El PVEM será el ariete para reformar las leyes de pensiones del IMSS e Issste

Se pretende dar la puntilla a derechos de millones de trabajadores y sus familias

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que dice caracterizarse –desde su creación– por ser una organización que tiene como fin principal el cuidado y la conservación del medio ambiente, y se asume como conocedor del valor de la palabra comprometida, se convertirá en la punta de lanza en el Congreso federal para reformar las leyes del pensiones de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con la consecuente afectación a millones de trabajadores que durante décadas han forjado derechos constitucionales.

Cómo aliado fiel del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PVEM promoverá durante el próximo periodo ordinario de sesiones la reforma a las pensiones que pretende dar la puntilla a los derechos de los trabajadores afiliados al IMSS, y que han ganado derechos con la ley de 1973, y a los empleados del Issste inscritos en el artículo décimo transitorio, argumentando que ese sector de trabajadores significa un riesgo para el sistema pensionario de México.

De esa forma, los pevemistas se prestarán a la maquinación política de llevar ante el Congreso una propuesta que, además de ser impopular, será regresiva en materia del –ya por sí maltrecho– derecho laboral de los vapuleados trabajadores mexicanos.


Los argumentos del Partido Verde a favor de una iniciativa de tal calado y riesgo social son endebles y pobres. Su agenda legislativa así lo expresa: Reformas relativas a la restructuración del sistema de pensiones y ahorro para el retiro en México, las cuales, a consecuencia del aumento de la población y de su envejecimiento, representan una bomba de tiempo, pues llegará un momento en el cual la hacienda pública no tendrá capacidad de pago, generando un endeudamiento, déficit de las finanzas y mayores presiones al gasto. Se trata entonces de realizar una restructura del sistema para evitar la quiebra del mismo.

Con ello, el PVEM responsabiliza del déficit de las finanzas públicas y el endeudamiento gubernamental a los derechos pensionarios de millones de trabajadores.

Así, el partido confirma que seguirá insistiendo en concretar los planteamientos que anunciaron en campaña y que incluyeron como parte de su plataforma político-electoral en 2015. Esos temas son los controvertidos vales de primer empleo para jóvenes, inglés y computación en todos los niveles educativos, becas para no dejar la escuela, vales para atención médica y pago por generar agua limpia.

Esas propuestas han resultado utópicas y demagógicas, y han terminado por confundir a los ciudadanos, que finalmente cada tres años se convierten en la carne de cañón de los partidos políticos, y en especial del PVEM.

Aun así, propondrá reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Federal de Derechos con la finalidad de crear un programa de pago de agua a los dueños de los bosques que la producen, cuyo objetivo será entregar vales mensuales de apoyo económico. Expedir una ley general de bienestar animal con la finalidad de garantizar la armonización legislativa que deberán hacer los estados y el Distrito Federal, ya sea adecuando las leyes existentes o creándolas en las entidades que no cuenten con la misma.

Reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer que los patrones que emplean jóvenes al momento de llevar a cabo la contratación, siempre que se acredite que es su primer trabajo formal, obtengan un vale por el primer empleo, el cual será deducible de impuestos para el empleador considerándose como un incentivo fiscal para éste.


Reformar la Ley General de Educación para crear la obligación del Estado de garantizar que dentro de los planes y programas de estudio de la educación prescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, se contemple la impartición de por lo menos cuatro días a la semana de clases de inglés y computación.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/29/politica/010n1pol

Ambientalistas rechazan a 'verdes' en Tajamar

Cancún, QR. Esta mañana, al intentar clausurar de manera simbólica el Malecón Tajamar, que fue devastado recientemente y en donde murieron miles de especies de flora y fauna, un grupo de integrantes del Partido Verde encabezados por el senador Carlos Puente y los diputados federales Jesús Sesma Suárez y Remberto Estrada Barba, este último por Quintana Roo, fueron rechazados por ambientalistas locales.

Entre rechiflas, la presidenta de la agrupación Guardianes del Manglar, Katherine Ender los encaró: "No les da vergüenza; nosotros somos ambientalistas y estamos protegidos por leyes internacionales, aquí nos enfrentamos a la fuerza pública de los tres niveles de gobierno". Ustedes tienen como funcionarios a delegados en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales(Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que no han hecho nada, a nombre de todos los grupos que tenemos aquí desde seis meses les pido su renuncia.

"Todos ustedes estás detrás del aire acondicionado y yo he estado atrás del manglar que había, soportando moscos y haciendo estudios para protegerlo, en este momento les pedimos que hagan una clausura total, no una clausura simbólica como quieren hacerlo en estos momentos que para nosotros es una burla".

Ante los señalamientos, el síndico municipal y también integrante del Partido Verde, Guillermo Brahamns, afirmó que tiene 33 años de vivir en Cancún y que como ciudadano es es lo único que pueden hacer es venir a apoyarlos. Tajantes, en un grito los activistas le contestaron; "No te puedes quedar, no te aceptamos, porque tus representantes no han hecho nada".

"Los ciudadanos que estamos aquí, no aceptamos una bandera política, ni tampoco a los que vienen en representación del gobierno municipal, no aceptamos de ninguna manera la clausura simbólica, queremos la clausura oficial de las obras y la reparación de los daños como ustedes lo han prometido", afirmó Khaterine Ender. "No vengan a poner banderas del Partido Verde, es una burla para nosotros que tenemos desde hace seis meses", gritó uno de los ecologistas.

El senador Carlos Puente Salas entró al quite; "Nosotros venimos a sumarnos a ustedes, queremos luchar con ustedes, como partido político, iniciamos esta lucha en el 2004 con una iniciativa de ley de protección a los manglares y que posteriormente fue aprobada por las siguientes legislaturas en ambas cámaras".

Sostuvo que su partido condena el abuso por parte de los desarrolladores que si bien pueden excusarse en la retroactividad de la ley debería prevalecer la conciencia y el interés del medio ambiente.

Señaló que presentará denuncias penales y de responsabilidad ambiental ante las instancias correspondientes contra todos aquellos que resulten responsables de estos hechos, contra aquellos que hayan cometido un delito por comisión u omisión.

Ante gritos de fuera, fuera y de hipócrita, Carlos Puente afirmó que la denuncia serán contra todos los que intervinieron en esta afectación y que los militantes del Partido Verde que trabajan como delegados federales en Quintana Roo tendrán que pronunciarse.


El gobierno mexicano tendrá que responder ante esta devastación,el Poder Judicial tiene que deslindar responsabilidades. Aquí debería cancelarse todo proyecto que ha dañado al medio ambiente, subrayó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: PATRICIA VAZQUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/22/ambientalistas-repelen-a-verdes-en-tajamar-1610.html

Salva el PT su registro pero no sus curules

MÉXICO, DF: Debido a que no se presentó ninguna impugnación contra el resultado electoral en el distrito 01 de Aguascalientes el pasado 6 de diciembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) restituyó el registro al Partido del Trabajo (PT) como instituto político nacional.

El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova se pronunció contra la propuesta del PT de quitar y reacomodar las curules de la Cámara de Diputados, en cuanto a la representación proporcional que le tocaría por alcanzar más de 3% de la votación federal para conservar su registro.

En sesión extraordinaria, comentó que las sentencias emitidas al respecto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rompieron con un modelo establecido desde 1977, cuando se instauraron los diputados de representación proporcional. Consideró que ése es tema de discusión entre constitucionalistas para futuras elecciones.

La asignación de diputados y el mantenimiento del registro del PT se hicieron a partir de los resultados de la votación ordinaria. Hoy en día, indicó, es un caso atípico que no acompaña pues no se debe quitar el nombramiento a diputados cuya designación fue “definitiva e inatacable” y hasta avalada por el TEPJF.

Córdova aseguró que lo que pretende el PT es que se tome en cuenta la votación que obtuvo solo, incluyendo los 299 distritos, más el de Aguascalientes, para que se le asignen diputados. Sin embargo, opinó, no es posible asignarle un número de plurinominales mayor.

“Si fuéramos congruentes tendríamos que hacer la sumatoria de los votos de todos los demás partidos para poder reconfigurar la asignación de diputados plurinominales, con lo cual podríamos llegar al absurdo constitucional de que en el futuro, cuando se anule una elección, no podría la autoridad electoral asignar diputaciones de representación proporcional”, indicó.

El consejero presidente reconoció que hasta cuando se realicen las elecciones extraordinarias de aquellos distritos anulados, se tendría que hacer una reconfiguración de la votación, no sólo del PT, sino de todos los partidos con registro que tienen el derecho constitucional a contar con diputados de representación proporcional.

“Bonita Cámara de Diputados la que habríamos tenido hoy teniendo, en el mejor de los casos, sólo diputados de mayoría relativa y no de representación proporcional que estarían en suspenso, hasta en tanto las elecciones extraordinarias se llevaran a cabo, o en el mejor de los casos, sin los 40 diputados de la circunscripción de que se tratara”, señaló.


Córdova cuestionó “¿qué habría ocurrido durante los seis meses de legislatura sin diputados plurinominales?”. No se tendría un equilibrio legislativo, respondió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423766

Nuevo revés a la esperanza democrática

MÉXICO, DF: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), creada el 19 de julio de 1994, en vísperas de los comicios presidenciales de dicho año, todavía no logra justificar su existencia.

Los delitos (particularmente la compra y coacción del voto) que motivaron su creación, en lugar de disminuir se convirtieron en el principal instrumento para violentar la voluntad popular. También en este ámbito de la justicia penal reina la impunidad.

Los fiscales culpaban de su ineficacia a la deficiente legislación, que limitaba sus posibilidades reales de encuadrar las actuaciones de autoridades, funcionarios partidistas o los mismos candidatos en alguno de los tipos penales señalados en el Código Penal. Por ello, la consignación de averiguaciones penales ante los juzgados federales, por parte del titular de la Fepade, Santiago Nieto, alentó las esperanzas de que tras la reforma legislativa del 2014 finalmente se pudiera sancionar a los delincuentes electorales.

La acusación en contra del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar, fue la que acaparó la atención de los medios de comunicación, entre otras razones porque de inmediato el mismo involucrado y los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México se quejaron de un linchamiento político y lanzaron toda la artillería en contra de Nieto; pero en la misma fecha también se solicitó orden de aprehensión en contra del exsecretario de Desarrollo Social del Estado de Colima, Rigoberto Salazar Velasco, por presionar a sus subalternos para hacer campaña en contra del candidato priista; y contra el dirigente estatal del PAN en Colima, Jesús Fuentes Martínez, y el abogado Javier Jiménez Corzo, por alterar el listado nominal para presentarlo como prueba en la impugnación de los comicios del pasado 7 de junio para elegir gobernador de dicha entidad.

La consignación de varias averiguaciones previas permitía suponer que en todos los casos en los que la fiscalía consideró que los expedientes tenían suficientes elementos probatorios se ejerció la acción penal; esto incluía a funcionarios públicos y dirigentes partidistas de diferentes instancias de gobierno (un subsecretario federal y un secretario estatal) y de diversos institutos políticos (un exdirigente nacional del PVEM y un dirigente estatal del PAN); incluso, de empresarios y profesionales del derecho.

La reforma al Código Penal Federal de 2014 parecía abrir finalmente la puerta para sancionar a los presuntos delincuentes electorales; pero el miércoles pasado la juez negó la orden de aprehensión en contra de Escobar y de los empresarios presuntamente involucrados en el caso. La decisión de la juez envalentonó a Escobar y a los dirigentes del Verde, que de inmediato arreciaron los ataques en contra del titular de la fiscalía y amenazaron con iniciar nuevas acciones legales.

Las informaciones divulgadas por los medios de comunicación, y las denuncias presentadas por todos los actores políticos (pues la totalidad de los partidos se han quejado de ello en distintas elecciones, y en ocasiones en la misma) dejan poco lugar a dudas de la existencia de prácticas de compra y coacción del voto en la gran mayoría de los comicios. Realmente lo único que está en duda es su impacto en los resultados electorales.

Precisamente por ello la consignación de los expedientes detonó las esperanzas de avances democráticos, en virtud de que se pensó que finalmente existía la posibilidad real de combatir dichas irregularidades por las vías legales, sin importar la jerarquía de los presuntos involucrados en ellas. No obstante, la resolución de la juez hace renacer el escepticismo.

Tanto el desbordado optimismo que despertó la solicitud de órdenes de aprehensión por parte de la Fepade, como el irritado pesimismo que ahora produjo la resolución de la juez carecen de fundamentos sólidos. En el primer momento, porque realmente lo único que se sabía a ciencia cierta es que se había consignado el expediente ante un juzgado, pero se carecía de la información necesaria para conocer su consistencia y solidez; en el segundo, porque tampoco se saben las razones y argumentos que aduce la juzgadora y porque, si realmente existen elementos probatorios que incriminen a los presuntos delincuentes, todavía hay varias vías transitables para lograr que finalmente se haga justicia.

Lamentablemente, en un país en el que campean la impunidad, la ausencia de Estado de derecho y la desconfianza en las instituciones públicas, estos acontecimientos siempre provocan que se exalten los ánimos y que se recurra a las descalificaciones personales de los actores involucrados, los linchamientos mediáticos y las manifestaciones públicas, antes que a las acciones legales.

El impacto que estos acontecimientos tengan sobre la confianza ciudadana en las instituciones dependerá claramente del curso de los acontecimientos y de la transparencia con la que se maneje la información de los mismos.

Si la decisión es apelar la resolución de la juez o corregir la averiguación previa para volver a consignarla, habrá que esperar las siguientes resoluciones y, una vez que se agoten todas las instancias y las sentencias causen estado, hacer públicos los expedientes. En cambio, si la opción es desistirse de la acción penal, remover al titular de la Fepade, o ambas, será fundamental divulgar la averiguación previa y la resolución del juzgado, para que los expertos tengan la oportunidad de revisarlas exhaustivamente y, entonces sí, emitir un juicio razonado y equilibrado.


Pero cualquiera que sea la vía, si el resultado es la exoneración de los inculpados (todavía más si incluye la remoción o renuncia del fiscal), la clave para alentar o sepultar las expectativas democráticas de la ciudadanía será la publicidad de todo el expediente, pues de lo contrario se dará la puntilla a la incipiente democracia electoral.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423681

Nueva multa para el Verde por 88.5 mdp

México, DF. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) deberá pagar otros 88.5 millones de pesos por realizar una operación inmobiliaria ilegal para recibir un pago de unas camisetas que nunca recibió y que ocultó al Instituto Nacional Electoral (INE).

Por unanimidad, el Consejo General del INE aprobó aplicar esta sanción para castigar lo que la consejera Pamela San Martín calificó como una “maquinación para ocultarle a la autoridad” las infracciones cometidas por dicho partido.

La compleja historia sobre esta investigación inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) le despertaron dudas una serie de pagos que hizo el Verde por unas escrituras de las que no había evidencia y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron los 11.2 millones de pesos a la empresa Grupo Textil Joad, de la que era accionista Adrián Escobar, hermano del ex vocero del Verde Arturo Escobar.

En la sesión del Consejo General, Horacio Duarte, representante de Morena, señaló que no es la primera ocasión en que los hermanos Adrián y Arturo Escobar están inmiscuidos y se confabulan en actividades ilícitas en materia electoral y de delincuencia organizada.

“¡Qué decir del perdón que se le dio a Escobar cuando se le encontró con dinero en efectivo en el aeropuerto de Chiapas!”, exclamó.

Consideró que esta resolución puede marcar un antes y un después en la capacidad que tenga el INE de ir a fondo en las investigaciones contra el llamado Partido Verde.

“Un analista lo ha llamado el partido canalla. Jorge Alcocer se ha quedado corto. No sólo es canalla, es violador de la ley”, insistió.

Pablo Gómez, representante del PRD, criticó la tardanza del otrora IFE, que tuvo cuatro años guardada esta investigación como parte de su política de encubrir al oficialismo, que es “una de las peores lacras de esta institución”.

Por eso reconoció a las actuales autoridades de fiscalización de que esto se haya desempolvado antes de que prescribiera y que se ponga sobre la mesa un nuevo escándalo del Partido Verde.

“Para mí la trama no es del 2009, sino que es la misma que la de 2008. Quiero pensar que esas camisetas nunca se entregaron ni en 2008 ni en 2009. Lo que se hizo en 2008 se quiso repetir en 2009 y si esto es así alguien le está robando al Verde y es su principal dirigente”, afirmó en relación con Arturo Escobar.

También señaló como integrante de esta trama a Adrián Escobar, hermano del ex vocero del partido, que también integró esa empresa llamada Rabokse, intermediaria del Cineminutos.

“El que maneja eso es Escobar que aparece acá de textilero. Se ve que está en negocios vinculados con su hermano. Esta trama de las camisetas debe tener mucho más”, refirió.

Jorge Herrera, representante del PVEM ante el Consejo General, reviró: “Desoiremos las calificaciones vertidas. Denigran más a quien las dice que a quienes se la dedican”.

Se quejó de que hubo documentos apócrifos en la investigación realizada en su momento por el ex titular de la Unidad de Fiscalización del INE, Alfredo Cristalinas, y el Verde tampoco tuvo acceso al expediente, sino a información parcial.


El consejero presidente Lorenzo Córdova felicitó a la Unidad de Fiscalización y señaló que las sanciones son severas pero necesarias para inhibir conductas ilegales y abusos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRRERA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/nueva-multa-para-el-verde-por-88-5-mdp-6935.html

Hermano de Escobar, accionista de una firma que defraudó al Partido Verde

Por esa operación irregular el INE puede imponer multa de 88.5 millones al PVEM.

Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, era accionista de Grupo Textil Joad, que vendió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) camisetas que finalmente no fueron entregadas, operación ilegal por la que se pretende multar a dicha fuerza política con el pago de 88.5 millones de pesos.

Adrián Escobar fue accionista hasta el 29 de agosto de 2008, argumentó el PVEM para justificar que el familiar del ex vocero del Verde no participó en esa operación irregular, según el acuerdo que discutirá el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, el mismo partido explicó que suscribió un contrato con Grupo Textil Joad SA de CV 15 días antes de que Adrián Escobar saliera de esa empresa.

Adrián Escobar era también socio de Rabokse, otra compañía que trianguló con el Verde la contratación de cineminutos.

La compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) le despertaron dudas una serie de pagos que hizo el PVEM por unas escrituras de las que no había evidencia y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron los 11.2 millones de pesos.

Como el PVEM fue emplazado en varias ocasiones a aclarar los 11.2 millones de pesos pagados por las camisetas, éste respondió: Efectivamente, participó como accionista desde la constitución del Grupo Textil Joad SA de CV el 6 de diciembre de 2005, hasta por lo menos el 29 de agosto de 2008, fecha en que se celebró la asamblea ordinaria y Adrián Escobar ya no figura como accionista. En virtud de ello no está relacionado ni es parte del asunto que se está investigando.

Para corroborar esa información citan dos instrumentos notariales: el número 18 mil 325, con fecha 16 de diciembre de 2005, que contiene la constitución de la sociedad denominada Grupo Textil Joad, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante el licenciado Francisco l. Hugues Vélez, titular de la notaría número 212 del Distrito Federal (que ya obra en el expediente).


El segundo es el instrumento número 1551, con fecha 8 de septiembre de 2008, que contiene la protocolización del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de Grupo Textil Joad, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha 29 de agosto de 2008, ante el licenciado Antonio López Aguirre, titular de la notaría número 250 del Distrito Federal.

El primer contrato que el PVEM firmó con la empresa cuestionada data del 15 de agosto de 2008 por la cantidad de 793 mil 600 playeras, por un monto de 13.4 millones de pesos, el cual fue reportado en el informe anual de ingresos y egresos de 2008.

El siguiente contrato, por el que el partido podría ser multado hoy, fue firmado el 10 de marzo de 2009 con la empresa mencionada.

En medio de esta historia se encuentra involucrado el ciudadano de origen chileno Jorge Alberto Peralta Casal, quien aparece como accionista mayoritario de Grupo Textil Joad, con un largo historial de detenciones por defraudación en contra de varias personas, entre ellas la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009).

El PVEM añade que Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero y suplente de Arturo Escobar en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, asumió la deuda y, por tanto, se quedó con un terreno en Iztapalapa, derivado del contrato del 15 de agosto de 2008, por el que aún se adeudaba la cantidad de 11.2 millones de pesos.

Respecto de la participación del hermano de Escobar, el representante de Morena, Horacio Duarte, pidió investigar a dicho partido por evasión fiscal, financiamiento ilícito, lavado de dinero y apropiación de recursos públicos por dirigentes y familiares.

El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez, dijo que en ese partido todo queda en familia y es parte del trinquete.

Puso en duda que dicha empresa textil haya entregado las camisetas del primero y del segundo contratos, y señaló que en todo caso tendría que investigarse en otro ámbito si hubo lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA BÉLTRAN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/16/politica/013n1pol

Peña da embajadas en Francia, ONU e Italia a dos alérgicos a los DDHH y a un aliado “verde”

El Senado Mexicano ratificó a Juan José Gómez Camacho, Manuel Gómez Robledo y Juan José Guerra Abud, como embajadores. Los dos primeros fueron cuestionados por su negación de la crisis de derechos humanos en México, y el tercero por su falta de experiencia diplomática.

Defensores de derechos humanos y legisladores se mostraron preocupados ante los nombramiento que ayer aprobó el Senado de la República del nuevo representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan José Gómez Camacho, y de quien será el nuevo Embajador en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo.

El primero avaló, en su carácter de representante de México ante la Unión Europea, la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el segundo cuestionó a la ONU al señalar que en México no existía la tortura sistemática, como concluyó un informe de Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El pleno del Senado aprobó ayer seis embajadores y dos cónsules, pese a las críticas de expertos y organizaciones civiles que vieron en algunos de los diplomáticos la continuidad de políticas de puerta giratoria y de colocar en puestos clave a funcionarios que se han destacado por ocultar violaciones en materia de derechos humanos, y ser “alérgicos” a su reconocimiento.

Uno de ellos fue Gómez Camacho, quien fue aprobado con 105 votos para ser representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York.

“Esto es un vil intercambio de favores. Esto desprecia la profesionalización de sus cuadros, una enorme tradición que tenía México. No me extrañaría que después pongan a Javier Duarte, o a César Duarte, como premio por los votos conseguidos. Y esto es lo que hacen los países fallidos”, expuso a SinEmbargo el activista Daniel Gershenson Shapiro.

El diplomático carga con los señalamientos que dejó durante su gestión, que inició en diciembre de 2013, como Embajador ante la Unión Europea (UE), en la que se encargó de evitar que el Gobierno mexicano fuera condenado por el Parlamento Europeo por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Justo cuando los partidos de izquierda del dicho Parlamento amenazaban con romper el Acuerdo Económico Global, que tiene México con la Unión Europea, por la ausencia de garantías a los derechos humanos. Fue entonces que Gómez Camacho fue enviado a Estrasburgo, Francia, para cabildear con los eurodiputados de la Delegación de México.

Diversos medios locales refirieron cómo el entonces Embajador se dedicó a promover la “verdad histórica” del priista Jesús Murillo Karam, entonces al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), y a minimizar la desaparición de los estudiantes, al decir que no reflejaría un retroceso en materia de derechos humanos.

Al respecto, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, consideró que el Gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto está premiando con nombramientos diplomáticos a un grupo oligárquico que representa la “vieja guardia del autoritarismo priísta” y que tiene como objetivo hablar bien de México en el extranjero.

 ”Quieren mandar un mensaje del México folklórico, que aquí todo está bien y que las cosas van avanzando. Esos embajadores van a hacer un trabajo político en esta dirección, no son funcionarios que representen al país de manera objetiva. No vamos a ver embajadores que hablen de los problemas de México y que busquen la cooperación de otras naciones para enfrentar los retos que tenemos”, aseveró Rosales.

“Yo creo que la designación de Camacho no interferirá con el caso de Ayotzinapa. Puesto que la Caja de Pandora ya está abierta. Me parece que, con esta administración, ahora más que antes, los embajadores llegan a servir los intereses del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y su política de tapar violaciones a derechos humanos”, dijo Gershenson Shapiro.

Por su parte, Manuel Gómez Robledo, quien negó los resultados de un informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, en marzo de este año, fue avalado por el pleno para ser el siguiente Embajador en Francia.

Previo a su aprobación, el martes pasado durante su comparecencia en comisiones, Gómez Robledo ofreció una disculpa por las declaraciones hechas a finales de marzo en relación al Relator.

“Fue una situación de la que aprendí muchísimo, del comentario que hice en el Senado, en una reunión de carácter informal, dio origen a un debate que demostró cuán arraigada está la importancia de seguir luchando por una mejor protección a los derechos humanos. Y reconozco que ofendí a sectores importantes, y una vez más pido disculpas”, agregó Gómez Robledo.

“Imagínate, antes los embajadores que no eran de carrera, sí eran intelectuales. Octavio Paz en la India o Carlos Fuentes en Francia. Perdón, pero entre ellos y Gómez Robledo hay un abismo de diferencia”, opinó por su parte Gershenson Shapiro.

Luis Carlos Buob, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, opinó que los funcionarios que ostentan altos cargos deben tener un perfil correspondiente al respeto y garantía de los Derechos Humanos.


“[Debe tratarse de funcionarios] que apoyen las recomendaciones de organismos independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o de otros en el marco de Naciones Unidas, que son quienes vienen a documentar y darle herramientas al Estado y a determinar la situación que se está viviendo, que se vivió en el pasado, sobre todo, para evitar que sucedan en el futuro”, refirió.

EL PVEM: TAMBIÉN EN LAS EMBAJADAS

Mientras tanto, organizaciones civiles sostienen que estas designaciones siguen siendo parte de la política de puertas giratorias, como lo fue el caso de Juan José Guerra Abud, quien fuera hasta hace tres meses el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).


“Tenemos ya varios años en las que se usan las embajadas para mandar a los amigos, que ya no se pueden recontratar o tener en las instancias públicas de Gobierno. Qué está pasando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, van varios ya que no vienen del cuerpo diplomático, relaciones exteriores tiene un servicio civil de carrera”, dijo Clara Jusidman, presidente honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide).

A diferencia de otras aprobaciones, Guerra Abud llega al puesto por la afinidad que tiene con Enrique Peña Nieto, acusó la Senadora Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo (PT), durante una breve intervención desde su curul. “Peña Nieto no olvida: Abud fue su primer jefe, y ahora Peña Nieto le corresponde con generosidad”, dijo.

Organizaciones civiles, como Cause Ciudadano, han dicho que a pesar de los escándalos que han rodeado a dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como la salida del ex vocero de partido del Tucán Arturo Escobar y Vega de la Secretaría de Gobernación por arrastrar una investigación por delitos electorales, la alianza de dicho partido con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue vigente.


“Italia es importante, tiene varios organismos internacionales, la FAO está radicada allá, tiene el Vaticano, aunque hay un Embajador ahí. Las organizaciones italianas ya están preguntando quién es este señor, qué sabemos de él, pero todo lo que sabemos fue su gestión en la Semarnat”, dijo Jusidman.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Juan Luis García y Sergio Rincón .
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-12-2015/1578408

Partido Verde buscará invalidar multa por operación inmobiliaria no reportada al INE

Según el Partido Verde, la escrituración de la propiedad no debía estar a su nombre, pues fue una interpretación "a modo" por parte de la Comisión de Fiscalización del INE, "fue el militante quién a título personal asumió las obligaciones que fueron contraídas e incumplidas por el proveedor", explica el documento.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para invalidar la multa de 88.5 millones de pesos impuesta por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el partido no informara la transacción de un inmueble celebrada con un particular por 11 mdp.

El partido aseguró en un comunicado que sólo se trata de un bien inmueble, no de “inmuebles” como reportó el periódico Reforma este sábado 12 de diciembre, y que el militante con quien se realizó la transacción, “ejecutó una garantía prendaria a su favor por haber constituido un contrato de asunción de deuda en favor del PVEM.

Lo anterior, dado que el deudor original de un contrato comercial con el Partido Verde no cumplió una obligación contraída con el partido, misma que fue cumplida al partido por dicho militante”.

Según el Partido Verde, la escrituración de la propiedad no debía estar a su nombre, pues fue una interpretación “a modo” por parte de la Comisión de Fiscalización del INE, “fue el militante quién a título personal asumió las obligaciones que fueron contraídas e incumplidas por el proveedor”, explica el documento.

También descarta que el Verde no haya proporcionado información sobre el inmuebles, pues dice, “existen las constancias que acreditan lo contrario después de seis años de investigación, por la supuesta omisión de reportar un contrato en el informe anual de egresos ordinarios correspondiente al ejercicio 2009”.

El instituto político dijo que espera, “como en el 90% de los asuntos”, que el TEPJF invalide la resolución.

Este proyecto de sanción se llevará al Consejo General del INE el miércoles 16 de diciembre para que, en caso de que reciba el visto bueno, pueda ser llevado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

El IFE – ahora INE – fue notificado de que el Verde Ecologista “estaba dando cuenta de un conjunto de gastos en escrituras de inmuebles con un notario”, informó Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización. No obstante, cuando la autoridad electoral pidió que se demostrara qué bienes inmuebles estaba escriturando el partido, los dirigentes del mismo no proporcionaron la información requerida.


“En todo esto hemos encontrado dolo en la conducta del partido porque a lo largo de estos años no entregó información a la autoridad”, abundó Murayama al publicarse la resolución.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 13 DICIEMBRE 2015.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/12/partido-verde-buscara-invalidar-multa-por-operacion-inmobiliaria-no-reportada-al-ine/

El dueño del negocio que pactó con el PVEM, con historial de fraudes

Escobar confirmó a Sofimex el pago de $11.2 millones por camisetas no entregadas. El fabricante retribuyó las prendas con un terreno que se escrituró a un funcionario de ese partido.

En la trama de la reciente multa propuesta para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega tuvo un papel central: fue quien confirmó a la afianzadora Sofimex que se hizo un pago en efectivo de 11.2 millones de pesos a la empresa Grupo Textil Joad, por la confección de unas camisetas que no les fueron entregadas. Sin embargo, esos y otros datos fueron ocultados en su momento al Instituto Nacional Electoral (INE), según el expediente del caso.

Derivado de lo anterior y del análisis a la contabilidad elaborada por el partido político y reportada a la autoridad electoral en ejercicios anteriores, se observó que el pago en efectivo al que hace alusión el C. Arturo Escobar y Vega por 11 millones 218 mil 641 pesos, correspondiente al contrato de prestación de servicios firmado con la empresa Grupo Textil Joad SA de CV el 10 de marzo de 2009, no fue reportado a esta autoridad. Asimismo, se desconoce el origen de dichos recursos, indica el documento, cuya copia tiene La Jornada.

La Comisión de Fiscalización del INE propuso el viernes sancionar al partido por 88.5 millones de pesos por recibir ingresos de origen desconocido que no fueron informados, realizar gastos no reportados a la autoridad, tener cuentas por cobrar no devengadas y cometer dolo. La multa se votará el miércoles en el Consejo General del instituto.

En medio de esta historia se encuentra involucrado Jorge Alberto Peralta Casal, dueño de Grupo Textil Joad, con largo historial de detenciones por defraudación en contra de varios clientes, entre ellos la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos, que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009).

Unas escrituras, el origen

La compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral le surgieron dudas sobre varios pagos del PVEM por unas escrituras de las que no existía evidencia, y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron 11.2 millones de pesos.

Al revisar las cuentas del Verde correspondientes a 2009, un auditor del entonces IFE encontró recibos de honorarios por 75 mil 716 pesos al notario Daniel Luna Ramos. Eran pagos por la emisión de las escrituras 25506, 25503 y 25502, otorgadas a Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero, otrora suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Guerrero.


Requerido al respecto, el PVEM respondió que los gastos no fueron originados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los reclasificó como anticipo al proveedor. Sin embargo, el INE consideró que ese saldo no podría ser considerado como tal y le pidió la entrega de diversas evidencias.

En respuesta, el Verde cambió su versión sobre el tema y dijo que dichas escrituras “no son gastos ocasionados por el partido. Lo anterior en virtud de que por un error involuntario lo pagó (sic) el partido; sin embargo, ya se reclasificó el gasto, mismo que se acredita plenamente con el escrito del notario, considerándolo como anticipo”.

El INE no quedó conforme y concluyó que en la documentación presentada no se identifican servicios prestados a De la Mora Torreblanca y del análisis a las actas notariales 25506 y 25502 se observa que el gasto benefició al partido político.

Lo anterior, dado que en una de las escrituras Misael Sánchez Sánchez, apoderado del Verde, otorga a De la Mora Torreblanca un mandato sin representación para que lleve a cabo todos los trámites y gestiones para obtener el pago o se garantice en debida forma el adeudo que tiene Grupo Textil Joad (por 10 millones de pesos), derivado de la póliza de fianza número 1100178, expedida por afianzadora Sofimex, y acepte las garantías o formas de pago que sean más convenientes.

Para cubrir la deuda de Grupo Textil Joad, el deudor solidario Ascención Vázquez Vázquez dio en pago y transmitió la fracción de una propiedad, ubicada en la colonia Tepalcates de la delegación Iztapalapa, a De la Mora Torreblanca. Además, se señala que si no se vieran satisfechas todas las prestaciones, se impondría una pena equivalente a 6 millones de pesos, indica el expediente.

Vencido el plazo para la recuperación del adeudo –31 de diciembre de 2010–, el instituto no identificó en la contabilidad del partido el origen de la deuda de 10 millones de pesos y tampoco el depósito de los 6 millones, por lo que solicitó más información al Verde y éste respondió que una de las escrituras quedó sin efecto e insistió en la versión del error involuntario.

Por solicitud de la Unidad de Fiscalización del instituto, la afianzadora Sofimex le informó sobre la existencia de un contrato, firmado el 10 de marzo de 2009, por el que el Verde pagó el suministro de más de 700 mil playeras peso completo, estampadas con el logo del PVEM, por un monto de 12.9 millones.

Además, el instituto conoció un escrito, en el que Escobar manifestó a Sofimex: Grupo Textil Joad, con fecha 24 de marzo, recibió en efectivo la cantidad de 11 millones 218 mil pesos para continuar con el desarrollo normal del contrato signado con el PVEM, debiendo entregar una segunda ministración de mercancía el día 25, sin que a la fecha se haya cumplido, mismo que fue informado en su oportunidad a Sofimex SA de CV.


Pero el gasto y procedencia de estos más de 11 millones de pesos nunca fueron informados a la autoridad electoral.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR. CLAUDIA HERRERA BELTRAN.
LINK: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6482759257014234898#editor/target=post;postID=8037293510886870206

Multan otra vez al PVEM, ahora con 88.5 mdp por transa inmobiliaria

MÉXICO, DF: El Partido Verde Ecologista de México recibió otra multa, esta vez de 88.5 millones de pesos, por una operación inmobiliaria considerada dolosa, pues ese instituto político pagó a un notario por escrituras, pero a nombre de un particular.

La sanción fue aprobada por a Comisión de Fiscalización por unanimidad, y será votado en la sesión del Consejo General del próximo miércoles. Además, se dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por si hubo vulneración a normas a las que corresponde vigilar su aplicación.

La transacción fue descubierta en una indagatoria en el 2011, cuando la Comisión descubrió que pagó 11 millones de pesos en efectivo por camisetas, pero el proveedor incumplió el contrato y a cambio, éste le dio al partido los inmuebles que se pusieron a nombre de Marco Antonio de la Mora Torreblanca, un militante del Verde que tiene la propiedad de un terreno dividido en tres partes, en la Delegación Iztapalapa

El presidente de la Comisión, Ciro Murayama, dijo que el entonces IFE fue notificado de que el Verde “estaba dando cuenta de un conjunto de gastos en escrituras de inmuebles con un notario”, pero cuando la autoridad electoral pidió que se demostrara qué bienes inmuebles estaba escriturando el partido, los dirigentes del mismo no proporcionaron la información requerida.

La autoridad, entonces acudió con un notario y, según Murayama, “se encontró que esos inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido, lo que activó la investigación y permitió comprobar que el partido hizo pagos en efectivo por 11 millones de pesos, (de los que) no informó a la autoridad”.

“Lo que sí hubo fue que se entregaron unos bienes inmuebles por el incumplimiento del contrato y que esos bienes inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido sino de un particular. De tal manera que lo que tenemos es ingresos de origen desconocido, gasto no informado a la autoridad y cuentas por cobrar no cobradas.

“En todo esto hemos encontrado dolo en la conducta del partido porque a lo largo de estos años no entregó información a la autoridad”, abundó.

De confirmarse, esta multa se sumará a los más de 500 millones de pesos impuestos este año a dicho partido por casi una veintena de violaciones cometidas por el PVEM durante la pasada campaña electoral. Según Murayama, es la sanción más alta en la historia de la fiscalización producto de la revisión de un informe ordinario de gastos y por una conducta individual.


El presidente de la Comisión confirmó que el exvocero del PVEM Arturo Escobar suscribió diversos contratos relacionados con este caso, como responsable de las decisiones del partido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423381

Quitan fuero a “diputado migrante” del Verde en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: En sesión extraordinaria el pleno del Congreso local procedió a desaforar al “diputado migrante” del PVEM, Roberto Pardo Molina, luego de que se iniciara una investigación judicial por el proceso plagado de irregularidades que se llevó para elegirlo.

El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer esta noche que a petición de la Fepade se dio el proceso de desafuero en contra de Pardo Molina.

“Hoy se le quita el fuero y se le separa del cargo de diputado local para que pueda enfrentar su proceso como un ciudadano más”, confirmó Ramírez Aguilar.

También destacó que el ahora exlegislador está sujeto a proceso penal y serán las instancias federales la que deslinden responsabilidades.

Según el expediente, la empresa privada DSI Elecciones habría falsificado un padrón de votantes y manipulado la elección para dar el triunfo a Roberto Pardo, quien de acuerdo con la denuncia de partidos políticos es primo hermano de Vicente Manzur Salomón Molina, dueño y director general de esta empresa que, mediante un sistema electrónico, recibió la votación y emitió los resultados a favor del entonces candidato del Verde.

La elección de llamado “diputado migrante” se lleva a cabo con el voto los chiapanecos residentes en el extranjero. Para la elección del 19 de julio pasado, la empresa DSI Elecciones fue contratada, con un pago de 13 millones de pesos, para desarrollar el sistema donde se pudieran inscribir quienes vivieran fuera del país y desearan sufragar.

La empresa fue la encargada de la recepción y cómputo de votos, todo mediante un sistema virtual. De acuerdo con los lineamientos aprobados por el Consejo General del IEPC, DSI Elecciones desarrolló una plataforma electrónica a través de la que chiapanecos que viven en otros países debían enviar una solicitud para obtener un registro como votantes.

La empresa debería entonces verificar que los solicitantes efectivamente vivieran en el extranjero, y en ese momento les asignaba una contraseña para que en el periodo del 5 al 19 de julio pudieran emitir su voto.

El día de los comicios, apenas dieron las seis de la tarde –hora del cierre de casillas—cuando un representante de DSI Elecciones dio a conocer ante los consejeros del IEPC que la votación había cerrado.

Según la empresa, sufragó más de 65% de un padrón de 10 mil votantes. Y detalló que con 3 mil 685 sufragios ganó el candidato del PVEM, Roberto Pardo Molina. En segundo lugar presuntamente quedó Yolanda Alfaro, del partido local Mover a Chiapas, con 2 mil 928, seguida de Cielo Gómez, de Morena, con 14 votos, y Elizabeth del Carmen Díaz, de Movimiento Ciudadano, quien supuestamente sólo obtuvo un sufragio.

A partir de ese momento el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió cientos de denuncias de ciudadanos residentes de Chiapas, particularmente del municipio de Chalchiuitán, quienes señalaron que se le negó el derecho a votar porque su nombre había sido inscrito en el padrón de chiapanecos residentes en el extranjero.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 11 DICIEMBRE 2015.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423350

Advierte Escobar que actuará legalmente contra el titular de la Fepade

MÉXICO, DF: Envalentonado por la decisión de una juez de no enviarlo a prisión por cometer delitos electorales, como lo solicitó el fiscal Santiago Nieto Castillo, Arturo Escobar, exdirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que procederá legalmente contra ese funcionario.

“Lo que me hizo a mí se lo puede hacer a cualquiera. Me parece que como Estado, como democracia, como país, esto no lo podemos aceptar”, afirmó Escobar, quien como dirigente del PVEM fue el artífice de la estrategia que ilegalidades que generaron multas contra su partido por más de 600 millones de pesos.

Sin embargo, una vez que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a cargo de Nieto Castillo, procedió en su contra y tuvo que renunciar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Escobar se dijo violentado en todos sus derechos humanos y jurídicos.

Por ello, anunció que se sumará a la denuncia que el PVEM presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que el fiscal sea sancionado y para que inclusive le ofrezca una disculpa pública porque dañó su honra y su reputación.

En conferencia de prensa, el exvocero del PVEM precisó que presentará denuncia por daño moral contra Nieto Castillo, porque integró una averiguación previa sin que se le haya reconocido su derecho de audiencia.

“El fiscal electoral, Santiago Nieto, violó mis derechos humanos al debido proceso y la defensa adecuada, a la presunción de inocencia, a la protección de datos personales y a la legalidad. El fiscal también quebrantó el sigilo que la ley impone a la averiguación previa”, subrayó.

Por la mañana, en entrevista radiofónica con el conductor Ciro Gómez había adelantado que tomaría acciones legales contra Nieto castillo, porque “me acribilló”.

Un día después de que el Juzgado Décimo Primero de Distrito negó la orden de aprehensión en su contra por la presunta comisión de delitos electorales, aseguró que “han sido dos semanas tremendas, de un acribillamiento brutal en contra mía, en virtud de que este señor (Santiago Nieto) decidió hacer carrera política a costa mía”.

Y calificó de “absolutamente injusto” al titular de la Fepade por haber dado a conocer averiguaciones previas en su contra.

“Lo que este señor me hizo a mí y a mí familia, y a estos tres empresarios al divulgar averiguaciones previas, no nada más me condenó, me sentenció, me acribilló, me tuve que retirar de mi trabajo, y el señor ni siquiera es para dar la cara”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.

El exvocero del PVEM resaltó que el procedimiento penal no ha terminado y la Fepade tiene la posibilidad y el derecho de poder apelar, por lo que “ahorita estoy absolutamente concentrado en mi defensa y ver cómo voy a reconstruir mi nombre, el de mi familia”.

Luego de subrayar que la afectación a su vida y a su familia “ha sido inmensa”, el exfuncionario federal señaló que necesita acabar la parte penal y luego hablar con el secretario de Gobernación para tomar una definición.

“No soy ingenuo, el golpe brutal que me dieron a través de la mediatización de este tema impacta durísimo en mi estado, no nada más de ánimo, sino en mi estado como profesional, entonces va a ser una conversación que tendré que tener, primero que nada, con el señor secretario (de Gobernación) y a partir de ahí podré definirlo, pero ahorita estoy absolutamente concentrado en defender primero la parte penal y luego ver cómo voy a reconstruir mi nombre”.

Escobar destacó que no pudo comparecer ante la juez Décimo Primero del Distrito de Procesos Pénales Federales con sede en la Ciudad de México, Rosa María Cervantes, porque es lo que manda la ley, pero decidió no ampararse porque confiaba en que “las cosas iban a salir bien”.

“Simplemente tenía esperanza de que en el análisis que hiciera la juez sobre el pliego consignatario no se encontraran los elementos, porque por lo menos en mi análisis jurídico, eran absolutamente inexistentes para poder configurar un delito penal, de una irregularidad administrativa que fue debidamente intencionada por el Tribunal Electoral”.

Y advirtió. “Lo que sí quiero adelantar es que las cosas no se pueden quedar así, no puede una autoridad destruir tu reputación y luego decir o esconderse bajo la vía de que yo era culpable porque hubo irregularidades administrativas de carácter electoral”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423150

Beltrones y secuaces, en guerra contra el fiscal

MÉXICO, D.F: Manlio Fabio Beltrones y sus secuaces están encolerizados por el rasguño a Arturo Escobar, el estratega de la sucia campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y buscan someter al fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, sólo por hacer exactamente el trabajo que le pidió… el PRI.

Pero el embate de Beltrones y sus testaferros contra el fiscal, derivado de la consignación por delincuencia electoral de Escobar, no es berrinche ni intimidación. Es amenaza.

Y amenaza seria, porque no es sólo contra el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), sino contra cualquier autoridad que quiera actuar de manera autónoma e independiente contra la corrupción y la impunidad.

Beltrones y sus apoderados quieren hacer con Nieto Castillo lo mismo que contra el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, cuando pretendía actuar contra el PVEM por los delitos que cometía en la campaña. Le filtraron las conversaciones telefónicas en las que se burla de los indígenas y sobrevino su mansedumbre.

Ahora Beltrones y sus testaferros descubrieron que Nieto Castillo omitió en su currícula haber hecho trabajos de investigación jurídica para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, como se lo filtraron y lo publicó ‘El Universal’, el viernes 4.

Tan seria es la amenaza de Beltrones y sus secuaces contra el fiscal electoral, que hasta la procuradora general de la República, Arely Gómez, jerárquicamente su jefa, tomó distancia de él: “El titular de la Fepade es autónomo y su nombramiento proviene del Senado”.

Pero fue justamente el PRI en el Senado, del que Arely Gómez formaba parte, uno de los impulsores de Nieto Castillo para fiscal electoral, quizá porque su padre, su tío y su primo fueron alcaldes priistas de San Juan Del Río, Querétaro.

Y fue precisamente un exgobernador de este estado, Enrique Burgos García, quien dijo a nombre de su partido que, tras “un acucioso análisis de la persona”, lo avalaba “plenamente”.

Más aún, Burgos exigió: “Dentro de los retos que tendrá el fiscal que se elige hoy, se encuentra la atención inmediata a denuncias que se presenten con motivo del actual proceso electoral”.

El 19 de febrero de este año, con la única abstención de Mónica Arriola, hija de Elba Esther Gordillo, Nieto Castillo fue electo como fiscal por unanimidad de todos los grupos parlamentarios del Senado, incluido el PVEM, justo cuando Escobar era su dirigente nacional.

A Nieto también lo avaló el PVEM, cuyo coordinador en el Senado y sucesor de Escobar en la dirigencia nacional de ese partido, Carlos Puente Salas, afirmó que Nieto Castillo “cuenta con todo lo necesario para cumplir con estas responsabilidades”.

Ni modo que el PRI y el PVEM no conocieran los contratos que firmó Nieto Castillo con el Senado, si controlan todo, hasta al coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa. Ni modo que no supieran la trayectoria y las relaciones del fiscal, como con el exconsejero Jaime Cárdenas Gracia.

En todo caso, el embate de Beltrones –y sus secuaces– debería ser contra los priistas y verdes en el Senado por imbéciles, por no hacer su trabajo, incluyendo a su yerno Pablo Escudero, quien como senador votó a favor de Nieto Castillo y ahora lo denuncia ante la PGR.


Es obvio que la filtración de los contratos de Nieto Castillo a ‘El Universal’ no es un asunto de transparencia, sino de impunidad. Para Escobar, claro, y para lo que viene…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422784

Grupos civiles: “otro Escobar” podría ir a Segob; pagan al PVEM con puestos públicos, acusan

Integrantes de organizaciones civiles enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Segob se ha hecho mediante favores políticos. “Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde”, recordó Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.

Organizaciones civiles de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social hicieron un llamado este martes para dar un giro a la política de prevención del delito en México.

Después de congratularse por la salida de Arturo Escobar y Vega como Subsecretario de Prevención y Participación del Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), los grupos civiles alertaron del riesgo que existe de que otros servidores públicos que no son idóneos vuelvan a ocupar el puesto.

Entre los posibles candidatos que las organizaciones acusan de no llenar los requerimientos del cargo señalaron al director general de Planeación Estratégica para la Prevención Social, Eduardo Vásquez Rossainz, y a la actual directora general de Participación Ciudadana, Ruth Zavaleta.

“Vásquez tiene un perfil meramente de Policía y queda en duda la parte de prevención del delito, y Zavaleta, más bien, tiene una trayectoria política, fue Diputada Federal por el Verde. Por eso pedimos que desde ya se revisen sus perfiles”, dijo Clara Jusidman de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social.

Los integrantes de las organizaciones enfatizaron que hasta ahora la designación de cargos en la Secretaría de Gobernación (Segob) se ha hecho mediante favores políticos. “Estos se han pagado, especialmente, por la alianza del PRI con el Verde”, recordó Carlos Cruz, representante de Cause Ciudadano.

La Coalición expuso que la salida de Escobar, ex vocero y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue un primer paso para “el desmantelamiento de la clase política mexicana que ha capturado al Estado”.

Escobar y Vega salió el 25 de noviembre de la Segob luego de una solicitud por parte de la Fiscalía Especializada para la Atenciónde Delitos Electorales (Fepade) a un juzgado de girar una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

En conferencia de prensa las organizaciones exigieron que la Segob incorpore una red de vigilancia ciudadana para la designación de cargos públicos que esté compuesta por ciudadanos expertos en la prevención del delito.

“Lamentablemente en México nunca se ha hecho. Estamos haciendo una exigencia y no es necesario hacer una asamblea en una plaza. Nosotros tenemos experiencia en esto y queremos que nos dejen hacerlo” , dijo Alfredo Peña de México Unido contra la Delincuencia.

Entre otras cosas, las organizaciones instaron a las autoridades a dar protección al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, quien tomó el cargo en febrero y dirigió durante seis meses la investigación a Arturo Escobar.

“Nosotros no tenemos conocimiento de que Nieto haya sido amenazado, ni hemos hablado con él, pero lamentablemente, sabemos de las presiones que surgen a raíz de estas investigaciones”, explicó Carlos Cruz.

Sobre la posible la designación de Escobar ameritaba la salida del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la representante de la asociación civil Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, dijo:

“No sabemos si el Secretario de Gobernación sabía de la investigación que se estaba realizando a cabo sobre Arturo Escobar, pero sí creemos que los perfiles que fueron designados no tenían el sustento moral para estar en ese puesto”.

Cuando Arturo Escobar fue designado a principios de septiembre como subsecretario, los miembros de la Coalición manifestaron su rechazo, por el menosprecio que se hace a los funcionarios de carrera y el favoritismo político a un personaje que arrastraba con varias polémicas durante su gestión en la campaña del PVEM.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-12-2015/1567694

En presencia de Córdova, Dresser critica al INE por impunidad del PVEM

GUADALAJARA, Jal: La periodista Denise Dresser criticó la tibieza de las autoridades electorales para con las irregularidades cometidas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la mesa de análisis “Las lecciones de las elecciones” organizada en la Feria Internacional del libro de Guadalajara, Dresser condenó:

“Vaya manera de desacreditar el proceso electoral…con su decisión el INE mandó un mensaje y es muy grave, los partidos pueden mofarse de la legislación electoral y no habrá consecuencias, los partidos pueden saltarse las trabas, pueden ignorar las reglas cuantas veces quieran y no habrá sanción o será tan menor que tienen incentivos para seguir actuando así”.

En la mesa también se encontraban José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE); Lorenzo Córdova Vianello, actual titular del INE, y el exsenador del PRD Porfirio Muñoz Ledo.

“El INE y el Verde marcaron el mapa de la ruta de lo que será el procesoelectoral en el país en el 2018″, advirtió.

Ante el presidente del Instituto Nacional Electoral, siguió: “No importa cuántas veces un partido viole la ley, el INE jamás le quitará el registró… el INE dice que las conductas ilegales fueron sancionadas, que hubo intervenciones correctivas, que hubo reproches jurídicos y que se preservó el estado de Derecho. Dice misa, pero ya no importa, porque el precedente que sienta es muy grave”.

Calificó a partidos como éste de ser una especie de “cárteles cínicos de una democracia de alto costo y bajo rendimiento, con leyes que se violan y autoridades electorales que lo permiten”.

Cuestionó que de los más de 16 mil candidatos registrados en la contienda del 7 de junio, sólo 397 presentaron declaración y de impuestos. “Menos de una tercera parte de candidatos a diputados entregaron su currículum al INE”.

Únicamente se registraron 125 candidatos independientes, de los 16 mil aspirantes a un puesto de elección popular.

Lorenzo Córdova optó por no responder a las críticas de Denise Dresser y se limitó a señalar que las pasadas elecciones fueron las más complejas en México y que a pesar de los riesgos en materia de seguridad, no se dejó de instalar ninguna de las 148 mil casillas contempladas para recibir los votos el domingo 7 de junio.

En tanto, José Woldenberg se mostró satisfecho con los resultados de las elecciones del 7 de junio, principalmente porque la jornada transcurrió en paz: “Esa fue para mí fue la mejor noticia, que 750 mil ciudadanos hayan estado en disposición de hacerse cargo de las casillas y que más de 39 millones de mexicanos hayan acudido a las urnas, ese es un dato relevante que nadie debería de echar en saco roto”.

Hizo alusión a los riesgos que se detectaron contra las elecciones y a la movilización lanzada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para tratar de evitar los comicios.

Sin embargo, reconoció que la participación fue de apenas 47% del electorado, lo que devela signos de cansancio, molestia, hartazgo y lejanía por parte de un 53% que optó por no ir a las urnas.

Denise Dresser cuestionó el discurso de Woldenberg: “Cuando oigo a personas que admiro y respeto como José Woldenberg, siento que viven en mundo paralelo”.

Porfirio Muñoz Ledo calificó a Denise Dresser como escritora rebelde y precandidata independiente. Pidió reducir las prerrogativas a los partidos políticos, habló de la escasa legitimidad del sistema de partidos en el país y de su baja credibilidad.

Destacó que en las pasadas elecciones los mexicanos tuvieron que consumir al menos 40 millones de spot que se difundieron en los medios de comunicación y llamó la atención sobre los efectos que cobra la pobreza y la desigualdad en el desarrollo de país.

Antes del inicio de los discursos de los ponentes, algunos de los asistentes abuchearon a Lorenzo Córdova. El primer “buhhh” se escuchó cuando el servidor público fue presentado por el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López.

Otro gestó de rechazo a Córdova surgió cuando el moderador de la mesa, Javier Solórzano, lo presentó.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ALBERTO OSORIO.

LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422049