El PRI ayudó a que López Obrador ganara la Presidencia, asegura Labastida

Francisco Labastida aseguró que el PRI atacó al panista Ricardo Anaya para debilitarlo y permitir que López Obrador ganara en 2018, por lo que ahora "está correspondiendo los servicios que le prestaron".

El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa, aseguró que el tricolor ayudó a que Andrés Manuel López Obrador obtuviera más votos en la elección del 2018 atacando al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

FGR avala pacto que redujo pena a Duarte; cierra indagatoria por posible corrupción

Pese a que hubo declaraciones de Duarte sobre extorsiones, y errores reconocidos por la PGR, la fiscalía a cargo de Gertz decidió cerrar el caso sin proceder contra nadie.

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación que tenía en curso por posibles irregularidades y corrupción detrás del acuerdo con el cual el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, logró que la entonces PGR (en el gobierno de Enrique Peña Nieto) le retirara los cargos de delincuencia organizada y se le impusiera una pena reducida.

La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero le dio carpetazo a la indagatoria tras concluir que no existieron hechos delictivos que perseguir ni castigar. Esto pese a que hay exfuncionarios de la PGR que reconocieron errores en la indagatoria, y a que el propio Duarte señaló que hubo extorsiones y sobornos detrás de este procedimiento.

Peña Nieto, 'gran intocable' en este gobierno: Javier Corral

El gobernador de Chihuahua dijo que él y varios gobernadores llevan meses sin poder hablar con el presidente: "no podemos hacerlo ni por teléfono".

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró esta mañana que el expresidente, Enrique Peña Nieto, “es el gran intocable en este gobierno”.

El mandatario estatal cuestionó: “¿Es posible romper el pacto de impunidad o lanzar una política de combate a la corrupción protegiendo al expresidente más corrupto y corruptor de los últimos cincuenta años en la vida de México? Esa es la pregunta de fondo”.

AMLO niega investigación contra Peña Nieto y refrenda política de “punto final”

No existe investigación en las dependencias y entidades del poder ejecutivo sobre el expresidente Enrique Peña Nieto.

Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que diferentes medios de comunicación dieran a conocer que había una indagatoria abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la secretaría de Hacienda, que es parte del poder ejecutivo.

Y al rechazar la especie, el mandatario recordó que al inicio de su administración propuso una política de “punto final”.

Jared Kushner intentó pactar muro fronterizo con EPN

"Kushner veía la oportunidad para convertir el tema del muro en un acuerdo bilateral que lidiara con la inmigración lo que sería un logro impresionante en la política trumpista", señaló el autor de Fire and Fury.

A pesar de los intentos del presidente estadounidense por frenar su lanzamiento, el libro Fire and Fury: Inside the Trump White House de Michael Wolff, salió a la venta este viernes afirmando que el yerno de Trump, Jared Kushner, buscó pactar la construcción del muro fronterizo con el presidente Enrique Peña Nieto.

Osorio Chong y Mancera: el otro pacto

A casi un año de la elección presidencial, un nuevo pacto – vergonzante y de traición a la izquierda-, se ha configurado: el de los Miguel Ángel. Mancera se ha aliado políticamente, desde ahora, con el priista Osorio Chong para apoyarlo no solo en su candidatura a la Presidencia sino, de paso, asumir una candidatura “independiente” cuyo único objetivo sería restarle votos a Andrés Manuel López Obrador.

La información llegada a esta columna nos adelanta otro bloque opositor a AMLO: el de los “migueles”, con Osorio a la cabeza, apuntalado con un Mancera que desde ahora sabe y conoce sus nulas posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2018 y que, ante su figura disminuida, se cuelga del PRI sin ningún pudor ni ética personal ni congruencia política.

Calderón-Peña: Una década de trágica sociedad

CIUDAD DE MÉXICO: Este jueves 1 de diciembre se cumplen cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, hundido en el descrédito, pero también se completa una década de la fatídica sociedad que estableció con Felipe Calderón –marcada por muerte, violencia, corrupción, pobreza, impunidad, represión– y que se propone abarcar tres sexenios con el proyecto común de convertir a Margarita Zavala en presidenta de México.

Cuando ayer domingo Peña exclamó, ante el Consejo Político Nacional del PRI, que es “primero el PAN (sic) y luego el hombre” –tratando de parafrasear el frustrado plan de Jesús Reyes Heroles de anteponer el proyecto al candidato–, evidenció lo que priistas, panistas y toda la sociedad ven cada vez más claro: La alianza con Calderón, que viene de 2006, para que él y su esposa le cuiden las espaldas.

No es que Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle no pacten también con Peña –ambos le han avalado todo y su nivel de interlocución-colusión es amplio en cada caso–, pero los contubernios de Peña con Calderón son más hondos y cumplen una década: Desde los más de 200 mil votos priistas que le dio como gobernador del Estado de México, en la elección de 2006, hasta el premio del ITAM que le entregó hace casi un mes, el 1 de noviembre.

Esta alianza fue también clave en la victoria de Peña en 2012, cuando Calderón saboteó la campaña de Josefina Vázquez Mota –premiada luego con más de mil millones de pesos del erario federal para la fundación que preside– con operadores de toda su confianza como Roberto Gil Zuarth, su exsecretario particular y coordinador de la campaña, justamente el orquestador del PAN en el Senado para ratificar al priista Raúl Cervantes como procurador general de la República y para hacerlo fiscal transexenal, epicentro de la impunidad.

Ahora que de manera oportunista Margarita Zavala se pronuncia en contra de que Cervantes sea fiscal general, conviene recordar que convalidaron con su silencio su nombramiento, hace un mes, y si ella y su marido hubieran estado en desacuerdo no habrían votado a favor Gil Zuarth y Mariana Gómez del Campo, prima de la pareja, y Luisa María Calderón los habría imitado también.

Sucede exactamente lo mismo con el fiscal anticorrupción: Los senadores del PAN habían pactado que el cargo recayera en Fernando Gómez Mont, personero de Diego Fernández de Cevallos y secretario de Gobernación con Calderón, el mismo que, en octubre de 2009, firmó como testigo del pacto entre los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, para que el primero no se aliara con el PAN en la elección estatal de 2011.

Seis años después, Calderón está haciendo exactamente lo mismo en el Estado de México como parte de esta colusión con Peña: Se ha reunido con liderazgos de esa entidad para obstaculizar la candidatura de Vázquez Mota, la única panista que tendría posibilidades de ganar el gobierno estatal, porque la derrota sería para Ricardo Anaya, el presidente del PAN que se le ha atravesado a Margarita.

Es sabido que los documentos que comprometen los más de mil millones de pesos que el gobierno de Peña entregó a Vázquez Mota salieron del gobierno de Eruviel Ávila, cuyo jefe de prensa es Alejandro Echegaray Suárez, testaferro de Alejandra Sota Mirafuentes, vocera de Calderón y hoy al servicio también de Luis Videgaray, primo de Margarita Zavala.

En la relación Peña-Calderón no hay coincidencias, sino complicidades y están en curso otras más en materia de seguridad: La entrega del control y administración de los puertos del país a la Secretaría de Marina, el proyecto de una ley sobre “uso legítimo de la fuerza” y la Ley de Seguridad Interior que, como lo advierte el especialista Erubiel Tirado, “son parte de un andamiaje legal que anticipa un golpismo disfrazado y la justificación para reprimir las protestas sociales y políticas por venir”.

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, de supuesta autoría –PRI-PAN– significa la máxima garantía de impunidad a los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que, de ahora en adelante, cometan las Fuerzas Armadas, alerta Tirado.

“Los militares mexicanos, desgastados a decir del titular de la Sedena, obtendrán con Peña Nieto lo que no lograron con Felipe Calderón: un paraguas legal, que no sólo proteja a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) de acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos, sino que ensanche sus atribuciones de control y vigilancia sobre la sociedad. De este modo, los militares evaden el avance de juzgarlos en el ámbito civil que había acotado su fuero, se erigen en garantes de toda la seguridad del Estado y se convierten en un suprapoder al servicio del presidente”.

Qué obra de Calderón y Peña en una década, que busca con Margarita convertirse en tres sexenios: A la macabra contabilización de muertes violentas en sus gobiernos –121 mil 163 del primero y 62 mil 926 en los tres primeros años del segundo–, el mísero crecimiento en cada uno de los diez años –2% anual en promedio– y la fabricación de millones de pobres, desempleados y subempleados, ambos se hermanan también en la impunidad y la represión…

Justamente para conmemorar una década de su toma de posesión, que hizo entrando por un hoyo de la Cámara de Diputados, Calderón se reunió con algunos de los suyos y ahí aseguró que, en caso de que su esposa sea presidenta de la República, él no gobernará:


“La mejor manera de respaldarla es no obstruirla, no estorbarla. Ella tiene una gran habilidad, trayectoria propia, liderazgo”. Y subrayó: “Yo tendré el papel que ella me pida, incluso no ser absolutamente nadie. ¡Yo ya!”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464332/calderon-pena-una-decada-tragica-sociedad

La sombra del pacto

El Partido Acción Nacional se debate en una lucha interna. Por un lado los anayistas, y por otro los calderonistas-zavalistas, van en pos de la candidatura a la Presidencia. Y en medio de esa disputa, Enrique Peña Nieto homenajeó a Felipe Calderón en lo que podría interpretarse como la confirmación de un pacto de apoyo del PRI a las aspiraciones presidenciales de Margarita Zavala.

CIUDAD DE MÉXICO: En medio de la cruenta disputa por la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) que ambicionan Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, un hecho insólito ocurrió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM): Enrique Peña Nieto homenajeó a Felipe Calderón, su antecesor en la Presidencia, por su contribución “al desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera”.


Nunca en los 70 años del ITAM había asistido un Presidente de la República en funciones a entregar un reconocimiento como el que, el martes 1, Día de Muertos, dio en mano a Calderón por ser “un modelo a seguir” para la comunidad de esa institución presidida por Alberto Bailleres González, el segundo hombre más rico de México.

La ceremonia se realizó a puerta cerrada, en día de asueto, con invitación personalizada y sin ninguna difusión –ni para la fuente presidencial–, con el fin de evitar brotes de inconformidad contra Calderón o Peña, quien el año pasado hizo que el Senado otorgara la medalla Belisario Domínguez a Bailleres, con una fraudulenta votación (Proceso 2037).

Mientras Anaya, presidente del PAN, era exhibido mediáticamente por su vida de lujos en Estados Unidos, donde tiene radicada a su familia; al gobernador Moreno Valle le era cancelada por ilegal su propaganda como “nuevo presidenciable” y Zavala convalecía de una operación ocular, Calderón recibió el reconocimiento que le otorgó la Asociación de Exalumnos del ITAM, presidida por Lorenzo Meade Kuribreña.

La distinción no es fortuita: Lorenzo es hermano de José Antonio Meade Kuribreña –galardonado también ese día–, a quien Calderón hizo secretario de Energía y Hacienda, mismo cargo que, desde octubre, ostenta con Peña, luego de haber sido, también en este sexenio, secretario de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social, por cuya trayectoria es identificado como presidenciable.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2088 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461527/la-sombra-del-pacto

México, en un vacío de poder que llena la delincuencia: Buscaglia

CIUDAD DE MÉXICO: Durante su gestión, el panista Felipe Calderón Hinojosa pretendió combatir la delincuencia organizada con un Estado sucio y corrupto. Contó para ello con un gran presupuesto para instrumentar una “represión sucia con desapariciones forzadas”.

El priista Enrique Peña Nieto no sólo sumó a las pifias de su predecesor “la represión social” contra grupos que buscaban detener las violaciones masivas a derechos humanos; también se metió a negociar con grupos criminales. El resultado: más fosas y más desapariciones forzadas.

Así resume Edgardo Buscaglia lo que ha pasado en México durante los últimos dos sexenios. Y advierte: las desapariciones forzadas en el país no son producto de una junta militar, sino de “un fenómeno atomizado” que se va trasladando de un lugar a otro. Forman parte de la corrupción y la impunidad donde 99.9% de los casos no se resuelven.

Según el especialista en seguridad, prevención y combate al delito, temas en los que ha asesorado a países de cuatro continentes, eso es resultado del vacío de poder. “Estamos ante un Estado fragmentado donde algunos sectores se asocian a los grupos criminales; otros luchan contra ellos, y así como hay policías que combaten a cárteles de la droga, otros se les alinean”.

E insiste: las desapariciones forzadas empiezan a darse de manera fragmentada en todo el país. “A veces son periodistas; otras, activistas sociales: otras, empresarios que se niegan a ser extorsionados, otras pueden ser entre los mismos ­delincuentes”.

En junio de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 27 mil 243, cifra similar a la que reportó la Secretaría de Gobernación: 27 mil 523.

En marzo de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, admitió que la cifra creció a 28 mil 161 personas. A ellas habría que sumar las 43 desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa.

Ellos fueron calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, según “la verdad histórica” construida por Tomás Zerón cuando fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Hoy, este personaje es secretario técnico del secretariado encargado de contabilizar a los desaparecidos.

“Pax” mafiosa

Edgardo Buscaglia sostiene que, antes de combatir a la delincuencia organizada y “lanzar a las Fuerzas Armadas o policiacas a la calle, primero se debe limpiar mínimamente al Estado”, algo que no hizo Calderón. Y, añade, deben establecerse controles patrimoniales democráticos a funcionarios y policías, así como una ley de extinción de dominio que apliquen las unidades de investigación patrimonial autónomas en cada entidad federativa que trabajen en red.

Asimismo, dice, debe haber una prevención social y una prevención de corrupción política para evitar la filtración del crimen organizado en las listas de candidatos a cargos de elección popular en todos los niveles.

Si no se limpia el Estado sucio, advierte, la corrupción aumenta exponencialmente a nivel operativo. Y pone un ejemplo: cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, los policías federales ya estaban corrompidos.

Así, cuando Calderón lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública y le otorgó un presupuesto 20 veces superior, la corrupción se incrementó; peor aún, los delitos y violaciones a los derechos humanos se dispararon, explica.

Y puntualiza: Al incrementar el presupuesto a la Policía Federal (PF), Calderón sólo le echó gasolina al fuego. Además, indica, lo hizo contar con instituciones de prevención social en medio de vacíos de Estado, sin someter a la policía a una auditoría social.

“¿Cómo pudo ocurrírsele aumentar la capacidad represiva a través de presupuestos altos? Lo único que hizo fue crear este tsunami de más de 27 mil desaparecidos.”

Lo que hoy tiene México es represión sucia con desapariciones forzadas, gente colgada en las calles, comandos de la PF secuestrando a sus propios compañeros, activistas sociales. Calderón nunca entendió que con un Estado fragmentado y sucio era imposible combatir a la delincuencia organizada, sostiene Buscaglia.

Abunda: en este clima de impunidad y corrupción, pequeños pedazos de la PF trabajan para grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa; otros se alinean con Los Zetas o con La Familia Michoacana, etcétera. Hoy, ellos mismos comienzan a limpiar sus territorios para los grupos criminales. En ese proceso de limpia caen ángeles y demonios.

Ante la impunidad –99.9% de las desapariciones jamás se resuelven–, los grupos criminales piensan en los costos y beneficios: si no hay sanción por asesinar a alguien o enterrarlo en una fosa, las cosas pueden seguir.

En su reporte entregado al Senado en febrero último, la Procuraduría General de la República (PGR) indica que de agosto de 2006 a octubre de 2015 el gobierno localizó 662 cuerpos en 201 fosas.

El año más crítico fue 2011, cuando se detectaron 26 fosas en Veracruz, Tamaulipas y Durango. En la última entidad había 53 cuerpos, según la PGR. Sin embargo, la prensa local reportó 231, la mayoría no identificados, y denunció que las autoridades estatales exhumaron los cadáveres con trascabos y retroexcavadoras, “como si se tratara de cascajo”.

Según el reporte de la procuraduría, entre octubre de 2014 y junio de 2015 en Iguala, Guerrero, se descubrieron 63 fosas con 133 cuerpos: ninguno era de los estudiantes de Ayotzinapa.

Buscaglia comenta al respecto: Las desapariciones donde participa el crimen organizado son por disputas territoriales, como en Durango. Cuando ello sucede, las convenciones internaciones lo consideran “un conflicto armado”, pues algunos elementos del Estado se alinean con alguno de los bandos, mientras la población civil queda en medio de los enfrentamientos.

“Durango sufrió uno de los más altos índices de desapariciones forzadas; luego se colapsa ese índice una vez que el Cártel de Sinaloa toma el territorio y establece a sus funcionarios”, señala el especialista.

Explica: dada la crónica incapacidad del Estado mexicano para procesar casos, imponer castigos y desmantelar redes criminales por falta de controles patrimoniales, la tasa de homicidios se reduce porque un grupo criminal se adueña del territorio, desplaza a sus rivales y hace alianzas con el gobierno. Esa es la pax mafiosa.

Comisión de la verdad

Los tsunami de desapariciones forzadas y homicidios obedecen sólo a los conflictos, aleatorios o no, entre las redes criminales. Cuando un grupo triunfa, va en pos de otro territorio. Ante el vacío de poder del Estado, las bandas criminales son las que imponen las tasas de desapariciones, no el Estado.

Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, recuerda que en los ochenta había una “pirámide de comando y control” del gobierno federal. El crimen organizado formaba parte de ella, pero durante la pretendida “transición democrática” se desmantelaron las instituciones autoritarias. Lo grave es que no se sustituyeron.

Y pone un ejemplo: Lo que hizo Vicente Fox con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no fue sustituirlo por una policía democrática. Además, en las entidades siguen los mismos jueces. “Con esa pirámide de comando de control desquebrajada, el crimen organizado comenzó a financiar a los políticos y a imponer policías y funcionarios.

También hay grupos que cometen desapariciones forzadas. “Forman parte del Estado y los conforman policías estatales. Ellos son los que cavan las fosas, extorsionan gente, asesinan”.

Cita el caso de Chiapas, donde, como sucedió en Afganistán, “un pedazo del Estado trata de imponer la ley a otro pedazo del Estado, asediando a fiscales y deteniéndolos. Eso me tocó verlo. Y esto es difícil de resolver porque no está sujeto a una orden de Los Pinos, Hoy, el presidente Peña Nieto es un cero a la izquierda, una figura simbólica con menos poder que la reina de Inglaterra”.

Buscaglia insiste: Peña Nieto continuó con los errores de Calderón en la persecución al crimen organizado, y además lo hizo sin implementar ninguna medida de control patrimonial ni de prevención para atacar la corrupción política.

Peor aún, “se metió a negociar con los grupos criminales, como en Michoacán. Ahí neutralizó a los grupos sociales que defendían a la población. Con ello agregó a los errores de Calderón la represión a los grupos sociales y la entrega incondicional de territorio (a los criminales)”.

También habla de otros estados, como Chihuahua, donde ese mismo esquema se aplicó pero no de manera pública. Afirma que hoy el control de esa entidad lo tienen los grupos criminales.

Buscaglia también menciona el caso de Cherán, donde Peña Nieto ha enviado a la PF y al Ejército para fragmentar a esa comunidad indígena y reprimirla. Al mismo tiempo empieza a incrementarse la violencia, la violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas.

Frente a esa realidad oprobiosa, dice, los familiares de víctimas y desaparecidos deben crear una sola agrupación, una Comisión de la Verdad, y elaborar una agenda nacional; deben buscar el respaldo y financiamiento de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Desapariciones, invitar a técnicos extranjeros para organizar sus descubrimientos y testimonios, y pedir asesoría a jueces o exjueces extranjeros.

Recomienda que, una vez organizados, deben “rodear el Congreso”, ejercer presión para que las autoridades respondan por los desaparecidos. Dice que un ejemplo digno es el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes el gobierno de Peña Nieto no ha podido dividir.

“Ellos han tenido la mejor práctica internacional, apoyo en Europa. Han hecho escándalo mediático. Ya pusieron en jaque al gobierno. Tarde o temprano su caso va a llegar a la Corte Penal Internacional.”


Advierte que cuando las organizaciones de víctimas empiezan a aglutinarse, el gobierno trata de cooptarlas, bloquearlas, meterles miedo, darles dinero. “Nunca había visto tanto reparto de dinero como en México. En Brasil, Colombia o Argentina nunca vi algo así”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/456522/mexico-en-vacio-poder-llena-la-delincuencia-buscaglia

Ex líderes del SNTE en Jalisco pactan apoyo a reformas a cambio de cargos

Ex dirigentes de las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) forman una camarilla que, por conducto del secretario general del gremio, Juan Díaz de la Torre, ha negociado con los gobiernos federal y estatal su apoyo a la reforma educativa y la Ley de Pensiones, entre otras iniciativas, a cambio de diputaciones federales y locales, regidurías y secretarías municipales o estatales.

El Frente Magisterial de Jalisco (FMJ), disidente, califica de premios evidentes y mina de oro las carreras políticas de los integrantes de este grupo debido a su fidelidad al sistema y a que impiden que los simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lleguen a los comités directivos del SNTE.

Un maestro jubilado que pidió anonimato dijo que Díaz de la Torre –quien dirigió la sección 16 del SNTE antes de ser nombrado secretario general y luego sustituto de Elba Esther Gordillo en el Comité Ejecutivo Nacional–, fue en la primera mitad de la década de 1970 parte de Generación, un grupo político-estudiantil de la Normal de Jalisco que con el tiempo controlaría el sindicato en el estado y ahora la dirigencia nacional.

De la delegación Coyoacán al sindicato más grande del país

Díaz de la Torre comenzó su carrera como subdelegado de participación ciudadana de la delegación Coyoacán en la Ciudad de México entre 1995 y 1996. Luego llegó a la secretaría general del SNTE, donde Gordillo Morales lo preparó para ser su sucesor, al grado de encomendarle otra secretaría general, la de Nueva Alianza, cuando obtuvo registro como partido político.

Otro miembro notorio es José García Mora, quien sigue siendo integrante del colegiado nacional de organización del SNTE y tras la salida de Gordillo se convirtió en vocero de la organización sindical; además es diputado local del partido Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Educación del Congreso estatal.

Uno de los ex líderes del SNTE que llegó a preocupar a Elba Esther Gordillo por su amplia convocatoria fue Juan Alcalá, quien fue encarcelado por el ex gobernador panista Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), acusado de corrupción de menores y de portación de drogas y armas de fuego de uso restringido.

Sin embargo, el poder político y económico que Alcalá había acumulado no mermó en la cárcel. En 2011, durante su cumpleaños, hizo una convocatoria que obligó a Gordillo a viajar a Guadalajara para impedir que otros ex dirigentes de la SNTE en el estado acudieran a la celebración, pues se especulaba que allí podría surgir un bloque sindical que terminaría con el control de la lideresa.

Otra muestra del poder que Alcalá aún tiene es que su hijo, del mismo nombre, fue nombrado consejero del Instituto Electoral de Jalisco, con un sueldo de magistrado, superior a 100 mil pesos mensuales, dice el maestro jubilado.

Otros ex dirigentes del SNTE beneficiados con cargos públicos tras su encomienda sindical son Francisco Noroña Valdez, quien llegó a ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Gustavo García Villa, quien dirigió la sección 47 entre 1978 y 1980, y obtuvo la dirección del patronato de las Fiestas de Octubre, la feria anual más grande de Jalisco.

Gustavo Íñiguez Íñiguez fue secretario de la sección 47 y diputado local por el PRI. Francisco Díaz Rivera, quien estuvo al frente de la sección entre 1985 y 1988, ha hecho carrera sindical ininterrumpida desde entonces y llegó a ser delegado regional del SNTE.

Tras presidir la sección 47, entre 1988 y 1991, Arnoldo Rubio Contreras fue diputado y regidor en Zapopan; además, heredó el cargo a su hijo 26 años después de terminado su periodo en el SNTE.

Jorge Alberto Hernández Castillón, dirigente sindical de 1991 a 1995, actualmente es magistrado en la séptima sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ulises González García, otro de los consentidos de Gordillo, dirigió la sección 47 entre 1995 y 1998. Luego comenzó una carrera en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del que fue delegado en Colima.

Daviel Trujillo Cuevas, quien dirigió la sección entre 1998 y 2001, ha sido regidor por el PRI y director de educación en el ayuntamiento de Guadalajara durante la alcaldía de Aristóteles Sandoval, quien al llegar a la gubernatura lo hizo subsecretario de Participación Social y Ciudadanía.

Otro ex dirigente de la sección 47 (2008-2012) que hizo carrera política fue José Guadalupe Madera Godoy, quien llegó a ser diputado local después de que durante su gestión como líder sindical se negoció la reforma a la Ley de Pensiones del Estado, que permite el uso discrecional de los ahorros de los burócratas jaliscienses en proyectos fallidos o elefantes blancos como las Villas Panamericanas, que siguen abandonadas.

Fuente: La Jornada

Autor: Juan Carlos G. Partida

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/20/estados/029n1est

Peña-Calderón: Mediocridad y corrupción los unen

CIUDAD DE MÉXICO: En medio de una crisis política semejante a la del fin del sexenio de Vicente Fox, incluidas la rebelión magisterial y las acciones represivas, este sábado 2 de julio se cumplió una década de la fraudulenta elección de 2006 y del amasiato que iniciaron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, un pacto de complicidades e impunidad que está vigente hacia el 2018.

Llama la atención que sobre la efeméride se unieron en el silencio Calderón y Andrés Manuel López Obrador, rivales desde entonces, pero lo relevante es que a diez años de esa elección, en la que Peña le transfirió al menos 200 mil votos al panista –un favor que éste le pagó seis años después–, se ha consolidado ese amasiato del que forman parte también Margarita Zavala y su primo político Luis Videgaray.

Más allá de si se materializa en el Partido Acción Nacional (PAN) la candidatura presidencial de Zavala, enfurecida porque ya fue rebasada por Ricardo Anaya –colocado como puntero hasta en la encuesta de GEA-ISA, de los amigos y contratistas de Calderón–, y aun si se concreta el apoyo a su favor de Peña y Videgaray, es preciso examinar qué resultados ha tenido, para los mexicanos, el amasiato de estos personajes en una década.

Aunque el cogobierno PRI-PAN inició con Carlos Salinas, en 1988, fue en el sexenio de Calderón y en los casi cuatro años del de Peña –una década– cuando se materializaron las reformas energética, laboral, educativa, fiscal y de telecomunicaciones que supuestamente llevarían a los mexicanos al paraíso.

Lo que hoy vemos en el país es, en buena medida, obra de Calderón y Peña.

Calderón encabezó una administración mediocre en economía, seguridad y combate a la pobreza, los tres principales ejes de su oferta de campaña –“Para que vivamos mejor”–, pero Peña, quien se presentó como un gobernante eficaz –“Peña sí cumple”–, ha sido igual de inepto que el panista.

En economía, según las cifras oficiales, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el sexenio de Calderón fue de 1.91% anual, la más baja en un cuarto de siglo, peor que el gobierno de Fox (2.43%), Ernesto Zedillo (2.94%) y Carlos Salinas (3.17%).

En los tres primeros años del sexenio de Peña, el crecimiento del PIB fue de 5.7%, un promedio de 1.9% anual, exactamente la misma cifra que en el sexenio de Calderón. Es una mediocridad idéntica.

En cuanto a la violencia y la inseguridad, Calderón apostó a una estrategia de militarización de la seguridad pública y, sin un diagnóstico, ensangrentó el país: Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) establecen que, en su sexenio, acumuló 121 mil 683 muertes violentas, un crecimiento de más del doble con respecto al de Fox.

Con Peña, aunque bajó la fascinación por ufanarse de la sangre, las cosas no cambiaron sustancialmente. Las propias cifras oficiales indican que, en los tres primeros años del sexenio, se acumularon poco más de 50 mil homicidios dolosos.

En 2016 se reactivó la tendencia a la alza de los homicidios violentos, a tal punto que este año podrían acumularse más de 20 mil, como en 2012, y hacia el final del sexenio podría alcanzarse la cifra de Calderón. Otra vez, como en la economía, Peña y Calderón son iguales.

Hay un tercer aspecto en el que Peña y Calderón son también un fiasco: El combate a la pobreza o, si se quiere, eficaces en la fabricación de pobres.

Calderón incrementó la pobreza en casi diez millones de personas, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y como lo reconoció la propia Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del PAN.

Con Peña, las cosas han sido semejantes: En los dos primeros años de su gobierno, según el propio Coneval, cayeron en situación de pobreza dos millones de personas y, ante la crisis en curso, lo que se prevé es que el número crezca.

¿Cuáles son, entonces, los saldos de los gobiernos de Calderón y Peña, en connivencia durante una década? Lo que aquí se ha descrito con cifra oficiales y pese a contar con todos los instrumentos para diseñar e instrumentar políticas públicas –incluida la mayoría en el Congreso–: La mediocridad que resultad de la ineptitud.

No sólo eso: Peña y Calderón están unidos, también, por la corrupción. ¿O alguien ha escuchado a Calderón –y a su mujer– reprobar al menos verbalmente la Casa Blanca de Las Lomas de Peña o la de Videgaray en Malinalco, o Peña ha procedido contra las raterías de Calderón y sus cómplices, como en el presupuesto del Bicentenario de la Independencia?


Son diez años de la elección de 2006, una década de complicidades Peña y Calderón, de Margarita Zavala y de su primo Videgaray, como se documenta ampliamente en “El Amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas”…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446164/pena-calderon-mediocridad-corrupcion-los-unen

El “Gabinochetazo” inició hace un año: Cué le dio Oaxaca al Gobierno federal y ganó impunidad, acusan

Integrantes de la CNTE aseguran que el Gabino Cué Monteagudo, Gobernador de Oaxaca, negoció con el Gobierno federal y con el PRI un cambio de posición frente a los maestros opositores de la Reforma Educativa a cambio de impunidad. Eso comenzó hace un año, dicen, con el decreto desaparición del IEEPO el 21 de julio de 2015… Luego, todo ha sido represión hasta llegar a la tragedia de Nochixtlán.

El Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, tenía en la primera parte de su sexenio una mejor relación con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En septiembre de 2012, por ejemplo, cuando Rubén Núñez Ginés fue nombrado secretario general de esa agrupación magisterial considerada disidente, el mandatario oaxaqueño emitió un comunicado desde una gira en Nueva York para felicitar a la nueva dirigencia y expresar su “voluntad” de trabajar en conjunto.

“Sólo con unidad y altura de miras es como podremos construir un nuevo consenso en favor de los hijos de Oaxaca, así como una sociedad más democrática y responsable”, dijo Cué Monteagudo.

Ex priísta y electo Gobernador por una coalición de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Gabino Cué sostuvo esta colaboración con los docentes aún después de la aprobación de la Reforma al Artículo 3o Constitucional –o Reforma Educativa– y, en mayo de 2014, se reunió con Núñez Ginés y otros para redactar una Ley Estatal de que considerara “la realidad educativa, multicultural, lingüística y comunitaria”, además de “respetar los derechos laborales de los trabajadores de la educación”.

Este vínculo, sin embargo, terminó en julio de 2015, cuando Gabino Cué viajó a la Ciudad de México y, ante una comisión legislativa que se había reunido previamente con el entonces Secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, fue cuestionado por la implementación de la Reforma y por su relación con la Sección 22.

“Una cosa más, don Gabino Cué: ojalá que se reúna usted, porque se ha reunido mucho con el Secretario de Gobernación, qué bueno, pero a nosotros nos encantaría que se reuniera mucho también con el señor Chuayffet, que es el Secretario de Educación”, le dijo entonces la Diputada panista Esther Quintana Salinas.

Una semana después, en presencia de Chuayffef, Cué anuló un decreto oficial que dejaba en manos del magisterio cientos de posiciones de mando en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y, también ese mes, se confirmó la permanencia de los 2 mil 500 efectivos de la Policía Federal que habían llegado un mes antes con la justificación de vigilar las elecciones de ese año.

“Empezó de un año para acá, después del ‘Gabinochetazo’, con el decreto desaparición del IEEPO el 21 de julio de 2015, después se vino todo lo demás; tenemos un año resistiendo al Gobierno, a sus partidos afines, el PRD, el PAN, y lo último es lo que ya sabe, lo que ocurrió en Nochixtlán”, dice Rogelio Vargas Garfias, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación afiliada a la Sección 22.

“Por eso decimos que Gabino Cué es un asesino y un cómplice del Gobierno federal en todo lo que está pasando en Oaxaca”, agrega en entrevista vía telefónica.

Una explicación de este cambio de actitud de Gabino Cué fue planteada de manera reiterada durante la campaña electoral pasada por su antiguo colaborador, Benjamín Robles Montoya, para quien el Gobernador “traicionó” a diversos sectores en el estado, entre ellos el magisterio, a cambio de que el Gobierno federal le otorgara inmunidad ante las evidencias de desvío de recursos públicos corroboradas este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Tengo la claridad de que lo que está haciendo Gabino Cué, producto de una corrupción que cada vez es más evidente, que quiera regresarle el Gobierno al PRI, busca impunidad”, dijo Robles Montoya a SinEmbargo en abril pasado.

En esa negociación, coincide ahora Vargas Garfias, el Gobernador habría decidido entregar a los maestros al Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Creemos nosotros que lo descubrieron (en los desvíos), y en algunas cuestiones personales, como propiedades, y lo llamaron a cuentas y le dijeron: ‘o apoyas la decisión de reprimir a los maestros, o te carga la fregada’. Y él decidió entregarnos al PRI y al Gobierno federal, y traicionó al pueblo de Oaxaca”, dice.

En febrero pasado, la ASF detectó probables daños a la Hacienda Pública federal por casi 900 millones de pesos generados en la gestión de Cué Monteagudo, específicamente en el IEEPO.

La mayor parte del quebranto, advierte la Auditoría Superior de la Federación, se generó cuando el IEEPO, dirigido por funcionarios de Cué, desvió más de 690 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) para subsanar el pago de responsabilidades fiscales


“El IEEPO transfirió recursos del FAEB a la Secretaría de Finanzas por 694,469.8 miles de pesos del FAEB 2014, para subsanar la afectación de las participaciones de los recursos en el estado de Oaxaca, derivada del pago de las cuotas, aportaciones y prestaciones al ISSSTE, cinco por ciento del Fondo de la Vivienda del ISSSTE y por el ISR de Sueldos y Salarios del ejercicio fiscal 2013”, dice la ASF.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-06-2016/3057248

Peña Nieto y el PRI protegen a Moreira

La complicidad para saquear el erario nacional es el principal elemento que impide castigar la corrupción en México, pues los poderosos en turno saben que al perseguir a sus antecesores o subordinados corren el riesgo de ser incriminados por los mismos delitos de los que los acusan. 

Esta red de complicidades no se limita a los políticos: en muchos casos involucra a empresarios y, desde luego, también a miembros de la delincuencia organizada.

El caso de Humberto Moreira y sus más cercanos colaboradores (Héctor Javier Villarreal, quien fue el tesorero de su gobierno; Jorge Torres López, su secretario de Desarrollo Social y gobernador interino cuando él dejó el puesto para ocupar la presidencia del CEN priista, y el empresario de la comunicación Rolando González Treviño) revela plásticamente esta realidad.

En el acuerdo con el gobierno estadunidense firmado el 3 de abril del año pasado, en el que se declara culpable de asociación delictuosa para desviar dinero del erario de Coahuila a sus cuentas en Estados Unidos, González Treviño expone con lujo de detalles una de las tramas del caso.

En ese documento él admite que le transfirieron 1.8 millones de dólares del gobierno del estado a una cuenta en el First National Bank en Edimburg, Texas, como pago por una estación de radio con cobertura en varios municipios del norte del Estado; pero también revela que en dicha trama estaban involucrados hombres de negocios de varios ramos que le prestaban servicios al gobierno coahuilense.

Pero ni él era el único beneficiario de dicha trama ni ésta fue la única que operó durante el gobierno que encabezó Moreira, lo que se hace evidente cuando el tesorero Villarreal aceptó entregar 8.8 millones de dólares al erario estadunidense (en propiedades y en depósitos en una cuenta en las Bahamas) para poder enfrentar su juicio en libertad, y cuando el mismo gobierno norteamericano le incauta a Torres (gobernador sustituto), todavía prófugo, 2.8 millones depositados en una cuenta en las Bahamas.

El círculo se cierra cuando se hace público que la justicia española también investiga a Moreira por sus presuntos vínculos con grupos del narcotráfico y se revisan los antecedentes de la familia González Treviño, y cuando se evidencia que en 1994 el Ejército detuvo en La Paz, Baja California Sur, al narcotraficante Juan Chapa Garza en momentos en que se aprestaba a abordar un avión propiedad de Roberto Casimiro González Treviño, hermano de Rolando e involucrado asimismo en la trama que éste reveló, y que además le había comprado un salón de fiestas, denominado en aquel momento Candilejas.

Tanto en Estados Unidos como en España, la clave para incriminar a los presuntos delincuentes ha sido seguirle la huella al dinero. Aunque los montos son muy diferentes en cada uno de los casos, lo cierto es que son muy pequeños si se comparan con los más de 36 mil millones de pesos de nueva deuda que le heredó Humberto a su hermano Rubén, y aun en el caso de que los últimos 12 mil millones fuesen responsabilidad de su sucesor, no hay disputa en torno a los 24 mil millones de pesos que Humberto Moreira contrajo como deuda.

Estas transacciones financieras han sido suficientes para que en estos países se puedan integrar averiguaciones previas que permiten girar órdenes de aprehensión, detener a los involucrados (al menos en dos de los casos en Texas y uno en España) y en dos casos obligarlos a firmar convenios de aceptación de culpabilidad como vía para llevar su juicio en libertad y establecer máximos a las posibles sanciones.

Mientras tanto, en México, donde el monto total del incremento de la deuda pública durante la gestión de Humberto Moreira es al menos 100 veces superior a la suma del dinero involucrado en los casos que son investigados en el extranjero, no se logra integrar un expediente que pueda ser consignado ante el Poder Judicial.

Las razones hay que buscarlas en las complicidades y los compromisos políticos. Durante los dos sexenios en los que el PRI no ocupó Los Pinos fueron sus gobernadores los que derivaron recursos del erario de sus respectivas entidades para complementar el financiamiento de las campañas políticas de los candidatos priistas.

El crecimiento de las deudas no es privativo de Coahuila. Todo lo contrario: casi se convirtió en una constante de los mandatarios del tricolor. El diario Reforma publicó recientemente cifras que revelan los altos niveles de endeudamiento de los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua y Veracruz, entre los más significativos.

Esta exigencia de financiar las campañas políticas permitía extraer recursos del erario, aunque no todo se canalizaba a tal fin; aparentemente una parte se dedicaba a ese propósito, y otra iba a parar a los bolsillos de los funcionarios públicos involucrados.

Las denuncias de los partidos de oposición en cuanto a los recursos usados para la compra del voto a través de las tarjetas Monex y Soriana durante la campaña de Peña Nieto nunca fueron aclaradas de manera satisfactoria por las autoridades electorales. Hasta hoy prevalecen las dudas sobre los montos, así como el origen y el destino de dichos recursos.

Quizás algunas de estas dudas se resolverían si se revisaran en forma acuciosa y profesional las finanzas de los estados gobernados por priistas, entre las cuales difícilmente podría excluirse a Coahuila. Por ello no es de extrañar la cautela con la que reaccionó el gobierno federal al conocerse la detención de Moreira y el ofrecimiento de la dirigencia nacional priista de apoyar su defensa jurídica.

Moreira llegó a la dirigencia nacional del PRI el 4 de marzo de 2011 gracias al apoyo de Peña Nieto y con la encomienda de desbrozarle el camino para la precandidatura única. Esto se concretó el 27 de noviembre de dicho año, cuando el mexiquense se registró como precandidato, unos días antes de que Moreira tuviera que renunciar a la presidencia del CEN ante el escándalo de la deuda coahuilense.


Así, incluso antes de que Peña Nieto fuera candidato oficial del tricolor a la Presidencia de la República, se desató lo que podría considerarse como el precursor de los escándalos de corrupción y conflictos de interés que han marcado a su gobierno. Y eventualmente, si las autoridades españolas logran seguirle la pista al dinero y desenredar la madeja, el juicio contra Humberto Moreira pudiera convertirse en la puntilla.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427559

Diputados locales de PRI, PAN y PVEM protegen a Ulises Ruiz, acusa Solalinde

OAXACA, Oax: El padre Alejandro Solalinde Guerra denunció que diputados del PRI, en complicidad con legisladores del PAN y Verde Ecologista, intentaron “matar” a la Comisión de la Verdad para proteger al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz al recortarle dos millones de pesos al presupuesto autorizado por el gobierno del estado.

Sin embargo, les hizo saber que eso no va a impedir que cumplan su encomienda de entregar un informe en febrero próximo y llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente de la Comisión de la Verdad acusó a los diputados María del Carmen Ricardez Vela (PRI), Alberto Vera Vidal (PVEM), Víctor Cruz Vásquez (PAN) y Manuel Andrés García Díaz (PRI) de querer proteger a Ulises Ruiz al tratar de impedir su encomienda de presentar un informe de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto 2006-2007.

“Somos todo terreno y con dinero y sin dinero de todos modos vamos a trabajar y presentar el Informe”, en el que fueron citados a comparecer 68 ex servidores públicos, entre ellos los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por su presunta responsabilidad en la violación de los derechos humanos cometidos durante el conflicto socio-político de 2006 y 2007.

Consideran que por acción u omisión participaron en los hechos que presuntamente violentaron derechos humanos o incurrieron en delitos en contra de la población civil participante, o no participante, en el movimiento social de los años 2006 y 2007.

Entre los que fueron citados a comparecer también se encuentran el ex secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, el ex secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González, el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado.

También fueron citados a declarar para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia de ese conflicto que dejó 25 muertos, alrededor de 500 detenidos, 380 torturados y cinco desaparecidos, Héctor Pablo Ramírez Puga, actual director general de Liconsa, y el senador Eviel Pérez Magaña.

Mediante el Decreto 2056 aprobado por el Congreso de Oaxaca, el gobernador tomó protesta como presidente de la Comisión de la Verdad al sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra, a la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez, así como al periodista y escritor Diego Enrique Osorno.

A decir del gobernador, la Comisión de la Verdad tiene como objetivo indagar a fondo los hechos que motivaron al gobernador Ulises Ruiz Ortiz a cometer graves violaciones a los derechos humanos.

La Comisión de la Verdad es un organismo autónomo que contribuirá al esclarecimiento de los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007, buscando garantizar el respeto a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca y propiciar la reconciliación social.

Sin embargo, en este año, su presupuesto de tres millones de pesos fue recortado a un millón, razón por la que están en negociaciones con la Secretaría de Finanzas para que esta decisión legislativa no impacte en la impresión y difusión del informe.

“Estamos tratando de platicar con el gobierno del estado porque había dado su palabra y eso dio estabilidad a la comisión, aunque lo que hizo el Congreso fue un ‘golpe de Estado’, sin embargo, confiamos que el gobierno nos siga apoyando porque la decisión última esta en él”, añadió Solalinde Guerra.

Lo que el Congreso hizo fue “tirar a matar, acabarnos, partirnos en dos, un golpe de última hora, porque con su acción ni siquiera hubiera dejado para pagar el sueldo de los integrantes ni pagar la renta”.


Considera que esta actitud de los diputados del PRI, PAN y Verde “es una respuesta porque saben que esta investigación si tiene cositas pesadas y sorpresas y saben que no nos pueden comprar ni nos pueden reventar y eso les dolió bastante”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426280