Por lo menos cinco desapariciones forzadas registradas en los últimos días de diciembre fueron a manos de policías en Chilpancingo, Guerrero, “mediante tácticas escalofriantes que se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado”, señaló la organización Amnistía Internacional (AI).
Mostrando entradas con la etiqueta Parapolicias. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Parapolicias. Mostrar todas las entradas
sábado, 13 de enero de 2018
domingo, 6 de noviembre de 2016
Dan 100 años de cárcel a dos policías por secuestrar y golpear a sexoservidor
Un juez sentenció a 50 años de prisión y multa de 518 mil 80 pesos a cada uno de dos policías preventivos que privaron de su libertad y golpearon a un sexoservidor en 2013.
En un comunicado, la Procuraduría de Justicia capitalina informó que las pruebas que aportó fueron contundentes para que el juez 58 penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, dictara la condena.
De acuerdo con la causa penal 208/2014, la noche del 27 de junio de 2013, la víctima caminaba sobre la avenida Gutiérrez Nájera, cerca de la estación del Metro San Antonio Abad, delegación Cuauhtémoc, cuando se le acercó una patrulla de la cual descendieron tres hombres, entre ellos los sentenciados, quienes se encontraban uniformados.
El tercer individuo, quien iba vestido de civil y se identificó como agente del Ministerio Público, comenzó a interrogar al afectado y le advirtió que se encontraba en un problema muy fuerte.
Posteriormente, los dos elementos quienes se acogieron a la Ley de Protección de Datos Personales, sujetaron de las manos al agraviado y lo subieron a la patrulla, donde lo golpearon.
Después los policías encendieron el vehículo y recorrieron varias calles hasta llegar a un estacionamiento donde le exigieron al sexoservidor cierta cantidad de dinero a cambio de no remitirlo ante las autoridades.
Tras revisar el bolso de mano de la víctima, los inculpados encontraron una tarjeta bancaria de la cual sustrajeron una parte del monto exigido.
Al no completar la suma económica exigida, el hombre les pidió que le permitieran llamar por teléfono a un amigo para que le prestara el resto del monto. Luego de pagar el rescate, los individuos lo dejaron en libertad y huyeron.
En seguimiento a la denuncia presentada por el afectado, elementos de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se abocaron a la búsqueda de los probables responsables quienes fueron detenidos el 15 de octubre de 2014, cuando caminaban por la calle Liverpool, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.
En cuanto al tercer cómplice, éste es buscado por las autoridades correspondientes.
Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/461552/dan-100-anos-carcel-a-dos-policias-secuestrar-golpear-a-sexoservidor
sábado, 22 de octubre de 2016
La lucha por el control político de la policía dispara la violencia en Ciudad Juárez, dicen analistas
En julio pasado, un mes después de la derrota del PRI en los gobiernos del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, el entonces Fiscal estatal Jorge González Nicolás anunció la llegada de Rafael Caro Quintero a disputar el narcotráfico a Cártel de Sinaloa y, por este motivo, un futuro recrudecimiento de la violencia en la ciudad fronteriza. La violencia, efectivamente, aumentó conforme se dio el cambio de Gobierno de la entidad, pero en la disputa no apareció Caro Quintero sino el propio González Nicolás, acusado por organizaciones de la sociedad civil de proteger a la delincuencia organizada durante el sexenio del priista César Duarte Jáquez y, desde el pasado 7 de octubre, nuevo jefe de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Juárez.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Había pasado un mes desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había perdido la elección por los gobiernos de Chihuahua y Ciudad Juárez cuando el conteo de homicidios de El Diario registró un drástico repunte: trece en tres días; siete de ellos el sábado 2 de julio; otros cinco el domingo siguiente.
La explicación que dio el abogado Jorge González Nicolás, entonces todavía Fiscal del Gobierno del priísta César Duarte Jáquez, incluyó al capo sinaloense Rafael Caro Quintero, quien estaría, dijo, por arribar a la entidad para disputar el negocio que a la fecha realiza ahí el Cartel de Sinaloa.
“Se ha establecido la posibilidad de una invasión que pudiera tener Chihuahua de uno de los narcotraficantes más conocidos del país, Rafael Caro Quintero”, dijo González Nicolás a los medios de Ciudad Juárez el 5 de julio, de acuerdo con El Diario.
“Tenemos información de que pretende venir para acá a disputar con el Cártel de Sinaloa parte de las acciones que ellos delincuencialmente realizan”, agregó el jefe policiaco.
Una manta colocada en un predio del sur de esa frontera ratificó días después la presunta amenaza y advirtió que empezaba una “limpia”.
“Le doy una semana a González Nicolás y elementos colaboradores para que pidan baja o si no los voy a hacer pedazos”, agregó el mensaje, sostenido a una malla ciclónica con listones color azul y firmado “atentamente (por) Caro Quintero”.
La violencia en esa frontera, efectivamente, se recrudeció entre los últimos meses del Gobierno de César Duarte, cuando los indicadores de la mesa de seguridad registraron un aumento de 38 a 51 casos entre junio y julio, y a 56 en agosto.
El conteo de El Diario sumó otros 55 casos en septiembre y, en la primera mitad de octubre, alrededor de las tomas de posesión del nuevo Gobernador panista Javier Corral Jurado y del nuevo Alcalde “independiente” de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, la violencia alcanzó niveles no vistos en la ciudad desde 2012: 52 asesinatos en 17 días, o un promedio de tres diarios.
El modus de los asesinatos, en lugares públicos –como restaurantes o bares–, delante de testigos o contra jóvenes reunidos en colonias populares, reconstruye también la impunidad de la actuación criminal de los años en los que la ciudad fue una de las más peligrosas de México.
Violencia que escaló mientras entre los dos nuevos gobiernos se generó una abierta disputa por el control de los cuerpos policiacos en el estado; sobre todo los de Ciudad Juárez, históricamente vinculados con el crimen organizado internacional.
En el centro del enfrentamiento no apareció el nombre de Caro Quintero, sino el de Jorge González Nicolás, acusado por organizaciones que apoyaron a Corral de haber desmantelado la vigilancia contra la delincuencia organizada en el estado y, el 6 de octubre pasado, nombrado por Cabada Alvídrez como nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal en Juárez.
En ese contexto, cada Gobierno anunció en los días pasados el aumento de patrullajes armados en las calles de Ciudad Juárez; recorridos que, insistió la administración de Javier Corral, serían al margen de la nueva administración del municipio fronterizo.
“Se trabajará en patrullaje, con el Ejército, pero no se compartirá información con jefes policiacos del Municipio de Juárez, porque no hay confianza con los jefes de la Policía Municipal”, dijo a este diario digital el vocero de la nueva administración estatal, Antonio Pinedo.
“BASTIÓN DE DUARTE”
El priista y ex Gobernador César Duarte Jáquez colocó a una de sus piezas al frente de la seguridad pública en Ciudad Juárez: Jorge González Nicolás, su ex Fiscal. Foto: Cuartoscuro
El nombramiento del ex Fiscal de Duarte Jáquez como nuevo jefe de seguridad en Juárez fue reprobada de inmediato por el nuevo Gobernador Corral Jurado, quien basó su campaña en la oferta de castigar los casos de corrupción de la anterior administración estatal priísta.
Los grupos de la sociedad civil que lo apoyaron, aglutinados como Alianza Ciudadana, demandaron también la remoción del nuevo mando policiaco fronterizo e incluso hubo fracturas en la organización juarense Mesa de Seguridad, donde hay empresarios que apoyan a González Nicolás y activistas que hoy trabajan con Corral.
De acuerdo con Hugo Almada, investigador académico, ex integrante de la Mesa de Seguridad y ahora Subsecretario de Desarrollo Social del nuevo Gobierno estatal, la discrepancia se generó a partir de los diferentes resultados del trabajo de González Nicolás, ya que si bien durante su gestión descendieron los asesinatos en Juárez, no ocurrió lo mismo en otras regiones de Chihuahua, sobre todo en las zonas de la sierra y el noroeste.
“En todo el noroeste del estado su gestión es muy criticada; es acusado incluso de proteger a grupos de la delincuencia organizada; entonces, es polémico en estos momentos y, sin dudar de sus méritos, representa una situación complicada dada la salida del Gobernador Duarte y la estela de corrupción que deja”, dijo Almada en entrevista el pasado viernes 14 de octubre.
Pese a las críticas, González Nicolás fue ratificado por el Cabildo, entre quienes se habría informado que, en un contexto de aumento del trafico de la droga sintética conocida como cristal o metanfetamina, la llegada del funcionario contaba con la aprobación de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal.
“Los nombramientos posteriores confirman la intención de construir en la lastimada frontera un bastión de César Duarte oculto en un alcalde independiente, y nos recuerdan el fatídico slogan ‘el poder es para poder’ que cobijó la corrupción e impunidad del sexenio”, denunció el colectivo Alianza Ciudadana, que apoyó la candidatura del panista Corral.
“Como Fiscal General, González Nicolás desmanteló importantes áreas de la institución, como la red de comunicación del C3, la cual fue financiada con fondos del Plan Mérida, esta estrategia permitía observar el comportamiento de grupos delictivos en todo el estado”, agregó el posicionamiento, difundido el pasado 17 de octubre.
El nuevo fiscal del estado, César Augusto Peniche Espejel –ex delegado en Chihuahua de la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2010 y 2015, con sede en Juárez– atribuyó la violencia creciente a una disputa por el tráfico de cristal que había empezado en abril y que la Fiscalía anterior dejó crecer.
“No se implementaron las estrategias necesarias para contener esa ola de violencia”, dijo Peniche Espejel en Chihuahua el pasado martes 18 de octubre.
La mañana siguiente, los medios reportaron el asesinato de cinco personas del sexo masculino en el interior de una peluquería del suroriente de Juárez; entre ellos, publicó El Diario, Israel Rojas Rosales, de 28 años y custodio del penal estatal.
DE PODER A PODER
La normalidad con la que González Nicolás se refirió en julio a la presencia del crimen organizado en Ciudad Juárez no fue nueva.
Abogado, ex académico y ex titular de la defensoría pública en Ciudad Juárez, a su llegada a la Fiscalía declaraba que su responsabilidad no era contener a los grupos del narcotráfico, inevitables en esa frontera, sino su circulación y operación “aparatosa” en las vías públicas.
“Hoy no los matan en las calles cerrándoles los carros, y de carro a carro, sino que los esperan a que salgan de su casa allá por una colonia afuera y ahí les dan un tiro”, dijo en septiembre de 2014, en entrevista con SinEmbargo.
“Es menos aparatoso (el crimen) porque ellos no tienen la impunidad de la que gozaban antes”, agregó el funcionario entonces.
Felipe Calderón, quien en 2008 inició el despliegue militar en la ciudad presuntamente para combatir al crimen organizado, había declarado desde 2013 que el descenso en la violencia se debía a la su estrategia “holística” que combinaba el envío de tropas, la “reconstrucción” de los cuerpos policiacos locales y el programa de inversión social y participación comunitaria Todos Somos Juárez.
“Mandamos al Ejército y a la Policía Federal a restaurar la Ley y el orden y a proteger a la gente. Esto, junto con otros componentes de la estrategia, ha conducido a la reducción de la violencia y el crimen”, escribió Felipe Calderón en febrero de 2013, en un ensayo publicado por la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.
González Nicolás, al frente del poder policiaco de Chihuahua, sostenía por su parte que los grupos criminales se mantenían en el estado.
“Seríamos ingenuos en pensar que se van a ir de Ciudad Juárez, de Chihuahua o del país”, dijo a este medio en la entrevista de 2014. “Al cártel como tal, necesitaríamos quitar a EU de donde está [para eliminarlo]. Si nos pudiéramos mover a Malasia, o estuviéramos enfrente de Finlandia, en lugar de frente a Estados Unidos, pues probablemente; pero mientras no, no. Y Chihuahua es frontera”, agregó.
Parte de un Gobierno cuyo titular tomó posesión advirtiendo que “el poder es para poder”, su llegada a la Policía Municipal de Juárez fue considerada por Alianza Ciudadana como una ratificación de esa política “que cobijó la corrupción e impunidad del sexenio”.
“LIGAS CRIMEN-GOBIERNO”
En este contexto de aumento en la violencia, cambios de Gobierno, indicios de vinculación de cuerpos policiacos con el crimen organizado e impunidad, dice el activista Gabino Gómez, incluso una intervención de grupos políticos sobre los asesinatos es una hipótesis.
“Resulta muy sospechoso que, efectivamente, desde el triunfo de Javier Corral aumentan los delitos”, dice Gómez, dirigente de la organización El Barzón e integrante de la Alianza Ciudadana.
“Esto nos muestra la posibilidad de las relaciones y ligas que hay entre algunos ex funcionarios o funcionarios en otros lugares con los grupos criminales, que lo están provocando para generar el conflicto que se está dando, que existe, pero que en mucho ahora pueden estar generado. En los anteriores funcionarios hubo fuertes relaciones con los grupos que hoy lideran esos acuerdos o los fomentan”, agregó Gómez desde la capital del estado.
La falta de investigación policiaca, sin embargo, coincidieron los entrevistados, mantendrá sin esclarecimiento la violencia, como en los últimos años, en los que también se mantuvo el contexto que permite la operación del crimen organizado.
“Se están rotando las sillas, pero no están cambiando la política”, dijo Molly Molloy, analista sobre temas de la frontera en la Universidad Estatal de Nuevo México.
“La situación de violencia se tranquilizó en los últimos dos años, pero el sistema no ha cambiado; el repunte es algo que podríamos esperar porque no han cambiado nada de fondo: la pobreza, la gente trabajando en las maquilas sin poder mantener a sus familias; un sistema en que los jóvenes buscan dinero de otra manera y que en muchos casos es el crimen organizado o el narcomenudeo el que los emplea”, agregó.
Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/22-10-2016/3106652
sábado, 6 de agosto de 2016
Atacan a balazos a empresario en Querétaro
Querétaro, Qro. Dos ex policías del estado de Jalisco arribaron a la capital queretana para ocasionar “daño en su integridad” al hijo de un empresario local el pasado miércoles, que provocó que se suscitara una balacera entre los elementos de seguridad del empresario y los presuntos agresores sobre una vialidad de la ciudad.
La Fiscalía General del estado dio a conocer a través de un comunicado de prensa que los supuestos agresores arribaron el pasado 2 de agosto a la capital queretana y dieron seguimiento “a las actividades de su objetivo durante el transcurso de las horas previas a la agresión”.
Cuando el empresario y una acompañante salían de una plaza comercial, le dispararon en diversas ocasiones “con la finalidad de causarle daño en su integridad”, y el personal de seguridad del empresario repelió el ataque.
Al identificar a tres de los cuatro agresores, fue girada la orden de aprehensión, y fueron detenidos en Jalisco. Aún falta una persona por asegurar, que a decir de la Fiscalía “está plenamente identificada”.
La Fiscalía se reservó el nombre del hijo del empresario a petición de los interesados, sin embargo, desde que se suscitó la balacera en una ciudad que había sido considerada como una de las más seguras del país, circuló la versión de que se trata de un integrante de la familia Rodríguez Borgio, que tiene los casinos Big Bola y que en su momento estuvieron vinculados al caso Oceanografía, cuyas versiones ninguno de los miembros de esa familia desmintió.
Fuente: La Jornada
Autora: Mariana Chávez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/06/atacan-a-balazos-a-empresario-en-queretaro
viernes, 22 de julio de 2016
Comparecen policías de Veracruz por asesinato de periodista en Tierra Blanca
Coatzacoalcos Ver. Ocho policías del estado mexicano de Veracruz comparecieron este jueves ante la fiscalía local en relación con el asesinato a balazos de un periodista el miércoles, cuya familia sostiene que uniformados presenciaron el homicidio y no actuaron para impedir la huida de los asesinos.
Pedro Tamayo Rosas, de 45 años, reportaba para los diarios Al calor político y Piñero de la Cuencanoticias policiacas del municipio de Tierra Blanca, una de las más afectadas de Veracruz por la violencia derivada del narcotráfico.
El periodista se había exiliado en enero en medio de la cobertura de la desaparición de cinco jóvenes tras ser detenidos por policías que, según las autoridades, los entregaron al cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los habrían asesinado e incinerado.
Menos de 24 horas después del asesinato del periodista, "ocho elementos de la Policía Estatal se presentaron voluntariamente ante las autoridades (judiciales) para comparecer en relación con el homicidio del periodista", reportó en un comunicado el gobierno de Veracruz.
Los oficiales, cuya situación jurídica no fue aclarada en el comunicado, expusieron "su versión al momento de llegar al lugar del homicidio".
Integrantes de la familia de Tamayo declararon a la AFP, bajo anonimato por temor a represalias, que policías del estado facilitaron la llegada del automóvil usado por los asesinos, entorpecieron el auxilio médico para Tamayo y no hicieron nada para impedir la huida de los agresores.
Huida con "toda tranquilidad"
Pasadas las 22 horas locales del miércoles, Tamayo estaba atendiendo, junto con su esposa y dos hijos varones, el puesto de comida familiar instalado afuera de su hogar en Tierra Blanca (de 45 mil habitantes) cuando dos hombres llegaron, pidieron hamburguesas e inmediatamente después abrieron fuego contra él.
Momentos antes una "patrulla se atravesó en la avenida, impidiendo el paso de otros vehículos, y facilitando el acceso del coche compacto empleado por los agresores que llegaron a atacar a Pedro", describió uno de sus familiares.
Luego, los asesinos se marcharon "tranquilamente, no corrieron, no se notaban con prisa, ni alarmados, tomaron su coche" y, tras un intercambio de luces altas con la patrulla, "se fueron con toda tranquilidad", añadió un pariente.
La familia pidió a esa misma patrulla que detuviera a los agresores, pero los oficiales "se rieron". La cruel escena descrita por la familia continuo cuando los oficiales "entorpecieron" la llegada de la ambulancia al dar "mal la dirección en dos ocasiones", provocando que el auxilio médico se demorara en llegar 20 minutos. Los paramédicos llegaron cuando Tamayo ya había muerto.
Los asesinos, según declaraciones de los familiares de Tamayo y que aseguran haber repetido ante autoridades judiciales, incluso "tuvieron tiempo de tomarse unas cervezas en un antro de vicio, a unas cuantas cuadras (de la casa del periodista), sin que la policía los molestara".
En el lugar del ataque la policía encontró varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros y pistas del automóvil en el que huyeron sus agresores, reportó la fiscalía después del asesinato.
Para investigar el crimen, el fiscal Especializado en Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de Veracruz se trasladó a la zona y no descarta "ninguna línea de investigación, incluido el trabajo periodístico" de Tamayo, agregó la fiscalía.
El exilio
Cuando la nota de los cinco jóvenes desaparecidos acaparaba la atención mediática nacional e internacional, Tamayo huyó el 25 de enero al vecino estado de Oaxaca después de enterarse que dos hombres irrumpieron en su casa con actitud amenazante. Luego las autoridades lo ocultaron 40 días en Xalapa y después lo enviaron a Tijuana durante dos meses junto con su familia.
Al regresar a su casa en Tierra Blanca, las autoridades le ofrecieron una medida cautelar intermitente que consistía en que una patrulla hacía rondas por su casa de forma periódica, una rutina que también se realizó momentos antes del ataque, añadieron los familiares.
La organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) tiene registrados más de 90 periodistas asesinados y al menos 17 desaparecidos en México desde 2000.
Con la muerte de Tamayo suman 19 los periodistas asesinados en Veracruz en los últimos seis años.
A raíz del asesinato de otros dos periodistas, uno en Oaxaca (sureste) y el otro en Tamaulipas (noreste), el 22 de junio RSF denunció que "la espiral de violencia" contra los comunicadores de México "parece no tener fin".
Fuente: La Jornada
Autor: Afp
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/22/comparecen-policias-de-veracruz-por-asesinato-de-periodista-en-tierra-blanca
martes, 21 de junio de 2016
Oaxaca: reconocer la crisis
Los trágicos sucesos del pasado domingo en Nochixtlán, Oaxaca, ponen a las instituciones ante la necesidad de una renovación real y profunda que debiera empezar por el reconocimiento de la gravedad y la magnitud del hecho y de sus consecuencias. Conforme pasan las horas se han ido conociendo elementos que apuntan a un ataque con armas de fuego realizado por la policía en contra de los manifestantes que se encontraban en el bloqueo carretero en la localidad: maestros de la sección 22 y simpatizantes de esa y otras poblaciones.
Hay fotos, videos, balas y casquillos recopilados por los habitantes, y la explicación de que las fuerzas del orden fueron víctimas de una emboscada por individuos armados es difícilmente sostenible por sus propias contradicciones internas y muy poco verosímil para una sociedad que en varias ocasiones ha descubierto tergiversaciones y montajes en las versiones oficiales. En el caso presente ha faltado consistencia entre los posicionamientos de la Comisión Nacional de Seguridad; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos; el gobernador Gabino Cué, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y las vagas referencias a un supuesto grupo externo a la CNTE o radicalizadoque habría atacado a balazos a las fuerzas del orden no contribuyen, por su imprecisión, a dar solidez a los dichos del gobierno.
Aunque es de obvia resolución legal, la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que la Procuraduría General de la República colaborará con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en la investigación orientada a deslindar responsabilidades parece insuficiente, dada la erosión en la credibilidad de las pesquisas oficiales en ámbitos en los que cabe presumir violaciones severas a los derechos humanos, como en la cruenta refriega de Nochixtlán.
Se reconozca o no, los sucesos ocurridos en la población mixteca se traducen en una crisis política, tanto en el gobierno oaxaqueño, en el que Adelfo Regino Montes renunció ayer al cargo de secretario de Asuntos Indígenas –estratégico en la entidad–, como en el federal, en donde el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño, quedó prácticamente deshabilitado a raíz de lo ocurrido en Nochixtlán.
Sería saludable que el poder público no cayera por segunda vez en el error que cometió tras la agresión policial perpetrada en Iguala contra estudiantes normalistas: minimizar el hecho y restarle trascendencia. La crisis actual debe ser asumida y capitalizada para ventilar abiertamente los contenidos de la reforma educativa, pero también las graves insuficiencias institucionales en materias como la procuración de justicia y la propensión de las fuerzas del orden a cometer violaciones graves y masivas contra los derechos humanos.
Se presenta, en suma, una oportunidad para rectificar. Ojalá se entienda que para cualquier gobierno la rectificación no es desdoro, sino dignificación.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: EDITORIAL
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/21/editorial-oaxaca-reconocer-la-crisis
Hay fotos, videos, balas y casquillos recopilados por los habitantes, y la explicación de que las fuerzas del orden fueron víctimas de una emboscada por individuos armados es difícilmente sostenible por sus propias contradicciones internas y muy poco verosímil para una sociedad que en varias ocasiones ha descubierto tergiversaciones y montajes en las versiones oficiales. En el caso presente ha faltado consistencia entre los posicionamientos de la Comisión Nacional de Seguridad; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos; el gobernador Gabino Cué, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y las vagas referencias a un supuesto grupo externo a la CNTE o radicalizadoque habría atacado a balazos a las fuerzas del orden no contribuyen, por su imprecisión, a dar solidez a los dichos del gobierno.
Aunque es de obvia resolución legal, la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que la Procuraduría General de la República colaborará con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en la investigación orientada a deslindar responsabilidades parece insuficiente, dada la erosión en la credibilidad de las pesquisas oficiales en ámbitos en los que cabe presumir violaciones severas a los derechos humanos, como en la cruenta refriega de Nochixtlán.
Se reconozca o no, los sucesos ocurridos en la población mixteca se traducen en una crisis política, tanto en el gobierno oaxaqueño, en el que Adelfo Regino Montes renunció ayer al cargo de secretario de Asuntos Indígenas –estratégico en la entidad–, como en el federal, en donde el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño, quedó prácticamente deshabilitado a raíz de lo ocurrido en Nochixtlán.
Sería saludable que el poder público no cayera por segunda vez en el error que cometió tras la agresión policial perpetrada en Iguala contra estudiantes normalistas: minimizar el hecho y restarle trascendencia. La crisis actual debe ser asumida y capitalizada para ventilar abiertamente los contenidos de la reforma educativa, pero también las graves insuficiencias institucionales en materias como la procuración de justicia y la propensión de las fuerzas del orden a cometer violaciones graves y masivas contra los derechos humanos.
Se presenta, en suma, una oportunidad para rectificar. Ojalá se entienda que para cualquier gobierno la rectificación no es desdoro, sino dignificación.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: EDITORIAL
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/21/editorial-oaxaca-reconocer-la-crisis
viernes, 17 de junio de 2016
Detienen a policia de Ecatepec en Neza
Policías municipales detuvieron a dos secuestradores que se hacían pasar por agentes de recuperación de vehículos y privaron de su libertad a un comerciante y a su hijo, uno de ellos es policía de Ecatepec.
En conferencia de prensa, el Director de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, informó que los hechos ocurrieron cuando el comerciante viajaba con su hijo de 23 años, a bordo de su camioneta Ford F-150 de color blanco cuando los supuestos agentes les marcaron el alto para una revisión de rutina, pero en lugar de ello abordaron la camioneta del ciudadano amagándolo y bajando a su hijo para subirlo en un automóvil tipo Avenger, color blanco.
Posteriormente, los captores se llevaron al comerciante a bordo de la camioneta a una tienda de abarrotes propiedad de la víctima, ubicada en la colonia Granjas de Guadalupe, donde ingresaron para robar de la caja la cantidad de 10 mil pesos y exigir además al ciudadano 400 mil más a cambio de poner en libertad a su hijo.
El funcionario indicó que el arresto fue realizado por elementos de la Policía Vecinal de Proximidad, quienes al realizar labores de vigilancia sobre la Avenida Rio de los Remedios, a la altura de la calle Valle de Carbajal de la colonia Valle de Aragón Primera Sección, detectaron que una camioneta tocaba el claxon en forma inusual por lo que decidieron aproximarse y verificar que pasaba.
Detalló que los presuntos delincuentes, al percatarse de la presencia de los elementos policíacos, descendieron de la camioneta para tratar de huir corriendo, motivo por el cual se inició una persecución que terminó con la aprehensión de los individuos, en la calle Valle de Cerezo, esquina con la calle Valle de Yang Tse, en la colonia mencionada, gracias al apoyo de agentes del Agrupamiento Metropolitano.
Amador Amador explicó que el sonido de la camioneta que alertó a los oficiales fue provocado por el comerciante retenido, quien al notar la presencia de la patrulla aprovecho un descuido de los captores para abalanzarse sobre el volante, haciendo sonar el claxon.
Dijo que tras la detención y una revisión preventiva se encontró que uno de los presuntos delincuentes poseía una credencial de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec de Morelos y que era miembro activo de dicha corporación, localizándoles además tres celulares y los 10 mil pesos en efectivo previamente robados, por lo que fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.
Agregó que el hijo del comerciante fue encontrado sano y salvo horas después en la Colonia Ciudad Azteca 1ª Sección y que ya se investiga para conocer el paradero de quien conducía el otro vehículo.
Fuente: La Prensa MX
Autor: Redacción
https://la-prensa.mx/neza/detienen-a-policia-de-ecatepec-en-neza
sábado, 14 de mayo de 2016
Policías de Sinaloa la torturan y violan. Vendada firma un crimen. Yesenia lleva presa casi 4 años
De 2008 a 2014 se tiene registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre éstas se encuentra el caso de Yesenia Armenta Graciano, una mujer que lleva casi cuatro años en prisión acusada de asesinar a su esposo. La única prueba en su contra, sin embargo, es un documento que ella firmó con los ojos vendados, después de haber sido torturada y violada durante horas por policías locales. A su historia se suma la de dos jóvenes señalados recientemente por el homicidio de dos turistas australianos; uno de ellos denunció bajo tortura y luego de la siembra de evidencia.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Yesenia Armenta Graciano creía que estaba secuestrada. Con los ojos vendados y las manos esposadas hacia atrás, colgaba boca abajo atada de los tobillos. Escuchaba amenazas. Creía que no saldría viva de aquella bodega a la que fue llevada el 10 de julio de 2012 por policías vestidos de civil, luego de obligarla a salir de su automóvil. Después de ser golpeada, asfixiada y violada la obligaron a firmar una confesión que no pudo leer. A raíz de esa evidencia sustraída por medio de tortura, lleva casi cuatro años encarcelada en el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, acusada de haber asesinado a su esposo.
A pesar de todos los abusos a los que fue sometida, afirma Amnistía Internacional, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad gobernada por Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, no ha presentado ninguna prueba legítima y concreta. De aquella pesadilla sí hay huellas y, además, recomendaciones de las comisiones de derechos humanos estatal y nacional para investigar y castigar la tortura, así como reparar el daño físico y psicológico.
El próximo julio se cumplen cuatro años de que ella vive en prisión lejos de sus hijos y, en contraste, los policías ministeriales que la torturaron brutalmente continúan en libertad.
“En el estado de Sinaloa la tortura se tolera sin ninguna consecuencia […]. Nos lleva a cuestionar muchísimo la independencia de procuración de justicia en ese estado y nos lleva a preguntarnos sobre qué intereses pueden estar implicados en este caso”, declaró a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora sobre tortura en México de Amnistía Internacional.
El 9 de mayo pasado, la Procuraduría local formuló al juez conclusiones acusatorias. “A pesar de que cuatro peritos de gran calidad han verificado la tortura que Yesenia vivió, la han seguido acusando de un delito fabricado”, aseguró Penman.
Ahora el juez es quien tiene que determinar si será liberada o condenada por delito de homicidio agravado. No tiene un plazo definido, pero es probable que tarde un par de meses para tener un fallo.
“DE TODAS LAS FORMAS ME AGREDIERON”
“Señora, conteste todo lo que le pregunten porque si no la va a pasar muy mal”, escuchó aquel 10 de julio sin poder ver nada. “Me hablaba de una persona que le gustaba cortar lenguas y orejas. Que estaba afilando el cuchillo. Que iban a traer a mis hijos y los iban a violar y hacer pedazos”, narró Yesenia para Amnistía Internacional. “De todas las formas me agredieron”, recordó.
“No quiero pasar otro día más aquí. Necesito su ayuda: las autoridades deben saber que el mundo las está viendo. Sin esta presión, las autoridades se olvidarán de mí”, escribió en una carta.
Su esposo Jesús Alfredo Cuén Ojeda, médico en la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado a disparos al salir de un restaurante la mañana del 2 de julio de 2012, un día después del proceso electoral en el que su hermano Héctor Melesio participó como candidato al Senado por el Partido Nueva Alianza (Panal).
El cuerpo quedó boca arriba cerca de la camioneta en la que se subiría. Los peritos ubicaron a su alrededor nueve casquillos de arma de fuego calibre nueve milímetros. El Procurador de Justicia estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró que las primeras investigaciones revelaron “que fue un solo sujeto” quien lo asesinó, reportó la prensa local. El sospechoso, agregó, viajaba en un vehículo color blanco.
Luego que Yesenia, bajo tortura, firmó un documento que nunca leyó, la versión se amplió.
La PGJ de Sinaloa informó, de acuerdo con una nota del 12 de julio de 2012 del diarioNoroeste, que Yesenia “confesó haber pagado 85 mil pesos a una célula delictiva para que asesinara a su esposo, y fue la encargada de ‘ponerlo’ el día del crimen”.
También fue detenido Luis Enrique Hernández Maldonado, quien vigiló si había policías en las cercanías donde ocurrió el homicidio.
El Procurador Higuera Gómez añadió que Yesenia declaró quiénes colaboraron con ella, quién fue el contacto con las personas que cometieron el asesinato y también que ella corroboró que la víctima se encontraba en el restaurante.
Según la confesión, la pareja estaba en trámites de divorcio y ella, “víctima de maltrato”, buscaba cobrar un seguro de vida. El Procurador descartó que el móvil del homicidio tuviera relación con el ex candidato al Senado.
“La Procuraduría de Justicia de Sinaloa está jugando el papel de juez y parte, es decir, son los torturadores de Yesenia y también los que llevan la acusación en su contra. Eso es un grave atento a la justicia”, consideró Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
CNDH PIDE CASTIGAR SU TORTURA
En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa determinó que aplicaron tortura en contra de Yesenia y lo notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En septiembre de 2012, médicos independientes ya habían detectado señales físicas y psicológicas.
El Ombudsman sinaloense, Juan José Ríos Estavillo, informó que encontraron violaciones a su derecho a la libertad, integridad, seguridad personal, legalidad y salud. Ante ello, recomendó iniciar una investigación contra los servidores públicos identificados como responsables.
La PGJE no aceptó la recomendación por no estar acreditada la existencia de una “situación de coacción” contra la mujer.
Dos años después, en enero de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, acatar las disposiciones emitidas por la CEDH por la tortura a Yesenia Armenta. Coincidió en que se violaron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, y demandó a López Valdez que se repare el daño.
“Después de la recomendación de la CNDH en 2015, el estado de Sinaloa abrió una averiguación previa por tortura en el caso de Yesenia. Nosotros tenemos contacto con la Procuraduría estatal, pero no hemos visto resultados completos. Peor aún, después de tantas evidencias y a cuatro años de su tortura, la Procuraduría tuvo la audacia de mandar peritos para retraumatizarla y levantar otra pericia para fallar que ella no fue torturada”, dijo Madeleine Penman, de Amnistía Internacional.
AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE JUSTICIA
Yesenia firmó, luego de ser torturada por policías de Sinaloa y con los ojos vendados, una confesión que la retiene en la cárcel. Foto: Amnistía Internacional.
Más de siete mil firmas exigen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la tortura sufrida por Yesenia Armenta y que se retiren los cargos en su contra.
Amnistía Internacional implementa esta petición en su plataforma Alza tu Voz. En una carta emitida al Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, denuncia que médicos forenses de la Procuraduría General de la República la examinaron. Sin embargo, no mencionaron indicio alguno de tortura u otras formas de malos tratos.
“Le pido que implemente las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de revisar la aplicación de los exámenes médicos forenses a víctimas de tortura, para que cumplan plenamente las normas internacionales de derechos humanos, como el Protocolo de Estambul, que México ha prometido respetar y defender desde hace muchos años. Las víctimas de tortura merecen un examen inmediato y adecuado a cargo de expertos independientes a la Procuraduría General de la República”, dice la misiva.
De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Yesenia es una de las miles de víctimas “del malvado sistema de justicia mexicano” que muy a menudo se basa en evidencia extraída bajo tortura u otros malos tratos para sentenciar a personas.
“Yesenia debe ser liberada inmediata e incondicionalmente y se debe lanzar una investigación urgente para asegurar que aquellos que abusaron de ella enfrenten la justicia. Si esto no se hace, se perpetuará el temible mensaje que la policía y los militares pueden torturar a cualquiera para que confiese sin que hayan consecuencias”, pidió este mayo en un comunicado de la organización.
Mañana, en la Plaza de España, de Santa Cruz de La Palma, en España, Amnistía Internacional llevará a cabo una manifestación con el objetivo de “despertar” al Procurador del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, que lleva más de tres años “dormido” sin revisar la situación de Yesenia.
Los activistas escenificarán una “guerra de almohadas” entre dos bandos: uno, el de quienes lucirán máscaras del Procurador, y el otro, el de quienes exigen la liberación de la mujer torturada.
TORTURA EN SINALOA
De 2008 a 2014 se tiene el registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, revelan cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa. Pero de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha habido ninguna sentencia.
“A nivel estatal, la regla es la impunidad casi absoluta”, concluyó el Centro Prodh en su Informe sobre Patrones de Violaciones a Derechos Humanos. La ausencia de justicia “repercute en el reconocimiento legal del carácter de víctimas a las personas sobrevivientes de tortura a efecto de recibir una reparación integral del daño”.
A nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR) documentó que el número de denuncias de tortura presentadas aumentó más del doble entre 2013 y 2014 de mil 165 a 2 mil 403 casos, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional “La epidemia de la tortura en México continúa”. De los 2 mil 403 casos, mil 622 se encontraban bajo investigación.
“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, acusó Amnistía.
Los médicos oficiales, añadió, a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.
El 29 de abril de este año la Ley General contra la Tortura fue aprobada por el Senado y actualmente se encuentra una minuta en la Cámara de Diputados.
“La actual minuta tiene puntos que pueden ser positivos, pero de ninguna manera estamos fuera de la zona de peligro sin un dictamen que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos que asegure que cualquier prueba obtenida bajo tortura sea excluida del proceso y sin una buena entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio”, opinó Penman.
De acuerdo con el documento, todo “delito cometido por cualquier servidor público que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona” es un acto de tortura, mismo que se sanciona con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa.
Si los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se presentan cuando un servidor público veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se castigará con una sanción que va de 3 meses a 3 años de prisión y hasta 200 días de multa.
CASO DE AUSTRALIANOS
Los jóvenes australianos asesinados en Sinaloa. Foto: Noroeste
Julio César González Muñiz, Martín Ponce Rogelio Muñiz (primos) y Sergio Simón Benítez fueron señalados por las autoridades sinaloenses como los culpables del asesinato de los dos australianos Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes desaparecieron en noviembre durante sus vacaciones en la costa del Pacífico.
Sin embargo, de acuerdo con una queja levantada por sus familiares en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los hombres presos confesaron bajo golpes y amenazas.
“Ellos estaban echando agua en mi nariz y boca”, contó Martín Ponce a Men’s Journal desde prisión. Él estaba dormido en casa de su hermana cuando los policías arribaron. “Ellos estaban hiriendo a mi hermana, lastimándome, queriendo que les dijera dónde vivía Julio [su primo]”, añadió.
El 4 de diciembre, el Procurador de Sinaloa Marco Antonio Higuera informó que los tres detenidos pertenecían a un grupo de robo de vehículos que utilizaban uniformes falsos de corporaciones policiacas para atacar a sus víctimas.
Ellos sembraron los uniformes y armas, acusó Martín. Nosotros no estuvimos envueltos, dijo.
El abogado de los primos, Francisco Fierro Verdugo, declaró al medio que las autoridades de Sinaloa estaban bajo mucha presión nacional e internacional para encontrar a los culpables del homicidio. “Los arrestos aliviaron esa presión”, sugirió.
La medianoche del 20 al 21 de noviembre fue la última vez en que los turistas fueron vistos. El empleado de una tienda les indicó la ruta hacia Mazatlán. Al no poder comunicarse con ellos, sus novias, familiares y amigos comenzaron a solicitar ayuda.
Los cuerpos de los surfistas fueron localizados ya calcinados en el interior de una camioneta el sábado 21 de noviembre, en unas tierras de cultivo ubicadas entre los poblados Juan Aldama, “El Tigre” y San Blas, en Navolato, Sinaloa.
Fuente: Sin Embargo
Autora: Dulce Olvera
http://www.sinembargo.mx/14-05-2016/1660094
#Méxicoleaks: Video exhibe a agentes torturadores del Edomex
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El gobierno mexicano no toleró cuando Juan Méndez, el relator de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, aseveró que en el país “la tortura y los malos tratos son generalizados”. Funcionarios de la administración actual negaron las conclusiones del relator, e incluso cuestionaron su integridad ética.
Sin embargo, un nuevo caso llegó a Proceso, Aristegui Noticias y Animal Político a través de Méxicoleaks, la plataforma digital que permite enviar documentos de manera anónima: se trata de un video en el que se puede observar a agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) perpetrando actos de tortura contra Silverio Rodríguez Martínez.
En el corto video, se puede apreciar cómo el entonces agente de la PGJEM Pedro Velazco Estrada –así quedó identificado por la fuente anónima–, golpea a un hombre de camisa azul desabotonada. En ese momento, se ve que el funcionario que está grabando el interrogatorio apaga su cámara. Luego, Velazco Estrada toma una bolsa de plástico y con ella le cubre la cabeza en un intento de asfixia a Rodríguez Martínez quien se ve cómo se convulsiona en su silla.
El 9 de abril de 2014, Miguel Ángel Contreras Nieto y Damián Canales Mena, entonces titulares de la PGJEM y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentaron a la prensa un video del mismo Silverio Rodríguez Martínez, con la misma camisa azul de manga corta, escoltado por dos policías.
Lo presentaron como presunto secuestrador de 33 años de edad, integrante de un grupo delictivo de 12 personas que delinquía en la región de Jilotepec y Chapa de Mota. Recordaron que el compromiso de los servidores públicos era “acabar con el flagelo” del secuestro, y que los secuestradores detenidos por las autoridades mexiquenses “recibirán la sanción penal que su execrable conducta merece”.
De acuerdo con Aristegui Noticias, el presunto verdugo fungió como director de Operaciones Especiales de la PGJEM entre 2009 y agosto de 2015, cuando pasó a trabajar a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue cesado de su puesto el pasado jueves.
En marzo de 2015, después de entregar su informe sobre la situación del país en materia de tortura, Juan Méndez recibió una embestida por parte del gobierno mexicano. Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, calificó al experto de “muy irresponsable y poco ético”, y tachó el informe de “un poquitín banquetero”.
Quince días después, el actual secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña –entonces canciller– respaldó a Gomez Robledo; declaró: “Suscribo todos y cada uno de sus términos”.
Méndez explicó a Proceso en su edición 2005, que después de presentar su informe al gobierno –pero antes de hacerlo público–, recibió llamadas telefónicas de funcionarios mexicanos “en las que muy insistentemente se me pedía que no dijera que la tortura era generalizada”.
En su informe, Méndez deploró que no existen cifras oficiales en materia de tortura. Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 11 mil 608 quejas por tortura y malos tratos entre 2006 y abril de 2014; la del Distrito Federal, 386 entre 2011 y febrero de 2014, y la sociedad civil informó de “más de 500 casos” documentados entre 2006 y 2014.
También citó una encuesta efectuada en 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la cual arrojó que 57.2% de los detenidos en centros federales afirmó haber sido golpeado durante la detención, mientras 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.
El 9 de octubre siguiente, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por las torturas cometidas por militares contra cuatro hombres en Baja California, en 2009.
Durante años, Proceso, otros medios y organizaciones de la sociedad civil han documentado centenares de casos de tortura perpetrados por policías de las tres órdenes de gobierno, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y procuradurías estatales, así como de militares. Las autoridades siempre han minimizado las denuncias, o las han negado.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ayotzinapa, en el que varios de los testigos protegidos y personas detenidos sufrieron tortura antes de emitir sus declaraciones a las autoridades.
En su informe final sobre la investigación de Ayotzinapa, entregado el pasado 26 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó que en una muestra de 17 detenidos –cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos, siete policías de Cocula y cuatro de Iguala–, “en todos los casos hay indicios significativos de que fueron víctimas de malos tratos y tortura”.
Estas revelaciones no cambiaron la actitud del gobierno federal, el cual se aferró a su “verdad histórica”, fundamentada en declaraciones obtenidas bajo tortura.
El pasado 14 de abril se viralizó el video de la tortura de Elvira Santibáñez, de 21 años, perpetrada por militares y policías federales en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, Guerrero, después de un operativo conjunto llevado a cabo el 4 de febrero de 2015.
En el video de 4 minutos, difundido a través de Youtube, se puede observar cómo la soldado Dulce Elena Reyes Ramos, en compañía de policías federales y militares, golpea, asfixia y amenaza con su arma de alto calibre a la interrogada. Ella está sentada en un piso de tierra, descalza y con el rostro cubierto al parecer con una camiseta; llora y suplica que no la lastimen.
La amplia difusión del video, en México y a nivel internacional, obligó las autoridades a admitir lo sucedido. Dos días después de su revelación, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), tuvo que pedir disculpas públicas por “los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses”.
Los militares fueron detenidos por el delito de desobediencia. Sin embargo, el pasado 22 de abril, la soldado Reyes Ramos declaró ante el Juzgado Quinto de Distrito que ella era “soldado raso” y que respetaba una cadena de mando, como lo relató Proceso en su edición 2060.
“Me permito mencionarles que la serie de acusaciones que me imputan son totalmente falsas, ya que yo soy soldado de Policía Militar y por tanto nunca estoy sola, siempre hay algún compañero, algún superior que me supervisa, ya que soy el último en el escalafón de jerarquías”, planteó.
Tres integrantes de la Policía Federal y dos militares se encuentran presos por el caso de tortura de Ajuchitlán.
En una entrevista que concedió a la cadena Univisión el pasado 17 de abril, Hillay Clinton, excanciller estadunidense y candidata demócrata a la presidencia reaccionó al video al poner en duda que “violar los derechos sea la mejor manera para que (México) esté en posición de derrotar a los carteles criminales”.
Llamó al gobierno mexicano a “darse cuenta que tienen que imponer altos estándares para los funcionarios gubernamentales que tienen poder judicial o militar”.
Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/440627/mexicoleaks-video-exhibe-a-agentes-torturadores-del-edomex
lunes, 14 de marzo de 2016
El octavo policía narra que los cinco jóvenes de Tierra Blanca fueron desnucados y quemados
Rubén Pérez Hernández, el octavo policía detenido por el caso Tierra Blanca, confesó ante el Ministerio Público que integrantes del crimen organizado asesinaron a los cinco jóvenes veracruzanos desaparecidos desde hace más de dos meses. Dijo que tras presenciar el supuesto crimen él y otro agente involucrado fueron a cenar y de ahí se dirigieron a la delegación de la Secretaria de Seguridad Pública de Veracruz de esa región “y ya después nos pusimos a platicar”.
Al policía confeso se le leyeron sus derechos, se le ofreció hacer una llamada antes rendir su declaración. Rubén Pérez Andrade respondió que estaba listo. Dijo tener miedo, no obstante señaló a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como responsables de la desaparición y masacre de los muchachos de Playa Vicente.
“Los entregamos a seis personas del sexo masculino, no rebasan los 25 años de edad. Los estuvieron madreando. A uno por uno los metieron a un cuartito de torturas. Después de un rato se los llevaron a la parte baja del terreno arenoso, cerca de un arroyo. Mi compañero y yo nos paramos desde un lugar donde se podía ver todo”.
“Vimos cuando acostaron a los jóvenes boca abajo, incluyendo a la muchacha. Recargaron sus cabezas sobre una piedra filosa. Un sujeto agarró una hacha grande, como de 50 centímetros de largo. Y con la parte que no tiene filo les dio de golpes en la nuca y los mató. A la última que desnucó fue a la muchacha”.
“Cerca de donde estaban, allá abajo, habían dos tambos metálicos con capacidad de 200 litros. Entonces escuché cuando gritaron: Traigan el diesel. Pienso que los quemaron. Yo mejor le dije a mi compañero que nos fuéramos”.
“Alcanzamos a los demás compañeros policías, que habían ido a perder el carro de los jóvenes. Eran como 22:00 horas del 11 de enero. De regreso pasamos por la cena y llegamos a la delegación de Tierra Blanca. Ya después nos pusimos a platicar”.
A preguntas especiales que realiza el Ministerio Público, en la ciudad de Xalapa, en Veracruz, Rubén Pérez Hernández contesta ante la Fiscal novena Verónica Zavaleta García:
-Que diga el declarante si sabe quién o quiénes participaron en la privación de las personas José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arróniz, Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez y Susana Tapia Garibo.
-Sí. Todos, los siete escoltas de Marcos Conde.
-Que diga el declarante si en algún momento Marcos Conde Hernández le pidió que participara en alguna desapreció forzada
-Sí. Sólo esta vez.
Fueron algunas de las respuestas de Rubén Pérez Hernández, el octavo policía vinculado por la Fiscalía General del Estado con el delito de desaparición forzada de los jóvenes de Playa Vicente.
“Yo fui hombre de confianza de Marcos Conde Hernández, él supo desde un principio lo de los chavos”, asegura en su ampliación de denuncia.
El día 62 en el campamento de los padres angustiados, Blog.Expedienterelató el presunto fin de los cinco jóvenes plagiados por policías subordinados de Arturo Bermúdez Zurita.
Nombres y señas de los responsables del multihomicidio, muchos de los ejecutores permanecen libres. La historia de Tierra Blanca de Ayotzinapa, la segunda verdad histórica.
“CONOZCO A MARCOS CONDE DESDE HACE 4 AÑOS”
Rubén Perez, prestó 14 años sus servicios al estado como policía. Llegó a estar al mando de 26 hombres de la Policía Ciclista, en Veracruz, en la zona turística del Malecón. Hasta que en el año 2011 dieron de baja a toda su plantilla.
“Durante dos meses no trabajé, no hice nada y entré en depresión. Me la pasaba llorando y acostado. Con mi liquidación compré el traspaso de una casa en Río Medio, en la zona norte de Veracruz, donde actualmente radico”.
Pérez Andrade también laboró como mecánico en el Fraccionamiento Costo Oro, en una de las zonas con mayor poder adquisitivo del estado. Un año más tarde, en 2012, ingresó a las filas de la Policía Estatal, siendo asignado a la zona de Cardel, donde conoció a Marcos Conde Hernández. Ahí comenzó su amistad de cuatro años.
“En Cardel hubo problemas con un agente del ministerio público, supuestamente lo levantaron en una camioneta de la Policía Estatal”.
Se trata de la desaparición de Pedro Alberto Huesca Barradas, Fiscal investigador especializado, adscrito a la fuerza de tarea de la Secretaría de Marina (Semar) del operativo “Veracruz Seguro” en la zona Boca del Río-Puerto. Desapareció el 15 de abril de 2013.
“Lo que se supo es que hubo un tiroteo en Cardel, que llegó una patrulla y levantaron al MP, al parecer estuvo involucrado el comandante Sandoval”, declara Pérez Hernández.
Posterior al incidente sobre la desaparición del Fiscal Pedro Alberto Huesca Barradas, al equipo de Rubén Pérez lo privaron dos meses de su actividad. Luego fueron reasignados a la delegación de Rodriguez Clara. Por primera vez Rubén Pérez laboró bajo el mando de Marcos Conde, ya como delegado del distrito cuenqueño.
“Entramos como diez elementos, de los que están detenidos por lo de los jóvenes de Playa Vicente eran: Édgar Omar Ruiz Tecalco, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche y Édgar Ramón Reyes Hermida”.
En Rodríguez Clara, Rubén Pérez Andrade se convirtió en escolta personal de Marcos Conde, junto con los elementos anteriormente mencionados. Su función era seguir al comandante, cubrirle las espaldas en la unidad SP1582, una camioneta Ford Lobo de doble cabina.
El 16 de abril de 2014, el equipo de Marcos Conde, nuevamente se vio inmerso en una desaparición, la del joven Alberto Ferrao Rodríguez, primo político de la actual Alcaldesa Amanda Gasperín, quien fue levantado junto con su chofer en el municipio de Isla.
“Hay testigos, sobre todo de la zona de Isla y Santiago Tuxtla, los campesinos manifestaron que los jóvenes fueron secuestrados por un vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.
Por su parte, él declara: “Nosotros siempre hacíamos lo que Marcos Conde nos ordenaba”.
El equipo estuvo en Rodríguez Clara hasta 2015. Nuevamente hicieron cambio de personal y Pérez Hernández junto al equipo de Marcos Conde fueron reubicados en Tierra Blanca, Veracruz, en el mes de octubre de 2015.
“Llegamos a la delegación de Tierra Blanca, éramos ya más escoltas: Édgar Omar Ruiz Tecalco, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche, Édgar Ramón Reyes Hermida, y llegaron más elementos de otra delegación: Otoniel Cruz Linares, René Pelayo Vidal y Marco Antonio Báez Escalante”, recuerda.
LA GENTE DE CONFIANZA DE CONDE
Rubén Pérez Hernández describe en la ampliación de su denuncia a sus compañeros, quienes conformaron la escolta personal de Marcos Conde Hernández. Son los mismos que ahora están en calidad de detenidos por la desaparición forzada de los jóvenes de Playa Vicente.
“En primer término está Édgar Ramón Reyes Hermida, alias ‘El Coreano’. Él es la mano derecha de Marcos Conde, el más allegado. Le conocía todos los movimientos al comandante. Manejaba la patrulla 2338”.
Reyes Hermida está actualmente preso en el penal de Jalancingo, Veracruz.
“Édgar Omar Ruiz Tecalco, alias ‘La Perrita’. Es el chofer de la unidad 2113”. Ahora permanece en el penal de Misantla, Veracruz.
Luis Rey Landeche, alias “El Landa”, estuvo en la milicia, un hombre de temperamento fuerte, solía caminar con un cuchillo en la mano mientras le sacaba filo. Siempre andaba de malas. Está resguardado en el penal de Acayucan, Veracruz.
“René Pelayo Vidal andaba en la patrulla 2338, escolta y gente de confianza de Conde. Fue policía intermunicipal en Boca del Río, Veracruz. Supe que anduvo en el norte del país, no sé a qué se dedicó”. Está preso en Pacho Viejo, Veracruz.
Omar Cruz Santos, alias “El Mamadino” y Otoniel Cruz Linares ambos fueron escoltas y circularon en la unidad 2113. El primero permanece en el penal de San Andrés Tuxtla, mientras que Cruz Linares es vigilado en Coatzacoalcos, Veracruz.
“Yo seguí siendo escolta en Tierra Blanca, pero no directamente del comandante. Ya nada más me mandaban a hacer rondines para vigilar a los chupaductos en la zona de Pacho Nuevo y Magueyitos, por donde pasa el ducto de Petróleos Mexicanos”..
Conde me mandaba a mí con Marco Antonio Báez, Omar Ruiz Tecalco y Omar Cruz Santos, éramos los cuatro de la unidad 2113. Mientras que Édgar Ramón Reyes Hermida, René Pelayo Vidal y Luis Landeche se volvieron los más cercanos al comandante”, relata.
“YO VIVÍ CON MARCOS CONDE”
“Compartí departamento con el comandante Conde, con domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo, esquina Las Vías, Colonia Centro, Tierra Blanca, Veracruz. Ahí lo visitaba Francisco Navarrete Serna, cuando no lo encontraba en la delegación. A la casa también entraba gente extraña, desconozco a qué se dedicaban”.
El domingo 10 de enero, Pérez Andrade regresaba de su descanso y lo primero que hizo fue reportarse a la casa de Marcos Conde, al lugar también acudieron Edgar Ramón Reyes Hermida, Otoniel Cruz y Marco Antonio Báez Escalante.
“Ahí estaba el comandante. Lo estaban cuidando los otros cuatro compañeros que se habían quedado con él. Dijeron que el sábado en la noche lo dieron de alta del hospital de Tierra Blanca porque lo habían operado de la apéndice. Nosotros cuatro cuidamos de Conde hasta el lunes 11 de enero”.
Rubén Pérez Andrade, Édgar Ramón Reyes Hermida, Otoniel Cruz y Marco Antonio Báez Escalante desayunaron a las 10 horas con 30 minutos en la delegación de policía del día 11 de enero de 2016, el día de la desaparición forzada.
Al sitio posteriormente llegaron Luis Rey Landeche, Omar Cruz Santos, René Pelayo y Édgar Omar Ruíz Tecalco, se reportaron ante Conde y procedieron a realizar su patrullaje.
“A las 11 horas con 10 minutos fuimos a dejar al hospital al comandante Conde, porque se le estaba escurriendo mucho líquido de la herida. En ese momento Édgar Ramón Reyes Hermida, recibió una llamada de Edgar Omar Ruíz Tecalco. Le dijo que habían intervenido un vehículo con cinco personas. Unos chavos de Playa Vicente que se le habían hecho sospechosos”.
Reyes Hermida se lo informó a Marcos Conde; él los envió a revisar la situación. Desde el día 11 de enero el comandante supo de los muchachos.
“Salí con Reyes Hermida a alcanzar a mis compañeros, a bordo de una camioneta color blanca doble cabina”.
Los dos elementos se dirigieron hasta la gasolinera Ferche Gas, atrás del Chedraui, sobre la carretera Tinaja-Ciudad Alemán. Cuando llegamos, tenían intervenidos a los chavos dentro del carro donde viajaban, la unidad Jetta color gris.
LA TRAGEDIA DE TIERRA BLANCA
Reyes Hermida fue claro y dictó la orden a Ruiz Tecalco: “Muévanse de ahí y pásense más adelante porque en la gasolinera hay cámaras de vigilancia”.
Entonces avanzaron unos metros en caravana. Adelante iba el Jetta color gris con los muchachos de Playa Vicente, seguidos de la unidad de policía y hasta atrás la camioneta color blanca doble cabina.
Los dos primeros vehículos intercambiaron copilotos. Al joven José Benítez lo movieron a la patrulla y un elemento se cambió al Jetta color gris y dio indicaciones a Mario Arturo Orozco Sánchez.
Avanzaron hasta una vulcanizadora a orilla de la carreta Tinaja-Ciudad Alemán. El convoy dobló a la derecha en una calle de terracería. En un lugar solitario se detuvieron y trasladaron a la parte trasera de la unidad policial a los cinco jóvenes intervenidos.
“Recuerdo que uno de ellos llevaba barba de candado, todos tenían el cabello corto y la muchacha era delgada, de cabello como güero. Dijeron que venían de una fiesta en Veracruz y que iban para su casa a Playa Vicente. A dos de ellos les colocaron esposas”, confiesa el detenido.
Entonces, Reyes Hermida indicó a Otoniel Cruz y a Rubén Pérez que manejaran el vehículo de los jóvenes. Salieron nuevamente en caravana, pero ahora con rumbo a la comunidad de El Amate, al presunto destino final. Al rancho de Mata trapiche o El Limón. Propiedad del capo de Tierra Blanca, Francisco Navarrete Serna.
“Íbamos nuevamente por el Chedraui, donde detuvieron a los muchachos por primera vez, ahí me llamó Reyes Hermida a mi número celular 2292212523 y me dijo que lo esperáramos en el rancho Las Torres”.
“Avanzamos con rumbo a La Tinaja, entramos a una terracería del lado derecho, pasando por una gasolinera. Llegamos hasta una curva y dimos vuelta en U, ahí nos paramos. En el Rancho Las Torres, donde nos había indicado Reyes Hermida, la mano derecha de Marcos Conde.
Otoniel Cruz y Rubén Pérez esculcaron la cajuela del vehículo Jetta color gris, propiedad de Mario Arturo Orozco Sánchez. “Encontramos unas mochilas que tenían ropa, perfumes y un reloj. también estaban unas rosas. Pero no encontramos nada malo”.
“Al poco rato llegó Reyes Hermida, pero abordo de una camioneta Mazda color gris CX7. Me dijo que me fuera con él y a Otoniel le dijo que se fuera a Paso del Toro por la libre, que allá lo encontrábamos”.
El vehículo Mazda avanzó hacia la entrada conocida como La Campesina, entrando por un camino de terracería hasta unos cañales, donde un elemento policial, sin especificar el declarante, les indicaba el lugar exacto donde se encontraba la patrulla con los jóvenes detenidos.
“La unidad estaba metida entre cañales. Tenían acostados boca arriba, en el monte, a los muchachos. Estaban golpeados, con sangre a la altura del pecho y del estómago. Tenían las manos atadas a la espalda. A la muchacha la tenían en la cabina de la camioneta, a ella no la habían golpeado”.
“Ahí le dijeron a Reyes Hermida que uno de los chavos que le apodaban ‘El Metralleta’ o ‘El Metralla’, trabajaba para el jefe del Cartel del Golfo en Playa Vicente, Veracruz y otro para el Alcalde de Playa Vicente. Después los subimos a la camioneta Mazda”, relata Rubén Pérez Andrade.
Los policías bajaron el respaldo del asiento trasero. Subieron a los jóvenes por la parte trasera del vehículo, uno por uno. Los sentaron con las piernas encogidas a nivel del pecho, con las manos atadas a la espalda. Dos en cada lado del compartimento trasero. Reyes Hermida ordenó a Rubén Pérez que condujera el vehículo, mientras él compartía asiento con Susana Tapia Garibo, la menor de edad, en el lado del copiloto.
Avanzaron hasta por la carretera federal con rumbo a la Tinaja. Hasta la desviación de Joachín, comunidad terrablanquense. “Doblé hacia la derecha y me indicó que avanzara despacio, para que no nos fuéramos a perder. Reyes Hermida me iba dando las indicaciones”.
“Pasamos dos puentes hasta llegar al rancho de Mata Trapiche, El Rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. Yo ya conocía ese lugar porque ya había ido en dos ocasiones con el comandante Marcos Conde”.
Rubén Pérez, estacionó la camioneta Mazda color gris hasta una galera de lámina, según indica el declarante, ahí ya esperaban seis personas del sexo masculino, que no rebasaban los 25 años. Seis verdugos que Rubén Pérez no se atreve a delatar. Quienes abrieron la cajuela de la camioneta, bajaron a los jóvenes atados de manos y luego los metieron a un cuarto de torturas.
“YO VI CUANDO LOS MATARON”
“A todos los metieron a un cuartito, los iban sacando uno por uno y les comenzaban a golpear con cinturones en el pecho y en la espalda, preguntándoles para quien trabajaban y otra vez dos de ellos dijeron que para el líder del Cartel del Golfo en Playa Vicente, Veracruz”.
De acuerdo con la declaración de Rubén Pérez Hernández, a los chicos los sacaron de la galera de lámina. Los hicieron caminar en dirección recta, hasta llegar a la parte baja del terreno, junto a un arroyo que desemboca en el río Blanco.
“Mi compañero y yo nos paramos desde un lugar donde se podía ver todo lo que les hacían. Vimos cuando acostaron a los jóvenes boca abajo, incluyendo a la muchacha. Recargaron sus cabezas sobre una piedra. Un sujeto agarró un hacha grande, como de 50 centímetros de larga. Y con la parte que no tiene filo les daba un golpe muy fuerte en la nuca y los mataba. Hasta que veía que no se movían. A la última que desnucó fue a la muchacha”.
“Cerca de donde estaban, allá abajo, habían dos tambos metálicos, con capacidad de 200 litros. Entonces escuché cuando gritaron: Traigan el diesel, y pues pienso que los quemaron. Yo mejor le dije a mi compañero que nos fuéramos”.
Según declara Rubén Pérez Hernández, regresaron por el kilómetro 16 por la carretera La Tinaja-Tierra Blanca. En un lugar llamado La Capilla, donde recogió a Otoniel Cruz, quien había abandonado el Jetta color gris, donde viajaban los jóvenes.
Los ex elementos policiales regresaron a Tierra Blanca alrededor de las 22:00 horas. Después de haber presenciado una presunta masacre, saciaron su apetito: “Pasamos por la cena y terminamos en la delegación de Tierra Blanca. Ya después nos pusimos a platicar”.
Así daba inicio la tragedia llamada Tierra Blanca. El día uno en el campamento del ministerio público. Según la declaración del octavo policía detenido, el mismo día asesinaron a los jóvenes playavicentinos. Al día de hoy, los padres ignoran si sus hijos regresarán con vida o se trate de una segunda verdad histórica en México. El Ayotzinapa de Tierra Blanca, Veracruz.
MARCOS CONDE Y EL ALCALDE DE PLAYA VICENTE
De acuerdo a la declaración de Rubén Pérez Hernández, el comandante discutió con Abdón Márquez Márquez, el Alcalde municipal de Playa Vicente.
“Le dijo al comandante que para poder entrar a Playa Vicente debía de pedir permiso. El delegado nos dijo que él iba a entrar al pueblo las veces que fueran necesarias. Que no tenía por qué pedir permiso a nadie”, recuerda el ex agente.
Por su parte, el presidente playavicentino acepta que nunca aprobó la manera de trabajar del entonces delegado del distrito de Rodríguez Clara, Marcos Conde Hernández.
“Una vez golpeó a seis jóvenes; los desnudó, los rapó, les quitó las cejas y los vino a votar frente al Palacio Municipal”.
El Alcalde, además comparte que denunció a Marcos Conde ante el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
“Este señor colocaba retenes en el pueblo y detenía a muchas personas de manera irregular. Yo mismo le dije al señor Bermúdez Zurita que lo removiera, trataba como delincuentes a todo mundo”, precisa Abdón Márquez Márquez.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/14-03-2016/1635683
Suscribirse a:
Entradas (Atom)