El cura Marcelino de Andrés Núñez, quien fue secretario privado de Marcial Maciel en sus últimos años de vida, es acusado al igual que su mentor de haber abusado de menores que estaban bajo su cuidado. En su caso, son al menos cinco niñas de un colegio de los Legionarios de Cristo en España que lo han denunciado por violación.
El cura pederasta Marcelino de Andrés Núñez fue una de las pocas personas que acompañó al también abusador de menores Marcial Maciel en sus últimos días en Cotija de la Paz, Michoacán, en donde vivió el destierro ordenado por el Papa Benedicto XVI, quien no inició un proceso canónico en contra del fundador de Los Legionarios de Cristo y en cambio le ordenó llevar una “vida de penitencia”.
Hoy ese mismo religioso es acusado de haber abusado de cinco niñas de unos 6 años en un colegio privado de El Encinar, en Madrid, España. La Policía Nacional española detuvo a principios de marzo al sacerdote que trabaja en la pastoral infantil del colegio Highlands El Encinar de Madrid,
“Marcelino de Andrés fue el último secretario privado de Marcial Maciel, uno de los pederastas más pues conocidos de la Iglesia Católica y se vuelve a evidenciar que los legionarios de Cristo tienen este modus operandi, el cual no ha cambiado, e incluso que siguen resguardando pederastas bajo el cobijo de la Iglesia Católica, la institución les respalda porque la institución hace lo mismo con otras congregaciones y en otros espacios”, comentó en entrevista Analu Salazar, activista que ha exhibido la pederastia clerical y víctima del sacerdote Fernando Martínez, miembro de los Legionarios de Cristo.
En efecto, Marcelino de Andrés Núñez estuvo a lado de Marcial Maciel como su secretario personal. Conoció como pocos la doble vida de Maciel. En los tiempos de su estancia en Cotija supo que Norma Baños y su hija Norma Hilda eran la pareja e hija de Marcial Maciel, quien incluso le encargó entregar un fideicomiso que les había guardado en una cuenta en el paraíso fiscal de Las Bahamas, según denunció El Mundo.
“Cuando yo muera, os buscarán de mi trabajo, de la Legión de Cristo, para que no os falte nada. Se acercará un sacerdote que se llama Marcelino de Andrés”, les explicó Marcial Maciel de acuerdo con este reporte de septiembre de 2009 corroborado a este medio por José Bonilla, abogado de los hijos de Maciel.
Marcelino de Andrés Núñez nació en Segovia en 1967, ingresó a los Legionarios de Cristo en 1980 y se ordenó como sacerdote en 1992. Su hermano José Ramón de Andrés también se formó en esta orden e incluso fue rector del seminario de Salamanca. Marcelino ha estado en México y Brasil. Hay registros desde que al menos desde 2005 asistió a Marcial Maciel hasta su muerte. Incluso hay una imagen difundida por la prensa que lo muestra besando la frente del ya fallecido pederasta.
Una vez que dejó de asistir a Maciel, Marcelino de Andrés se volvió asistente de apostolado en España y en 2010 ejerció como sacerdote del colegio Highlands School Los Fresnos en Boadilla del Monte hasta que en 2015 fue separado porque “en aquel entonces hubo padres que se enteraron de su pasado y elevaron las quejas a la dirección”, dijeron fuentes de esta congregación al diario El Español.
Pese a este antecedente, fue reubicado en el colegio Highlands El Encinar de Madrid, en donde abusó sexualmente de cinco niñas. El sujeto fue detenido la semana pasada, pero quedó en libertad a última hora del sábado, en un caso más de abuso perpetrado dentro de esta orden que reconoce los abusos cometidos entre 1941 hasta 2019 de 175 menores de edad, de los cuales 60 fueron víctimas de Maciel.
Analu Salazar señaló que el caso de Marcelino no es algo aislado, sino que forma parte de un encubrimiento institucional de décadas. “Es otro caso más que se une a este modus operandi delincuencial de la institución Iglesia Católica y por supuesto de la congregación de los legionarios de Cristo que la fundó un pederasta, un delincuente”.
¿Ambientes seguros con Los legionarios?
El director del colegio Highlands El Encinar de Madrid, el legionario Jesús María Delgado, comunicó que Marcelino de Andrés Núñez "ha quedado apartado de sus funciones" mientras transcurre la investigación. Además, el colegio ha activado el protocolo de “Ambientes seguros”, creado para prevenir abusos contra menores, para "dar una respuesta inmediata", presume el colegio, una respuesta que dados los hechos no fue inmediata ni brindó a las víctimas un ambiente seguro.
De hecho, Analu Salazar ha señalado que estos “Ambientes seguros” están certificados por Praesidium, una empresa que, señala, “juega a favor de los legionarios, no a favor de los niños y las niñas”. Praesidium asegura “acreditar globalmente a organizaciones de todos los sectores que prestan servicios a los consumidores”, presume en ese sentido de “prevenir los abusos y proteger a las organizaciones”. En marzo de 2023, Praesidium renovó la acreditación que tenía la congregación de los Legionarios de Cristo en España en la generación de Ambientes Seguros por otros tres años.
“Hablan de los supuestos ambientes seguros que activa Praesidium dentro de las escuelas. Sin embargo, se les escapan detalles como el secretario particular de Marcelino de Andrés. Vemos que verdaderamente Praesidium juega a favor de los legionarios, no a favor de los niños y las niñas y entonces también vemos que los legionarios utilizan estas herramientas para seguir captando gente para sus colegios que son muy poblados de infancias”, comentó Salazar.
Para ella, quien ha vivido y enfrentado la impunidad frente a estos abusos, el que se permita que sujetos con antecedentes de reubicación de un plantel a otro sigan estando frente a menores se trata de un acto deliberado. “Les vuelven a dar la oportunidad de a sus anchas y deliberadamente violentar infancias, porque no hay coherencia en que cambien a un depredador sexual, que ya saben que está de un lado a otro donde hay otras infancias, ni siquiera lo remueven y lo alejan de las infancias. No, lo encubren, son cómplices y lo vuelven a poner en un espacio de infancias para que viole más. Es impresionante”.
En cuanto a los supuestos “Ambientes seguros”, dijo que, aunque Praesidium se vende como una empresa aparte, hay múltiples pruebas de que su función principal es proteger a las instituciones religiosas, no a las víctimas.
“Es una entidad privada que vende certificaciones y pues evidentemente sus estándares de protección son ineficaces y son superfluos. También saber que las certificaciones solo sirven para minimizar riesgos legales de la iglesia, o sea, que al ser contratados y ellos decir, 'No, nosotros tenemos este aval y este aval y este aval', legalmente se protegen. Su certificación no significa que los abusadores hayan sido expulsados o sancionados, es un escudo para la imagen pública de la iglesia”, comentó.
En ese sentido expuso que trabajan exclusivamente con la institución religiosa, no con organismos de derechos humanos ni con las víctimas. “No colaboran con organizaciones independientes ni asociaciones de víctimas ni con organismos estatales. Son una empresa privada, le dan a la iglesia para manejar crisis de abuso sin exponerlos a sanciones graves, que eso es importantísimo. La metodología prioriza la protección a instituciones sobre las denuncias a los agresores y sobre las vidas y los cuerpos de los infantes”.
Si bien recientemente se decretó que los delitos sexuales cometidos contra menores ya no prescribirán, en algunos estados esto aún no es posible debido a lo arcaico de sus leyes. El quid es que en esas entidades (centro y sur del país) es donde precisamente más casos de abusos clericales se juzgan.
Las víctimas de pederastia por parte de integrantes de la Iglesia católica u otros cultos religiosos no sólo son invisibilizadas sino que la mayoría jamás obtendrán justicia debido a que el paso del tiempo jugó en su contra.
En octubre pasado el Poder Legislativo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto de reforma al Código Penal Federal que establece que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad ya no tendrán tiempo de prescripción, con lo que se busca garantizar que las víctimas obtengan justicia sin importar cuándo alzaron la voz para denunciar a sus agresores.
La madre del menor aseguró que el caso de su hijo no es único en Aquixtla, ya que al menos otros 10 chicos que han afirmado haber sido víctimas de acusaciones o abusos sexuales por parte del mismo religioso.
El diácono Gerardo Espinosa Rubí ha sido condenado a 21 años y ocho meses de prisión después de ser hallado culpable por un juez del delito de violación equiparada en grado de tentativa contra un menor de edad en el municipio de Aquixtla, Puebla.
La sentencia fue dictada después de que la semana pasada, el juez Francisco Javier Orozco Treviño determinara que existían pruebas suficientes para respaldar la responsabilidad del clérigo en el abuso sexual de un niño.
En redes sociales, se divulgó un video en el que se puede ver cuando Espinosa Rubí conversa con el menor en el templo de Aquixtla y aparentemente lo convence para que lo siga.
Esperanza González, madre de Abner, un niño de siete años de edad que fue violado por el diácono Gerardo Espinosa Rubí, demandó a la iglesia católica que no siga pagando los amparos que han permitido que por dos años el clérigo goce de impunidad e incluso siga recibiendo su salario.
En rueda de prensa y apoyada por la Red Plural de Mujeres, González pidió que el juez Francisco Javier Orozco Treviño que haga justicia para Abner y no permita que el diácono recobre su libertad en una audiencia que se celebra este lunes en esta ciudad.
El periodista y analista Bernardo Barranco y el exsacerdote diocesano Alberto Athié coincidieron en señalar la responsabilidad de la estructura que ha protegido históricamente a los pederastas clericales.
Luego de que Aristegui Noticias difundió la investigación especial “Excanciller de Norberto Rivera, declarado pederasta por el Vaticano, camina libre por México”, que da cuenta del encubrimiento durante 20 años por parte de la Arquidiócesis Primada de México del entonces sacerdote José Víctor Ortiz Montes, quien fue hallado culpable por El Vaticano de múltiples abusos sexuales a menores, el periodista y analista Bernardo Barranco y el exsacerdote diocesano y activista por los derechos humanos, Alberto Athié, abordaron el tema en Aristegui en Vivo.
José Víctor Ortiz Montes, quien fue secretario particular de Norberto Rivera, fue acusado, investigado y declarado culpable de pederastia, efebofilia y abuso sexual por el máximo colegio de El Vaticano, 20 años después de la primera denuncia en su contra.
Durante 20 años, la Arquidiócesis Primada de México, protegió y encubrió al padre José Víctor Ortiz Montes, hoy hallado culpable por El Vaticano de múltiples abusos sexuales a menores.
El ex sacerdote, también conocido como el “Padre Pepe Ortiz”, pertenecía a la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Cruzados De Cristo Rey (CCR). Además, durante sus casi 30 años en la Iglesia, ocupó cargos relevantes, por ejemplo, el de secretario particular del entonces arzobispo y cardenal Norberto Rivera Carrera. También se desempeñó como Canciller de la Arquidiócesis de México de 2011 a 2017.
Este jueves reinició el juicio del sacerdote Luis Esteban ‘N’, quien interpuso un amparo directo, luego de haber obtenido una sentencia en enero del 2021 por el delito de violación espuria calificada y corrupción de menores en agravio a una niña, que era acólito y asistía al catecismo en el Templo de la Soledad.
De acuerdo con la abogada penalista, Dalia Ramírez Delgado, el Tribunal Colegiado determinó, tras el amparo promovido por el sacerdote, la reposición del juicio, pues consideró que se violó el debido proceso con la acreditación de una cédula profesional de quienes intervinieron en el juicio. Con lo que dejó en claro que no es porque no exista la certeza de los hechos.
De los 16 obispos y arzobispos señalados, seis se mantienen en funciones en diversas ciudades del país, lo cual suma a un clima de impunidad del abuso sexual cometido en la Iglesia católica en México y vulnera a infancias y personas adultas vulnerables, señaló la organización Bishop Accountability.
Al menos 16 obispos y arzobispos, entre ellos el exarzobispo emérito de la Arquidiócesis Primada de México, Norberto Rivera Carrera, y seis que aún siguen en funciones en ciudades mexicanas, han sido señalados de encubrir a sacerdotes acusados de abuso sexual y pederastia, de acuerdo con un informe de la organización Bishop Accountability, que se dedica a identificar casos de agresiones sexuales dentro de la Iglesia católica.
La co-directora de la asociación, Anne Barett Doyle, apuntó este jueves en conferencia de prensa que han registrado acusaciones en contra de 250 sacerdotes en México, los cuales han sido encubiertos por los actuales líderes clericales de las ciudades de Zamora, Irapuato, Culiacán, Tuxtla Gutiérrez, Piedras Negras y Tabasco.
La Diócesis de Culiacán, Sinaloa, suspendió a cinco sacerdotes luego de que en redes sociales jóvenes denunciaron presuntos actos de acoso y abuso sexual.
Cinco sacerdotes fueron separados de la Diócesis de Culiacán, Sinaloa, luego de que en redes sociales jóvenes denunciaron presuntos actos de acoso y abuso sexual.
Las denuncias, señalamientos y evidencias fueron publicadas desde el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Las organizaciones civiles acusaron que el Protocolo de intervención por caso de abuso sexual de niño, niña, adolescente o persona vulnerable de la Arquidiócesis no es suficiente para atender la problemática, pues no considera –entre otras cosas– la investigación de la cadena de responsabilidad en los hechos, ni la atención a casos de abuso producidos específicamente en las casas de formación religiosa.
La Arquidiócesis Primada de México emitió en 2022 el Protocolo de intervención por caso de abuso sexual de niño, niña, adolescente o persona vulnerable frente a los crecientes escándalos por acusaciones contra sacerdotes, curas y otros miembros de la Iglesia católica, pero organizaciones civiles y activistas denuncian que el libreto no es suficiente para atender la problemática de fondo y en su totalidad.
En un análisis del documento, la organización Spes Viva –que ha acompañado casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero– indicó que el protocolo pareciera normalizar el delito al nombrar el crimen como una “parte de la realidad que vive la humanidad”; no indica el procedimiento a seguir cuando el abuso se produce en casas de formación religiosa femenina; ni considera la investigación de una cadena de responsabilidad frente a la comisión de los hechos; entre otras deficiencias.
El señalado es Alejandro C., de 40 años, párroco de Jesús Amigo, ubicada en circuito Los Olivos y la calle Olivo Portugués en la colonia Los Olivos II, en Ixtlahuacán de los Membrillos.
Un sacerdote de Ixtlahuacán de los Membrillos fue imputado por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.
El señalado es Alejandro C., de 40 años, quien es párroco de Jesús Amigo, ubicada en circuito Los Olivos y la calle Olivo Portugués en la colonia Los Olivos II, en Ixtlahuacán de los Membrillos.
La Fiscalía de Puebla detuvo a Gerardo "N", diácono en una iglesia de Aquixtla, acusado por un niño de siete años por tentativa de abuso sexual.
La Fiscalía General de Puebla informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Gerardo “N”, quien se desempeñaba como diácono de la iglesia del municipio de Aquixtla y fue acusado de intento de violación de un menor de edad.
El pasado 26 de octubre, pobladores de esa localidad se concentraron afuera del templo para exigir la detención del clérigo, luego de que un niño de siete años lo acusó de haber pretendido abusar sexualmente en su contra.
Según una comisión independiente que en los últimos tres años ha investigado el fenómeno en la Iglesia francesa y que ha identificado a entre dos mil 900 y tres mil 200 religiosos pederastas, hubo al menos 330 mil casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables desde 1950.
Los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica, que sólo entre 2018 y 2019 llevaron a la renuncia de cinco cardenales, han sido el caballo de batalla del Papa Francisco que, en su línea de tolerancia cero contra los mismos, le llevó a pedir en varias ocasión perdón “por omisión” de la Iglesia.
Los 330 mil casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables registrados en el informe que hoy publica la comisión francesa, acordada a tal efecto en 2018, han llevado de nuevo al Papa expresar su “dolor” y a manifestar el agradecimiento a las víctimas por su valentía en la denuncia.
José Leonardo es un abogado venezolano que desde el año 2019 denunció al sacerdote mexicano Juan Huerta Ibarra por abuso sexual cometido en Venezuela cuando el joven tenía solo 13 años de edad. En entrevista con SinEmbargo comparte que levantar la voz y el camino a la justicia no es sencillo. A raíz de dar a conocer su caso en este país, otra víctima tuvo el valor de denunciar que cuando era menor de edad fue abusado sexualmente por el mismo párroco en la Ciudad de México.
José Leonardo Araujo Araque, quien ha denunciado al sacerdote mexicano Juan Huerta Ibarra de haber abusado de él cuando era menor de edad, ha tenido que viajar a México para exhibir que su presunto agresor ha sido protegido por las autoridades eclesiásticas que lo trasladaron a la casa de los sacerdotes Paulinos en la Alcaldía de Iztapalapa y no a Venezuela, donde existe una denuncia penal en su contra.
Para la Iglesia Católica esta falta no prescribe, a diferencia de las leyes; Franco Coppola afirma que la máxima pena interna es la dimisión clerical. Han detectado sacerdotes que quieren jugar a una ‘doble vida’, teniendo familia.
Franco Coppola, nuncio apostólico en México, aceptó que más casos se han sumado a las más de 270 denuncias de pederastia por parte de sacerdotes en México y aunque para la Iglesia Católica dicha falta no prescribe, la máxima pena es la dimisión del estado clerical.
“La mayor parte de los casos son situaciones que ocurrieron hace casi 10, 15 y 20 años, muchas veces en las que se prescribe como delito ante la ley civil del Estado, pero en la Iglesia no prescribe, para la Iglesia es algo que debe investigarse”, reiteró.
La congregación religiosa reconoce que a 170 víctimas de abuso sexual por parte de 27 miembros de Los Legionarios de Cristo, un 2% de los 1,380 integrantes.
La Congregación de los Legionarios de Cristo publicó este 22 de marzo un documento con información los casos de abuso sexual cometidos por sus sacerdotes a lo largo de la historia.
En el Informe anual 2020 Verdad, justicia y sanación, la congregación religiosa reconoce que a 170 víctimas de abuso sexual por parte de 27 miembros de Los Legionarios de Cristo, un 2% de los 1,380 integrantes.
La defensa del sacerdote advirtió que impugnará por considerar excesiva la sentencia dictada contra Aristeo por violación y abuso sexual agravada en contra de una niña; en tanto, la FEM anunció que apelará para que se aumente la sanción.
Por tres delitos probados en contra de una niña: dos violaciones y un abuso sexual, el sacerdote Aristeo Trinidad Baca fue condenado este martes a 34 años cinco meses y 10 días de prisión.
La decisión del Tribunal sienta un precedente que agrupaciones de mujeres consideraron histórico debido a que se hizo justicia a una niña que se enfrentó, con el respaldo de su familia, a un religioso católico encumbrado desde el poder eclesial, económico y político. También, porque se sentenció al primer sacerdote de la Diócesis de Ciudad Juárez por delitos de índole sexual.
En Milán, la Jueza Patrizia Nobile determinó que puede arrancar el juicio contra sacerdotes y abogados de la Legión de Cristo que han sido denunciados por haberle ofrecido a la familia de una víctima 15 mil euros a cambio de un acuerdo extrajudicial en el cual el hijo negaba haber sufrido los abusos de Vladimir Reséndiz y que en todo caso no lo recordaba.
Una Jueza en Milán falló que puede proceder el juicio en un caso en que sacerdotes y abogados de la orden católica Legión de Cristo están acusados de ofrecer dinero a la familia de una víctima de abuso sexual para que mintiera a los fiscales.
En una audiencia preliminar el martes, demorada durante casi un año debido a la pandemia de coronavirus, la Jueza Patrizia Nobile confirmó los cargos de intento de extorsión y obstrucción de la justicia y fijó el 13 de mayo como fecha del juicio a los cinco sospechosos, dijo Daniela Cultrera, abogada de la familia de la víctima.