Falta pulir Ley de Biodiversidad; atenta contra derechos de pueblos indígenas: PRD

En redes sociales, activistas, personajes del medio artístico y habitantes de las comunidades que se verían afectadas, expresaron su inconformidad por esta iniciativa y exigieron que se tomen en cuenta las voces de la sociedad civil.

Diputados del PRI y del Partido Verde intentaron aprobar la Ley de Biodiversidad sin quórum y sin haber realizado la consulta solicitada por las organizaciones y por las comisión de Asuntos Indígenas, afirmó Fernando Rubio, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Aprueba INE el registro de la coalición PRI-PVEM-NA pero ordena cambiar el nombre

Benito Nacif aclaró que se dará un plazo de 10 días a los partidos que la integran puedan ponerse de acuerdo respecto a una nueva denominación.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el registro de la coalición de los partidos  Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza; sin embargo, ordenó cambiar el nombre de “Meade Ciudadano por México“.

REACTIVA PVEM ENTREGA DE DÁDIVAS EN CANCÚN

Cancún, QRoo.-En pleno arranque del proceso electoral en Quintana Roo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) continuó este viernes con la entrega de despensas a cientos de cancunenses que hoy acudieron a la bodega que este partido político opera en la Región 532, sobre la Avenida López Portillo.

En redes sociales, se denunció que en al almacén que tenía pintado un logo de Chevrón llegó un trailer desde el jueves cargado de despensas y hoy se empezaron a repartir entre las personas que desde temprano estaban haciendo fila.

El lugar es operado por activistas verdeecologistas de Cancún, donde el diputado federal con licencia, Remberto Estrada, amigo de Jorge Emilio González, el llamado ‘Niño Verde’, se perfila para ser el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal a la presidencia municipal de Benito Juárez.

EL PVEM, PARTIDO DE LA ILEGALIDAD, ACUSA EL PAN

El Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Benito Juárez, Eduardo Pacho Gallegos, lamentó el nulo actuar de las autoridades electorales para detener la entrega de despensas que se realiza impunemente antes, durante y después de lo procesos electorales.

“Los ciudadanos así como nuestro instituto político vienen denunciando estas entregas de despensas del Partido Verde, hoy viernes se registro una entrega más en la Región 532, sin que autoridad alguna hiciese algo al respecto”, informó Pacho Gallegos.

“Lamentamos que la coalición PRI-Verde continúe realizando estas prácticas, a todas luces ilegales, luego de que durante el proceso anterior se hicieron acreedores a multas millonarias que al final los mismos ciudadanos terminamos costeando debido a que se pagan con dinero público. Prefieren alimentar la corrupción y comprar votos que hacer un bien a los ciudadanos”.

Por último, hizo un llamado a los ciudadanos para que no se dejen sorprender por las prácticas intimidatorias del Verde, “al final, cada ciudadano tiene derecho a decidir, una despensa les puede ayudar a pasar la semana, pero un mal gobierno puede durar todo un sexenio.”



Fuente: Noticaribe

Autor: Redacción

http://noticaribe.com.mx/2016/03/11/reactiva-pvem-entrega-de-dadivas-en-cancun-en-pleno-arranque-del-proceso-electoral-en-qr-difunden-operativo-de-entrega-de-despensas/

El dueño del negocio que pactó con el PVEM, con historial de fraudes

Escobar confirmó a Sofimex el pago de $11.2 millones por camisetas no entregadas. El fabricante retribuyó las prendas con un terreno que se escrituró a un funcionario de ese partido.

En la trama de la reciente multa propuesta para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega tuvo un papel central: fue quien confirmó a la afianzadora Sofimex que se hizo un pago en efectivo de 11.2 millones de pesos a la empresa Grupo Textil Joad, por la confección de unas camisetas que no les fueron entregadas. Sin embargo, esos y otros datos fueron ocultados en su momento al Instituto Nacional Electoral (INE), según el expediente del caso.

Derivado de lo anterior y del análisis a la contabilidad elaborada por el partido político y reportada a la autoridad electoral en ejercicios anteriores, se observó que el pago en efectivo al que hace alusión el C. Arturo Escobar y Vega por 11 millones 218 mil 641 pesos, correspondiente al contrato de prestación de servicios firmado con la empresa Grupo Textil Joad SA de CV el 10 de marzo de 2009, no fue reportado a esta autoridad. Asimismo, se desconoce el origen de dichos recursos, indica el documento, cuya copia tiene La Jornada.

La Comisión de Fiscalización del INE propuso el viernes sancionar al partido por 88.5 millones de pesos por recibir ingresos de origen desconocido que no fueron informados, realizar gastos no reportados a la autoridad, tener cuentas por cobrar no devengadas y cometer dolo. La multa se votará el miércoles en el Consejo General del instituto.

En medio de esta historia se encuentra involucrado Jorge Alberto Peralta Casal, dueño de Grupo Textil Joad, con largo historial de detenciones por defraudación en contra de varios clientes, entre ellos la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos, que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009).

Unas escrituras, el origen

La compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral le surgieron dudas sobre varios pagos del PVEM por unas escrituras de las que no existía evidencia, y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron 11.2 millones de pesos.

Al revisar las cuentas del Verde correspondientes a 2009, un auditor del entonces IFE encontró recibos de honorarios por 75 mil 716 pesos al notario Daniel Luna Ramos. Eran pagos por la emisión de las escrituras 25506, 25503 y 25502, otorgadas a Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero, otrora suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Guerrero.


Requerido al respecto, el PVEM respondió que los gastos no fueron originados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los reclasificó como anticipo al proveedor. Sin embargo, el INE consideró que ese saldo no podría ser considerado como tal y le pidió la entrega de diversas evidencias.

En respuesta, el Verde cambió su versión sobre el tema y dijo que dichas escrituras “no son gastos ocasionados por el partido. Lo anterior en virtud de que por un error involuntario lo pagó (sic) el partido; sin embargo, ya se reclasificó el gasto, mismo que se acredita plenamente con el escrito del notario, considerándolo como anticipo”.

El INE no quedó conforme y concluyó que en la documentación presentada no se identifican servicios prestados a De la Mora Torreblanca y del análisis a las actas notariales 25506 y 25502 se observa que el gasto benefició al partido político.

Lo anterior, dado que en una de las escrituras Misael Sánchez Sánchez, apoderado del Verde, otorga a De la Mora Torreblanca un mandato sin representación para que lleve a cabo todos los trámites y gestiones para obtener el pago o se garantice en debida forma el adeudo que tiene Grupo Textil Joad (por 10 millones de pesos), derivado de la póliza de fianza número 1100178, expedida por afianzadora Sofimex, y acepte las garantías o formas de pago que sean más convenientes.

Para cubrir la deuda de Grupo Textil Joad, el deudor solidario Ascención Vázquez Vázquez dio en pago y transmitió la fracción de una propiedad, ubicada en la colonia Tepalcates de la delegación Iztapalapa, a De la Mora Torreblanca. Además, se señala que si no se vieran satisfechas todas las prestaciones, se impondría una pena equivalente a 6 millones de pesos, indica el expediente.

Vencido el plazo para la recuperación del adeudo –31 de diciembre de 2010–, el instituto no identificó en la contabilidad del partido el origen de la deuda de 10 millones de pesos y tampoco el depósito de los 6 millones, por lo que solicitó más información al Verde y éste respondió que una de las escrituras quedó sin efecto e insistió en la versión del error involuntario.

Por solicitud de la Unidad de Fiscalización del instituto, la afianzadora Sofimex le informó sobre la existencia de un contrato, firmado el 10 de marzo de 2009, por el que el Verde pagó el suministro de más de 700 mil playeras peso completo, estampadas con el logo del PVEM, por un monto de 12.9 millones.

Además, el instituto conoció un escrito, en el que Escobar manifestó a Sofimex: Grupo Textil Joad, con fecha 24 de marzo, recibió en efectivo la cantidad de 11 millones 218 mil pesos para continuar con el desarrollo normal del contrato signado con el PVEM, debiendo entregar una segunda ministración de mercancía el día 25, sin que a la fecha se haya cumplido, mismo que fue informado en su oportunidad a Sofimex SA de CV.


Pero el gasto y procedencia de estos más de 11 millones de pesos nunca fueron informados a la autoridad electoral.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR. CLAUDIA HERRERA BELTRAN.
LINK: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6482759257014234898#editor/target=post;postID=8037293510886870206

Multan otra vez al PVEM, ahora con 88.5 mdp por transa inmobiliaria

MÉXICO, DF: El Partido Verde Ecologista de México recibió otra multa, esta vez de 88.5 millones de pesos, por una operación inmobiliaria considerada dolosa, pues ese instituto político pagó a un notario por escrituras, pero a nombre de un particular.

La sanción fue aprobada por a Comisión de Fiscalización por unanimidad, y será votado en la sesión del Consejo General del próximo miércoles. Además, se dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por si hubo vulneración a normas a las que corresponde vigilar su aplicación.

La transacción fue descubierta en una indagatoria en el 2011, cuando la Comisión descubrió que pagó 11 millones de pesos en efectivo por camisetas, pero el proveedor incumplió el contrato y a cambio, éste le dio al partido los inmuebles que se pusieron a nombre de Marco Antonio de la Mora Torreblanca, un militante del Verde que tiene la propiedad de un terreno dividido en tres partes, en la Delegación Iztapalapa

El presidente de la Comisión, Ciro Murayama, dijo que el entonces IFE fue notificado de que el Verde “estaba dando cuenta de un conjunto de gastos en escrituras de inmuebles con un notario”, pero cuando la autoridad electoral pidió que se demostrara qué bienes inmuebles estaba escriturando el partido, los dirigentes del mismo no proporcionaron la información requerida.

La autoridad, entonces acudió con un notario y, según Murayama, “se encontró que esos inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido, lo que activó la investigación y permitió comprobar que el partido hizo pagos en efectivo por 11 millones de pesos, (de los que) no informó a la autoridad”.

“Lo que sí hubo fue que se entregaron unos bienes inmuebles por el incumplimiento del contrato y que esos bienes inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido sino de un particular. De tal manera que lo que tenemos es ingresos de origen desconocido, gasto no informado a la autoridad y cuentas por cobrar no cobradas.

“En todo esto hemos encontrado dolo en la conducta del partido porque a lo largo de estos años no entregó información a la autoridad”, abundó.

De confirmarse, esta multa se sumará a los más de 500 millones de pesos impuestos este año a dicho partido por casi una veintena de violaciones cometidas por el PVEM durante la pasada campaña electoral. Según Murayama, es la sanción más alta en la historia de la fiscalización producto de la revisión de un informe ordinario de gastos y por una conducta individual.


El presidente de la Comisión confirmó que el exvocero del PVEM Arturo Escobar suscribió diversos contratos relacionados con este caso, como responsable de las decisiones del partido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423381

El PVEM es ejemplo de que violar la Ley no impide crecer en la política, afirman académicos

La jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido ejemplo de que la violación de la Ley no es obstáculo para crecer en el sistema político ni para llegar a la administración pública.

La ilustración más clara fue el aumento de posiciones que ganó durante las elecciones de este año, como en la jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones. En Julio siguiente, en Chiapas ganó la mayoría absoluta en el Congreso local y en 59 de las 122 alcaldías.

Y estos triunfos, pese a que en la elección federal cometió tantas irregularidades –como anunciarse en cines fuera de los tiempos de campaña y repartir miles de tarjetas de descuento en comercios– que se hizo acreedor a la segunda multa más alta de la historia nacional por delitos electorales. En Chiapas, mientras, la Fiscalía Electoral de la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó que la campaña de dádivas en el estado con mayor proporción de población en condiciones de pobreza generaba denuncias a razón de siete probables delitos electorales diarios, o uno cada tres horas.


El mensaje enviado a la sociedad con cada triunfo, planteó en junio la investigadora en materia de elecciones y Estado de Derecho, Sandra Ley Gutiérrez, es que violar la ley “está bien” y no tiene consecuencias.

“Si yo como ciudadano veo que mi autoridad no respeta la ley, y que no hay ninguna autoridad capaz de aplicar la ley o que las sanciones realmente duelan y no sean sólo simbólicas; si puedo seguir sacando préstamos para pagar las multas, si puedo seguir participando en las contiendas y termino ganando con el partido en el poder, el mensaje es que está bien violar la ley, que no pasa nada, que no hay consecuencias”, dijo Ley, experta en comportamiento electoral y violencia e investigadora, entre otros centros, del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales.


El mensaje de impunidad fue reforzado en septiembre, cuando en medio de las críticas e incluso de peticiones ciudadanas para que el Verde perdiera su registro, la Secretaría de Gobernación nombró al vocero nacional de ese partido, Arturo Escobar y Vega, como Subsecretario, precisamente, de Prevención y Participación Ciudadana.

La designación motivó mensajes públicos de ruptura de relaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob) por parte de organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron no sólo la falta de experiencia de Escobar en materia de prevención social y sus posiciones a favor de la pena de muerte, sino, sobre todo, las conductas delictivas en las que probablemente incurrían él y su partido.

“¿Por qué se nombró a una persona que forma parte de un partido político que destaca por hacer gala de conductas ilegales y violaciones sistemáticas a la Ley, como es el Partido Verde Ecologista de México; siendo que una de las responsabilidades de este cargo es liderar un programa de promoción de la cultura de la legalidad?”, cuestionó la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide), que también lanzó un posicionamiento en la plataforma Change.org en contra el nombramiento.


Escobar había sido vocero del Verde –carente de dirigente oficial– desde 2012, cuando este partido, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), postuló a Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia.

En septiembre pasado, fue colocado por Osorio Chong al frente de las políticas de prevención del delito aun cuando ya era parte de la averiguación previa iniciada en marzo por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que, el miércoles, pidió un orden de aprehensión en su contra por un contrato para el reparto de miles de tarjetas electrónicas para descuentos comerciales durante la campaña federal.

“Se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político [Arturo Escobar] y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa [Instituto Nacional Electoral]”, informó la Fepade.


UN CASO EXTRAÑO

a consignación de la averiguación previa, sin embargo, fue tomada con reservas. Para Alberto Aziz Nassif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), resultó incluso “extraño” que la Fepade actuara cuando su trayectoria carece de resultados y menos contra algún subsecretario.

“Es un poco extraño porque la Fepade no suele emitir este tipo de órdenes de aprehensión; ha sido bastante blanda a través de los años, y es una suerte de instancia a la cual los que hacen los delitos electorales no le temen, precisamente, porque su actuación deja mucho qué desear”, dijo.

De acuerdo con Pablo Javier Becerra, especialista en temas electorales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el caso del Verde pone en entredicho a tres instituciones: al Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros votaron en agosto pasado a favor de que el partido mantuviera su registro; al Tribunal Electoral, donde está pendiente de resolución una impugnación a la decisión favorable del INE, y a la misma Fepade, que con la petición de la orde aprehensión, dijo el investigador, “desvía la atención” del tema del registro.

La acusación contra Escobar se encuentra en la averiguación previa 618/2015, e inició por una denuncia presentada el 13 de marzo de este año por el Partido Acción Nacional (PAN), y otra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del 9 de abril.


De ser encontrado responsable, el ex subsecretario podría pagar una multa de más de cinco mil días de salario mínimo o enfrentar una pena que va de cinco a 15 años de prisión.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/SANDRA RODRÍGUEZ NIETO, JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-11-2015/1564215