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El Partido Verde promueve Ley que alienta maltrato y crueldad contra animales, advierten activistas

Organizaciones civiles externaron su preocupación por la Ley General de Biodiversidad que promueve el Partido Verde Ecologista de México. Ninfa Salinas Sada, Senadora del Verde, no es la “verdadera” autora, afirman, sí Felipe Ramírez, ex director general de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien fue cesado en dos ocasiones y acusado penalmente de tráfico de especies silvestres.

La iniciativa de Ley General de Biodiversidad –promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– que se discute en el Senado de la República, contiene diversas disposiciones que violarían tratados internacionales que México ha firmado y además dejaría “desprotegida” a la biodiversidad del país, denunciaron organizaciones ambientalistas.

Dicha Ley, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil Defenders of Wildlife de México, Teyeliz, Greenpeace México, Centro para la Diversidad Biológica, Grupo Ecologista del Mayab, Fundación Haghenbeck y de la Lama, Pro Perro, Koncientizando por un Mundo Mejor, Presencia Animal, Visión Animalista, Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, permitiría, entre otras cuestiones:
-La importación de primates exóticos bajo el falso argumento de conservación cuando no existen en México programas de reproducción de la especie en sus países de origen. 
-El aprovechamiento extractivo de subsistencia de las tortugas marinas, productos y subproductos. 
-La desprotección de los psitácidos mexicanos que conllevaría al aumento en el tráfico ilegal, lo cual estaría contraviniendo lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a la reducción de dicha actividad ilícita.
En entrevista para SinEmbargo, Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), explicó que la Ley promovida por la senadora Ninfa Salinas Sada, abrogaría la Ley General de Vida Silvestre, con lo que quedaría eliminado el Capítulo dedicado al Trato Digno y Respetuoso a la Fauna Silvestre, en en el que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) basa el aseguramiento y decomiso de las especies bajo condiciones límite de maltrato y crueldad.
“[Con la Ley General de Biodiversidad] perderíamos todo lo que se ha avanzado en términos de conservación y de vida silvestre. Habría maltrato animal. [El PVEM] Es incongruente, está yendo contra sus propios principios”, condenó la activista.

Al respecto, Miguel Alejandro Rivas Soto, campañista de Océanos de Greenpeace México, dijo a éste medio informativo que la Ley General de Biodiversidad “abre la puerta” a que los animales regresen a los circos, además, señaló, daría oportunidad a los delfinarios de capturar a las especies marítimas y de utilizar animales para la experimentación.

“Cambian el concepto de ‘trato digno y respetuoso’ por ‘bioética’, un concepto que no está claro sobre lo que está bien y lo que está mal, y queda a la interpretación de cada persona”, lamentó.

Las ONGs destacaron que el problema es que en el pasado Estados Unidos ha amedrentado con realizar embargos o incluso lo ha cumplido con algunos países, incluyendo a México, por incumplimiento de disposiciones internacionales de especies consideradas como en peligro de extinción. Ahora, la amenaza está latente por las ideas del Presidente Donald Trump sobre el país gobernado por Enrique Peña Nieto.

Rivas comentó al respecto: “Las pesquerías de México se podrían ver sujetas a embargo por parte de Estados Unidos y las relaciones con ese país no están muy bien como para darle excusas al Gobierno de Trump para hacer éste tipo de cosas […] No hay que ponerle en charola de plata las excusas a Trump para que nos siga golpeando”.


“Podríamos entrar a las garras de Trump para que nos puede boicotear, por ejemplo, con el embargo atunero”, planteó, Domínguez y agregó que México estaría incurriendo en violaciones a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), contra la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), e incluso contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

EX FUNCIONARIO ACUSADO DE TRAFICAR CON ESPECIES REDACTÓ LA LEY, ACUSAN

Aunado a toda la problemática, las organizaciones externaron su preocupación, ya que, aseguran, la Senadora Salinas no es la “verdadera” autora de la Iniciativa de Ley y sí Felipe Ramírez, ex Director General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien fue cesado en dos ocasiones, entre otros asuntos por ser acusado penalmente de tráfico de especies silvestres.

Las ONGs ambientalistas, señalaron a través de un comunicado que Felipe Ramírez “fue un mal funcionario” sobre el que se recibieron diversas denuncias por tráfico y corrupción durante los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace, opinó que dicha iniciativa de Ley General de Biodiversidad “está viciada de origen y no puede ser aprobada en los términos en los que se presentó en octubre pasado. Menos sabiendo que un ex funcionario denunciado y separado de su cargo años atrás por tráfico de especies silvestres es uno de sus principales impulsores”, se lee en el mismo comunicado.


En el mismo sentido, María Elena Sánchez, Presidente de Teyeliz, calificó como “alarmante” que el partido del tucán haya permitido que el futuro de la conservación de la biodiversidad del país quede en manos de un exfuncionario denunciado en varias ocasiones por tráfico de especies.

Mientras tanto, Domínguez dijo a éste medio que Ramírez “es un personaje negro y tenebroso en la historia de conservación y medioambiental de México”, por lo que urgió a que no se apruebe la Ley y se realice un foro abierto para que la sociedad civil se pronuncie al respecto.

Los activistas hicieron un llamado al Presidente de México y a la Senadora Salinas Sada, quien promueve la iniciativa, a que la misma sea retirada “inmediatamente”, ya que consideran “no se puede trabajar sobre un documento tan mal redactado como omiso en su fondo y con un sesgo en contra de la conservación de la biodiversidad”.

Rivas recordó que en la pasada Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), celebrada en Cancún Quintana Roo, donde participaron 196 países, Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat, aseguró que Enrique Peña Nieto ha sido el Presidente “más ambientalista” en la historia de México; por lo que subrayó, el mandatario debe mostrar coherencia y “poner orden y pedirle a su partido que desestime la Ley hasta que haya una que sea seria en el tema”.


Además, Grupo Gema lanzó a través de la plataforma Change, la petición “No permitamos que el Partido Verde elimine las disposiciones para el trato digno y respetuoso a la fauna silvestre”, a fin de que la sociedad se sume a la exigencia de las ONGs. Si desea firmar, puede ingresar aquí.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2017/3153533

INE hará “bitácora de la impunidad” del Partido Verde: Alfredo Figueroa

La petición de retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México fue declarada infundada el miércoles por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa, lamentó la decisión del Tribunal Electoral de no retirarle el registro al Partido Verde y sostuvo que no son aceptables las conductas de ese instituto político.

Apuntó que, no obstante, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral que integre “un registro sistematizado de sanciones del PVEM como medida preventiva, que sirva como elemento de análisis contextual en caso de que en los próximos procesos electorales federales se imputen nuevamente conductas similares a dicho partido político”, como si se tratara una “bitácora de la impunidad”.

En entrevista para Aristegui Noticias, aseveró que se confirma un deterioro institucional, tras revisar una “resolución plagada de contradicciones, que carece de todo sustento, que deja un halo de dudas respecto el proceder de la sala superior”.


Agregó que el “tema esencial tiene que ver con la corrupción política”, pues “hay un conjunto de casos que pueden advertirse, de carácter sistemático, en donde cada vez que el Partido Verde decide emprender un conjunto de conductas contrarias a la Constitución termina siendo o exonerado o disminuidas las sanciones o no visto los procesos que tienen que ver con el uso de los tiempos comerciales”.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/ine-hara-bitacora-de-la-impunidad-del-partido-verde-alfredo-figueroa/

Salinas, el titiritero

SIERRA DE CHIAPAS.- A Filigonio de León Pérez el paraíso se le terminó. Al agua del río que baja de la biosfera El Triunfo y atraviesa su comunidad se le hizo una nata de oxidación que le arrancó la vista a cientos de peces y a su hijo Filigonio, de 20 años.

En Nueva Esperanza y en los poblados de la zona baja de la sierra de Chiapas, entre 2008 y 2012, junto con los ríos contaminados por las minas Cristina y Nueva Francia, creció también la presencia de fundaciones y políticos ligados al empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país, y al Partido Verde Ecologista de México.

Aunque la tragedia de Filigonio y miles de familias cuyas tierras están asentadas sobre regiones ricas enminerales e hidrocarburos, inició antes, por el año 2000, cuando llegaron geólogos a introducir delgados y largos tubos para sacar muestras de tierra, sin dejar huellas. En los siguientes 15 años, el gobierno federal concesionó la quinta parte del territorio chiapaneco para la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc, titanio, fierro y barita. En total 1.5 millones de hectáreas de tierra lista para ser explotada.

Los “fuereños” llegaron a rentar tierras a los comuneros y ejidatarios de zonas estratégicas, de donde empezaron a sacar, casi de manera subrepticia, miles de toneladas de rocas. Los habitantes de la región, dedicados a la producción de árboles frutales y café, empezaron a recibir dinero -un promedio de 2 mil pesos anuales- por que alguien sacara piedras. Parecía una verdadera “compensación”.

La oquedad que dejaron las excavaciones en la parte alta del poblado Nueva Francia se llena de agua verdosa en época de lluvias y bien podría confundirse con una laguna natural, si no fuera porque ni los sapos sobreviven ahí adentro. A unos kilómetros de distancia, la mina La Libertad (conocida como mina Cristina) tampoco tiene un impacto visual dentro de esta tierra paradisiaca.

Filigonio y su familia, y al resto de los pobladores de esta región entendieron que eso no era cosa buena. Escuchaban las historias de quienes viven al otro lado de la sierra. En el municipo de Chicomuselo asesinaron a Mariano Abarca Robledo por oponerse a la explotación de la mina ubicada en el ejido Grecia.

Era el año de 2009 y empezaba la resistencia.

Esperar el mejor momento
Rubén Nolasco Hernández de 60 años, es propietario de tierras donde la mina Nueva Francia extrajo titanio durante los seis años que estuvo activa. Todo ese tiempo el campesino recibió 3 dólares por cada tonelada del metal extraido.

El hombre cuenta que en 2008, firmó un contrato “con el ingeniero Silva” para rentar sus tierras por 30 años, pero no los tiene a la manos “porque el ingeniero se lo llevó”.

“Me dieron 400 mil pesos por adelantado como pago por la explotación de 4 años”, explica el campesino, mientras explica que su tierra en el municipio de Escuintla antes dedicada al cultivo de frutas y el pastoreo de ganado, en la zona de influencia de la Biosfera El Triunfo.

“¿Quién me va a dar este dinero por mis tierras? Nadie. Acá los campesinos nunca hemos visto tanto dinero junto, ni lo veremos. Pero el problema fue que la gente empezó a protestar porque dijeron que la mina estaba contaminando los ríos”.

Uno de ellos era Filigonio. Los campesinos empezaron a cerrar los caminos por los que bajaban los camiones cargando el titanio. Eso, y el asesinato de Mariano Abarca puso los reflectores sobre la región.

En 2012, las autoridades reconocieron que ni la mina Nueva Francia ni la mina La Libertad (o Cristina) tenían en regla las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la extracción debido a que el potencial minero en esta región se encuentra en el núcleo de la Reserva y Zona de Amortiguamiento de la Biosfera El Triunfo -que alberga al bosque de niebla más importante del país- y en el Área Natural Protegida de La Encrucijada. Ambas están protegidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas y Ley de Equilibrio Ecológico.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la mina Nueva Francia; la mina La Libertad (o Cristina) suspendió la extracción de mineral, y la minería en la región entró en un impase, indica el análisis “Impacto de los proyectos minero metálicos en áreas prioritarias para la conservación en Chiapas: estudio sobre las amenazas a la biodiversidad en la sierra madre”, elaborado por bióloga Sandra Urania Moreno Andrade y auspiciado por la Alianza Sierra Madre.

Pero los empresarios mineros sólo esperaban mejores tiempos. En los años siguientes, la entrega de concesiones y la obtención de nuevas tierra mediante los procesos de compra o renta siguió avanzando, y los grupos políticos que fungen como operadores de los empresarios mineros -principalmente ligados al Partido Verde- concretaron su estancia en el gobierno estatal.





















La toma del poder
Para finales de 2015, Tristán Canales Reyna, su esposa, Diana Luna Hernández y su hija, María Cristina Canales Luna, poseían 22 de las 99 concesiones mineras vigentes en Chiapas.

Canales Reyna es hijo del diputado federal priísta, Tristán Canales Najjar, quien también esvicepresidente de Información y Asunto Públicos de Grupo Salinas, cuyo fundador y presidente es el magnate Ricardo Salinas Pliego.

Entre la población de la sierra y costa de Chiapas poco se sabe del vínculo entre Tristán Canales y Salinas Pliego. Sin embargo, el nombre del empresario es conocido en la región a través de la Fundación Azteca, cuyo nombre puede leerse en bardas, camisetas y mochilas que portan algunos niños.

Fundación Azteca comenzó a tener presencia en la región al mismo tiempo que empezaron a entregarse las concesiones mineras y que en el estado crecía el Partido Verde, que en 2012 se instaló en la gubernatura con la postulación de Manuel Velasco Coello. Hay un hombre que conjuga (de manera visible) estos intereses: Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde desde 2012, ex director del Canal 40 (propiedad de Salinas Pliego) y actual presidente de la Fundación Azteca en Chiapas.

Una tercera operadora del Grupo Salinas en el Congreso de la Unión es su hija, Ninfa Salinas Sada, quien al mismo tiempo que preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado, es la cabeza del Grupo Dragón, una empresa que ha tomado la delantera en el desarrollo de parques eólicos y geotérmicos.

Juntos, Canales, Melgar y Ninfa Salinas impulsaron dentro del Congreso las reformas energéticas (propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto) que cambiaron las condiciones para la explotación y manejo de hidrocarburos, minas, energía eléctrica y geotérmica.

Pero Chiapas no es el único estado en el que Salinas Pliego tiene intereses. En la otra punta del país, en Baja California Sur, el Grupo Salinas opera de la misma manera que en el sureste. Ahí, el coordinador de TV Azteca para el noroeste del país desde 2014, David de la Paz, encabeza el frente Pro Desarrollo Sustentable, que impulsa la “minería responsable”.

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<p><a href="https://vimeo.com/166771101">Mineras Cristina y Nueva Francia,  contaminaron el r&iacute;o Cacaluta, Chiapas</a> from <a href="https://vimeo.com/user34604238">Periodistas de a pie</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Otro estado, misma historia
La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur, es considerada una isla de vegetaciónen medio del entorno árido de la península. Es única en sus ecosistemas y en ella se encuentran los principales arroyos y cuerpos de agua del estado. En ese lugar -a 80 km de La Paz – bajo diferentes nombres y dueños, se ha intentado instalar una mina a cielo abierto y extraer oro en terrenos en el noroeste del área protegida.

El proyecto de Los Cardones está a cargo de la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V, una subsidiaria de Grupo Invecture, al que activistas del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida vinculan con el Grupo Salinas (relación que no ha sido negada).

Esta es la historia: el proyecto se llamó primero Paredones Amarillos y fue adquirido por la compañía estadounidense Vista Gold en 2002. La empresa pretendió sacar de la tierra 11 mil toneladas de material por día, por medio de un tajo a cielo abierto. En 2009 solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, pero no logró acreditar la propiedad de los terrenos, debido a que se encuentran en un Área Natural Protegida (ANP). Organizaciones, académicos y ciudadanos se opusieron al proyecto, que en 2010 fue suspendido… temporalmente.

En 2013 Grupo Invecture adquirió totalmente el proyecto por el que pagó 10 millones de dólares. Como en Chiapas, la nueva estrategia consistiría en esperar el momento político-social adecuado para conseguir los permisos. Ese momento llegó en junio de 2014, cuando el titular de Semarnat era Juan José Guerra Abud, miembro del Partido Verde.

A pesar de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), un órgano desconcentrado del gobierno federal se pronunció abiertamente en contra, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat aprobó la manifestación de impacto ambiental (MIA) [DCO: MIA]; sin embargo, la autorización para echar a andar la mina fue condicionada a que la empresa consiguiera permisos de autoridades locales y federales (entre ellas la Conanp). Además, la empresa aún debía acreditar la propiedad de los terrenos para obtener el cambio de uso de suelo, un problema que arrastraban desde 2009.

“La empresa no ha podido acreditar la posesión de dos terrenos, que son propiedad federal”, explica Jesús Echeverría Haro, presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

En octubre de 2014, Desarrollos Zapal anunció a través de su sitio oficial que suspenderían el proyecto debido a que “no existían condiciones propias para su realización”.

“Grupos opositores a la actividad minera han sembrado dudas sobre los innegables beneficios de nuestro proyecto para Baja California”, alegó la empresa.

Lo cierto es que tampoco en esa ocasión canceló sus intenciones. Y el 21 de septiembre de 2015, días antes del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la Paz, tres regidores convocaron a una sesión privada de Cabildo. En la reunión aprobaron el dictamen de cambio del uso de suelo de 16 predios anexos al ANP de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna.

El acta de la sesión se filtró a medios de comunicación y provocó un revuelo. La directora de Ecología y Desarrollo Urbano de La Paz, Rosa Icela Fiol Manríquez, y el alcalde suplente, Francisco Javier Monroy Sánchez, desconocieron el dictamen y aseguraron que revocarían el permiso. Desarrollo Zapal buscó un amparo ante la justicia federal, que le fue negado. En noviembre de 2015, la nueva administración (del panista Armando Martínez Vega) anunció el juicio político a los ex funcionarios que aprobaron el cambio de uso de suelo. Hasta la fecha, ninguno ha sido juzgado.

Operación despojo
El viejo Jorge Cordero murió de cáncer en marzo de 2016. Durante los últimos años de su vida, el hombre libró dos batallas: contra la enfermedad y contra la empresa que por todos los medios intentó quitarle su tierra.

Su rancho, las Paredcitas, un predio de mil 755 hectáreas enclavado en la sierra La Laguna, es el último dique para la ocupación de la zona en la que la empresa quiere desarrollar la mina. Pero Cordero y su familia se negaron a vender. Con terribles consecuencias. “La empresa sólo nos ha dado problemas”, dice Cristian Cordero, quien junto con su esposa, Maricela mantuvo la defensa del rancho familiar durante la convalecencia de su padre.

La historia que cuentan es esta:

En 2008, Jorge Cordero permitió a Paredones Amarillos la exploración en sus terrenos; firmó contratos de renta por la que recibiría 4 mil dólares. Pasaron años y, en abril de 2014, Desarrollo Zapal -nueva dueña del proyecto minero- le ofreció comprarle el rancho (para entonces ya había adquirido los que estaban alrededor). Pero Cordero se negó. La empresa alegó que el contrato condicionaba la venta de los terrenos (lo que es ilegal) y que había pagado a Cordero 3 millones de pesos. En realidad, dice su abogado, lo que le pagaron fueron tres meses de renta que le debían. Eso fue lo que firmó.

Ante la negativa del ranchero, la empresa instaló un campamento a tan solo unos metros de la propiedad, con vigilantes que comenzaron a acosarlos y amenazarlos. Maricela Higuera, esposa de Cristian, relata que los observaban incluso cuando iban al baño, que les dijeron que estaban ahí para sacarlos “vivos o muertos”, que los iban a desaparecer, y que disparaban armas por la noche para asustarlos.

El 4 de marzo de 2015, salieron del rancho para acompañar a Jorge Cordero a su quimioterapia en un hospital de La Paz. Esa noche, guardias con uniformes de la empresa Adamantium destruyeron su casa, robaron aparatos, el ganado. “Hasta la ropa se llevaron”, dice la mujer. A la mañana siguiente empleados de la minera llevaron a un notario público para acreditar que el lugar se encontraba abandonado.

Adamantium Private Security Services S. de R.L. de C.V. es una empresa dirigida por Luis Cárdenas Palomino ex directivo de la Policía Federal y amigo personal de Genaro García Luna, el súper secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Cárdenas Palomino renunció a la Policía Federal en diciembre de 2012, en medio del escándalo que provocó que el narcotraficante Édgar Valdez Villareal, La Barbie, lo acusara de recibir dinero del crimen organizado a cambio de protección; nadie investigó las acusaciones y el ex policía se retiró a trabajar en la iniciativa privada, implementando sistemas de información y seguridad para TV Azteca.

Autorizada por la Secretaría de Gobernación para operar en todo el país, Adamantium se vende comouna empresa de seguridad que forma parte de Grupo Salinas (aunque en realidad solo provee el servicio de seguridad intramuros en algunas de sus instalaciones). Sus escoltas aparecen públicamente comoguardias del proyecto minero Los Cardones.



El reino de las corporaciones
Salinas Pliego no es inversionista directo de Grupo Invecture -actual dueña de proyecto Los Cardones-, pero sí tienen vínculos empresariales. Otras minas de Grupo Invecture, como Minera Monterde y Cobre del Mayo, reciben energía de Geotérmica para el Desarrollo, empresa filial de Grupo Dragón (que pertenece a Grupo Salinas).

Además, el fundador de Grupo Invecture, John Detmold, fue director de Banca Quadrum (empresa de la que Salinas Pliego fue miembro del consejo de administración) hasta su disolución en marzo de 2002. Y, al mismo tiempo, fue consejero de Biper (después Movil@ccess), compañía del Grupo Salinas.

“Las corporaciones han asaltado el poder, decidiendo el destino del país y del mundo. Han logrado modificar leyes para que respondan a sus intereses”, concluye el activista por los derechos ambientales, Gustavo Castro.

Castro es director de la organización Otros Mundos y no tiene dudas de que empresarios como Salinas Pliego están imponiendo un modelo de corporación-nación que les permite diseñar y aplicar políticas de gobierno que favorecen sus intereses por encima de los pueblos y sus territorios. Lo hacen, dice, a través de sus operadores políticos colocados estratégicamente en las estructuras de gobierno.

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.
Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas.
“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx“.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: Texto: Ángeles Mariscal, Celia Guerrero.  Fotografía: Daniela Pastrana, Ángeles Mariscal Gráficos: Arturo Contreras
LINK: https://desinformemonos.org/salinas-el-titiritero/


Tribunal Electoral confirma multa al PVEM por 214.9 mdp

Ciudad de México. El Tribunal Electoral confirmó la multa impuesta al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por 214.9 millones de pesos relacionada con la difusión de espots de sus legisladores, disfrazados de informes de labores.

Sin mediar debate, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó esa sanción impuesta por los mismos magistrados, que ya habían rebajado la original aprobada por el INE, que era por un monto de 322.4 millones de pesos.

En su sesión de hoy, los magistrados confirmaron que los 293 mil 321 impactos difundidos entre 2014 y 2015 fueron parte de una campaña de difusión reiterada, permanente y continua de los mencionados informes de labores.

Plantearon que contrario a lo alegado por el Partido Verde, el INE modificó de manera válida esta multa al dejarla en casi 215 millones de pesos por órdenes de la propia Sala Superior.

Este tema corresponde a las elecciones de 2015, sin embargo, su resolución coincidió con el proceso electoral actual, debido a que hubo una larga cadena de impugnaciones por parte de dicho partido a la resolución tomada en principio por el instituto en mayo del año pasado.


La difusión de cientos de miles de promocionales por parte del Partido Verde fue la más polémica de las decenas de denuncias presentadas el año pasado. De hecho, el 27 de abril, el representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez cuestionó que entre la determinación del TEPJF y la mala valoración del monto involucrado, la sanción se redujera a 215 millones de pesos, cuando, dijo, la suma del gasto real en la compra de esos espots asciende a 2 mil millones de pesos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/06/tribunal-electoral-confirma-multa-al-pvem-por-214-9-mdp

2 menores mueren tras bloqueo que retrasó su atención en Chiapas; un líder del PVEM es detenido

La Procuraduría de Chiapas inició un investigación por el delito de Homicidio, en torno a los hechos que llevaron a la muerte de los menores del municipio de Chanal.

Dos menores del municipio de Chanal, Chiapas, murieron al no recibir atención médica oportuna, luego de que la ambulancia en la que eran trasladados fuera retenida por un grupo de manifestantes.

Por esos hechos, las autoridades estatales informaron este martes 3 de mayo sobre la detención de un presunto responsable, Rafael Entzin Gómez, quien de acuerdo con el diario Reforma es coordinador local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chanal.

“Entzin Pérez es señalado de encabezar un grupo de personas que impidió el paso de una ambulancia donde viajaban dos menores de Chanal”, indicó la Procuraduría de Chiapas en su cuenta oficial de Twitter.

“El 28 de abril un grupo de personas bloqueó con árboles y piedras la carretera Chanal-San Cristóbal impidiendo el paso de la ambulancia”, agregó.

A Entzin Gómez, detalló la Procuraduría, se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de motín, por hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2015, y ahora también se le indaga por los bloqueos que llevaron a la muerte de dos menores.


En un acuerdo publicado en la página del PVEM, se indica que Entzin Gómez es militante del Verde Ecologista.





De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, los menores resultaron intoxicados el pasado jueves 28 de abril, por lo que su padre los internó en el hospital del municipio de Chanal.
Posteriormente, fueron canalizados al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, por lo que se inició su traslado a través de una ambulancia.

Sin embargo, la unidad fue retenida a la altura del poblado San Antonio del Monte II por un grupo de aproximadamente 30 personas, quienes se manifestaban en contra de la autoridad municipal.

Ante ello, el padre de los menores decidió trasladar a los pequeños de manera particular, pero al ingresar al Hospital de las Culturas ya habían fallecido.

La Procuraduría de Chiapas inició la Carpeta de Investigación 0179-078-1001-2016, por el delito de Homicidio y lleva a cabo el desahogo de las diligencias.


Lo anterior, con el objetivo de identificar a quienes participaron en los hechos que impidieron el paso de la ambulancia y el traslado de los menores, lo que derivó en su muerte.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/dos-menores-indigenas-mueren-tras-un-bloqueo-carretero-que-retraso-su-llegada-al-hospital/

PRI y PVEM “vuelven a las andadas” con las tarjetas Monex, acusa Anaya

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, afirmó que el PRI y el Partido Verde quieren repetir la historia de las tarjetas Soriana y Monex, usadas en la elección federal de 2012, y las canjean por credenciales de elector para cometer fraude electoral.

“El Partido Verde y el PRI vuelven a las andadas y nuevamente están repartiendo unas tarjetas que intercambian por la credencial de elector de la gente, como en su momento lo hicieron con las tarjetas Monex y Soriana”, afirmó Anaya en Tlaxcala, donde anunció que el PAN presentará la denuncia correspondiente.

“No vamos a permitir que el PRI-Verde lucre con la necesidad de la gente”, advirtió el presidente del PAN, para quien esos dos partidos son reincidentes en esta práctica y parece que ya les acomodó esta historia de fraude electoral.

El presidente del PAN aseguró que en Tlaxcala el PRI y el Partido Verde entregan tarjetas para hacer compras en tiendas de autoservicio a cambio de credenciales de elector, en respuesta a la ventaja de la candidata del PAN a la gubernatura, Adriana Dávila.

También aseguró que circulan falsas encuestas, en las que se da ventaja a los candidatos del PRI y del PRD, con lo que se pretende generar una falsa percepción.


“Quien está adelante en esta elección es la candidata del PAN. Lo que ellos quieren es generar una percepción que no corresponde con la realidad. Todos los sondeos dan una ventaja importante entre 7 y 5 puntos a favor de Adriana. Por supuesto que no nos vamos a confiar. Vamos a trabajar todos los días con todas nuestras fuerzas. Vamos a trabajar para obtener un triunfo muy contundente y queremos que se haga historia en Tlaxcala. Será la primera mujer gobernadora emanada del PAN”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438898/pri-verde-vuelven-a-las-andadas-reparto-tarjetas-monex-soriana-an