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viernes, 27 de noviembre de 2015

Los tropiezos del denominado Partido Verde

MÉXICO, DF: Durante los últimos cuatro meses de 2014 y en enero de 2015, el así llamado Partido Verde realizó toda clase de tropelías, violaciones, abusos y confabulaciones con las cuales anticipó su campaña electoral. Así, durante ese lapso el PVEM era el único partido en campaña. Además, en su propaganda sólo decía mentiras.

Pasaba el tiempo pero el Instituto Nacional Electoral dilataba la sustanciación de las quejas presentadas contra el PVEM con simples pretextos. Aquella lluvia de quejas se convertía en lluvia de indolencia, irresponsabilidad y falta de probidad del INE.

Sólo cuando la comisión de quejas del INE negó una medida de suspensión cautelar de un spot del PVEM, se logró ubicar el proceso contra ese partido en el Tribunal Electoral, el cual de inmediato ordenó al INE acatar la ley y proceder a suspender los actos que a la postre quedaron como ilegales.

Pronto, en sedes judiciales empezaron a llover sanciones pecunarias contra el partido infractor. Sólo así reaccionó el INE para imponer una multa al PVEM por desacato a medidas cautelares.

Entre las muchas sanciones contra el llamado Partido Verde se encuentra el haber distribuido miles de tarjetas de descuento denominadas Premio Platino, con las cuales es posible lograr mejores precios en establecimientos que participan en tales promociones. Las tarjetas tienen un costo y suelen ser parte de otras promociones.

El PVEM las enviaba a domicilios de electores para premiar supuestamente la fidelidad de los mismos a ese partido. La verdad es que tales tarjetas eran recibidas por personas que no tenían membresía partidista.

La cuestión es que esos regalos están prohibidos en la ley electoral y, por ese camino, constituyen también un delito federal. El llamado Verde fue multado con 4 millones y a partir de entonces ya no hubo la menor duda de que se trataba de una transgresión de la ley.

Como consecuencia de todo lo anterior se presentaron denuncias ante el Ministerio Público. Apenas ayer nos enteramos de que la Fepade, que es la fiscalía electoral de la PGR, ha solicitado una orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, líder del PVEM y subsecretario de Gobernación hasta hace unos días, por regalar tarjetas de descuento después de haberlas comprado. Este delito pretende perseguir una práctica muy vieja y conocida de regalar algo a cambio del voto, así sea despensa, lámina para construcción, cemento o tarjeta de descuento como en el presente caso.

Escobar, al parecer, firmó los contratos de compra de tales tarjetas, por lo cual se ha convertido en el principal sospechoso del delito.

No se trata de un asunto nuevo sino de una infracción cometida por el llamado Partido Verde junto con otras muchas que ya han sido analizadas en el Tribunal Electoral y, por tanto, sancionadas. En este caso, por cierto, también se ha castigado al PVEM por haber comprado las tarjetas, lo cual está igualmente prohibido.

Mas hay algo relevante: el PVEM mantiene su registro electoral a pesar de haber violado la ley durante meses en una forma sistemática y continua.

El INE se negó a cancelarle el registro pero tal resolución se encuentra ahora en manos del Tribunal Electoral, el cual podría ordenar que se le quite el registro a ese partido. Habría que considerar seriamente si es válido que por la vía judicial un partido pierda su registro, siempre que por esa misma vía hubiera sido sancionado como consecuencia de muchas infracciones cometidas de manera sistemática, pues ello implicaría que tal organización se dedica en realidad a violar la ley de tal manera que las multas millonarias tan sólo son parte del costo monetario de su ilegalidad.

Más allá de que existe una opinión popular francamente favorable a quitar el registro al PVEM, lo cual no es en absoluto motivo para hacerlo, la verdad es que el problema es grande cuando un partido paga en efectivo sus violaciones de la ley. Aquí el problema deja de ser algo concerniente a la democracia y se inscribe en el terreno de la delincuencia. ¿Así lo analizará el Tribunal Electoral?

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PABLO GÓMEZ (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421884

El INE da al Verde más dinero público para gastar en 2016, en medio del escándalo Escobar

El INE otorgó al PVEM 372 millones de pesos por concepto de prerrogativas públicas para 2016, 49 millones de pesos más del asignado en 2015, pese a los señalamientos en contra del partido del Tucán por cometer graves violaciones a la ley electoral en las elecciones de este año.

En medio del escándalo por la renuncia de Arturo Escobar y Vega a su cargo en la Secretaría de Gobernación (Segob), por transgredir la Ley electoral como representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Instituto Nacional Electoral (INE) le dio ayer a ese instituto político 372 millones de pesos por concepto de prerrogativas públicas para 2016, 49 millones de pesos más del asignado en 2015.

Escobar y Vega anunció la noche del miércoles pasado que renunciaba a la Secretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, después de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) diera a conocer que pediría una orden de aprehensión en su contra por delitos electorales.

Luego de las denuncias en contra del PVEM y de la discusión para que incluso se le retirara el registro por violar la Ley Electoral, Escobar fue elegido por el Presidente Enrique Peña Nieto y por Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, para ocupar uno de los puestos más importantes dentro de esa dependencia.

Escobar fue vocero del Partido Verde, que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló como su candidato en las elecciones de julio de 2012 al actual Jefe del Ejecutivo federal. El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación es considerado por analistas, activistas y opositores al PRI un pago político del Gobierno federal a los favores electorales recibidos del PVEM.

LÍDERES CUESTIONAN SALIDA DE ESCOBAR

Analistas, políticos y legisladores coincidieron en que fue un error nombrarlo en el gobierno y señalaron que su renuncia profundiza el descrédito de las instituciones mexicanas y desnuda el encubrimiento del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, a un “delincuente electoral”.

El politólogo e historiador Lorenzo Meyer Cossío declaró en entrevista para SinEmbargo que sólo existe una respuesta a la noticia de la renuncia de Escobar: “Algo no cumplió de lo que se negoció y algo hay más en el fondo”.


Lorenzo Meyer Cossío explicó que con el escándalo de Escobar, el Gobierno federal asume un doble costo político: el que asumió cuando lo llevó a un puesto en donde incluso se burló de los mexicanos y ahora, al aceptar a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que es un presunto delincuente.
“El sacarlo de ese puesto implica otro costo político para el Presidente que ya había pagado un costo por poner a alguien, a la persona que tiene sospecha de haber cometido la ilegalidad. Si lo hubieran mantenido se hubiera diluido relativamente con el paso del tiempo y ahora, en el momento que tiene que renunciar, justamente por lo que todo el mundo sabía, por hechos ilegales, y uno dice: ¿el Presidente es un idiota, no se había dado cuenta? No, no puede ser esa la respuesta. El Presidente sabía bien, mejor que cualquiera, y si tiene que quitarlo quiere decir que está implícitamente admitiendo que cometió un error”, dijo Meyer Cossío.

Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), coincidió con Meyer y dijo que ahora Osorio Chong deberá explicar por qué le dio una subsecretaría a alguien acusado de presuntos actos ilegales.
“¿Cómo es posible que el Secretario de Gobernación y el Presidente lo hayan nombrado para un puesto público tan importante, sin haber escuchado previamente y después, todavía haberlo ratificado? Había una especie de pacto político electoral. El Secretario de Gobernación tendrá que responder: Si usted es la cabeza de la legalidad en las actuaciones cívicas, ¿cómo pudo nombrar a este Subsecretario que ahora mismo tiene que renunciar para defenderse?”, cuestionó.

El especialista en partidos políticos Eduardo Huchim May opinó que en otros países los cargos que enfrenta Arturo Escobar hubieran bastado para que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, renunciara. Sin embargo, las características de México son distintas.
“En la designación del Subsecretario [Arturo Escobar] estuvo necesariamente involucrado el Presidente Enrique Peña Nieto, por lo que no necesariamente Osorio Chong tendría que renunciar. Sin embargo, sí pone en entre dicho que hayan colocado a alguien que al momento de su designación ya arrastraba con la denuncia”, explicó.

La directora de México Evalúa Edna Jaime Treviño dijo que el caso Escobar simplemente reitera o refrenda que fue una mala decisión “el que haya prevalecido un criterio de recompensa, un criterio de pagar por la alianza con el partido verde que desde un principio le salió muy caro por las críticas, y ahora se confirma que había razón en ellas”.
“Este año ha sido muy complicado en materia de prevención y seguramente se va ver reflejado, si de por sí ya era un programa en el proceso de madurez, que de ninguna manera podemos hablar de un política consolidada, pues ahora es un ámbito mucho más débil, donde los relevos, la ausencia de un Subsecretario por varios meses, y un nombramiento fallido sí están debilitando a la subsecretaría y los programas que se financian”, dijo Jaime Treviño.


Ayer, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que Arturo Escobar y Vega, ex Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, es un “chivo expiatorio” del Gobierno de Enrique Peña Nieto para “engañar que les interesa la legalidad”.

Legisladores consultados por SinEmbargo coincidieron en que la orden de aprehensión de la Fepade, una instancia con autonomía técnica, subordinada de la Procuraduría General de la República (PGR), rompió el encubrimiento que hace el Gobierno a sus allegados.


“Sería cuestionable que el Secretario de Gobernación si sabía o no que su Subsecretario nada más ni nada menos que el de Prevención del Delito estaba siendo investigado por cometer delitos. Lo que refleja es que es un grupo gobernante que se maneja como una pandilla cómplices”, dijo el Senador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

INE DA PRERROGATIVAS

Pese a las acusaciones en su contra, el PVEM conservará su registro y seguirá percibiendo del presupuesto público. Ayer, el INE le otorgará 372 millones de pesos por concepto de prerrogativas públicas para 2016.

El partido del Tucán recibirá 49 millones de pesos más del asignado a 2015, que fue de 323 mil millones de pesos.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer, por unanimidad, el monto de financiamiento que por concepto de prerrogativas  públicas recibirán los partidos políticos.


El financiamiento que recibirá el Verde lo colocan en el quinto lugar después del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que recibirá 420 millones; el de la Revolución Democrática (PRD), 484 millones; Acción Nacional (PAN), 797 millones, y el Revolucionario Institucional (PRI), con un millón 51 mil pesos.


Financiamiento para Actividades  Ordinarias
Financiamiento por Actividades Específicas
Financiamiento para la Franquicia Postal
Financiamiento para la Franquicia Telegráfica
Partido Acción Nacional
$774,204,795.88
$23,226,143.88
$9,596,258.06
$86,687.13
Partido Revolucionario Institucional
$1,021,041,525.83
$30,631,245.77
$9,596,258.06
$86,687.13
Partido de la Revolución Democrática
$470,289,499.73
$14,108,684.99
$9,596,258.06
$86,687.13
Partido Verde Ecologista de México
$351,964,922.89
$10,558,947.69
$9,596,258.06
$86,687.13
Movimiento Ciudadano
$327,344,034.82
$9,820,321.04
$9,596,258.06
$86,687.13
Nueva Alianza
$255,146,387.31
$7,654,391.62
$9,596,258.06
$86,687.13
Morena
$395,026,716.49
$11,850,801.49
$9,596,258.06
$86,687.13
Encuentro Social
$243,485,341.59
$7,304,560.25
$9,596,258.06
$86,687.13
$3,838,503,224.54
$115,155,096.73
$76,770,064.48
$693,497.04

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-11-2015/1564635

El PVEM es ejemplo de que violar la Ley no impide crecer en la política, afirman académicos

La jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido ejemplo de que la violación de la Ley no es obstáculo para crecer en el sistema político ni para llegar a la administración pública.

La ilustración más clara fue el aumento de posiciones que ganó durante las elecciones de este año, como en la jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones. En Julio siguiente, en Chiapas ganó la mayoría absoluta en el Congreso local y en 59 de las 122 alcaldías.

Y estos triunfos, pese a que en la elección federal cometió tantas irregularidades –como anunciarse en cines fuera de los tiempos de campaña y repartir miles de tarjetas de descuento en comercios– que se hizo acreedor a la segunda multa más alta de la historia nacional por delitos electorales. En Chiapas, mientras, la Fiscalía Electoral de la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó que la campaña de dádivas en el estado con mayor proporción de población en condiciones de pobreza generaba denuncias a razón de siete probables delitos electorales diarios, o uno cada tres horas.


El mensaje enviado a la sociedad con cada triunfo, planteó en junio la investigadora en materia de elecciones y Estado de Derecho, Sandra Ley Gutiérrez, es que violar la ley “está bien” y no tiene consecuencias.

“Si yo como ciudadano veo que mi autoridad no respeta la ley, y que no hay ninguna autoridad capaz de aplicar la ley o que las sanciones realmente duelan y no sean sólo simbólicas; si puedo seguir sacando préstamos para pagar las multas, si puedo seguir participando en las contiendas y termino ganando con el partido en el poder, el mensaje es que está bien violar la ley, que no pasa nada, que no hay consecuencias”, dijo Ley, experta en comportamiento electoral y violencia e investigadora, entre otros centros, del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales.


El mensaje de impunidad fue reforzado en septiembre, cuando en medio de las críticas e incluso de peticiones ciudadanas para que el Verde perdiera su registro, la Secretaría de Gobernación nombró al vocero nacional de ese partido, Arturo Escobar y Vega, como Subsecretario, precisamente, de Prevención y Participación Ciudadana.

La designación motivó mensajes públicos de ruptura de relaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob) por parte de organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron no sólo la falta de experiencia de Escobar en materia de prevención social y sus posiciones a favor de la pena de muerte, sino, sobre todo, las conductas delictivas en las que probablemente incurrían él y su partido.

“¿Por qué se nombró a una persona que forma parte de un partido político que destaca por hacer gala de conductas ilegales y violaciones sistemáticas a la Ley, como es el Partido Verde Ecologista de México; siendo que una de las responsabilidades de este cargo es liderar un programa de promoción de la cultura de la legalidad?”, cuestionó la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide), que también lanzó un posicionamiento en la plataforma Change.org en contra el nombramiento.


Escobar había sido vocero del Verde –carente de dirigente oficial– desde 2012, cuando este partido, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), postuló a Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia.

En septiembre pasado, fue colocado por Osorio Chong al frente de las políticas de prevención del delito aun cuando ya era parte de la averiguación previa iniciada en marzo por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que, el miércoles, pidió un orden de aprehensión en su contra por un contrato para el reparto de miles de tarjetas electrónicas para descuentos comerciales durante la campaña federal.

“Se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político [Arturo Escobar] y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa [Instituto Nacional Electoral]”, informó la Fepade.


UN CASO EXTRAÑO

a consignación de la averiguación previa, sin embargo, fue tomada con reservas. Para Alberto Aziz Nassif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), resultó incluso “extraño” que la Fepade actuara cuando su trayectoria carece de resultados y menos contra algún subsecretario.
“Es un poco extraño porque la Fepade no suele emitir este tipo de órdenes de aprehensión; ha sido bastante blanda a través de los años, y es una suerte de instancia a la cual los que hacen los delitos electorales no le temen, precisamente, porque su actuación deja mucho qué desear”, dijo.

De acuerdo con Pablo Javier Becerra, especialista en temas electorales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el caso del Verde pone en entredicho a tres instituciones: al Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros votaron en agosto pasado a favor de que el partido mantuviera su registro; al Tribunal Electoral, donde está pendiente de resolución una impugnación a la decisión favorable del INE, y a la misma Fepade, que con la petición de la orde aprehensión, dijo el investigador, “desvía la atención” del tema del registro.

La acusación contra Escobar se encuentra en la averiguación previa 618/2015, e inició por una denuncia presentada el 13 de marzo de este año por el Partido Acción Nacional (PAN), y otra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del 9 de abril.


De ser encontrado responsable, el ex subsecretario podría pagar una multa de más de cinco mil días de salario mínimo o enfrentar una pena que va de cinco a 15 años de prisión.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/SANDRA RODRÍGUEZ NIETO, JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-11-2015/1564215

jueves, 26 de noviembre de 2015

PGR viola derecho a la presunción de inocencia de Arturo Escobar: PVEM

MÉXICO, DF: El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenó la violación al derecho de presunción de inocencia de su “compañero y amigo” Arturo Escobar y Vega acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de presuntos delitos electorales.

En un comunicado plagado de elogios hacia el exvocero del instituto político, el PVEM afirmó que sus dirigentes están “seguros y convencidos” de que es inocente.

“El Partido Verde pronuncia total respaldo para Arturo Escobar y Vega, un hombre clave en la construcción de las reformas transformadoras de nuestro país, y un firme defensor del estado de derecho, quien estamos seguros y convencidos, es inocente de las acusaciones que se le imputan”, afirmó el PVEM en un comunicado.

Carlos Puentes Salas, vocero nacional del PVEM reclamó además que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) diera a conocer el proceso de investigación que sigue contra Escobar de manera pública, mediante el comunicado 814/15.

“Tendríamos que advertir y señalar respetuosamente la presunción de inocencia, un derecho constitucional consagrado en el artículo 20, que ha sido vulnerado toda vez que se hizo pública y se expuso a medios de comunicación información que debió ser resguardada debidamente, como parte de una investigación activa”, reclamó Puentes.

Y siguió:

“En México hemos trabajado por casi ocho años en la implementación de un nuevo modelo de justicia, basado en el respeto a los derechos humanos y cuyo pilar fundamental es el principio de presunción de inocencia, mismo que claramente no se conoce ni se respeta el día de hoy, para nuestro compañero y amigo.

“Arturo Escobar y Vega tiene derecho a un debido proceso que en este caso no se le ha respetado”, exigió el vocero del PVEM.

Además respondió a un señalamiento de la Fepade sobre prveedores no autorizados por la autoridad administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) en las elecciones intermedias de junio pasado.

Puentes dijo que no son varios proveedores, “es un proveedor de servicios al que se hace referencia y se puede constatar en la página del Instituto Nacional Electoral que este proveedor fue dado de alta el 3 de marzo de 2015”.

El vocero del PVEM Puente Salas afirmó que Escobar proporcionará “toda la información necesaria” que se le requiera en el caso pues es un hombre que “se maneja con total apego a derecho”.

De ello, abundó, ha dado muestra al solicitar de manera inmediata “tan pronto como se conoció esta información, su separación del cargo, para que la investigación se realice con la mayor transparencia”.

Tras fijar la postura oficial del partido Puentes Salas afirmó que el instituto político no abordará más información o detalle sobre el caso, toda vez que “ya se encuentra turnado a un juzgado, y cualquier declaración pudiera entorpecer a dicha investigación”.

Escobar renunció el miércoles pasado a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob) luego de que se diera a conocer la investigación en su contra.


Su renuncia fue celebrada por organizaciones civiles que venían pidiendo su renuncia porque consideran que el exvocero del PVEM “no es un servidor público confiable” y desconoce “los principios éticos democráticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421778

En 2014, Escobar aprobó la ley que ahora lo hunde

Pese a que está comprobado que firmó los contratos para la repartición de tarjetas, los delitos electorales no son considerados graves.

Era 14 de mayo de 2014. Había un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

Arturo Escobar caminaba por los pasillos de San Lázaro hasta llegar a su oficina y de ahí se pasaba a su curul.

A la hora de someterse a votación la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la línea en el Partido Verde Ecologista de México era votar a favor de la misma.

Al final de la discusión, se aprobó en lo general con 384 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones. 23 votos en pro fueron de diputados del PVEM, entre ellos Escobar.

Algunos artículos fueron reservados, pero hubo ya pocos cambios. La votación fue similar: 362 a favor, 29 en contra y 11 abstenciones. 98 diputados ya se habían retirado.

Quien siguió en la sesión fue Escobar. No dudó en votar nuevamente a favor. Otra vez fueron 23 votos de legisladores del Verde, a favor de esa ley.


Los votos en lo particular fueron a favor de los artículos 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 24 y tercero transitorio:

Es precisamente el artículo 15 el que presuntamente habría violado el propio Escobar, al firmar contratos para repartir Premia Platino antes de las elecciones de junio pasado:

Dicho artículo dice:

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

“Las tarjetas Premia Platino son un buen ejemplo de esto, era una prestación que se le daba a las personas que recibían la tarjeta, para obtener descuentos no inmediato sino mediato, algo directo, respecto al beneficio que podrían obtener las personas cuando acudían a los centros comerciales al presentar estar tarjetas y esa es una situación prohibida por la ley, la ley lo prohibió y eso equivale a entrar en el tipo delictivo del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece que no se pueden realizar, ni destinar, ni recibir aportaciones en dinero o en especie”, dijo Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en entrevista para Aristegui CNN. 

De acuerdo con su página de internet, con dicha tarjeta se obtienen descuentos, al presentarla “en los negocios afiliados y recibes el descuento o beneficio de acuerdo a lo publicado en el directorio de Descuentos“. 

El Partido Verde entregó miles de ellas. Incluso, hasta con nombre de la persona a la que estaba dirigida.


Incluso, la ex pareja del presidente Enrique Peña Nieto, Maritza Díaz, recibió una:

Las denuncias sobre el reparto masivo de estas tarjetas del Verde llegaron a la mesa del Instituto Nacional Electoral el pasado viernes 6 de marzo.

Quien hizo pública la denuncia fue Horacio Duarte, del Movimiento de Regeneración Nacional: “Hoy una nueva tarjeta de descuentos que se manda por parte del Partido Verde Ecologista de México, mensajes de celular del número 356991899022, que están mandando mensajes SMS, el reparto de calendarios con el uso de la base de datos del Padrón Electoral, son todos estos elementos claramente identificados que son el desafío a la autoridad, son el desafío al Instituto Nacional Electoral, que pasivamente regresa y toma acciones cuando se ha afectado, se ha trastocado la equidad en la contienda.. el problema no es el Partido Verde Ecologista de México… no es con sus dirigentes, es lo de menos, el problema es, al servicio de quién está el Partido Verde Ecologista de México, al servicio de quién los patrocina, les genera un manto de impunidad y los va a utilizar para que, según ellos, logren su ansiada mayoría en la Cámara de Diputados, es para el Partido Revolucionario Institucional, están al servicio del Partido Revolucionario Institucional y de Enrique Peña Nieto”.

En tanto, el perredista Fernando Belaunzarán comentó: ”Me preocupa ver hasta dónde está llegando el Partido Verde Ecologista de México, con su insolencia, con su desafío a las instituciones; efectivamente, aquí está ya su tarjeta de descuento, descuento de 10, 15, 20 por ciento, lo cual es apoyo en especie y está también prohibido en la legislación; ¿por qué generar este problema electoral, por qué generar este elemento de descomposición, de enturbiamiento? Eso es lo que yo estoy tratando de buscar, un razonamiento, ¿cuál es su lógica?, ¿por qué desafiar así a las instituciones, a la ley?, ¿por qué estar de esta manera golpeando y convirtiéndose en el protagonista de la campaña electoral?”.

Al respecto, el panista Javier Corral señaló: “El Partido Verde Ecologista de México es un partido político consuetudinario del vicio tramposo, es adicto a la violación legal, ha desafiado al Instituto Nacional Electoral con todo tipo de conductas, desde esta propaganda electoral, disfrazada de informes legislativos, el manejo de los programas sociales en los que llegó al extremo de incorporar en su propaganda al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ni más ni menos, en el peor de los usos y manipulaciones electorales de programas sociales, también usa el Padrón Electoral, pero, también da ahora tarjetas de descuento.

“Ahora ofrece, a través de una tarjeta que circula ya en estos días, como lo dijo Horacio Duarte… descuentos en no sé cuántos establecimientos del país, cerca de 8 mil, otra vez, violentando abierta y directamente la reciente Reforma Electoral, que en el artículo 209, en el apartado 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohibió las condonaciones en especie, para incluso, otorgar beneficios directos o indirectos porque es una conducta desafiante, es una conducta impune, y lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿en dónde basa el Partido Verde Ecologista de México su impunidad? Por supuesto, que no sólo en su aliado, hoy absolutamente demeritado, no solamente en el poder del Presidente de la República, hoy debilitada su imagen, por los suelos en materia de credibilidad, tan es así, que él mismo lo ha tenido que reconocer en el Reino Unido. Basa su impunidad en el poder de Televisa, en el cañón del Canal 2″, acusó. 

A las denuncias de los políticos se sumaron ciudadanos que protestaron por el uso de sus datos.

Por lo pronto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales consignó ante un juez a Arturo Escobar, contra quien solicitó se gire una orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en la violación a un artículo de una ley que él mismo aprobó. El juez tiene diez días para definir qué procede. Sin embargo, el titular de la FEPADE reconoció anoche en CNN que “los delitos electorales no son delitos graves”. 

Pero hay más.

Otra empresa con la que firmó contratos Escobar, para transmitir los llamados cineminutos, es de su propia familia. 

Se trata de Rabokse (Escobar al revés, pero con la letra K), propiedad de Adrián Escobar y Vega, quien es hermano del ex diputado del Verde. En agosto pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoal investigar a dicha empresa Rabokse. Esa investigación sigue su propio curso.

Tras varios meses de propaganda del Partido Verde en el cine y en las calles, en marzo pasado, el Tribunal Electoral razonó que había toda una estrategia publicitaria del PVEM.


Después de los cineminutos, las bardas, los espectaculares, las tarjetas, los boletos de cine regalados, lentes gratuitos, siguieron los kits escolares y las mochilas del Verde. En las elecciones del 7 de junio, ese partido obtuvo 2 millones 758 mil 152 votos, lo que lo colocó en quinto lugar a nivel nacional; no obstante, por su alianza con el PRI, fue el cuarto partido mejor posicionado en la Cámara de Diputados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ B.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2611/mexico/en-2014-escobar-aprobo-la-ley-que-ahora-lo-hunde/

Arturo Escobar firmó los contratos para repartir tarjetas del Verde: Santiago Nieto

El caso del ex subsecretario de Gobernación y ex vocero del Partido Verde es la primera consignación de un representante legal de un partido político.

Arturo Escobar fue consignado ante un juez -al que se solicitó girar una orden de aprehensión- porque él fue quien firmó los contratos, en calidad de representante legal del Partido Verde, para repartir, en las pasadas elecciones, las tarjetas Premia Platino, las cuales están prohibidas en la ley que se aprobó el año pasado, indicó Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 

En entrevista para Aristegui CNN, detalló que la consignación es un término técnico-jurídico del sistema de procuración de justicia, aplicado luego de que la Fiscalía recibió una serie de denuncias por la distribución de las tarjetas Premia Platino, las cuales fueron presentadas por el PAN, PRD y ciudadanos que recibieron esa tarjeta y protestaron por el uso de sus datos personales.

La fiscalía “encontró que había existido una serie de contrataciones indebidas y de actos indebidos”, por lo que desarrolló la investigación, recabó las pruebas y elaboró un documento, “que se denomina pliego de consignación, y a esto denominamos consignar, el pliego de consignación es la resolución, la voz de la fiscalía, los argumentos técnico-jurídicos que tiene la fiscalía especializada para presentarlo a un juez de distrito y solicitar que se libren órdenes de aprehensión en contra de las personas que se ha encontrado responsables de haber cometido presuntamente una conducta delictiva”. 

El miércoles la FEPADE dio a conocer que consignó tres averiguaciones previas, entre ellas la de Escobar, y dos más relacionadas con la elección en Colima.

“La parte importante de la fiscalía es poner a consideración de un juez el acreditamiento del cuerpo del delito y por otro lado la probable responsabilidad de personas físicas; las instituciones no delinquen, lo hacen las personas, en la fiscalía se persiguen conductas delictivas que hacen personas físicas que han vulnerado el marco de los delitos electorales en el país”, explicó.

En la ley aprobada el año pasado “se estableció una prohibición: los partidos políticos tendrán prohibido entregar cualquier tipo de material en el que se haga una oferta, en dinero o en especie, sea inmediata o mediata, directa o indirecta, que beneficie a un partido en las campañas electorales.

“Las tarjetas Premia Platino son un buen ejemplo de esto, era una prestación que se le daba a las personas que recibían la tarjeta, para obtener descuentos no inmediato sino mediato, algo directo, respecto al beneficio que podrían obtener las personas cuando acudían a los centros comerciales al presentar estar tarjetas y esa es una situación prohibida por la ley, la ley lo prohibió y eso equivale a entrar en el tipo delictivo del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece que no se pueden realizar, ni destinar, ni recibir aportaciones en dinero o en especie”, abundó.

La prohibición legal es muy clara, señaló el fiscal, “este tipo de materiales no podían desarrollarse. La reforma del año 2014 estaba pensada en fortalecer el sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos”.

No obstante, reconoció que actualmente “los delitos electorales no son delitos graves”. 

“En el ámbito federal tenemos un catálogo de delitos graves dentro de los cuales no se encuentran los delitos de corte electoral. Va a quedar en manos del órgano jurisdiccional determinar o no la libertad o la posibilidad de que se otorgue una caución para efecto de poder desarrollar y enfrentar el proceso penal en libertad”, precisó.

“En el caso de los delitos electorales el ofendido es la sociedad en su conjunto… la pena más importante es la contenida en el artículo 15 de la ley”, refirió.

Dicho artículo establece:

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Pero destacó que “lo importante es mandar un mensaje: que las instituciones electorales deben estar cumpliendo con sus funciones con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y con independencia de quienes sean los sujetos activos que cometen las conductas delictivas”.

En caso de que no vaya a la cárcel Escobar, apuntó, habrá sanciones económicas, siempre y cuando se acredite ante el juez su responsabilidad.

Nieto sostuvo que “no se puede tolerar ninguna conducta que vulnere el marco electoral en su conjunto, los perjudicados somos todos los ciudadanos, por tanto es importante que las instituciones electorales manden mensajes claros, de cara a los comicios que vamos a tener en 2016 y a partir de ahí sentar las bases para los comicios que van a venir en 2018″.

Caso Colima

Sobre los otros dos casos, relacionados con la elección en Colima, puntualizó que se trata de Rigoberto Velasco, secretario de Desarrollo Social del gobierno de Colima; y una averiguación previa que involucra al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Jesús Fuentes Martínez; y el abogado del candidato del PAN al gobierno de Colima, Javier Jiménez Corzo, por presentar pruebas falsas. 

“Fue un proceso muy complejo, el Tribunal Electoral determinó declarar la nulidad de los comicios, porque una causal de nulidad es la intervención del Ejecutivo estatal y se acreditaron una serie de conductas irregulares”, acotó.

Una de ellas fue denunciada por el PAN, sobre que el Secretario de Desarrollo Social apoyó a los candidatos del PRI, lo cual quedó acreditado.

La segunda fue una acusación es contra Jorge Luis Preciado, candidato del PAN al gobierno de Colima, pero él no participó en la comisión de una conducta delictiva; sin embargo “queda muy claro la participación delictiva del presidente del comité directivo del PAN”, quien al igual que el abogado del partido, aportaron pruebas falsas.

Sobre estos dos casos, la PGR detalló en un comunicado:

“Con relación a la elección para gobernador de Colima, esta Fiscalía (FEPADE) ejerció la acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, en favor de un partido político.

“Dicha acción constituye un ilícito electoral en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 fracciones I y II, así lo establece la “Fracción I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.

“En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en el estado de Colima, previsto en el ordinal 13 Fracción II de la citada Ley, también se ejerció acción penal en contra de abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios”. 


Entrevista:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2611/mexico/arturo-escobar-firmo-los-contratos-para-repartir-tarjetas-del-verde-santiago-nieto-en-cnn/

Celebran activistas salida de Escobar; “no era confiable”, dicen

MÉXICO, DF: Organizaciones de la sociedad civil celebraron la renuncia del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de presuntos delitos electorales.

En un comunicado, la Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad (AMCI), Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, Católicas por el Derecho a Decidir y México Unido contra la Delincuencia, entre otras agrupaciones, subrayaron que el exvocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “no es un servidor público confiable” y desconoce “los principios éticos democráticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana”.

Demandaron que en la designación del nuevo subsecretario, la Segob tome en cuenta la experiencia y conocimiento en la materia, así como la sensibilidad y capacidad de diálogo.

Las agrupaciones destacaron que su propósito de mantener la vigilancia en torno al nombramiento del o la sucesora de Escobar y el desarrollo del programa nacional de prevención del delito, es para que el nuevo titular contribuya a los fines de la Subsecretaría y “para que no sea utilizada como espacio de negociación política o electoral”.

Señalaron que desde el nombramiento de Escobar, “las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la prevención social de las violencias señalamos su falta de calidad moral y profesional para ocupar el cargo”.

Específicamente denunciaron que como senador del PVEM, en 2009, “fue sorprendido con una maleta con 1.1 millones de pesos llegando al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.

Y añadieron que la empresa que contrató la propaganda de los Cineminutos “es propiedad de Adrián Escobar, hermano de Arturo Escobar”, quien como subsecretario “estuvo visitando Chiapas (el 7 de septiembre) y realizando eventos de promoción con el gobernador Manuel Velasco, recorriendo los polígonos de Tuxtla Gutiérrez que forman parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) y prometiendo mayores recursos”.

En su comunicado, las organizaciones también pidieron que en el proceso que se siga contra el inculpado se respeten sus derechos humanos, y que conforme a los tratados internacionales se garantice su defensa y acceso a la justicia.

Ayer, momentos después de que Escobar formalizara su renuncia a través de su cuenta en Twitter, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmó, en un acto sin precedentes, que había consignado la averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por el exvocero del PVEM


En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene 10 días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421737

miércoles, 25 de noviembre de 2015

La Fepade pide orden de arresto contra Escobar, Subsecretario de Segob y ex vocero “Verde”

La Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del PVEM un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

Arturo Escobar, Subsecretario de Participación y Prevención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, rechazado por grupos civiles por considerarlo un mal ejemplo para la cultura de la legalidad en un país cuestionado por la debilidad del Estado de Derecho, está en problemas.

Esta noche, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos relacionados con desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015. Escobar fue vocero del Partido Verde Ecologista, que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló al actual Presidente Enrique Peña Nieto.

El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación se considera un pago político del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el PRI y por sus candidatos.

De acuerdo con el periódico Reforma, la Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del PVEM un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

El diario detalla que de acuerdo con la legislación queda prohibido que los partidos, los candidatos o los equipos de campaña, entreguen cualquier tipo de material en el que oferten o se entreguen beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, debido a que representa un “indicio de presión” hacia el elector para obtener su voto.

Al Subsecretario de la Segob se le imputa el delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. El cual es castigado con de 5 a 15 años de prisión y multas de mil a 5 mil días. La pena podría ascender a una mitad más si es que la conducta se realiza en apoyo a una precampaña o campaña electoral.


Mientras, el juez tiene un plazo de diez días para conceder o negar la orden de detención en contra de Arturo Escobar.

Desde el mes de marzo de este año, ciudadanos denunciaron que el PVEM realizaba un envió de tarjetas de descuento, las Premia Platino, en la que ofrecía distintos descuentos para comercios de toda índole, laboratorios médicos, tiendas departamentales, zapaterías, restaurantes, papelerías, pizzerías, hoteles y más. La entrega se hizo durante varios meses previo a las elecciones del 7 de junio de 2015, pese aún de que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) dictó una medida cautelar para que se detuviera su distribución.

Las tarjetas llegaban al domicilio con el nombre del votante; es decir, el Partido Verde utilizó bases de datos que supuestamente son protegidas por el INE para, según los tirbunales, tratar de comprar votos, ofreciendo como lo hizo el PRI en 2012, tarjetas con beneficios.


Las tarjetas rotuladas con los nombres de los particulares también ofrecían bonificaciones del 30 por ciento de las compras en las Farmacias del Ahorro, en las tiendas Chedraui se les da 10 pesos de bonificación por cada 200 pesos de compra.

ESCOBAR EN LA SEGOB

El pasado 9 de septiembre Arturo Escobar y Vega fue designado como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob. Luego de su nombramiento, diversas organizaciones coincidieron en que esta decisión no sólo fue un premio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto por su participación en el proceso electoral 2015, sino que con ello, el Gobierno federal concretó un pacto de impunidad y corrupción, denunciaron organizaciones civiles. Incluso pidieron su revocación.

Luego de su nombramiento, se recordó que Escobar y Vega fue detenido en un aeropuerto de Chiapas con más de un millón de pesos en efectivo cuando era Senador del PVEM en 2009. Además de ser uno de los principales orquestadores de la más reciente campaña del Partido del Tucán, una de las más multadas en toda la historia.

Alfonso Celestino Pérez, miembro de Cauce Ciudadano, dijo en su momento, que la designación de el ex vocero del PVEM es un agravio pues el Gobierno denota un “desprecio a la política de prevención, que era una de las pocas donde había un canal de diálogo con la sociedad. No le interesa que esa política se mantenga y se fortalezca. No era perfecta y había muchas limitaciones, pero había ese canal de diálogo que ahora está roto”.

Además acusó que Escobar planeaba contratar a personas del Partido Ecologista.


Cauce Ciudadano, integrada por más un centenar de organizaciones y casi 200 ciudadanos, criticaron que Arturo Escobar “no es un servidor público confiable”, porque no practica principios éticos democráticos, como lo es la declaración de su patrimonio, puesto que en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aparece que el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-11-2015/1563148

Consejo Político Nacional del PVEM elige a Carlos Puente como su vocero

México, DF. En una sesión de 15 minutos, el Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) eligió al senador Carlos Puente como su vocero nacional, quien se manifestó en favor de una reforma política que permita a los partidos, de nueva cuenta, comprar espacios en radio y televisión para la difusión de sus mensajes proselitistas .

A esta reunión acudió Arturo Escobar, ex vocero del Verde y actual subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

Acorde con Puente , asistieron a la sesión "21 o 22" consejeros - de 29 integrantes de este órgano -;se refirió a Escobar como "miembro distinguido" del PVEM (aliado electoral del PRI).

El Partido Verde fue el más multado en el proceso electoral de este año. La más reciente reforma política , en 2007-2008, incluye un modelo de comunicación que prohíbe, como vía de equidad entre las fuerzas políticas, la compra de espacios en radio y televisión. A cambio, los partidos tienen espacios gratuitos en estos medios, bajo el esquema de los denominados tiempos oficiales del Estado.

Sin mencionar esta circunstancia, el nuevo vocero señaló:

"Estamos listos para que los mexicanos y las mexicanas nos reconozcan como un partido serio y sobre todo, independiente.

"Siempre hemos jugado limpio y lo seguiremos haciendo ; hay muchos que piensan que competimos siempre queriendo sacar la mayor ventaja pero lo único que hemos hecho es respetar la ley y acatar la decisiones de la autoridad por mas injustas que estas puedan parecer ", dijo.

Hemos aprendido de nuestros errores, agregó, y comprendemos nuestras debilidades

Puente dijo que la reciente decisión del consejo político del PRI , para dar candidaturas a simpatizantes - más no integrantes- de este partido no les afecta.


Aseveró que su relación electoral con el PRI no es de reparto sino de alianza Politica.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/24/consejo-politico-nacional-del-pvem-elige-a-carlos-puente-como-su-vocero-9399.html

viernes, 25 de septiembre de 2015

Albergue canino, promotor de zumba y otras presuntas organizaciones “apoyan” a Arturo Escobar

Las supuestas asociaciones aseguran que "respaldan" al cuestionado subsecretario de Prevención del Delito y le dan su "voto de confianza", en contraste con lo que han dicho organizaciones nacionales, académicos y activistas.

El nombramiento de Arturo Escobar en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación no ha sido bien recibido.

Académicos y organizaciones sociales enviaron una carta la semana pasada al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le exigen revocar el nombramiento de Escobar y exponen sus argumentos.

En tanto, para manifestar su rechazo al líder del Partido Verde, el jueves de esta semana, un grupo de ciudadanos clausuró simbólicamente las instalaciones de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

Incluso, moneros de la prensa nacional han hecho eco de la oleada contra el funcionario.

Contra todo, Escobar advirtió que él permanecerá en ese cargo hasta que lo decida el Presidente. 

En medio de las críticas en su contra, esta semana han aparecido diversos desplegados en periódicos, firmados por presuntas organizaciones de diferentes estados. Por ejemplo, hoy aparece uno, que suscriben supuestas asociaciones de Guanajuato.

Los firmantes dirigen su pronunciamiento al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le dicen que Escobar “es una persona con plena capacidad para afrontar tal encomienda, ya que nuestro país requiere de profesionales comprometidos y responsables…”.

Un desplegado parecido apareció en Puebla y San Luis Potosí, donde otras supuestas organizaciones también le dicen a Osorio Chong que le otorgan un “voto de confianza” al líder del Partido Verde.

Varias de las organizaciones que apoyan a Escobar no cuentan con páginas de internet ni existe información en línea sobre ellas.

Pero hay otras de las que sí hay información disponible. Por ejemplo, uno de los firmantes es el Albergue Canino Don Pablo, que en su página de Facebook indica que se encuentra en San Francisco del Rincón, y tiene 2 mil 126 seguidores.

Una de las firmantes es la Fundación Cultural Forjadores de México AC, que en internet describe que tiene el objetivo de “difundir las artesanías, charrería, gastronomía, música, turismo, ecosistemas, inmuebles históricos y otros”.

Formación Integral de Ayuda Interpersonal, otra de las firmantes del desplegado, tiene 66 “likes” en su página de Facebook, donde anuncia clases de Zumba para el próximo 27 de septiembre.

Familias Unidas de Guanajuato, quien también respaldó a Escobar, no tiene página en Facebook pero 9 personas han manifestado que “les gusta”.

Otro de los firmantes es Desarrollo de Soluciones en Construcción, que en su página web se describe como “un grupo de profesionales en Geotécnia, laboratorio de control y verificación de calidad, supervisión de obras y estudios de ingeniería, sumando 18 años de experiencia en carreteras, puentes, caminos en operación y estructuras civiles”.


El desplegado de las organizaciones guanajuatenses:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.