del crimen. Ahora se difunde la versión de que Los Zetas extrajeron cocaína del inmueble. Ante esto, las familias de las víctimas exigen que no se cierre el caso porque aún no se indaga la presencia de otro hombre en el departamento y la implicación de más autos.

MÉXICO, D.F: El pasado 31 de julio –alrededor de las 13:15 horas y poco antes de encontrarse con las inquilinas del departamento 401 de la calle de Luz Saviñón, colonia Narvarte– Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y Omar (el único prófugo) se reunieron en los alrededores de la Heroica Escuela Naval Militar, en la delegación Coyoacán.

De acuerdo con un seguimiento hecho por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), desde ese punto del sur de la ciudad y a bordo de una camioneta Suburban oscura los presuntos homicidas se dirigieron hasta el inmueble que compartían Esbeidy Guadalupe López Maximiano, Milena Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y la activista y promotora cultural Nadia Vera.

Ahí, los implicados terminarían asesinando a las tres últimas; al fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador del Proceso, y a la trabajadora doméstica Alejandra Negrete.

El vehículo mencionado pertenece a Daniel, acorde con la declaración ministerial de Abraham Torres Tranquilino, el expolicía capitalino detenido el pasado 30 de agosto en la delegación Iztapalapa. Dio otro dato a las autoridades: que en ese auto Daniel solía guardar fusiles de asalto Ak-47, mejor conocidos como “cuernos de chivo”, porque, según su dicho, Daniel y Omar eran miembros de Los Zetas.

A través del sistema de videovigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) logró reconstruir el trayecto de la Suburban hasta su destino final: la colonia Narvarte.

Aunque en los videos no se alcanza a distinguir con claridad, la camioneta fue seguida “todo el tiempo” por otro auto, un Stratus, en el que viajaban dos “amigos” de Omar. Este dato fue confirmado por el propio Abraham en su declaración ministerial. Detalló que el Stratus hizo una labor de “muro” y más: estuvo también en la calle Luz Saviñón, aunque sus ocupantes –no dijo cuántos– nunca descendieron.

Las imágenes, que ya se integraron al expediente FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 y que se encuentran en el Juzgado 25 Penal, a cargo de la juez Hermelinda Silva Meléndez, echan por tierra la versión de Daniel Pacheco Gutiérrez, el pulidor de autos.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2027, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

A 1 mes del multihomicidio en la Narvarte: filtraciones, contradicciones y tortura de un detenido…

El detenido tiene lesiones "en rostro, espalda y hombros, fueron debidamente certificadas por los propios peritos médicos legistas encargados de revisar su estado psicofísico previo a su declaración ante el Ministerio Público".

Violación de protocolos, filtraciones a medios de comunicación, y estigmatización de las víctimas por parte de la PGJDF, han manchado el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, denunció la organización Artículo 19, a un mes de lo ocurrido.

“Las filtraciones en este sentido no son de interés público y solo buscan desviar, manipular la atención pública del caso. Además con la revelación de ciertos datos, lo que se provoca también es entorpecer las investigaciones, lo cual atenta contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, sostuvo.

Apuntó además que las autoridades “han sido omisas en investigar a fondo la línea sobre la labor periodística de Rubén Espinosa, fotoperiodista de Veracruz, así como los antecedentes de agresiones, hostigamientos y amenazas que sufrió, relacionándolos con su asesinato”.


La organización manifestó su preocupación porque “una de las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF, sea la declaración de la única persona detenida Daniel Pacheco Gutiérrez, quien fue presentado ante al Ministerio Público con daños evidentes a su integridad física y quien actualmente ha denunciado tortura por parte de quienes lo detuvieron”.



El informe sobre la investigación en curso:
277094014-Informe-sobre-investigaciones-de-PGJDF-en-el-asesinato-de-Ruben-Espinosa.docx by Aristegui Noticias:

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PGJDF reveló identidades de víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez; temen por su seguridad

Temen que sus nombres completos, direcciones y fotografías estén en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre.

Las mujeres que denunciaron al líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre analizan acogerse a un programa de cambio de residencia temporal, luego de que la Procuraduría de General de Justicia del DF (PGJDF) violó la secrecía sobre sus datos personales y las amenazas que ha recibido su defensa legal.

Ahora, las víctimas no saben si sus nombres completos, direcciones y fotografías están en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre o funcionarios que quieran afectarlas, por lo que temen por su seguridad y la de sus familiares.


Las mujeres, quienes escaparon del esquema de reclutamiento que operaba en las oficinas del PRI capitalino, denunciaron a Gutiérrez ante la Procuraduría General de la República (PGR), con sus identidades resguardadas con nombres clave y documentos empaquetados en un sobre sellado.

Pero el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, declinó llevar la averiguación y la remitió a la procuraduría capitalina, donde al final se decretó el no ejercicio de la acción penal. Las denuncias habían llegado a la procuraduría local con esos nombres clave y con sellos en el sobre que contenía sus identificaciones oficiales.

Una de las mujeres que denunciaron contó a Aristegui Noticias cómo fue que miembros de la Procuraduría del DF acudieron a su domicilio particular, a notificarle del no ejercicio de la acción penal y la buscaron por su nombre verdadero, de acuerdo con testimonios de la víctima y sus familiares.

“Todo este tiempo he sido la más tranquila, pero con esto que pasó, que se revelaron nuestros datos, sí tuve miedo”, dijo ella, quien es una de las muchachas cuyo testimonio dio pie a la investigación que se publicó el 2 de abril de 2014, en la Primera Emisión de Noticias MVS que conducía Carmen Aristegui.


Todas las notificaciones anteriores habían llegado con sus nombres clave y al domicilio de su abogada, Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac).

La mañana del martes 28 de julio, a las 7:30 am, tres funcionarios de la procuraduría del DF se presentaron en el domicilio de las víctimas: el agente del Ministerio Público Guillermo Santamarina Zepeda, el notificador Nicolás Sánchez González y quien se identificó como integrante de la dirección de derechos humanos de la procuraduría, Cynthia Mendoza Arellano.

Primero preguntaron por el nombre clave de la víctima, pero uno de los familiares negó que allí viviera alguien con ese nombre. Entonces mencionaron la verdadera identidad de la joven y los miembros de su hogar entraron en alarma. No permitieron que la víctima se encontrara con los funcionarios.


El agente del Ministerio Público llevaba anotados los nombres reales de las jóvenes en una libreta, aunque no estaban escritos en el documento oficial que finalmente dejaron en la vivienda.

Además, los funcionarios de la Procuraduría no incluyeron la argumentación de la procuraduría para no seguir investigando el caso, algo inusual para denuncias penales y los avisos que se entregan a denunciantes.

Después de 30 minutos, la representante de la dirección de derechos humanos recomendó a los familiares un lugar donde la víctima puede ser tratada psicológicamente, en la colonia Del Valle, de la ciudad de México.

La directora de Catwlac, Teresa Ulloa, dijo que la violación del acuerdo de resguardo de identidad es una falta grave a los protocolos de investigación y representa un bloqueo más al proceso de impartición de justicia.

La abogada sostuvo que este derecho aplica para víctimas de delitos como el secuestro, la violación y trata de personas, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, y existen sanciones graves para las personas que rompan este secreto, las cuales se agravan si se trata de funcionarios públicos.

Teresa Ulloa es representante legal de las víctimas pero la procuraduría capitalina no le ha notificado el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre; sin embargo, durante el proceso ministerial su oficina recibió todos los requerimientos de las autoridades.

La titular de Catwlac mostró al equipo de Aristegui Noticias oficios que normalmente enviaba la PGJDF sobre el caso. En ellos se aprecia el seudónimo elegido por las denunciantes y la dirección de su representante legal.

Negó que el no ejercicio de la acción penal sea motivo para dejar de cuidar la identidad de las denunciantes, pues en términos legales el proceso aún está lejos de terminar porque las víctimas tienen mecanismos para exigir la actuación de la procuraduría capitalina.

Teresa Ulloa afirmó que la diligencia que practicaron funcionarios de la PGJDF es un acto de intimidación y representa una amenaza a la seguridad de las denunciantes, pues ahora no se sabe qué otras personas tienen acceso a sus nombres completos, direcciones y fotos de identificaciones personales.

Ulloa afirmó que ha recibido amenazas de violación por celular y que diversas personas se han acercado a las movilizaciones que realiza para fotografiar la cara de todas las personas que participan. Sostuvo que fuera de sus oficinas hay personas que registran todos los movimientos, incluyendo un registro de visitantes.


Para la activista con más de 45 años de experiencia en el tema de trata de personas, la filtración de información y la obstaculización de la defensa de las víctimas en este caso, por parte de la procuraduría, son condiciones que no había visto en toda su carrera y que ameritan medidas de protección urgentes para las mujeres que denunciaron a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: Irving Huerta y Sebastián Barragán (REPORTAJE ESPECIAL)

La PGJDF indaga cuatro hechos que conectan a víctimas de caso Narvarte con Veracruz

Los incidentes involucran a Rubén y Nadia, dos de las víctimas del multihomicidio, y en ellos se advierte la participación de la policía estatal. Organizaciones pidieron a la PGJDF desde el 4 de agosto que se declarara a jefes policiacos por estos casos. Veracruz dice que DF no tiene jurisdicción pero colaborarán.

La represión de una protesta en 2012, un desalojo de una plaza en 2013, un ataque en un domicilio de Xalapa en junio pasado, y el seguimiento de encapuchados a activistas con lista incluida, son los cuatro hechos específicos ocurridos en Veracruz que investiga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por su probable relación con el multihomicidio del 31 de julio en la colonia Narvarte.

Los cuatro incidentes, según lo denunciado ante la Procuraduría capitalina por organizaciones de periodistas y defensoras de derechos humanos, están conectados con dos de las víctimas del homicidio, el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera.

En todos esos hechos, según las denuncias incluidas en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, existe la posible participación de policías del estado que gobierna Javier Duarte.

Es por este motivo, confirmaron autoridades de la Procuraduría capitalina, que se enviaron a Veracruz a dos agentes de la Fiscalía de Homicidios para recabar la declaración del actual secretario de Seguridad Pública de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita y de su antecesor en el cargo Sergio López Esquer.

Además, dado el perfil de comunicadores y activistas de las víctimas, se recabará el testimonio de la presidenta de la Comisión estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz.

Karla Michel Salas, abogada coadyuvante en la indagatoria de la Procuraduría en representación de la familia de Nadia Vera, señaló que estas declaraciones serán tomadas a petición expresa de las organizaciones de periodistas y derechos humanos, solicitud que se había hecho desde el pasado martes 4 de agosto.

“De los primeros testimonios se desprendían todas estas amenazas, hechos de hostigamiento y persecución ocurridos en distintos momentos en Veracruz tanto en agravio de Nadia como de Rubén” dijo en entrevista con Animal Político.

De acuerdo con Salas, quien también es presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, existía la preocupación de que las autoridades capitalinas no atendieran la línea de investigación del multihomicidio que apunta a Veracruz, por lo que se insistió en que se recabaron dichos testimonios.

El procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza confirmó el traslado de sus elementos a Veracruz. “Esto se lleva a cabo a través de los indicios, de diversas declaraciones, de videos que se tienen en la averiguación previa de aquí de la ciudad de México, y que ha surgido, que pudieran tener algún vínculo en aquella entidad (Veracruz)” dijo.

Además, los agentes permanecerán en Veracruz para recabar las declaraciones de otros activistas y demás testigos que pudieran aportar información al caso. En un comunicado la Fiscalía veracruzana accedió colaborar con las autoridades capitalinas aunque reiteró que no tienen jurisdicción en su territorio.

La conexión con Veracruz es una de varias líneas que la PGJDF ha señalado que mantiene abiertas por el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte.

A continuación Animal Político enumera los cuatro incidentes que están bajo la lupa de los investigadores.

La “protesta pacífica” del 2012

Nadia Vera, integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa narró en un video la forma en como presuntos policías actuaron en contra de ellos durante una manifestación pacífica en contra del gobierno de Javier Duarte y de los asesinatos contra periodistas.

De acuerdo con Vera, quien es estudiante egresada por antropología social de la Universidad veracruzana, la actividad que tenían planeada era la colocación de unos globos con mensajes políticos pero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se los impidieron.

“Unas mujeres civiles que eran policías del Estado estaban golpeando a unas compañeras yo grabo y llegan por mi otras mujeres que me quitan el celular y nunca me lo devolvieron. Me jalaron y golpearon” dijo Vera

A partir de ese hecho según los testimonios, comenzó la presunta persecución sobre Nadia Vera que entre otras cosas incluyó el allanamiento de su departamento y una presunta detención irregular.

El desalojo del 2013

El 13 de septiembre de 2013, dos días antes de los festejos patrios, la policía estatal desalojó por la fuerza un plantón que mantenían profesores y activistas de la Plaza Lerdo en Xalapa en las vísperas de los festejos patrios.

De acuerdo con las declaraciones de los maestros, la acción policial fue un “exceso” pues supuestamente ya existía un diálogo previo con las autoridades para replegarse voluntariamente.- El gobierno de Duarte dijo por su parte que un grupo ajeno al de los maestros intentó mantener ocupada la plaza por lo que se decidió proceder con el operativo.

Durante ese hecho se denunciaron múltiples agresiones en contra de periodistas y fotógrafos de parte de los uniformados, quienes reportaron además de los golpes el robo de sus equipos

Rubén Espinosa fue uno de los periodistas afectados y por ese hecho levantó una denuncia formal la ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR) la cual continúa abierta hasta la fecha.

Espinosa no se fue de la entidad después de ese hecho pero según lo reportado por sus colaboradores y activistas, a partir de ahí fue intimidado en varias ocasiones para que retirara la denuncia interpuesta.

Ataque a los estudiantes

La madrugada del 5 de junio un grupo de sujetos irrumpió en un domicilio del centro de la capital de Veracruz en donde están reunidos estudiantes de la Asamblea Estudiantil de Xalapa quienes fueron golpeados brutalmente. Las victimas describieron a los atacantes como personas con cortes tipo militar y algunos armados con toletes.

Después del ataque, según la versión de los jóvenes agredidos, policías estatales llegaron al domicilio pero no le brindaron apoyo a la víctima. En vez de ello, permitieron que civiles que se identificaron como supuestos representantes del Consejo estatal de Derechos Humanos intentaran interrogarlos.

El ombudsman estatal confirmó días después que las personas que acompañaban a los policías estatales no eran visitadores.

Familiares y activistas denunciaron que varios de los jóvenes agredidos eran amigos cercanos de Nadia Vera pues pertenecían a la misma red. Ella no se encontraba en el sitio pues meses antes había decidido salir del estado.

Tres días después, el 8 de junio, se organizó una marcha en contra del ataque en contra de los estudiantes y al misma fue cubierta por Rubén espinosa quien en un momento fue agredido por sujetos encapuchados. El propio gobernador Javier Duarte reconoció este hecho el cual motivó que el fotoperiodista decidiera irse del estado.

Intimidaciones y “listas negras”

Además de los hechos señalados, en la averiguación de la PGJDF se asentaron reportes de los activistas y coadyuvantes sobre presuntas intimidaciones o ataques continuados que sufrieron tanto Rubén como Nadia

“En el expediente están asentados testimonios que en el caso de Nadia apuntan a que fue levantada por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes la subieron a un carro un largo tiempo en el que la amenazaron y le pidieron que dejara el activismo sino algo malo le iba a pasar” dijo la abogada Michel Salas en entrevista.

En otro video de finales del 2014 Nadia responsabilizó al gobierno de Duarte de “cualquier cosa que pudiera sucederle”. El procurador del DF Ríos Garza dijo confirmó que estos videos ya están incluidos en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 iniciada por el multihomicidio.

Las organizaciones de activistas y periodistas también denunciaron ante la PGJDF que el gobierno de Veracruz persigue sistemáticamente a personajes críticos e incluso tiene listados de estudiantes activistas o investigadores que considera “enemigos”.

Una de estas listas ya fue publicada por Animal Político y se trata de un documento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en donde se incluye a estudiantes e investigadores de la Universidad Veracruzana.

Esta presunta persecución sistemática, según lo denunciado por las organizaciones, ha obligado a salir de la entidad a periodistas y activistas como Rubén y Nadia.

Veracruz reitera “deslinde categórico”

A través de un comunicado emitido por la Fiscalía General de Veracruz, el gobierno el gobierno del estado de Veracruz insistió nuevamente en su deslinde del multihomicidio en la colonia Narvarte.

“El Gobierno de Veracruz y, en especial el Gobernador del Estado, se deslindan total y categóricamente de este lamentable hecho ocurrido en la Ciudad de México, donde, como se ha repetido en múltiples ocasiones, es responsabilidad de las autoridades de aquella entidad resolver el caso” dice el comunicado .


La Fiscalía aclaró además que la Procuraduría del Distrito Federal no tiene jurisdicción en su territorio, por lo que será a través de un mecanismo de colaboración que se realizarán las declaraciones referidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

El expediente muestra más desaseo, más torpezas, más sospechas…

El manejo del multihomicidio de la colonia Narvarte por la Procuraduría capitalina deja mucho que desear en los aspectos jurídico y político. Las inconsistencias prevalecen en los seis tomos del expediente del caso. Ahí se evidencia que la autoridad capitalina privilegió el móvil del robo con bases muy débiles, con tal de no seguir las pistas políticas; filtró un video que suscita más preguntas que respuestas y no preservó debidamente la escena del crimen. Para colmo, el único indiciado por los asesinatos denunció que fue torturado para confesar, y si consigue acreditarlo, la policía tendrá las manos vacías.

MÉXICO, D.F: Los seis tomos de la averiguación previa relacionada con el multihomicidio de la colonia Narvarte –fragmentos de la cual consultó Proceso– contienen información testimonial, pericial y documental que aporta innumerables pistas, pero después de 15 días la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) las ha soslayado, tocado a medias o de plano ignorado.

Eso ocurre con la presunta presencia de un cuarto sujeto en la escena del crimen, las referencias a otro automóvil utilizado por los sospechosos y al menos un video donde se ven claramente los rostros de éstos.

En el expediente está la ampliación de la declaración que el lunes 10 rindió Daniel Pacheco Gutiérrez, el único detenido y consignado hasta el momento. Ahí denuncia torturas y amenazas de los agentes investigadores que lo aprehendieron afuera de su domicilio el miércoles 5.

El jueves 13, la juez Vigésimo Quinto Penal del DF, Hermelinda Silva Meléndez, envió el oficio 2623 a la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), María Elena Lugo del Castillo. La juez pidió que peritos en psicología y medicina forense intervinieran y “de manera inmediata rindan un dictamen en relación al estado actual que presenta hoy el indiciado (…) por considerar que existe razón suficiente para realizar una investigación… respecto de posibles actos de tortura”. Si la queja por tortura procede, el caso se le caerá a la PGJDF.

Al cierre de esta edición, la Procuraduría capitalina no había citado a atestiguar a personas que conocieran las actividades profesionales del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera. Tampoco hizo caso a las solicitudes de información que los abogados de Vera presentaron a fin de detener cualquier intento del titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, de cerrar la indagatoria con los móviles de crimen pasional, drogas y prostitución, o bien el robo a casa-habitación, sin antes agotar cada línea de investigación.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)

FUENTE: PROCWESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Detienen en Toluca a presunto asesino de dos venezolanos

México, DF. El hombre acusado de matar a dos venezolanos y un mexicano dentro de un Hotel de la delegación Iztapalapa el pasado 2 de julio, fue detenido y consignado por la Procuraduría General de Justicia del DF, informó su titular, Rodolfo Ríos.

El funcionario dio a conocer que el inculpado fue identificado como Oscar Fabián Matus Tovar, quien fue detenido  en el poblado de Santiago Tlacotepec, en Toluca, Estado de México, mediante un oficio de colaboración  con autoridades ministeriales de esa entidad federativa.

Detalló que el día de los hechos, los empleados del Hotel dieron aviso de los disparos de arma de fuego en uno de los cuartos.

Previamente, las víctimas entraron durante la madrugada en una camioneta marca Jeep, tipo Grand Chereokee, color negro y les asignaron la villa número 7.

Media hora después, ingresó un taxi con cuatro mujeres y casi al amanecer llegó un sujeto solitario, identificado por testigos como el probable responsable del triple homicidio.

Tras las declaraciones de los testigos, se estableció que este hombre disparó, sin ninguna discusión previa, contra el  DJ venezolano Héctor Gámez, su compatriota, Robert Carrasco Pérez, y el comerciante mexicano Sergio Fuentes Pérez.

De acuerdo con el procurador capitalino, las víctimas dieron positivo al consumo de alcohol y sustancias tóxicas. Asimismo, informó que los cuerpos de los extranjeros ya fueron repatriados a su país.

Fuente: La Jornada

Autor: Mrina Servín Vega