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domingo, 19 de marzo de 2017

Zedillo, la Cancillería y la PGR “borraron” a Muñoz Rocha

En su libro El eslabón perdido. Historia secreta de los asesinatos que cambiaron la historia de México, el exlegislador y excónsul general de México en San Antonio, Texas, Humberto Hernández Haddad, aporta una exhaustiva documentación oficial –ocultada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República– sobre cómo el gobierno de Ernesto Zedillo intentó borrar todo rastro del diputado Manuel Muñoz Rocha, señalado por los asesinos materiales del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu como su cómplice. Con autorización de la editorial Grijalbo, aquí se presentan algunos extractos.

viernes, 3 de marzo de 2017

Exigen a PGR justicia para víctimas de experimento del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Yolanda Guerrero Caballero denunció que a ella y a otros 500 pacientes, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) les colocó, sin su consentimiento, un implante que carecía de autorización para emplearse en humanos, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

En un comunicado, la organización Centro de Comunicación Social (Cencos) precisó que los daños ocasionados por el implante son irreversibles, ya que prácticamente se encuentra encarnado en el cerebro, lo que ha generado a los pacientes la imposibilidad de realizar sus actividades diarias debido a fuertes dolores de cabeza, inestabilidad en el cuerpo y deficiencia para conciliar el sueño.

El implante fue diseñado por el doctor Julio Sotelo Morales, quien fungía como presidente del Consejo Técnico del INNN.

Guerrero, acompañada de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha actuado ante las denuncias impuestas por las víctimas, a pesar de que la Conamed y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han indicado un mal manejo por parte del INNN.

De igual manera, reprochó que desde hace diez años no tienen acceso a la justicia, violentándose los derechos humanos de todos los pacientes que fueron sometidos al experimento.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/476621/exigen-a-pgr-justicia-victimas-experimento-del-instituto-nacional-neurologia-neurocirugia

viernes, 24 de febrero de 2017

La PGR catea y asegura casa en QRoo vinculada a los padres del ex Gobernador Roberto Borge

Una supuesta vivienda de los padres del ex Gobernador de Cancún Roberto Borge Angulo fue asegurada por agentes  de la Procuraduría General de la República y elementos del Ejército y de la Marina; al parecer en el lugar no se registró ninguna detención y lo único que se realizó fue el aseguramiento de documentos.

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró anoche una supuesta vivienda de los padres del ex Gobernador de Cancún Roberto Borge Angulo, o de este mismo, ubicada en la Supermanzana 3 sobre calle Cazón número 25 y 27, en el centro de la ciudad.

Agentes de la Procuraduría General de la República, elementos del Ejército y de la Marina arribaron aproximadamente a las 10 de la noche al domicilio de los padres del ex Mandatario de Quintana Roo para realizar el cateo el cual se extendió hasta la madrugada de este viernes.

Durante las inspección al interior de la casa por parte de la PGR, personal del Ejército y de la Secretaría de Marina cerró por completo la calle Cazón impidiendo de esta forma la entrada a todo vehículo.


El cateo al supuesto domicilio propiedad de los padres de Roberto Borge o del mismo Gobernador, se dio luego de que la PGR obtuvo una orden de un juez mediante una “denuncia anónima” realizada por medio de las redes sociales.

En el operativo participaron al menos 60 elementos del Ejército y de la Marina, fuertemente armados, que llegaron en cinco camionetas al domicilio ubicado en la citada calle.

Durante varias horas permanecieron herméticos apostados en las calle que conduce al inmueble brindando seguridad en tanto que personal de la Procuraduría General de la República inspeccionaba la casa.

Al parecer en el lugar no se registró ninguna detención y lo único que se realizó fue el aseguramiento de documentos.

El operativo interrumpió la circulación vehicular en la zona y alteró por momentos la tranquilidad de la zona.


Vecinos comentaron que afuera y dentro de ese domicilio siempre hay guaruras.

FUENTE: SIN EMBARGO/PORESTO!.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-02-2017/3159434

jueves, 23 de febrero de 2017

PGR acepta recomendaciones de CNDH pero no las atiende: en 5 años solo ha resuelto 1 de 19

53 funcionarios están involucrados en violaciones graves a derechos humanos, solo hay uno sancionado; 70% de los puntos recomendatorios siguen pendientes.

Entre el 2011 y 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió y aceptó 19 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves cometidas por sus funcionarios. De todas ellas solamente una recomendación ha sido resuelta.

Los resultados de un análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los derechos humanos en el proceso penal en México arrojó que casi el 95 por ciento de las recomendaciones dirigidas a la Procuraduría continúan estando en trámite, con múltiples puntos recomendatorios que no se han atendido.

Esto pese a que las recomendaciones están relacionadas con violaciones graves de los derechos humanos de al menos 212 personas, y que van desde casos de desaparición forzada, hasta tortura y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y trata de personas.

Los reportes a los que tuvieron acceso los auditores revelan que, entre 2011 y 2015, se dirigieron ocho mil 525 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos a la PGR que dieron paso a 19 recomendaciones.

Cuatro de las recomendaciones fueron emitidas en 2011, tres en 2012, cinco en 2013, cuatro en 2014, y tres en 2015. De todas ellas, solamente una recomendación de 2011 ha sido completamente atendida.

Cada recomendación que emite al CNDH puede tener uno o varios “puntos recomendatorios” que son las acciones específicas que se pide cumplir a la dependencia involucrada para atender la recomendación y reparar el daño que se haya causado, así como prevenir que se cometan las mismas conductas.

El análisis de los auditores arroja que las 19 recomendaciones que la CNDH dirigió a PGR entre 2011 y 2015 comprenden en total 98 puntos recomendatorios. De todos estos puntos la Procuraduría solo ha realizado 33, lo que significa que casi el 70 por ciento de ellos siguen sin ser resueltos por la dependencia.

¿Por qué solo una recomendación ha sido atendida por la PGR en su totalidad? El argumento dado por la dependencia a los auditores es que la mayoría de los casos están ligados con la apertura de averiguaciones previas y por lo tanto lleva su tiempo.

Entre las recomendaciones que están pendientes de ser atendidas en su totalidad, hay casos de alto impacto como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa que se dio a conocer desde abril de 2015.


En su momento la propia CNDH denunció públicamente que la Procuraduría no había cumplido a cabalidad ninguno de los 26 puntos recomendatorios relacionados con el caso Ayotzinapa y entre los que se encontraban realizar nuevos peritajes a las evidencias encontradas, solicitar ayuda internacional para la captura de personas involucradas, desahogar nuevas líneas de investigación entre otros.

Ni las quejas se atienden a tiempo

Una queja es una denuncia presentada por una persona ante la CNDH en donde alude que sus derechos fueron violados. Entre 2011 y 2015 se presentaron en total ocho mil 662 quejas en donde figuraban como posibles responsables funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Lo que los auditores descubrieron es que las quejas, si bien son atendidas por la Procuraduría al responder requerimientos de información u otros aspectos que la CNDH le solicita, esto ocurre con un retraso considerable.

Por ejemplo en 2015 la PGR recibió solicitudes relacionadas con mil 538 expedientes de queja. La ley dela CNDH establece que cada queja debe ser respondida en un plazo no mayor a 15 días naturales después de que se recibe la notificación, pero la Procuraduría solo atendió 92 de ellas en ese lapso, es decir menos del seis por ciento.

Hay quejas que tuvieron que esperar incluso más de 400 días para poder ser atendidas por la Procuraduría General dela República.

“Con el análisis anterior, se constató que, en 2015, la PGR atendió a todas las solicitudes de información de la CNDH, pero el tiempo para atender las solicitudes de 1,485 expedientes fue 99 veces más de lo señalado por la ley de la CNDH” indica el análisis.

Los auditores también reportaron deficiencias en la integración de los informes de las quejas y sistematización lo que impide darles un seguimiento adecuado sobretodo en cuanto a los tiempos de atención.

Para solucionar esto la PGR prometió que pondría en marcha un mecanismo específico de seguimiento de las solicitudes con base un semáforo que indique en color amarillo y rojo las quejas que estén sobre el límite para ser atendidas.

Los auditores también verificaron el cumplimiento de la Procuraduría en cuanto a las “medidas precautorias y cautelares” que se le solicitan, y que son acciones de aplicación inmediata cuyo objetivo es prevenir o impedir que los derechos humanos de una persona sean violados de forma reiterada.

De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, en 2015 recibió ocho solicitudes de medidas precautorias que fueron atendidas en su totalidad, sin embargo, los datos de la CNDH revelan otra cosa.

“Para la CNDH cuatro (de las solicitudes de medidas precautorias) están atendidas totalmente; tres se encuentran en investigación y/o averiguación previa y en una se reportó que no se aplicó medida alguna; de esas cuatro, el tiempo en el que la entidad las atendió fue de 13 días” revela el informe de los auditores.

Impunidad

Las 19 recomendaciones que la CNDH dirigió a la PGR entre 2011 y 2015 identifican a 53 funcionarios como probables responsables de haber perpetrado las distintas violaciones a derechos humanos. Para investigar las denuncias y delitos cometidos la Procuraduría inició un total de 34 averiguaciones previas.

Pero hasta ahora, de todos ellos, solamente un funcionario ha sido sancionado siendo destituido de su puesto y consignado ante los juzgados correspondientes. La ASF consideró que esto refleja una eficacia de apenas un 1.9 por ciento.

En respuesta a estos cuestionamientos hechos por la auditoría la Procuraduría responsabilizó de nueva cuenta al tiempo que lleva una investigación penal el que no haya resultados pronto.

“Para el ejercicio fiscal de 2016 se realizó una reforma al sistema penal acusatorio en el que se impusieron plazos para la atención de las averiguaciones previas a los ministerios públicos con lo cual se dará mayor celeridad a la atención de las sanciones, toda vez que en la mayoría de los casos el motivo por el cual no se le da pronta atención a las sanciones es por la tardanza en la atención y desahogo de las averiguaciones previas” respondió PGR a la ASF.

 Capacitación dudosa

La Procuraduría informó a la Auditoría que entre 2011 y 2015 capacitó a 34 mil 925 funcionarios en temas relacionados con Derechos Humanos, tanto de la propia dependencia como de otras procuradurías y fiscalías en los estados.

En este lapso de cinco años la dependencia incrementó más de 30 por ciento el número de funcionarios capacitados. El problema, es que no existe un mecanismo que permita evaluarla eficacia de esta capacitación.


“La entidad fiscalizada no acreditó contar con la información sobre la evaluación de los trabajos de capacitación de la cultura de los derechos humanos en los servidores públicos de la institución que permita evaluar el efecto de la capacitación de los servidores públicos en la disminución del número de quejas, recomendaciones y sanciones interpuestas, en cumplimiento de lo que establece el Manual de Organización General de la PGR” concluyeron los auditores.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/pgr-no-atiende-recomendaciones-cndh/

martes, 21 de febrero de 2017

Detienen a “El Gordo”, miembro del Cártel de Juárez buscado por la DEA

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dio cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición contra Héctor Arenas Saucedo (a) “El Gordo”, por los delitos de asociación delictuosa y posesión con la intención de distribuir cocaína en varias ciudades de Estados Unidos.

La diligencia tuvo lugar en la colonia San Rafael, Ciudad de México, cuando elementos de la AIC, adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, realizaron la detención de Arenas Sauceda a quien le fue asegurada un arma corta.

En un comunicado, la PGR dio a conocer que para deslindar responsabilidades, el detenido, junto con lo asegurado, fue trasladado a las instalaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación en la delegación de la Procuraduría General de la República correspondiente.

Arenas Saucedo, “El Gordo”, es requerido por los Estados Unidos de América por los delitos de asociación delictuosa y posesión con la intención de distribuir cocaína.

Era buscado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en ingles), por los delitos de conspiración, posesión y distribución de cocaína hacia los Estados Unidos, presuntamente vinculado con el cártel de Juárez.

De acuerdo con el comunicado, también era responsable de coordinar y vigilar el transporte de cocaína, la cual era almacenada temporalmente en la zona conurbada de El Paso, Texas, entregando la mercancía en Atlanta, Georgia y Charlotte, Carolina del Norte, de la Unión Americana para su distribución.

Con sustento en los cargos, la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, el pasado 28 de julio de 2011, giró órdenes de aprehensión en contra de Héctor Arenas Saucedo y otras personas al señalarlos como responsables del contrabando de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos de América.

El Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México otorgó la detención provisional con fines de extradición 1/2014-II, en contra del detenido.





Fuente: Proceso
Autora: Patricia Dávila
http://www.proceso.com.mx/475186/detienen-a-gordo-miembro-del-cartel-juarez-buscado-la-dea

Suspende PGR investigación en Nochixtlán por falta de seguridad

La Procuraduría General de la Republica (PGR) informó sobre la suspensión de las investigaciones programadas para mañana martes 21 en Nochixtlán, Oaxaca, debido a que no existen garantías de seguridad para el personal de la dependencia y a que las víctimas de lesiones no presentaron sus denuncias como estaba acordado, a más tardar para el lunes.

En un comunicado, recordó que el pasado 7 de febrero, representantes del Comité de Víctimas de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016, de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y de la PGR, acordaron lo anterior y que el martes 21 se practicarían las diligencias de investigación que faltan por realizar en el lugar de los hechos.

Sin embargo, el pasado 17 de febrero, la sección 22 de la CNTE convocó a realizar un “acordonamiento a las diligencias que realice la PGR” en Nochixtlán, con fines de vigilancia y para llevar la exigencia de justicia y castigo a los culpables por las víctimas del 19 de junio del 2016.

La PGR consideró que “los actos de investigación deben materializarse en un contexto de seguridad. En vista del comunicado antes precisado y para evitar provocaciones y entornos que comprometan la integridad física del personal investigador, aunado al incumplimiento del acuerdo consistente en que las víctimas de lesiones presentarían sus denuncias a más tardar en este día, se suspende la realización de los actos de investigación programados para el día de mañana 21 de febrero de 2017”.





Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/21/suspende-pgr-investigacion-programada-en-nochixtlan-por-falta-de-seguridad

viernes, 17 de febrero de 2017

Judicatura y PGR investigan a 5 funcionarios por el hallazgo de 4 mdp en un auto oficial

Luego del presunto hallazgo de dinero en la cajuela de un vehículo oficial de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, este organismo informó que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y separó a cinco miembros de su personal.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) separó de su cargo a cinco servidores públicos como resultado de las indagatorias del presunto hallazgo de dinero en la cajuela de un vehículo oficial de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento de este organismo, bajo el mando de Francisco Javier Pérez Maqueda, el pasado viernes.

En un comunicado, el CJF señaló que el presidente de este Cuerpo Colegiado, el ministro Luis María Aguilar Morales, ordenó a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación iniciar las “indagatorias administrativas”, lo que incluía tomar las declaraciones de su personal y presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

A raíz de todas las indagatorias, fue que el “Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la separación del cargo de cinco servidores públicos de dicha dirección general”.

La CJF dijo que que el “Cuerpo Colegiado no prejuzga sobre la actuación de tales servidores públicos”, por lo tanto, detalló, se reservan cierta información conforme al principio de inocencia de cualquier individuo.


Según el diario Reforma, el personal del CJF halló al menos una bolsa de plástico con al menos 4 millones de pesos luego de revisar el auto que se encontraba en el estacionamiento del edificio de la Judicatura Federal en la carretera Picacho Ajusco 170, en la Colonia Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2017/3154289

La PGR se rezagó aún más en 2015: investigó menos, consignó poco y le faltó personal, reporta la ASF

La Auditoría Superior de la Federación detectó, en su revisión de la cuenta pública 2015, que la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Arely Gómez González, concluye cada vez menos investigaciones criminales, carece de personal suficiente y, en ese periodo logró consignar o enviar a tribunales sólo un 24.3 por ciento de las averiguaciones previas procesadas.

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno federal es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y al abatimiento de la impunidad a través de una eficaz procuración de justicia.

La Procuraduría General de la República, sin embargo, concluye cada vez menos investigaciones criminales, carece de personal suficiente y, en 2015, logró consignar o enviar a tribunales sólo un 24.3 por ciento de las averiguaciones previas procesadas.
Por tanto, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la cuenta pública de 2015, las acciones de la PGR “continúan siendo insuficientes para fortalecer el Estado de derecho y abatir la impunidad en materia de delitos federales, lo que afecta a 119.0 millones de mexicanos”.

En la Auditoría 116-GB, la ASF encontró que la PGR presenta indicadores de consignación de averiguaciones previas menores cada año (un 17.5 por ciento en promedio), al pasar de 45 mil 968 expedientes que envió a los tribunales en 2011, a menos de la mitad en 2015, cuando consignó sólo 21 mil 306 casos.

La ASF también detectó que a la Procuraduría le faltan unos 227 agentes del ministerio público, debido a que el personal actual lleva una carga de 82.4 averiguaciones previas, cuando en promedio pudieron atender sólo 50.5 investigaciones.

“En opinión de la ASF, en 2015, la Procuraduría General de la República avanzó en la atención del problema público que originó el Programa Presupuestario E002 ‘Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal’, al consignar el 24.3 por ciento de las averiguaciones previas despachadas”, dice la Auditoría.
“Sin embargo, por la insuficiente capacidad operativa en materia de investigación de delitos federales; prevalece un rezago de 55 mil 294 averiguaciones previas, cifra superior en 6.1 por ciento a la cantidad del año anterior, de 52 mil 88; y las averiguaciones previas consignadas que obtuvieron un auto de formal prisión representaron 12.8 por ciento de las averiguaciones en trámite, lo que afecta su contribución para lograr una procuración de justicia eficaz, eficiente y abatir la impunidad”, agrega.

La organismo plantea que, para investigar y perseguir los delitos del orden federal, la PGR operó el programa presupuestario E002, con 10 mil 563 millones de pesos y el objetivo de que “los denunciantes en materia de delitos federales sean beneficiados con las averiguaciones previas consignadas”.

De las 142 mil 890 averiguaciones previas acumuladas para 2015, la PGR pudo procesar sólo 87 mil 596, dejando sin atender 52 mil, o un 38.7 por ciento.
De las procesadas, la dependencia no pudo encontrar pruebas en un 35 por ciento de los casos, por lo que fueron enviadas a “reserva”; otro 23.4 por ciento se determinó el no ejercicio de la acción penal; en 16.1 por ciento de los casos se declararon incompetencia y sólo 24.3 por ciento, o 21 mi 306 expedientes, fueron consignados a tribunales.

Y, de las averiguaciones consignadas, 18 mil 342 obtuvieron auto de formal prisión y sujeción a proceso, lo cual significa un 12.8 por ciento del total de 142 mil 890 averiguaciones previas pendientes en la PGR.
“Se determinó que uno de los factores que obstaculizan la efectividad de la integración de la averiguación previa es el déficit de personal, constatando que la carga de trabajo del personal sustantivo fue de 82.4 averiguaciones previas por AMPF y que en promedio atendieron 50.5, que representaron 61.3 por ciento del total que les correspondía atender”, dice la ASF.

Otro elemento que redujo la capacidad de procesamiento de expedientes expuesto por la PGR a la ASF fue la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, lo cual, argumentó el ministerio público federal, derivó en la designación de pocos agentes para atender la totalidad de los expedientes en trámite del Sistema Inquisitivo-Mixto.

SEIDO, TAMBIÉN INSUFICIENTE

Otra división de la PGR auditada por la ASF fue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que también presentó indicadores de un alto nivel de impunidad.

“En 2015, la Procuraduría General de la República no despachó el 79.2 de las averiguaciones previas en trámite de delitos de delincuencia organizada, por lo que en ese año permanecen siete mil cuatro expedientes sin atender, lo cual implicó que no resolvió la totalidad de los casos pendientes, debido principalmente al bajo índice de consignación (47.1 por ciento)”, dice la ASF en la auditoría 117-GB.
“Esto provoca que, en materia de investigación y persecución de delitos relacionados con la delincuencia organizada, la contribución a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente sea limitada. Las acciones realizadas por la SEIDO son insuficientes para fortalecer el Estado de Derecho y abatir la impunidad”, agrega.

La ASF reporta que en 2015, cuando Arely Gómez González era Procuradora, la SEIDO consignó al Poder Judicial de la Federación 866 averiguaciones previas, pero 19.2 por ciento de ellas le fueron devueltas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-02-2017/3153690

martes, 14 de febrero de 2017

Admite PGR inocencia de indígenas acusadas de secuestrar policías federales

El próximo martes 21 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) llevará a cabo un acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las indígenas hñähñú Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron encarceladas injustamente por más de tres años, acusadas por el secuestro de seis policías federales.

En un comunicado, la PGR indicó que mediante este acto público cumplirá con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los juicios 6234/13-17-01-1/1237/13-PL-04;6233/13-17-09-10/1521/13-PL-08-04 y 6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-04.

El acto será presidido por Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, y contará con la participación de las víctimas y de Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante legal de las mujeres.

El reconocimiento se llevará a cabo el 21 de febrero a las 12:30 horas, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, "para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas", apuntó la Procuraduría.

El encarcelamiento de las tres víctimas ocurrió en marzo de 2006, luego de que la extinta Agencia Federal de Investigaciones las acusara de secuestrar a seis de sus agentes, luego de un frustrado operativo contra la venta de piratería en el tianguis de la comunidad de Santiago Mexquititlán.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FERNANDO CAMACHO SERVÍN.

martes, 31 de enero de 2017

PGR deberá divulgar declaraciones de Echeverría sobre “guerra sucia”

CIUDAD DE MÉXICO: Con el objetivo de ayudar a construir la verdad de hechos como la “guerra sucia”, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer pública una versión de las declaraciones ministeriales de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle y Alonso Aguirre Ramos, contenidas en la averiguación previa AP PGR/FEMOSPP/02/2002.

Luego de que un particular solicitó esa información, la PGR manifestó la existencia de 167 copias de las declaraciones ministeriales solicitadas, mismas que se ponían a disposición en copias simples, en versión pública y previo pago de los derechos correspondientes.

Sin embargo, la dependencia precisó que en las versiones públicas se eliminarían los datos de los servidores que prestaron servicios sustantivos a la institución, entre ellos nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, a través del cual impugnó la clasificación de los nombres de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, Alonso Aguirre Ramos y el nombre de funcionarios públicos y personal militar que participó en el periodo de la “guerra sucia”, en virtud de que la respuesta era ambigua y no definía cuáles nombres eran confidenciales y cuáles no.

En alegatos, la PGR precisó que la clasificación de confidencialidad, notificada a través de la respuesta inicial, no versa sobre los nombres de Echeverría Álvarez, Gutiérrez Oropeza, Nazar Haro, Gutiérrez Gómez Tagle y Aguirre Ramos.

Derivado del desahogo al Requerimiento de Información Adicional (RIA), solicitado por la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, el sujeto obligado manifestó que los servidores públicos sustantivos a que hacía referencia en su respuesta eran agentes del Ministerio Público de la Federación de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Aclaró que si bien los mismos no pertenecían a la hoy denominada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), éstos también resultaban competentes para conocer de todos los delitos del fuero federal, inclusive de delincuencia organizada.

Manifestó la importancia de observar el principio rector de “indivisibilidad del Ministerio Público”, en el que se establece que los agentes del Ministerio Público actúan como una unidad colectiva, toda vez que cada uno de ellos puede sustituirse en cualquier momento, obedeciendo a las necesidades de servicio que tenga la PGR para el ejercicio y cumplimiento de sus facultades y funciones.

Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia de Salas expuso que los nombres de los servidores públicos, en principio, es información de naturaleza pública, debido a los cargos que desempeñan, así como por la necesidad de rendir cuentas por el uso de recursos públicos.

La PGR, agregó, no acreditó un vínculo entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud, ya que si bien las funciones de los servidores públicos de la extinta Femospp estaban encaminadas a la prevención, investigación y persecución del delito, lo cierto es que, en el caso concreto, el hecho de proporcionar sus datos no los vincula con las labores que pudieron haber realizado o no en el combate de la delincuencia organizada, en alguna de las unidades dependientes de la SEIDO.

En consecuencia, apuntó, no se acredita un riesgo real, demostrable e identificado de perjuicio, toda vez que al no estar relacionada la información solicitada con las labores de combate a la delincuencia organizada, no es posible indicar que se pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física y/o la de sus familiares.

No obstante, los datos personales de testigos, víctimas e inculpados, sí es información clasificada como confidencial, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destacó.

Por lo expuesto, a propuesta de Salas Suárez, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó a entregar versión pública de las declaraciones ministeriales solicitadas, en los términos referidos.

También deberá entregar la resolución de su Comité de Transparencia, en la que funde y motive la clasificación de los datos personales de testigos, víctimas e inculpados.

Al presentar el asunto, el comisionado Joel Salas Suárez recordó que el Pleno del INAI ha discutido en varias ocasiones recursos de revisión relacionados con la “guerra Sucia” y las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, capítulos oscuros de nuestra historia, en los que se ha coincidido, dijo, en que el derecho de acceso a la información puede ayudarnos a reconstruir la verdad para reparar y no repetir el pasado.


“El derecho de acceso a la información pública permite a la población conocer documentos de nuestra historia para promover la rendición de cuentas, pero también para contribuir a escribir o reescribir la historia política reciente de nuestro país desde distintas perspectivas y con distintas miradas. Sin la información de esos documentos, esto no será posible, entender el pasado para cambiar el presente y redefinir el rumbo del futuro”, enfatizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472482/pgr-debera-divulgar-declaraciones-echeverria-guerra-sucia

sábado, 28 de enero de 2017

Padres y madres de Ayotzinapa restablecerán diálogo con PGR


Después del bloqueo que realizaron los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos a la Procuraduría General de la República la mañana del 26 de enero, cuando se cumplieron 28 meses de los hechos de Iguala, Guerrero, fueron recibidos por la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, con quien acordaron una reunión para el 9 de febrero con el procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade lo cual significa el reinicio del diálogo roto desde agosto de 2016. Se acordó que en la reunión estará presente algún representante del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, informó el abogado Vidulfo Rosales. Esperan también, una cita con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong por lo que mantendrán el cerco instalado ayer en torno a la PGR, hasta tener una respuesta.

Entre los puntos que quieren discutir con el procurador Cervantes está el hecho de que la PGR aún no resuelve la investigación interna que exhibió las irregularidades en las que incurrió la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y, principalmente, Tomás Zerón de Lucio quien encabezaba la dependencia cuando ocurrió la agresión y que fue nombrado como presidente del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) lo cual consideran los padres y madres “una burla”.

Los padres denunciarán que las autoridades “ocultaron información sensible” al GIEI, como la presencia del número telefónico de Omar Hamid García Harfuch en la libreta de contactos de Sidronio Casarrubias Salgado, al que la PGR identifica como líder del grupo criminal Guerreros Unidos. “Nos preguntamos qué hubiera pasado si nuestros nombres hubieran aparecido en la libreta”, declaró Vidulfo Rosales, y se contestó, “nos hubieran exhibido en la televisión como miembros de Guerreros Unidos”.

Peña Nieto nombró a García Harfuch jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR en noviembre pasado, cargo que dejó Zerón. “Ese es el tipo de funcionarios que tiene esta institución”, dijo el abogado. Además los padres reclamarán a Cervantes que la PGR no informó a los expertos del GIEI que detuvo en junio de 2014 en Iguala un autobús operado por Guerreros Unidos y cargado de heroína, que iba rumbo a Chicago.

“Esa información no se puso a disposición del GIEI pese que se le solicitó en varias ocasiones”, denunció. “Quieren ocultar el móvil fundamental de la agresión, pretenden ocultar que Guerreros Unidos transporta heroína de Iguala a Chicago con autobuses privados y públicos”, aseveró.

Los padres denunciarán que la PGR no detuvo a los policías municipales de Huitzuco y los policías federales que fueron “plenamente identificados” de estar involucrados en la desaparición forzada de los normalistas. “¿Qué interés tiene la PGR para solapar y encubrir a los narcopolicías?”, preguntó Rosales.

Alineados frente a la sede de la PGR, de la que mantuvieron el acceso cerrado, exhibieron fotografías de sus hijos impresas en cartulinas. Reiteraron su compromiso de no descansar hasta encontrarlos y conocer la verdad sobre el caso.

“La justicia en México también está desaparecida por el Estado”, lamentó Felipe de la Cruz, vocero de los padres.

Por la tarde, los padres, madres y decenas de normalistas provenientes de varios estados marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

“A 28 meses del caso Ayotzinapa y a un mes del incremento en el precio de la gasolina, parece que es la flama que enciende la esperanza de unidad entre los mexicanos que día a día nos sigue despojando de lo que más queremos que son nuestros hijos, los recursos naturales que los siguen regalando a quienes explotan a nuestro país. La organización es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Estamos viendo como en cada estado la gente se organiza y sale a protestar. A eso es a lo que le tienen miedo” dijo Felipe de la Cruz en entrevista para Desinformémonos. “Invitamos a todos los mexicanos para que día a día nos organicemos en cada barrio, en cada colonia para ser cada vez más fuertes y poder tener en corto tiempo un México diferente porque si no, las nuevas generaciones nos lo van a reclamar. Hoy hay un México despedazado, lleno de tumbas, pero también un México lleno de mujeres y hombres valientes” concluye Felipe de la Cruz, vocero de Ayotzinapa.

La marcha fue acompañada también por organizaciones y movimientos sociales, el sindicato de telefonistas, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y por ciudadanos en general, que una vez más se dan cita para solidarizarse con los padres y madres de Ayotzinapa a 2 años, 4 meses de la incansable búsqueda de sus hijos.

foto: Desinformémonos
Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción con información de El Sur de Guerrero

jueves, 26 de enero de 2017

Padres de los 43 de Ayotzinapa marchan de nuevo en la CDMX

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos marcharon nuevamente por el centro de la capital para conmemorar el mes 28 del ataque contra sus hijos y exigir que las autoridades den con su paradero.

Acompañados de diversas organizaciones solidarias, los familiares de los normalistas reiteraron que van a seguir movilizándose hasta que el gobierno del país realice una investigación profesional, seria y exhaustiva sobre la agresión sufrida por sus seres queridos.

En entrevista previa a la marcha, el abogado de los padres y madres, Vidulfo Rosales, afirmó que el ocultamiento de información sobre el uso de autobuses de pasajeros como medio de tráfico de drogas es un intento de la Procuraduría General de la Republica (PGR) por cerrar el caso, y subrayó que si este tipo de datos se hubieran dado a conocer, "tal vez la investigación hubiera tenido otro derrotero".

Por su parte, Melitón Ortega padre de uno de los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, confirmó que el próximo 9 de febrero se reunirán con el titular de la PGR Raúl Cervantes, para revisar los avances que ha habido en la indagatoria del trabajo de funcionarios repudiados por los familiares de los normalistas, como el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio.

Aunque trascendió que dentro de 15 días podría haber una reunión entre los padres de familia y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, hasta el momento no se ha confirmado si dicho encuentro se va a llevar a cabo efectivamente.





Fuente: La Jornada
Autor: Fernando Camacho Servín
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/26/padres-de-los-43-de-ayotzinapa-marchan-de-nuevo-en-la-cdmx

A 28 meses, familiares continúan búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Familiares de los normalistas de Ayotzinapa iniciaron una protesta frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes, en el marco de los 28 meses de su desaparición, una respuesta transparente por parte de las autoridades y la sanción a los responsables y cómplices del crimen.

“No tenemos miedo, tenemos un valor muy duro”, aseguraron los familiares de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

A la protesta se unieron estudiantes y organizaciones civiles, luego de una manifestación en Avenida Reforma. De la misma forma, a las 16 horas se movilizarán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo para exigir verdad y justicia por los 43 normalistas desaparecidos.
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Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes de Ayotzinapa, admitió el error de haberle dado a la Germandería y a la Procuraduría General de la República (PGR) “un poquito de confianza”, pero “ellos ya sabían lo que estaba pasando… Fueron construyendo la ‘verdad histórica’”.

“Cuando íbamos a las búsquedas en Iguala, incluso con la Gendarmería, cuando íbamos a las cuevas, no sabíamos que andábamos caminando con el enemigo”, subrayó Rodríguez Moreno en la presentación del libro “El tiempo de Ayotzinapa”, de Carlos Beristain.

Narró que también depositaron su confianza en los peritos argentinos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes “le fueron derrumbando su ‘verdad histórica’ al gobierno. Fueron armando ellos este rompecabezas que al gobierno de algún modo le fue incomodando”.
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En la misma presentación, Beristain declaró que hay una “falta de voluntad política” del gobierno mexicano para continuar las averiguaciones sobre el caso Ayotzinapa y atender las irregularidades de las investigaciones internas de la Procuraduría General de la República (PGR), cometidas por Tomás Zerón cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En diciembre, revelaciones periodísticas dieron cuenta de la existencia de un proyecto de resolución de la Visitaduría General de la PGR que documentó “graves” irregularidades que comprometerían la legalidad y la certeza de la investigación del caso Ayotzinapa, además del derecho a la verdad de las víctimas.
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Con 177 páginas, el informe completo es una investigación interna a la investigación oficial que hizo la PGR, y concluye que la conducta de sus investigadores violó “el derecho a la verdad” de las víctimas y dañó su derecho a la justicia. Entre las irregularidades, destaca que algunos sospechosos fueron detenidos y trasladados ilegalmente, lo que invalidó las pruebas que pudieron proveer de acuerdo a la legislación mexicana.

Entre otras faltas, también se revela que la detención de seis sospechosos en diferentes ubicaciones el 26 de septiembre proporcionaron la misma versión y con las mismas palabras de los hechos, en la que admitieron ser miembros del cartel Guerreros Unidos y haber asesinado a los estudiantes.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/28-meses-familiares-continuan-busqueda-los-43-normalistas-ayotzinapa/

martes, 24 de enero de 2017

Juez ordena a PGR fundar su negativa para investigar quejas del suegro de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO: Un juez de control de Veracruz ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) fundar y motivar su decisión de no investigar los “actos de vigilancia y acecho” denunciados por Jesús Antonio Macías Yazegey, suegro del prófugo exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, ordenó al MP federal que explique por qué no ha investigado la denuncia de Macías Yazegey en contra de la propia PGR y de la División de Gendarmería de la Policía Federal (PF).

Macías Yazegey es investigado por la PGR como parte del entramado de Duarte para desviar millonarios recursos del erario veracruzano mientras fue gobernador. En octubre pasado, junto con su esposa María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, solicitó un amparo contra su detención.

Dentro del recurso de impugnación 1/2017, el juez de control señaló que la decisión del MP federal de no investigar los actos denunciados por el suegro de Duarte carece de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación.


A partir de la resolución del juez, el Ministerio Público federal tendrá que emitir una nueva determinación en la que motive y fundamente su decisión de atender o no el reclamo del suegro del exgobernador prófugo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471568/juez-ordena-a-pgr-fundar-negativa-investigar-quejas-del-suegro-javier-duarte

Desprestigio gubernamental por no investigar Ayotzinapa es menor que dar a conocer la verdad: Rector de la IBERO

El costo del desprestigio que ha pagado el gobierno mexicano por no investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, acontecida el 26 y 27 de septiembre de 2014, es menor al precio que tendría que pagar si se conoce  la verdad de los hechos, consideró el Maestro David Fernández Dávalos, S. J. Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

“El asunto es que se está protegiendo a alguien más importante que el Presidente de la República, más importante que el gobierno de turno que estuvo involucrado en los hechos de Ayotzinapa; es decir, se está protegiendo a una persona, a una institución o a un colectivo, y por eso están dispuestos a pagar el precio que han pagado en este momento, internacional y nacional de desprestigio, porque lo que está en juego es bastante más importante”.

Al presentar en la IBERO el libro El tiempo de Ayotzinapa, escrito por Carlos Beristain, ex miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Rector dijo que el de Ayotzinapa es un caso paradigmático porque permite comprender lo que ha pasado y está pasando en el país. Empero, “no es porque sea más importante que otras desapariciones; sino porque aquí tenemos la posibilidad de mirar porqué se han dado las otras desapariciones y quiénes son los agentes del Estado que en ellas han participado”.

“Los 43 no son más importantes que otros desaparecidos del país. Son un caso relevante, son un caso transparente; porque con la investigación de este caso podremos saber qué están haciendo el crimen organizado y el Estado mexicano”, agregó.

Como componentes de este paradigma mencionó los siguientes:

Hay una alianza en la que colaboran una parte del Estado y el crimen organizado.

Se da una actuación criminal conjunta entre los agentes del Estado y del crimen organizado.

No se realiza una investigación sobre ese crimen cometido por agentes del Estado y criminales organizados. No investigar quiere decir que, o se desvía la investigación o se fabrican culpables, se exculpabiliza a los agentes del Estado y se recarga sobre sólo los criminales. No hay por tanto una impartición de justicia, y entonces viene la impunidad, esa que se convierte en el mensaje que está por debajo de estos componentes.

El tiempo de Ayotzinapa

Sobre El tiempo de Ayotzinapa, el Maestro Fernández Dávalos mencionó que en este libro Carlos Beristain, su autor, una y otra vez pregunta quién fabricó “la verdad histórica” y para qué. Además, el integrante de la ex GIEI menciona que “alguien se esconde detrás de los escenarios”, y eso es lo que tenemos que descubrir, porque entonces descubriremos quién se esconde detrás de todo lo que está ocurriendo en este país.

El Rector calificó al texto de un libro revelador, lúcido y brutal, en el que quien lo escribe no exagera la realidad, pues los hechos hablan por sí solos. En la obra Beristain va narrando cómo se ha desarrollado la investigación y cómo se han conducido las instituciones del Estado: la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y los peritos.

El libro, escrito por un testigo presencial, es una historia que su autor “elabora desde el corazón de lo vivido, desde adentro. Es una historia íntima de lo vivido por el GIEI, y de las investigaciones que realizó el Estado mexicano. Parte de una experiencia, de una reflexión sobre lo que supone meter la mano, el corazón, en el dolor de las víctimas. El texto está escrito desde el dolor de las víctimas, desde sus intereses, en una afinidad que sin duda tiene Carlos Beristain”.

La narración involucra al lector, lo va haciendo partícipe de cómo se van descubriendo las cosas. Y cuando se va leyendo uno se da cuenta, entre otras cosas, que:

–La desaparición es una forma de ocultar pruebas; es un recurso que usan las instituciones represivas del Estado o de seguridad del Estado.

-El caso parece un muñeco desmembrado, ya que el hecho de Iguala son 10 escenarios distintos que luego son dispersados por la investigación que realiza la Procuraduría.

-Se destruyó evidencia.

-Los restos calcinados que presentó la PGR se parecen más a los de un horno crematorio que a los de una fogata a cielo abierto.

-Las bolsas con los restos carbonizados fueron presuntamente arrojadas en el río a 50 kilómetros del basurero de Cocula.

-Los 45 casquillos de bala que la PGR encontró apilados en el basurero de Cocula los halló hasta 15 días después de los primeros peritajes, en los que participaron 60 personas.

-En el último peritaje, sobre el fuego en el basurero, la PGR montó un escenario.

-A pesar de que “la verdad histórica” dice que los teléfonos fueron quemados, éstos siguieron funcionando hasta meses después.

-Torturaron a todas las personas que detuvieron un mes después de los hechos; para ajustar sus declaraciones a lo que ya iba siendo “la verdad histórica”.

-Las versiones de la PGR estigmatizaron a los normalistas como narcos.

-Es inverosímil que de 43 muchachos ninguno haya intentado escapar o resistirse.

-Los soldados del 27 batallón estuvieron enterados desde las 8 de la noche, cuando los muchachos llegaron a la caseta de Iguala.

-Alguien decidió desprestigiar al GIEI y a sus integrantes en lo individual, a partir de las revelaciones que fueron haciendo, y de la insistencia en entrevistarse con el 27 batallón del Ejército.

-El gobierno no quiso salir a respaldar con su voz al equipo del GIEI.

Asimismo, el Rector de la IBERO resaltó que en el libro, que es “un instrumento para continuar investigando y presionando”, su autor hace las siguientes reflexiones interesantes:

Los representantes institucionales le dicen a la gente cómo tiene que afrontar su pérdida, mientras no le dan lo que necesitan para ello; la verdad.

Las medias verdades extendidas como manchas de aceite son fáciles de decir y difíciles de probar.

La probabilidad de que estén muertos (los normalistas) parece ser una especie de seguro para la tranquilidad de quienes no los buscan.

En México los diarios anuncian la explicación que dan las autoridades para dejar las cosas más o menos tranquilas. Esas explicaciones casi siempre culpabilizan a la víctima, a sus seres cercanos o atribuyen la responsabilidad a hechos sin control.

Sin entender el dolor de la desaparición forzada no hay investigación posible, ni relación con los familiares que la acompañe.

En la presentación del libro, además del Rector David Fernández Dávalos también participaron: Carlos Beristain, exmiembro del GIEI y autor de El tiempo de Ayotzinapa; el periodista Ricardo Raphael; y Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christián Alfonso Rodríguez, normalista desaparecido de Ayotzinapa.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Universidad Iberoamericana
https://desinformemonos.org/desprestigio-gubernamental-no-investigar-ayotzinapa-menor-dar-conocer-la-verdad-rector-la-ibero/

Dan más tiempo a PGR para recopilar pruebas contra detenidas por caso de empresas fantasma

Un juez aceptó una petición de PGR y contará con otros 3 meses para buscar evidencia en el caso de dos mujeres detenidas, presuntas responsables en el caso de las empresas fantasma durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

La Procuraduría General de la República solicitó al Poder Judicial de la Federación ampliar por tres meses más el periodo de investigación que sigue en contra de Elia “N” y Nadia “N”, las únicas dos personas detenidas hasta la fecha por su probable participación en la red de prestanombres mediante la cual el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvió cientos de millones de pesos del presupuesto público.

Las dos mujeres detenidas fueron consignadas ante el juez el pasado 23 de octubre de 2016, y desde entonces permanecen privadas de la libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en espera de que inicie el juicio en su contra.
Cuando fueron consignadas, en octubre de 2016, el juez otorgó a la PGR tres meses para que completara su proceso de investigación y recolección de pruebas, periodo que concluyó este lunes 23 de enero de 2017.

Sin embargo, de las seis fases de recolección de pruebas programadas por la PGR, sólo se concluyeron tres, por lo cual, solicitó formalmente al juez federal que se ampliara el periodo de investigación, petición que fue concedida.

De esta manera, la PGR contará con otro periodo de tres meses, para concluir las tres fases de recolección de evidencias que aún sigue sin concluir.

La primer fase de investigación que aún está inconclusa es entrevistar a los representantes legales de las diversas empresas, mediante las cuales presuntamente se fraguó el desfalco al presupuesto público, encabezado por el exgobernador Duarte y distintos prestanombres.

La segunda fase de la investigación es concluir un peritaje en contabilidad a las empresas que se presume fueron creadas con el único fin de simular compras gubernamentales.

Y la tercer fase que deberá concluir en los próximos tres meses es la recolección de pruebas sobre las presuntas operaciones financieras que estas empresas realizaron en Estados Unidos, para lavar el dinero desfalcado al gobierno de Veracruz.

En su turno al habla, el abogado defensor de las detenidas se manifestó en contra de ampliar el periodo de investigación por otros tres meses, al considerar que desde un inicio la PGR presentó acusaciones en contra de sus defendidas sin contar con pruebas en su contra, deficiencia que ahora se pretende subsanar otorgándole un plazo total de medio año para buscar dichas evidencias incriminatorias, lo cual atenta contra el principio de presunción de inocencia y genera un daño irreparable a Elia y Nadia “N”, ya que el tiempo que acumulen en prisión no podrá ser resarcido jamás.

No obstante, el juez consideró que los dos periodos de tres meses otorgados a la PGR para robustecer su investigación están dentro de los tiempos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, aún con la posible afectación que se cause a las detenidas, al mantenerlas recluidas sin que existan todavía pruebas suficientes para condenarlas, dicha situación es parte de un procedimiento normal de juicio penal.


Así, será hasta el próximo 23 de abril que se dé por concluido el proceso de recolección de evidencias en contra de las detenidas, con lo cual podrá iniciar formalmente el proceso de alegatos y sentencia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/empresas-fantasma-veracruz-pgr/

jueves, 19 de enero de 2017

Investiga PGR decomiso de dos ‘narcolaboratorios’ en Sinaloa

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) inició dos carpetas de investigación a través de su delegación en Sinaloa por el desmantelamiento y aseguramiento de dos laboratorios clandestinos y más de 16 mil litros de químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

El Ministerio Público Federal dio a conocer que el primer laboratorio clandestino fue localizado en inmediaciones del poblado Las Juntas de Bagrecitos, en el municipio de Culiacán, mismo que se encuentra resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En ese lugar fueron localizados 302 bidones con 11 mil litros de sustancias químicas, siete tinas con 2 mil 200 litros de sustancias químicas, 15 sacos con sustancia solida color blanco con un peso de 300 kilogramos, tres bolsas conteniendo polvo blanco con un peso de un kilogramo 500 gramos, un tambo con 170 litros de sustancia liquida color ámbar, 11 centrifugadoras, dos básculas, 54 tinas vacías, ocho hornillas con quemadores, nueve reactores, cuatro abanicos y dos condensadores.


El segundo aseguramiento se llevó a cabo en las inmediaciones del poblado Rincón de las Moras, perteneciente a la Labor, municipio de San Ignacio, y allí se aseguraron 31 bidones con 910 litros de sustancias químicas, 76 costales con sustancia sosa cáustica y polvo gris con un peso de mil 810 kilogramos, dos tinas con 170 litros de sustancia amarilla, dos tambos contiendo 155 litros de sustancia transparente, 10 reactores y 26 condensadores.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/19/investiga-pgr-decomiso-de-dos-2018narcolaboratorios2019-en-sinaloa

Caso Ayotzinapa: admite PGR que ‘El Cepillo’ pudo ser torturado

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) realizó evaluaciones médico-psicológicas a ocho personas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl isidro Burgos”, ocurrida el 26 septiembre de 2014, y detalló que dos arrojaron resultados coincidentes con los hechos.


En un comunicado, la dependencia destacó que los Servicios Periciales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) integraron los dictámenes correspondientes a cada una de las personas a quienes se aplicó el Protocolo de Estambul o evaluaciones Médico y Psicológicas Especializadas para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Precisó que mediante análisis científico-técnico se determinó que seis no presentan lesiones que pudieran ser compatibles con posibles maniobras de tortura física, y tampoco revelan datos ni manifestaciones que pudieran corresponder con tortura psicológica.

Se trata de Alberto Aceves Serrano, Darío Morales Sánchez, Edgar Magdaleno Navarro Cruz, Leodan Fuentes Pineda y/o Leodan Pineda Fuentes, Óscar Augusto Pérez Carreto y Verónica Bahena Cruz.

Respecto de la evaluación científico-medica realizada a Felipe Rodríguez Salgado, ésta arrojó que presenta algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física.

Según la PGR, Rodríguez Salgado se negó a que se le realizará la evaluación psicológica obligatoria, tal como lo establece el Protocolo de Estambul.

En el interrogatorio, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, acusado de participar en la incineración de los normalistas, aseguró no sentir remordimiento por la muerte de los normalistas de Ayotzinapa, ya que los estudiantes –aseguró– eran sicarios que trabajaban para el grupo antagónico de Los Rojos.

En el caso de Edgar Vieyra Pereyda, en el análisis científico-médico también se ubicaron algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física, destacó la PGR.

El procesado aceptó la aplicación de la evaluación psicológica, y se determinó que no presenta reacciones, ni clasificaciones de diagnóstico establecidas en víctimas de un evento de tortura, de conformidad con lo que establece el Protocolo de Estambul.


Vieyra Pereyda, expolicía del municipio de Iguala, fue detenido el 29 diciembre 2014, acusado de estar coludido con el grupo de Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470712/caso-ayotzinapa-admite-pgr-cepillo-pudo-torturado