Indagaba Breach ‘narcolavado’ con pozos ilegales

Revelaciones vinculadas con actividades de grupos de narcotraficantes identificados por nombre y organización; asuntos de corrupción gubernamental en los ámbitos municipal y estatal durante el gobierno de César Duarte, y complicidad entre políticos y narcotraficantes son las líneas de investigación que han establecido autoridades federales y estatales en el homicidio de Miroslava Breach Velducea.

Policía estatal y federal monitorean la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés, ante amenazas de pistoleros

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, que pretende llegar este día a Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, será “monitoreada por puntos” por elementos de las policías Estatal y de Protección Civil de Oaxaca así como de la Federal, informó vía telefónica Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó esta movilización.

Suspenden clases de forma indefinida en Chenalhó por irrupción de grupo armado afín a alcaldesa

Miles de niños y jóvenes desde preescolar hasta el nivel preparatoria o bachillerato y sus docentes suspendieron hoy sus clases de forma indefinida en más de 100 localidades, luego de que los agentes rurales de todo el municipio determinaran en una asamblea que “no existen las condiciones de seguridad” por la operación de un grupo armado al servicio de la alcaldesa, Rosa Pérez Pérez.

En un acuerdo tomado el pasado fin de semana, los representantes de la mayoría de los barrios, parajes, rancherías y comunidades de Chenalhó, establecieron que no se reiniciarán las clases hasta que estén dadas las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes puedan retornar a las aulas.

ras la irrupción armada de un grupo de seguidores y simpatizantes de Pérez Pérez, quienes tomaron la presidencia municipal el pasado 22 de febrero, los líderes de las diferentes comunidades se reunieron para acordar las acciones a seguir.

En un documento dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado, entre otras instancias, explicaron que el objetivo de la suspensión de clases es “evitar la pérdida de vidas humanas, ya que no existen condiciones de seguridad para los alumnos y para los docentes”.

Recordaron que el pasado 28 de febrero, los profesores de la Zona Escolar 016, firmaron un acta en la que acordaron no laborar en las escuelas “hasta que existan condiciones de seguridad, paz y tranquilidad de Chenalhó”.

Los firmantes, partidarios del síndico Miguel Sántiz Álvarez, quien fungió varios meses como presidente sustituto de Chenalhó, exigieron que “cesen las amenazas, intimidaciones y disparos de arma de fuego en las comunidades y que se tomen medidas cautelares en las localidades en las que viven hombres, mujeres y niños que repudiamos y desconocemos a Rosa Pérez”, del Partido Verde Ecologista de México.

Presionada por sus opositores y por funcionarios estatales, Rosa Pérez solicitó licencia al cargo el 26 de mayo pasado y en su lugar, el Congreso local designó a Sántiz Alvarez, alcalde sustituto.

Sin embargo, el 17 de agosto, el TEPJF ordenó la restitución de Pérez Pérez, quien instaló una oficina en San Cristóbal para despachar como la alcaldesa constitucional, mientras que Miguel permaneció en el palacio municipal, pero el pasado 22 de febrero, cientos de sus partidarios tomaron el palacio, aunque ella continúa atendiendo a sus seguidores en esta ciudad, pues desde su reinstalación recibe el presupuesto oficial.

La toma del edificio y un enfrentamiento posterior entre partidarios de ambos dejó un muerto, Jonhny Orlando Vásquez Ruiz, y 16 heridos, según los agentes municipales.

“Posterior a la toma del palacio municipal por simpatizantes de Rosa Pérez se han suscitado hechos violentos en la cabecera municipal y en las comunidades de Tzanembolom, La Libertad y Beumpla, donde ha habido disparos de armas de fuego para intimidar a la población y que Rosa Pérez imponga su autoridad”, manifestaron los agentes en el documento.

Los inconformes exigieron “castigo inmediato a los autores materiales e intelectuales de la toma violenta del palacio municipal y del asesinato de Vásquez Ruiz, pues este crimen no puede quedar impune; reparación de los daños por su muerte, por los saqueos a comercios y casas y la quema de una tienda ocurrido el pasado viernes”.

Fuente: Proceso

Autor: Isaín Mandujano

http://www.proceso.com.mx/476887/suspenden-clases-forma-indefinida-en-chenalho-irrupcion-grupo-armado-afin-a-alcaldesa

Amenaza ejército chamula a comunidad de Santa María Chimalapa, denuncian indígenas tsotsiles

Integrantes de la comunidad de Nuevo San Andrés, municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca, denunciaron que miembros del grupo paramilitar ejército chamula -con sede en Cintalapa, Chiapas- amenazaron con atacar la comunidad este viernes 3 de marzo para “acabarnos y quedarse ellos a vivir aquí”. Demandaron que el gobierno oaxaqueño acelere el envío de policías o militares para protegerlos, como ofreció luego de que se hizo la denuncia correspondiente ante “los Derechos Humanos de Oaxaca”.

En Nuevo San Andrés vive un promedio de 25 familias tsotsiles. Los informantes explicaron -vía entrevista telefónica- que las amenazas se intensificaron luego de que denunciaran ante el Ministerio Público de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, el ataque y robo, con secuestro de dos de sus compañeros por más de seis horas, heridas a machetazos y golpes de que fueron objeto nueve sanandresinos, el pasado viernes 24 de febrero, por una treintena de paramilitares en el camino de Cintalapa a Nuevo San Andrés.

Urgieron asimismo a que el Ministerio Público de Zanatepec, que dijo que iba a actuar contra los atacantes, lo haga ya, antes que los delincuentes cumplan sus amenazas.

Detallaron que sus nueve compañeros bajaron de compras el viernes 24 a la ciudad de Cintalapa y al filo de las 17.30 horas, “un grupo de delincuencia organizada los alcanzó en un carro de tres toneladas, cuando los rebasó se atravesó en el camino, en el lugar Los Patios y atrás de la Nissan roja donde iban los compañeros llegaron dos carros más, bajaron aquellas personas… iban con armas largas y cortas, machetes y garrote, atacaron a los compañeros, por poco cortan la mano derecha de un machetazo a Abner Ruíz, pero el se echó a correr; secuestraron a Lorenzo Gómez Gómez, a José Ignacio Gómez Díaz lo agarraron a puñetazos y los secuestraron hasta casi las tres de la mañana. Los soltaron amarrados de pies y manos en el parque El Centenario de Cintalapa. De los delincuentes conocemos como a 10 o 15 personas, son del ejercito chamula pero viven en Cintalapa”.

“Cuando los secuestraron les metieron machete en la boca, los golpearon en la cara, según dicen que el viernes quieren subir a Nuevo San Andrés para acabarnos a todos, los encabeza Miguel López López, Manuel López López, Eliseo López López, Domingo Gómez Gómez, Antonio Gómez Pérez, Mariano Gómez Gómez,  Pablo Portillo, Efraín Ruíz Hernández, Jeremías Ruíz Hernández. Está también Guadalupe Ruíz Hernández, aliados con unos de San Cristobal”. 

“Ellos hace años son de delincuencia organizada, el 2014, en julio, cometieron robo en el rancho El Tule, de Alfredo Brito, tienen el expediente 67 y orden de aprehensión del 2 de marzo de 2015, en el poblado El amate de Cintalapa, ahí estuvieron en el reclusorio como 16 meses, fueron apresados el 30 de abril de 2015 y salieron de la cárcel el 2 de septiembre de 2016,  a la cárcel fueron cinco personas pero saliendo de la cárcel nos fueron a hacer lo mismo y buscaron a más personas”. 

“Como nosotros no hemos robado no pudimos estar de acuerdo en todo lo que hacen ellos, nosotros apoyamos para que los denunciara el propietario, desde el 4 de junio hasta el 2 de julio de 2014 sacaron todo lo que había en el rancho El Tule, apoyamos al dueño que hizo la denuncia, por lo mismo nos quieren acabar porque ellos quieren entrar a vivir aquí. Tienen aliados en San Cristobal de las Casas a Salvador López López, que aparenta como pastor de la iglesia Elim, pero es mentira porque no podría hacer eso si es pastor; el aliado Alberto Gómez Gómez se pasa de licenciado y Antonio Enrique López Pérez, vive en el ejido la Betania de Teopisca, Chiapas, adelante de San Cristóbal”.

“Necesitamos que haya intervención del Ministerio Público, que hagan orden de aprehensión” contra los del ejército chamula, insistieron los informantes.

Fuente: Desinformémonos

Autora: Rosa Rojas

https://desinformemonos.org/amenaza-ejercito-chamula-comunidad-santa-maria-chimalapa-denuncian-indigenas-tsotsiles/

Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua

Por amenazas o complicidad, los cabecillas del narcotráfico en distintas regiones del estado, principalmente las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron directores de seguridad pública, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas como obras públicas, según un diagnóstico realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) e inteligencia militar.

Ambas instancias vincularon a 10 directores de seguridad pública con el crimen organizado en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos.

Ante la situación, la FGE sustituyó temporalmente a las policías municipales, para que sean capacitados y sometidos a pruebas de control de confianza, en tanto la seguridad fue asumida por más de 300 elementos de la policía estatal, desplazados este domingo a municipios como Madera, Gómez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Temósachic.

En una primera etapa, más de mil 200 agentes municipales serán sometidos a procesos de evaluación y confianza, así como a cursos de actualización, para cumplir con la certificación que solicita la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó Óscar Avendaño Aparicio, director de la Policía Única Estatal (PEU).

El área donde se debe sustituir a las policías municipales se decidió por la incidencia de delitos relacionados con el crimen organizado, indicó el titular de la PEU. Explicó que se busca regionalizar a las policías, que por falta de profesionalización y confianza no han podido hacer su trabajo correctamente.

Aparicio Avendaño indicó que el acuartelamiento de tres meses consistirá en aplicar exámenes, luego de tomar un curso de capacitación, con actividades alineadas a las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las cuales incumplen la mayoría de los municipios en Chihuahua. Adelantó que quienes reprueben los exámenes de confianza no podrán pertenecer a corporación alguna.

Según la FGE, de los 67 directores de seguridad pública municipal de Chihuahua –sólo Juárez tiene la dependencia a nivel de secretaría– 90 por ciento ya realizaron pruebas de confianza, y los resultados los tiene el Centro Estatal de Control de Confianza. Según datos no oficiales, la mayoría reprobaron.

Esencial, presencia de militares

Ayer, ante mandos castrenses en las zonas militares 5 y 42, durante la celebración del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el gobernador Javier Corral Jurado reconoció que en la entidad aún es imprescindible la presencia de militares en labores de seguridad mientras en los ámbitos municipal, estatal y federal no haya resultados en términos de control de confianza de las corporaciones, muchas absolutamente contaminadas por la delincuencia organizada, señaló.

Corral Jurado se pronunció por la aprobación de un marco jurídico, con el mayor consenso social, de manera clara, transparente, sin estados de excepción, que defina en qué territorios y en qué tiempos debe actuar el Ejército en labores de seguridad.

El gobernador destacó que mientras se cuente con apoyo militar, las autoridades civiles deben actuar con firmeza para depurar y fortalecer los cuerpos policiacos, de modo que puedan asumir en su totalidad las tareas en las que el Ejército ha debido intervenir.

En agosto pasado, durante la entrega-recepción del gobierno estatal y de los 67 municipios, Corral Jurado solicitó a los alcaldes entrantes consensuar con el estado los nombramientos de los jefes de policía, proponiendo ternas que el Congreso local analizaría. Ningún edil accedió a la propuesta, sólo la presidenta municipal de la capital, la panista María Eugenia Campos, pidió apoyo al Sistema Nacional de Seguridad para nombrar a su actual director de la policía, Gilberto Loya, quien fue secretario técnico del organismo federal.

Los 66 alcaldes restantes, incluido el de Ciudad Juárez, Armando Cabada, decidieron por su cuenta. Cabada designó inicialmente al ex fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, a quien la administración estatal cuestionó por sus vínculos con el ex gobernador César Duarte.

González Nicolás renunció en diciembre pasado y quedó encargado del despacho Sergio Almaraz Ortiz, también cuestionado por la autoridad estatal, quien le abrió una carpeta de investigación por presunta obstrucción de la procuración de justicia y ejercicio indebido de la función pública. En corrillos se aseguró que reprobó exámenes de evaluación y control de confianza que le aplicó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Ratificados en cargos, pese a nexos

Otros directores de seguridad pública municipal, como el de Chínipas, Martín Ramírez Medina, fueron ratificados en el cargo con el cambio de ayuntamiento, a pesar de sus nexos familiares con líderes criminales: es primo en primer grado de Alfredo Salazar Ramírez, preso por narcotráfico, y sobrino político de Crispín Salazar Zamorano, cabecilla de un grupo que opera en los municipios de Urique, Guazaparez y Moris.

El informe elaborado por la FGE e inteligencia militar ubica en la misma condición al jefe de la policía municipal en Guazapares, Saúl Rochín Ayón; el de Batopilas, Javier Ramón García Aldama; de Guerrero, Marco Antonio González Hernández; Santa Bárbara, Abel Lorenzo Villalobos; Coronado, Edgar Eliud Hernández Tovar y el de Ascensión, Sergio Horacio Payan Meza.

En algunas regiones del estado el crimen organizado rebasó a partidos y gobiernos. En 2016, el comité directivo estatal del PRI sustituyó a los candidatos a ediles de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino del cabecilla del grupo Los Salazarez, y de Bachíniva, Silvia Mariscal, suegra de Arturo Quintana, alias El Ochenta, que controla grupos criminales en el noroeste del estado.

En Bachíniva, Namiquipa, Guerrero, Carichi, Cusihuiriachi, Gómez Farías y otros municipios del noroeste, Arturo Quintana es conocido por exigir contratos de obra pública a los alcaldes.

En el municipio de Madera, de cien policías preventivos en nómina, sólo 60 aceptaron someterse a exámenes de confianza. Se presume que los otros 40 son infiltrados del crimen organizado. Situación similar ocurre en Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, donde los policías municipales fueron sustituidos recientemente.

Fuente: La Jornada

Autora: Miroslava Breach Velducea

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/estados/031n1est

El supuesto “narcogeneral” que Fox aplastó

Tiene 71 años y trabaja como obrero. Sin embargo, la vida de Ricardo Martínez Perea no siempre fue así. Hace 15 años era general brigadier, pero su sino se opacó cuando el entonces presidente Vicente Fox lo acusó de ser protector del narcotraficante Gilberto García Meza, El June, y ordenó meterlo en prisión. Y ahí estuvo tres lustros, hasta que recobró su libertad. Hoy, Martínez Perea intenta demostrar su inocencia, pero las autoridades castrenses siguen poniéndole obstáculos. Él no ceja y anuncia que llevará su caso a instancias internacionales.

En abril de 2001, el entonces presidente Vicente Fox sentenció al último oficial táctico del Ejército mexicano, el general brigadier Ricardo Martínez Perea. Lo acusó públicamente, desde Colombia, de ser un protector del narcotráfico. La justicia militar cumplió rigurosamente la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo condenó a 15 años de prisión, tal como lo había anunciado el gobernante.

Pese a las irregularidades procesales y de que sus supuestos protegidos obtuvieron su libertad, el general Martínez Perea purgó la totalidad de la sentencia en distintas cárceles civiles y militares del país, incluida la colonia penal federal Islas Marías, en Nayarit, junto a delincuentes que él mismo había detenido.

El 5 de abril del año pasado salió de su último lugar de reclusión, el penal de Islas Marías. Y ahora, a sus 71 años, sigue con su batalla legal cuesta arriba para que la justicia militar lo declare inocente, pues nunca se demostró su culpabilidad.

No obstante, el Supremo Tribunal Militar se niega a citar a sus acusadores, entre ellos a Fox y a quienes fueron secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Clemente Vega García, y procurador general de la República, el general retirado Rafael Macedo de la Concha.

La única prueba en contra de Martínez Perea fue un anónimo que lo acusó de proteger al Cártel del Golfo en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado, asentado entonces en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La búsqueda del reconocimiento de inocencia es para limpiar su nombre y su honor militar, pero también para recuperar sus derechos; sobre todo la atención médica y la pensión que ya se había ganado con casi 40 años de servicio cuando fue detenido, aun cuando tenía una década por delante como miembro activo del Ejército, al que perteneció su padre y al que también sirven su hijo y uno de sus yernos.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco Araizaga

http://www.proceso.com.mx/474979/supuesto-narcogeneral-fox-aplasto

Nadie quiere a los militares como policías

La Ley de Seguridad Interior, que busca legitimar la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones policiacas, está detenida provisionalmente en el Congreso. Esta pausa la aprovechan numerosas voces de organismos defensores de los derechos humanos para gritar su inconformidad y advertir lo que la experiencia enseña: poner a militares a cargo de la seguridad pública no hará más que inundar al país de violencia, sangre, terror, desapariciones forzadas, desplazamientos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.

Mientras en la Cámara de Diputados se determinó suspender por el momento el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Interior, voces de defensores de los derechos humanos se siguen sumando al rechazo a normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ante las evidencias de abusos contra la población civil.

Los cuestionamientos sobre la efectividad de mantener el despliegue castrense al frente de la seguridad se aceleraron tras el operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Tepic, para abatir a 13 personas, entre ellas un presunto lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva, el jueves 9.

El martes 14 el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que pese a que el organismo no había recibido quejas por los hechos en Nayarit, estaba investigando el asunto, al tiempo que se sumó a las exigencias de organizaciones civiles dirigidas a los legisladores para abrir la discusión sobre la pertinencia de mantener a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad.

González Pérez dijo: “Ninguna regulación debe trasgredir competencias y sobre todo el respeto de los derechos humanos, ninguna regulación puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias”. Añadió que la seguridad pública debe “tener un eje a partir de la autoridad civil”.

Horas antes, miembros de organizaciones civiles y académicos habían exhortado públicamente a los legisladores a “detener” las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior.

Entrevistados por Proceso, defensores de los derechos humanos –algunos de ellos han litigado casos relacionados con abusos cometidos por militares– exponen parte de la experiencia empírica que fundamenta su oposición a la pretensión de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.

Fuente: Proceso

Autora: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/474977/nadie-quiere-a-los-militares-policias

Extorsionadores exigían 70 mil pesos mensuales e incendian fábrica de muebles en Tecámac, EdoMéx

El patrimonio de un hombre que trabajó durante muchos años fue destruido por un grupo de extorsionadores, quienes al no recibir la cantidad que le exigían, incendiaron la fábrica en cuestión ubicada en el municipio de Tecámac.

Una denuncia que nos hicieron llegar afirma que a escasos 100 metros de la comisaría municipal, donde se ubica la fábrica de muebles, sobre calle Quetzalcóatl, en la colonia Huayotenco, llegaron unos sujetos hace tres días a exigirle la cantidad de 70 mil pesos mensuales por concepto de derecho de piso, situación a la que la víctima hizo caso omiso.

Sin, embargo, hoy, durante la madrugada, los delincuentes llegaron e incendiaron el inmueble acabando con todo en su interior.

El afectado acudió ante las autoridades para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, asimismo afirmó que al estar cerca de la comisaría se sentía seguro, sin embargo, estos extorsionadores actuaron impunemente.

También acudió personalmente a intentar hacer del conocimiento del presidente municipal los hechos, sin embargo, nadie lo recibió.

Fuente: Denuncia Ecatepec

Autor: Redacción

http://denunciaecatepec.com/noticias-ecatepec/extorsionadores-exigian-70-mil-pesos-mensuales-e-incendian-fabrica-de-muebles/

Ejército mexicano: El “cuestionario” de la muerte

El Ejército Mexicano no espera a que las leyes le permitan saltarse a la autoridad civil en la lucha contra el narcotráfico. Los soldados tienen órdenes de capturar a sospechosos y realizar indagatorias, dando por hecho que policías y ministerios públicos “se harán los desentendidos”. Incluso tienen un instrumento para infringir la ley: el “cuestionario inteligente”, que aplican a los detenidos antes de entregarlos a la PGR. Cuando los acusan de violar los derechos humanos, los generales no tienen objeción para que paguen los subalternos que cumplieron sus directivas.

Como parte de la “guerra al narcotráfico”, el Ejército Mexicano se arrogó funciones del Ministerio Público federal para investigar delitos. Contrario a la Constitución, que faculta sólo a las procuradurías de justicia para realizar indagatorias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró un “cuestionario inteligente” de aplicación obligatoria a todos los detenidos por hechos relacionados con el narcotráfico.

El cuestionario se derivó de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, emitida durante el gobierno de Felipe Calderón, en la que se dieron amplias atribuciones a los militares para enfrentar a los cárteles de la droga y que fue puesta en práctica de forma discrecional por los mandos castrenses.

El cuestionario tiene más de 100 preguntas que se realizan según las circunstancias: si se trata de civiles, policías, extranjeros, armas, estupefacientes, vehículos, dinero o laboratorios clandestinos de droga. Los interrogatorios comienzan en los lugares de los hechos y continúan en los cuarteles militares; después los detenidos son presentados a la Procuraduría General de la República (PGR).

La instrucción recibida por los jefes militares en todo el país fue someter a “un intenso interrogatorio” a los detenidos para explotar la información y continuar de inmediato las operaciones del Ejército.

Algunos interrogatorios acabaron en la muerte de los detenidos, como el puesto en práctica por el llamado Pelotón de la Muerte, en Ojinaga, durante el Operativo Chihuahua que la Sedena desplegó por instrucción presidencial (Proceso 1889).

Después de una década de operar bajo ese tipo de directrices, el Ejército y la Marina están por concretar su intenso cabildeo para que el Congreso les otorgue una Ley de Seguridad Interior que legalice su actuación de “restauración del orden interno”, no sólo en el futuro, sino la que despliegan actualmente.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco Araizaga

http://www.proceso.com.mx/474105/ejercito-mexicano-cuestionario-la-muerte

En Guerrero, la fuerza estatal protege a los saqueadores y se colude con los civiles armados

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no sólo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone a las comunidades el sobrevivir y andar a salto de mata, porque la legalidad que impera protege a los victimarios

Actualmente la política  ya no está operando  dentro de los mismos límites  en que normalmente funciona. Se ha difuminado la acción política debido a intereses propios de los grupos de poder. Lo más  grave es que estos intereses están conectados  con los de las organizaciones de la delincuencia organizada.  A los políticos,  la población ya no los vincula únicamente  con las instituciones estatales,  ni son  meros actores dentro del ámbito gubernamental, más bien,  los nuevos personajes de la política responden a intereses macroeconómicos, al grado que se supeditan  a los corporativos trasnacionales  para fortalecer un modelo de desarrollo fincado  en el despojo  y la privatización  de los recursos estratégicos.  Su ímpetu por la ganancia crasa  y su falta  de compromiso con la sociedad  los ha llevado  a enrolarse con actores no estatales  que han hecho del crimen organizado el negocio más próspero  en una sociedad  sometida  por el terror delincuencial.

Esta descomposición de nuestro sistema político ha engendrado nuevos actores con gran poder  que desempeñan nuevos roles e imponen normas ajenas al sistema  jurídico que nos rige. Se ha creado un ambiente de miedo que  coloca  a las personas  en un estado de suma vulnerabilidad. Con muchas restricciones  legales  y políticas, con nulo acceso a la justicia, desconectados  de las redes de apoyo  gubernamental  y sometidos  por actores  gubernamentales que usan la violencia para amedrentar  y someter  a la población. Se  trata  ahora de un mundo feroz donde se han roto los pactos sociales  y se ha profundizado  gravemente la desigualdad. La gente  tiene un sentimiento de orfandad, siente que camina a la deriva, en medio del caos, sometida  a los dictados   de  la  macroeconomía  que  se rige  por la acumulación del capital.

Vivimos en una sociedad en riesgo permanente con actores que han surgido a nivel internacional  y local.  El poder de las trasnacionales es  tan grande que  sus directrices económicas van normando los nuevos marcos jurídicos de los países periféricos. Puede más el poder económico de un corporativo minero que maneja miles de millones de dólares que un gobernante que no cuenta con el respaldo del Estado y de toda la clase política, a veces ni de la misma población. Este poder  macroeconómico  avasalla  a la política y a los políticos, somete a su lógica  capitalista  todo intento  de  construir una sociedad menos desigual  y más incluyente.  Es un poder ciego,  sin corazón. Deseoso  de extraer la vida de la clase trabajadora. Se vuelve violento  porque necesita explotar al mayor número de trabajadores con jornadas extenuantes para tener cuentas alegres en la bolsa de valores. Estos actores no estatales  tienen a su servicio a las corporaciones, a la policía, al  ejército y la marina  para proteger los intereses supremos del capital. Toda la  fuerza del Estado está focalizada en salvaguardar la riqueza de los saqueadores.

La represión  contra la población que se rebela y protesta,  tiene rango jurídico que justifica y legitima la fuerza,  con el argumento de que se atenta  contra las instituciones  y se pone en riesgo la convivencia pacífica. Se genera una opinión  en los medios de comunicación afines a los grupos de poder de que la violencia directa es legítima porque se pone a salvo el orden constitucional  y el régimen dominante  cuando los sectores sociales excluidos ejercen su derecho a protestar.

Existen también actores no estatales que pululan en el ámbito local y que forman parte de las redes del crimen organizado. Son organizaciones que tienen como caldo de cultivo la misma estructura de poder  que fomenta la corrupción  y que permite que los interese privados se mezclen con los proyectos  de justicia  a los que aspira la sociedad. La  fragilidad institucional  y la crisis misma de representación política  han desdibujado los límites que existían entre el campo legal  y el terreno abrupto de la ilegalidad. Se ha socavado el muro de la legalidad que protegía a  los ciudadanos y ciudadanas por parte del crimen organizado que se ha infiltrado en los sótanos del poder.

Actualmente  el poder público opera con intersecciones sumamente perversas,  donde el Estado aparece como  el gran aparato que protege  y brinda todas las facilidades a las grandes corporaciones trasnacionales. En estas  circunstancias las leyes, las instituciones y las  mismas autoridades  están al servicio de los interese macroeconómicos. Este poder visible  protege y encubre  al poder oculto, es decir  a los actores no estatales que tienen gran influencia en la toma de decisiones políticas, al grado que también controlan el poder del Estado y las mismas agendas políticas  en varias regiones del país.

En Guerrero están  los poderes ocultos  vinculados con el crimen organizado, que han tomado el control de varias instituciones  y dominan vastos territorios. Son los que ponen las reglas  y construyen  las nuevas narrativas que justifican la violencia  y la hacen aparecer  como parte de la normalidad. Lo más grave  es que  el poder formal, el que  usa la fuerza de las instituciones para gobernar, es el que se ha confabulado con el poder oculto, con los actores no estatales, cuyo modo de vivir es delinquir. Es atentar contra la vida  y la seguridad de los demás. Es desaparecer y arremeter violentamente contra  quienes se oponen  a sus negocios  truculentos. En  este escenario caótico el poder formal y el oculto se utilizan uno al otro, se retroalimentan  y usan  los poderes  mediáticos,  normativos, culturales, ideológicos y religiosos  para reforzar  su propio poder destructor.

Estamos lejos de contar  con un Estado regido por las normas constitucionales, de un estado que lucha contra la desigualdad social, que focaliza su acción pública en la redistribución de la riqueza  y genera redes de protección de los derechos fundamentales de las personas. Experimentamos más bien  una  práctica sistemática para criminalizar la movilización social y hacer un uso indebido del sistema de justicia.  En Guerrero se criminaliza a los líderes sociales fincándoles delitos graves y haciendo imposible su defensa legal. Se trata de una medida  que tiene afectaciones en los recursos financieros, en la capacidad para mantener la organización y  alterar la sostenibilidad del movimiento. La criminalización impacta en la persona, en la familia, en la organización y en la misma comunidad.  Se trata de socavar  el tejido comunitario, de destruir  los esfuerzos  ciudadanos que aspiran a construir una sociedad más justa y menos violenta.  De extirpar  el cáncer de la corrupción  y de contener al crimen organizado  que hunde sus raíces en un sistema  que utiliza la fuerza y la violencia  para mantener el viejo orden dominante.

En Guerrero han incubado en diferentes regiones del estado actores no estatales vinculados al crimen organizado que la misma sociedad  los cataloga como grupos civiles armados. Son  hombres armados, “paramilitares” que irrumpen en los poblados para arremeter contra familias y comunidades enteras. Atacan a balazos. Buscan hacer el mayor daño posible y no importa privar de la vida a los ancianos o ancianas; a mujeres, jóvenes, niñas, niños y hasta  bebés. Su armamento es de un alto poder destructor. Dejan una estela de dolor y de  muerte  con el uso letal de sus armas que es la marca más funesta que  dejan  al tomarla comunidad por asalto.

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no solo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone el que sobrevivir y andar a salto de mata,  porque la legalidad imperante  protege a los victimarios. Los cuerpos de seguridad y el mismo ejército  han sido incapaces de contener  este desorden institucional porque están llamados a proteger los intereses macroeconómicos y los diferentes giros de la economía criminal que se lavan con los negocios de las trasnacionales. Nunca están en el lugar ni en el momento en que la población requiere protección. En contraste, los civiles armados se desplazan con total libertad a sabiendas de que el camino está bajo su control. Lo más duro y cruento es que se ha normalizado la violencia en Guerrero. Las mismas autoridades han encontrado argumentos triviales para explicar las atrocidades  que padecemos. Justifican  su ineptitud y construyen sus discursos  para legitimar el caos y la falta de garantías  a una  población  que vive en el acecho permanente.

Los civiles armados, como actores  no estatales vinculados al crimen organizado  cabalgan  por toda la geografía guerrerense. Son la amenaza latente para un gran número de comunidades que ante el destino funesto de vivir en la precariedad  y en la lejanía de las instituciones  gubernamentales tienen que resignarse a la fatalidad.

Ante esta escalada de la violencia irrefrenable, donde el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad expresada en los civiles armados, los mismos pueblos y comunidades luchan desde sus propios espacios  para recuperar  sus territorios. Resisten  para enfrentar al poder ominoso y a los criminales a los que el Estado protege, tanto de las empresas  mineras  que se coluden o contratan a estos grupos civiles, como a las mismas organizaciones delincuenciales.

El caso de la minera Media Luna es un ejemplo atroz  de cómo una empresa se niega a reparar los daños ocasionados a un grupo de pescadores del Nuevo Balsas y se vale de civiles armados  para impedir  que prospere la protesta y  llegue la solidaridad  de organizaciones hermanas. Esta alianza criminal  entre  una multinacional que, a cualquier costo social  y ambiental,  quiere extraer el oro apoyados por grupos civiles armados que tienen el control del territorio, nos muestra  cómo en esta región los actores no estatales unen  sus intereses para destruir  un movimiento legítimo que lucha por sus derechos como colectividad y se asume como protector del medio ambiente.

Las autoridades estatales en lugar de proteger a los pescadores hacen alianza con la empresa minera y los grupos civiles armados, justificando sí sus acciones delincuenciales.

Fuente: Desinformémonos

Autor: CDH De La Montaña Tlachinollan

https://desinformemonos.org/guerrero-la-fuerza-estatal-protege-los-saqueadores-se-colude-los-civiles-armados/

Detienen en NL a presunto líder del ‘cártel’ de los Beltrán Leyva

Un presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva fue detenido la madrugada de este sábado por elementos de la Marina en la zona metropolitana de Nuevo León.

Información extraoficial señala que Eleazar Palomo Castillo, alias El Cochi o El 19 es líder del grupo delictivo en el municipio de San Pedro Garza García. Fue aprehendido por elementos de inteligencia militar a las 02:00 horas de este sábado.

De acuerdo con una versión, Palomo Castillo habría sido aprehendido en el municipio de San Pedro, aunque otra ubica el momento de la captura en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Monterrey, en el municipio conurbado de Apodaca.

Trascendió que el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en el municipio de Escobedo y después llevado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en la Ciudad de México.

Fuente: La Jornada

Autor: Erick Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/04/detienen-en-nl-a-presunto-lider-del-2018cartel2019-de-los-beltran-leyva

Cae líder de grupo criminal en Ciudad Victoria, Tamaulipas

En un operativo en el que fueron rescatadas dos personas, autoridades detuvieron a José Luis Cano Lumbreras, alias El Cano, Pepe Cano o Comandante Cano, considerado como el líder de uno de los grupos que ha cometido múltiples delitos de los fueros común y federal en Ciudad Victoria.

De acuerdo a registros policiales, el grupo liderado por Cano Lumbreras ha incurrido en delitos como secuestros, extorsión, robos y homicidios, entre otros, en la capital tamaulipeca.

De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Tamaulipas, dos personas secuestradas fueron liberadas y junto con Cano Lumbreras se detuvo también a Saúl “N“, Jesús Mario “N“ y Erik “N“, además de otros dos sujetos.

La aprehensión se realizó la noche de este martes 31 en una acción realizada en la colonia Villa Jardín de Ciudad Victoria sin que hubiera enfrentamiento ni víctimas. “Los elementos de la PGJE venían realizando investigaciones derivado de denuncias de secuestro”, señala el comunicado.

En julio del año anterior, El Cano había sido detenido en un automóvil con gran cantidad de dólares y moneda nacional sobre la carretera Monterrey a Ciudad Victoria, pero después fue liberado.

En paralelo a las investigaciones por delitos del orden común que continuará la PGJE, la Procuraduría General de la República también participa en las indagatorias por hechos del fuero federal, en relación a las actividades del grupo de Cano Lumbreras, señala la información.

Versiones extraoficiales señalan que El Cano es identificado como jefe de plaza de una de las escisiones de los Zetas.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/472660/cae-lider-grupo-criminal-en-ciudad-victoria-tamaulipas

Corral ordena reabrir investigación por masacre en Villas de Salvárcar

A siete años de la masacre en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado anunció que reabrirá la investigación para dar con los culpables de la muerte de 16 jóvenes.

El panista hizo la promesa mientras entregaba a las familias las llaves de la casa donde se cometió el multihomicidio –el 30 de enero de 2010–, recuperada por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).

“Ya no nos deje solos, señor gobernador”, gritó una de las madres de los estudiantes cuando Javier Corral se acercó a la vivienda.

Y de inmediato uno de los papás señaló: “Aquí es señor, donde pasó todo”.

Luz María Dávila, madre de dos jóvenes asesinados, quien increpó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa cuando éste aseguró que las víctimas eran pandilleros, añadió:

“Cuando pasó todo yo la miré muy grande, pero al entrar, ver a los muchachos, ver a mis hijos, ver a todos, la vi muy grande, y ahora, al entrar, está muy chiquita (…) Es la segunda vez que yo entro. La casa está muy chica”.

La vivienda, respondió el mandatario estatal, se transformará en vibra positiva, de vínculo y fortaleza espiritual.

Previo a la apertura de la casa, donde los familiares colocaron decenas de fotografías de las víctimas y dejaron una ofrenda floral, Dávila pidió a Javier Corral que los apoye y le pidió que se haga justicia.

Enseguida, Alonso Encina, padre de Adrián, otro de los jóvenes asesinados, leyó una carta a nombre de todos los familiares:

“Tenemos gran esperanza de un nuevo amanecer, de transparencia, de rendición de cuentas, de justicia ante las injusticias, que pague quien tenga que pagar, que se reconozca dignamente a las víctimas, conforme a derecho. Ya es tiempo de asumir las obligaciones, tanto las autoridades como la sociedad. Ya es tiempo de hacer realidad nuestros derechos como víctimas”.

Añadió:

“Es esta realidad en que vivimos y lo vemos a diario y nos preguntamos por qué ellos sí, los malos, los poderosos, los autores intelectuales, los héroes de esta actualidad del narco, del crimen, de la delincuencia organizada. Por qué ellos sí, los que ordenan, reclutan y forman sus propios ejércitos de sicarios, muchos de ellos sacados de la periferia de la pobreza, donde relumbra el dinero y por unas cuantas monedas se corrompen, se venden para dedicarse a esa profesión, la de matar, o que los maten (…) Y a veces el cártel protege a las familias, ellos sí reconocen a sus víctimas, mientras que nosotros, los buenos, los niños, los estudiantes, jóvenes que evitaron la corrupción, que decidieron seguir viviendo en la pobreza, pero construyendo un mejor futuro; las amas de casa, los trabajadores, ¿quién nos protege?, ¿cuál garantía de vida nos da nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestras instituciones?

“En una simple fiesta, nuestros seres queridos fueron víctimas fatales más de esta violencia, de esta inseguridad, de esta simple guerra en disputa por el territorio de los cárteles y hasta de las mismas autoridades que se supone que eran quienes los protegían. Sólo se percibe desconfianza, perdieron su credibilidad. Sólo han detenido a cuatro delincuentes, uno muerto y otro extraditado. Son 20 asesinos de nuestros hijos, tenemos miedo de que estemos en lugares públicos, cerca de los que andan libres. No los conocemos, pero ellos sí”.

Antes de concluir su lectura, Encinas depositó en Corral la confianza de los familiares de las víctimas fatales de aquel episodio que cimbró a Juárez y a todo el país, que han peregrinado a solas sin ser escuchados, pero lograron que se creara la Ley de Víctimas del Estado de Chihuahua.

“Tenemos fe en que esto cambie, siempre habrá una hora, un lugar un momento equivocado, y siempre habrá una fatalidad más, así como también siempre habrá droga, narcos, poder, ambición. Hay daños, pero también hay decomisos, bienes incautados, fondos acumulados para este propósito, que según la Ley de Victimas del Estado, es la de resarcir parcialmente el daño sufrido, porque la vida de los que sufrieron no regresará (…) Es momento de que se haga realidad a quienes sufrimos violaciones a los derechos humanos. Sabemos que usted coincide en nosotros, no más trabas ni simulaciones”.

Corral reconoció que el proceso para entregar la casa lo iniciaron los diputados locales de Morena, Leticia Ortega y Pedro Torres Estrada, quienes llevaron la petición de las familias hace dos meses y después hicieron los trámites para que se concretara este día.

“Estoy aquí para asumir, como gobernador del estado, la responsabilidad que ahora toca a mi administración de ahondar en las investigaciones en el derecho que tiene la familia a conocer la verdad y, por supuesto, a la reparación. Lo primero que había que hacer era recuperar para la fe y la oración el lugar de la tragedia y convertirlo en un oratorio (…)

“Estoy aquí expresamente para reconocer la omisión del Estado, la negligencia y la revictimización que se hizo, cuando al principio se quiso traducir esta tragedia en un acto más de colusión de quienes se dijo eran parte de las bandas criminalesy no jóvenes estudiantes que tenían todos los sueños por delante y compromiso con su futuro y con su familia”, subrayó Corral.

Además reconoció que no hubo garantías de la vida y seguridad de los jóvenes asesinados en el lugar y tampoco se investigó de forma efectiva y exhaustiva el caso para castigar a los autores materiales e intelectuales. “Se revictimizó a las familias”, apuntó.

Y luego instruyó al fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, a que el caso Villas de Salvárcar sea de los primeros que reabra la nueva Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y dé seguimiento en términos de los compromisos de la Ley de Víctimas para la reparación de daños.

Fuente: Proceso

Autor: Patricia Mayorga

http://www.proceso.com.mx/472483/corral-ordena-reabrir-investigacion-masacre-en-villas-salvarcar

Detienen en Tamaulipas a dos militares que llevaban armas para Los Zetas

Dos tenientes de la Sedena fueron detenidos en un retén cuando transportaban un cargamento de armas con destino a Ciudad Victoria, Tamaulipas.

De acuerdo con información del blog Nuevo Laredo en Vivo, los detenidos fueron identificados como José Manuel Núñez Santiago y Ambrosio Salgado Brito.

Según las declaraciones de los tenientes, les pagarían 100 mil pesos por las armas que iban a entregar a un contacto fuera de su destacamento.

De acuerdo con la información del blog, las primeras investigaciones indican que las armas iban a ser entregadas a Pancho Carreón, líder de una célula de Los Zetas Vieja Escuela que opera en el municipio de Xicoténcatl.

Los militares viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Chevy con placas del estado de Nuevo León y fueron interceptados en el puesto de inspección de la Sedena localizado en Oyama, municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Los militares iban del destacamento de Monterrey, Nuevo León con destino a Ciudad Victoria, donde entregarían el arsenal a una persona que los contactaría vía telefónica.

Los detenidos, vehículos y armas fueron entregados a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, dándose vista a la Fiscalía Militar y a la Policía Federal.

En total, los militares traían 14 armas largas (3 tipo AR-15 y 11 tipo AK-47); dos armas cortas calibre 9 mm; cuatro cargadores para 7.62 x 51; 61 cargadores AK-47; cuatro cargadores 9mm; 106 cargadores AR-15; 710 cartuchos 5.56mm, y 59 cartuchos 9mm.

Hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido información oficial respecto al caso.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/472296/detienen-en-tamaulipas-a-dos-militares-llevaban-armas-los-zetas

Una guerra se libra en Las Choapas, la región de Veracruz que se disputan Los Zetas y el CJNG

Los oficiales privados de su libertad ayer aparecieron decapitados en Huimanguillo, Tabasco; entre ellos una mujer policía. Otro elemento escapó, pero antes quitó un cuchillo a uno de los malosos y lo mordió y quedó con un pedazo de piel en la boca. En el lugar encontraron el cadáver de un civil que vestía de rojo, sin identificar al momento. La zona, es centro de discordia por los chupa-ductos, los migrantes y ladrones de ganado

Cuatro elementos de la Policía Municipal que habían sido privados de la libertad en la base El Manguito, tres hombres y una mujer, fueron encontrados decapitados la mañana del sábado en el municipio vecino de Huimanguillo, en los límites de Tabasco y Veracruz.

Las víctimas ya fueron identificadas como Anita Contreras López, Bejamín Montejo Ávalos y Álvaro Navarrete Alducín, los tres elementos de la Policía Municipal de Las Choapas, Veracruz, quienes fueron secuestrados con violencia por sujetos armados la tarde del viernes, en un puesto de revisión sobre la carretera a Las Compresoras.

Sus cuerpos mutilados aparecieron en el ejido Cinco de Mayo de Las Choapas y colonia Guadalupe Víctoria, que es jurisdicción de Huimanguilo, Tabasco, por lo que el levantamiento lo efectuaron autoridades de ese estado, trasladando los restos al SEMEFO de Huimanguillo.

Al punto se dio cita el director de la Policía de Las Choapas, Miguel Ángel Ocampo Madarez, quien de manera preliminar indentificó a su personal que estaba reportado como desaparecido.

El mando dijo a las autoridades de Tabasco, que a las 14:00 horas sujetos fuertemente armados interceptaron la patrulla en la que se encontraban los oficiales, haciendo vigilancia en la entrada a Las Choapas en el Manguito.

Los agresores, que se desplazaban en tres vehículos, los sorprendieron y desarmaron, comenzando a golpearlos y a insultarlos para subirlos a las camionetas. Cuando ya iban de salida, uno de los oficiales logró escapar del cautiverio logrando quitarle el cuchillo a uno de los sicarios, además, le dio una mordida que le desprendió incluso un pedazo de piel, por lo que aprovechó para lanzarse desde el vehículo y comenzar a correr para evadirse.

Este oficial se encuentra sumamente lesionado en un hospital de la zona, bajo vigilancia de la policía recuperándose de los golpes, pero sus compañeros ya no la pudieron librar.

En base al reporte de las autoridades, se tiene que los cuerpos fueron encontrados cerca de un camino de terracería que sirve como frontera física entre Veracruz y Tabasco, entre la colonia Guadalupe Víctoría de Huimanguillo y el ejido 5 de Mayo, en Las Choapas, donde esta semana encontraron los restos de otros dos ciudadanos de Las Choapas privados de la libertad de la misma forma.

En el sitio, se comenta, también encontraron el cadáver de un civil, que vestía de rojo con negro, y al parecer también fue levantado horas antes por el mismo grupo criminal, y que no portaba documentos para su identificación, por lo cual también terminó en la morgue de Huimanguillo, con los gendarmes.

Las cabezas de los polis, así como sus pertenencias, se localizaron cerca del sitio, dentro de bolsas de polietileno de las que son empleadas para embalar fertilizante.

Desde que arracó el 2017, la violencia en Las Choapas ha repuntado. Se presume un enfrentamiento entre el Cártel de Los Zetas con aliados del Cártel del Golfo y sus acérrimos enemigos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que ya ha manifestado su presencia en el sur de Veracruz.

La zona en disputa está plagada de tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), es zona natural del paso de migrantes procedente de Centroamérica y es una de las zonas más codiciadas por las bandas de ladrones de ganado.

En 2016, hubo más de 40 ejecutados en Las Choapas, entre ellos varios menores de edad, producto de esta guerra entre bandas de la delincuencia organizada que se extiende por todo el sureste mexicano.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/29-01-2017/3141896

Saviano: “Los nuevos capos narco hablan inglés, usan anteojos y son expertos en marketing”

La nueva camada de narcotraficantes “no llevan más botas de vaquero o camisa a cuadros como sus padres, más bien llevan la camisa blanca, chaqueta, camisetas de moda, las gafas de intelectual. Ellos hablan inglés con fluidez. Son los gerentes, los cuellos blancos del tráfico de drogas. Ellos saben como blanquear el dinero en el sistema financiero, saben cómo gestionar ‘la empresa familiar'”, dice el escritor Roberto Saviano, quien habla sobre el nuevo escenario de los cárteles en México tras la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con la caída y extradición a Estados Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el capo de uno de los cárteles de la droga más poderoso del mundo, el de Sinaloa, se cerró en México una época: la de los capos iletrados, de malos gustos, folklóricos y populistas, para dar paso a una nueva generación, no menos sanguinaria, pero sí mas discreta y refinada.

Al menos esa es la impresión del escritor Roberto Saviano, autor de los libros Gomorra – por el que fue amenazado de muerte por la Camorra napolitana-, y Zero Zero Zero, en los que toca las entrañas de la mafia italiana y sigue la ruta del blanqueo de dinero a través de las principales capitales del mundo.

“Las grandes familias del narcotráfico mexicano han hecho que sus hijos estudien en universidades estadounidenses y europeas, se han convertido en economistas, expertos en marketing”, afirmó Saviano a Infobae.

Las grandes familias del narcotráfico mexicano han hecho que sus hijos estudien en universidades estadounidenses y europeas, se han convertido en economistas, expertos en marketing

Desde 2009, en México se dieron visos del surgimiento de una nueva clase de capos: los llamados “narcojuniors”, descendientes de los pioneros del negocio, la mayoría hombres de campo, con gustos refinados, educados en el extranjero y con ropa de marca.

El 19 de marzo de 2009, el Gobierno mexicano anunció la captura de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo” Zambada, uno de los tres fundadores del Cártel de Sinaloa, pero lo que causó mayor impacto en la opinión pública no fue la hazaña de las fuerzas federales sino el porte del detenido que fue presentado con un pantalón de casimir gris-azul, camisa con rayas verticales blanco-café y azul cielo, desabotonada para lucir pelo en pecho y un saco negro del que se especuló durante días porque se presumía que era de la marca Armani.

Días después cayó también Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo “El Señor del los Cielos” del Cártel de Juárez. El detenido estudió en universidades privadas de Suiza y España. Su pinta nuevamente fue motivo de comentarios pues la autoridad lo presentó en un fino conjunto deportivo blanco.

Otro ejemplo es uno de los hijos de “El Chapo”, Alfredo Guzmán, quien según describe el actor Sean Penn en la revista Rolling Stone, es bien parecido, bien vestido y usa un reloj de pulsera que podría tener más valor que todo el dinero que guardan los bancos centrales de algunos países.

DE LA CAMISA DE CUADROS AL CUELLO BLANCO

“No llevan más botas de vaquero o camisa a cuadros como sus padres, más bien llevan la camisa blanca, chaqueta, camisetas de moda, las gafas de intelectual. Ellos hablan inglés con fluidez. Son los gerentes, los cuellos blancos del tráfico de drogas. Ellos saben como blanquear el dinero en el sistema financiero, saben cómo gestionar ‘la empresa familiar'”, señaló el escritor.

El hecho de que sean más presentables no los hace menos peligrosos porque “con estas nuevas características, combinadas con los códigos de las organizaciones criminales (que no deben olvidar si no quieren perderse en la modernidad), ellos pueden convertirse en líderes poderosos”, afirmó Saviano en un cuestionario enviado vía correo electrónico.

Vicente Zambada Niebla, capturado en 2009,
exhibía un nuevo estilo refinado. Foto: EFE

Los hijos de “El Chapo”, Iván Archivaldo y Alfredo, encajan en este nuevo prototipo de jefe de la mafia y ahora que su padre fue extraditado sería natural que fueran ellos quienes asumieran las riendas del cártel, pero Saviano consideró que parecen no tener “la madurez” para tomar el liderazgo de la organización en la que participan desde hace un tiempo, a pesar de que ninguno de los dos llega a los 35 años.

Saviano señaló que como a todo los hijos de los jefes de la mafia, “los chapitos” crecieron entre lujos, protegidos y tienen todo a su alcance, pero para asumir el liderazgo de la organización, necesitan “el hambre que alimentó el éxito de sus padres, y eso los hace incapaces”. Aunque se visten mejor, hablan inglés y tienen más preparación, expresó el escritor, les falta la inteligencia y la habilidad diplomática de su padre.

¿Y DESPUÉS DE “EL CHAPO”?

Cuando se le cuestiona a Saviano si después del colombiano Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín muerto en 1993, y Guzmán Loera existirán jefes narcos que alcancen tal notoriedad a nivel mundial, responde que antes de “El Chapo” había otros grandes jefes que marcaron no sólo la historia del crimen, también la de sus países, como el “Padrino” Félix Gallardo en México, Totò Riina en Italia, Al Capone en Estados Unidos, por lo que del mismo modo que surgió el fundador del Cártel de Sinaloa, “habrá otros nuevos grandes jefes. Pero no se debe sobreponer la notoriedad de un jefe a su poder. Si un jefe actúa en las sombras, su poder y su riqueza pueden crecer sin ser molestados. Cuanto más invisibles, más fuertes son”.

Para Saviano, “El Chapo” se convirtió en héroe

popular por burlar a un Estado que

la mayoría desprecia.

Foto: Infobae

Mencionó el caso de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien ha demostrado habilidades militares es “feroz y ambicioso”, se le considera un hombre “no-show”, a quien el bajo perfil le ha sido útil para ganar cuotas de mercado aprovechando que toda la atención se centró en “El Chapo”.

Algo que tienen los capos mexicanos es que son muy mediáticos, un ejemplo es el mismo “Chapo” con la pretensión de que se filmará una película autobiográfica; Servando Gómez “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios de Michoacán (occidente) quien llamaba a las estaciones de radio para que lo entrevistarán en vivo y mandaba mensajes a través de YouTube. El caso más reciente es del CJNG, que al estilo del Estado Islámico difunde en las redes sociales videos sobre las decapitaciones y torturas a sus enemigos.

“Los cárteles mexicanos han sido los primeros en utilizar YouTube para difundir las decapitaciones, es como una herramienta para lanzar mensajes de terror”, expresó Saviano.

Si bien es cierto que en México surgirán nuevos jefes narcos, el escritor aseguró que la gente común y corriente se identificó con “El Chapo” porque “se ha convertido en el símbolo de la victoria en contra de un Estado considerado injusto, es el héroe que logró burlarse – con sus fugas estilo Hollywood – de un Estado que la mayoría de las personas desprecian. Eso es ‘El Chapo’ Guzmán, se ha convertido en héroe de los incomprendidos (no sólo de México), de los marginados, de los frustrados: representa su venganza en el mundo. Es por esto que es tan amado”.

Fuente: Sin Embargo/Infobae

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/28-01-2017/3141635