Las víctimas de pederastia por parte de integrantes de la Iglesia católica u otros cultos religiosos no sólo son invisibilizadas sino que la mayoría jamás obtendrán justicia debido a que el paso del tiempo jugó en su contra.

En octubre pasado el Poder Legislativo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto de reforma al Código Penal Federal que establece que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad ya no tendrán tiempo de prescripción, con lo que se busca garantizar que las víctimas obtengan justicia sin importar cuándo alzaron la voz para denunciar a sus agresores.

El diácono Gerardo Espinosa Rubí ha sido condenado a 21 años y ocho meses de prisión después de ser hallado culpable por un juez del delito de violación equiparada en grado de tentativa contra un menor de edad en el municipio de Aquixtla, Puebla.

La sentencia fue dictada después de que la semana pasada, el juez Francisco Javier Orozco Treviño determinara que existían pruebas suficientes para respaldar la responsabilidad del clérigo en el abuso sexual de un niño.

Esperanza González, madre de Abner, un niño de siete años de edad que fue violado por el diácono Gerardo Espinosa Rubí, demandó a la iglesia católica que no siga pagando los amparos que han permitido que por dos años el clérigo goce de impunidad e incluso siga recibiendo su salario.

En rueda de prensa y apoyada por la Red Plural de Mujeres, González pidió que el juez Francisco Javier Orozco Treviño que haga justicia para Abner y no permita que el diácono recobre su libertad en una audiencia que se celebra este lunes en esta ciudad.

Luego de que Aristegui Noticias difundió la investigación especial “Excanciller de Norberto Rivera, declarado pederasta por el Vaticano, camina libre por México”, que da cuenta del encubrimiento durante 20 años por parte de la Arquidiócesis Primada de México del entonces sacerdote José Víctor Ortiz Montes, quien fue hallado culpable por El Vaticano de múltiples abusos sexuales a menores, el periodista y analista Bernardo Barranco y el exsacerdote diocesano y activista por los derechos humanos, Alberto Athié, abordaron el tema en Aristegui en Vivo.

Durante 20 años, la Arquidiócesis Primada de México, protegió y encubrió al padre José Víctor Ortiz Montes, hoy hallado culpable por El Vaticano de múltiples abusos sexuales a menores.

El ex sacerdote, también conocido como el “Padre Pepe Ortiz”, pertenecía a la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Cruzados De Cristo Rey (CCR). Además, durante sus casi 30 años en la Iglesia, ocupó cargos relevantes, por ejemplo, el de secretario particular del entonces arzobispo y cardenal Norberto Rivera Carrera. También se desempeñó como Canciller de la Arquidiócesis de México de 2011 a 2017.

Al menos 16 obispos y arzobispos, entre ellos el exarzobispo emérito de la Arquidiócesis Primada de México, Norberto Rivera Carrera, y seis que aún siguen en funciones en ciudades mexicanas, han sido señalados de encubrir a sacerdotes acusados de abuso sexual y pederastia, de acuerdo con un informe de la organización Bishop Accountability, que se dedica a identificar casos de agresiones sexuales dentro de la Iglesia católica.

La co-directora de la asociación, Anne Barett Doyle, apuntó este jueves en conferencia de prensa que han registrado acusaciones en contra de 250 sacerdotes en México, los cuales han sido encubiertos por los actuales líderes clericales de las ciudades de Zamora, Irapuato, Culiacán, Tuxtla Gutiérrez, Piedras Negras y Tabasco.

Los Legionarios de Cristo dieron a conocer el deceso del exsacerdote Fernando Martínez Suárez, a los 84 años, a causa de una enfermedad pulmonar.

Se trata de uno de los sacerdotes que cometió abusos contra menores de edad bajo el cobijo del fundador de esa congregación católica: Marcial Maciel.

Los Legionarios reconocen siete abusos, pero víctimas denuncian que pudo haber más.

Cinco sacerdotes fueron separados de la Diócesis de Culiacán, Sinaloa, luego de que en redes sociales jóvenes denunciaron presuntos actos de acoso y abuso sexual.

Las denuncias, señalamientos y evidencias fueron publicadas desde el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

La Arquidiócesis Primada de México emitió en 2022 el Protocolo de intervención por caso de abuso sexual de niño, niña, adolescente o persona vulnerable frente a los crecientes escándalos por acusaciones contra sacerdotes, curas y otros miembros de la Iglesia católica, pero organizaciones civiles y activistas denuncian que el libreto no es suficiente para atender la problemática de fondo y en su totalidad.

En un análisis del documento, la organización Spes Viva –que ha acompañado casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero– indicó que el protocolo pareciera normalizar el delito al nombrar el crimen como una “parte de la realidad que vive la humanidad”; no indica el procedimiento a seguir cuando el abuso se produce en casas de formación religiosa femenina; ni considera la investigación de una cadena de responsabilidad frente a la comisión de los hechos; entre otras deficiencias.

Un sacerdote de Ixtlahuacán de los Membrillos fue imputado por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

El señalado es Alejandro C., de 40 años, quien es párroco de Jesús Amigo, ubicada en circuito Los Olivos y la calle Olivo Portugués en la colonia Los Olivos II, en Ixtlahuacán de los Membrillos.

La Fiscalía General de Puebla informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Gerardo “N”, quien se desempeñaba como diácono de la iglesia del municipio de Aquixtla y fue acusado de intento de violación de un menor de edad.

El pasado 26 de octubre, pobladores de esa localidad se concentraron afuera del templo para exigir la detención del clérigo, luego de que un niño de siete años lo acusó de haber pretendido abusar sexualmente en su contra.

Los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica, que sólo entre 2018 y 2019 llevaron a la renuncia de cinco cardenales, han sido el caballo de batalla del Papa Francisco que, en su línea de tolerancia cero contra los mismos, le llevó a pedir en varias ocasión perdón “por omisión” de la Iglesia.

Los 330 mil casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables registrados en el informe que hoy publica la comisión francesa, acordada a tal efecto en 2018, han llevado de nuevo al Papa expresar su “dolor” y a manifestar el agradecimiento a las víctimas por su valentía en la denuncia.

José Leonardo Araujo Araque, quien ha denunciado al sacerdote mexicano Juan Huerta Ibarra de haber abusado de él cuando era menor de edad, ha tenido que viajar a México para exhibir que su presunto agresor ha sido protegido por las autoridades eclesiásticas que lo trasladaron a la casa de los sacerdotes Paulinos en la Alcaldía de Iztapalapa y no a Venezuela, donde existe una denuncia penal en su contra.

Franco Coppola, nuncio apostólico en México, aceptó que más casos se han sumado a las más de 270 denuncias de pederastia por parte de sacerdotes en México y aunque para la Iglesia Católica dicha falta no prescribe, la máxima pena es la dimisión del estado clerical.

“La mayor parte de los casos son situaciones que ocurrieron hace casi 10, 15 y 20 años, muchas veces en las que se prescribe como delito ante la ley civil del Estado, pero en la Iglesia no prescribe, para la Iglesia es algo que debe investigarse”, reiteró.

La Congregación de los Legionarios de Cristo publicó este 22 de marzo un documento con información los casos de abuso sexual cometidos por sus sacerdotes a lo largo de la historia.

En el Informe anual 2020 Verdad, justicia y sanación, la congregación religiosa reconoce que a 170 víctimas de abuso sexual por parte de 27 miembros de Los Legionarios de Cristo, un 2% de los 1,380 integrantes.

Por tres delitos probados en contra de una niña: dos violaciones y un abuso sexual, el sacerdote Aristeo Trinidad Baca fue condenado este martes a 34 años cinco meses y 10 días de prisión.

La decisión del Tribunal sienta un precedente que agrupaciones de mujeres consideraron histórico debido a que se hizo justicia a una niña que se enfrentó, con el respaldo de su familia, a un religioso católico encumbrado desde el poder eclesial, económico y político. También, porque se sentenció al primer sacerdote de la Diócesis de Ciudad Juárez por delitos de índole sexual.

Un Tribunal de Enjuiciamiento de Chihuahua halló culpable del delito de violación y abuso sexual agravado al padre Aristeo Baca.

Al prelado se le acusa de haber cometido el delito de violación en contra de una niña de entonces 8 años de edad.

Una Jueza en Milán falló que puede proceder el juicio en un caso en que sacerdotes y abogados de la orden católica Legión de Cristo están acusados de ofrecer dinero a la familia de una víctima de abuso sexual para que mintiera a los fiscales.

En una audiencia preliminar el martes, demorada durante casi un año debido a la pandemia de coronavirus, la Jueza Patrizia Nobile confirmó los cargos de intento de extorsión y obstrucción de la justicia y fijó el 13 de mayo como fecha del juicio a los cinco sospechosos, dijo Daniela Cultrera, abogada de la familia de la víctima.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará la pederastia clerical en el continente, este jueves 3, tras haber concedido una audiencia temática a la organización Ending Clergy Abuse (ECA), compuesta por víctimas de abuso clerical y defensores de derechos humanos.

La audiencia, titulada “Situación de impunidad de abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes en instituciones religiosas”, es para la organización “un suceso histórico en el combate a la pederastia clerical, ya que es la primera vez en la historia que la temática será abordada por este órgano regional”.