Obispo rechaza protección de la Iglesia a sacerdote acusado de pederastia en Oaxaca

MÉXICO, DF: El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, rechazó que las altas autoridades de la Iglesia católica hayan protegido al sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de haber abusado de más de cien niños indígenas.

Gonzalo Alonso Calzada Guerrero manifestó que ni él ni el arzobispo José Luis Chávez Botello han brindado protección al sacerdote y argumentó que el proceso jurídico sigue su curso.

“No es a través de los medios de comunicación como se deben hacer las denuncias, para eso están las instancias correspondientes, como los ministerios públicos y jueces, a quienes se les tienen que presentar pruebas”, expresó después de la misa dominical.

El Foro Oaxaqueño de la Niñez denunció que el sacerdote abusó de más de un centenar de niños indígenas de distintas comunidades.

No obstante, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Antequera justificó: “No se desestiman estas acusaciones, pero no es a través de los medios de comunicación como se va a juzgar”.


El cura acusado de pederastia se encuentra preso desde el 29 de noviembre de 2013 en el Centro de Reinserción Social número 12 con sede en Tlaxiaco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Indígena zapoteca exige justicia al Papa Francisco y pide frenar la pederastia clerical

OAXACA, Oax: “¡Justicia!”, suplica una mujer zapoteca al Papa Francisco a través de una carta que le será entregada al Máximo jerarca de la Iglesia católica en la próxima visita que realizará a México para que los casos de pederastia clerical no se repitan.

Narcisa Mendoza le hace saber al Papa de su sufrimiento, pero al mismo tiempo afirma que está dispuesta a dar la vida por su hijo, quien fue abusado sexualmente por el sacerdote pederasta Gerardo Silvestre Hernández.

El cura pederasta se encuentra preso desde el 29 de noviembre de 2013 en el Centro de Reinserción Social número 12 con sede en Tlaxiaco, pero la desconsolada mujer exige que se le dicte sentencia.

Jorge Bergoglio no tiene incluida en su agenda una reunión con víctimas de la pederastia clerical, por lo que la carta será entregada a la Nunciatura Apostólica.

Dicha misiva refiere que los sacerdotes que se atrevieron a apoyar a los padres de los menores abusados fueron amenazados, hostigados y hasta suspendidos de sus servicios sacerdotales.

Según el Foro Oaxaqueño de la Niñez (Foni), la cifra de menores abusados sexualmente podría alcanzar los cien casos, porque a pesar de que el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, estaba enterado de que Silvestre Hernández había cometido esos ilícitos, lo único que hizo fue cambiarlo en siete ocasiones de parroquia, donde siguió abusando de los niños.

En la misiva dada a conocer por el párroco de Huitzo, Jorge Pérez, Narcisa Mendoza desea salud al Papa Francisco y le dice: “Discúlpeme que haya llegado ante usted por medio de esta carta dándole a conocer la situación en que nos encontramos. Se trata que el cura Gerardo Silvestre hace mas de cinco años cometió abusos contra niños de los pueblos zapotecas, entre los que se encontraba mi hijo cuando tenía 14 años.

“Cuando me entero que el cura los llamaba al curato y los emborrachaba y así abusaba de ellos, entonces fue que como madre fui a quejarme a las autoridades municipales, donde se levantó un acta y la autoridad dijo que ya habían avisado al arzobispo José Luis Chávez Botello y que no les había hecho caso”.

La mujer también precisa que “en el transcurso del tiempo, como nosotros estábamos sufriendo, cinco de nosotras le dimos seguimiento al caso y nos fuimos a la ciudad de Oaxaca para que nos hicieran justicia, pero hasta ahorita no tenemos solución, todos los sacerdotes que vinieron a defender al cura Gerardo Silvestre nos amenazaron por lo que decían que era mentira y que a mi hijo lo iban a meter al consejo de tutela, y fueron los curas Francisco Reyes y Pedro Ginez. Yo les respondí que con mi hijo no se metieran porque si Jesús murió por nosotros, pues yo también daba la vida por mi hijo y que no tenía miedo a sus maldiciones”.


Prosigue: “Los padres que nos vinieron a apoyar y que no estaban de acuerdo con lo que el cura Gerardo Silvestre hizo, el arzobispo los castigó y a algunos los dejó sin trabajo y no nada más es este caso, sino en los pueblos que trabajó. El cura cometió más abusos contra más niños, y yo sí les pido justicia por los niños zapotecas y que no se vuelva a repetir porque es un sufrimiento muy grande, muy terrible que a nadie se les desea”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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La Iglesia protegió a cura que violó a más de cien niños en Oaxaca, denuncian activistas

En una carta de la madre de una de las víctimas, la cual va dirigida al Papa Francisco, se pide al sumo pontífice “justicia” para los niños y adolescentes blanco de esos abusos y que “no vuelva a suceder”.

La organización civil Foro Oaxaqueño de la Niñez,  junto con varios sacerdotes y activistas, acusó hoy a la Iglesia mexicana de proteger a un cura que pudo haber abusado de un centenar de menores y que desde 2013 está en prisión para ser procesado por la justicia por corrupción de menores.

La acusación fue realizada en una rueda de prensa en la que se leyó una carta de la madre de una de las víctimas dirigida al Papa Francisco, que visitará México en febrero, en la que pide al sumo pontífice “justicia” para los niños y adolescentes blanco de esos abusos y que “no vuelva a suceder”.

El objetivo principal de la denuncia es el Arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, al que los denunciantes acusan de encubrir esos casos por no realizar presuntamente una investigación a fondo de los supuestos abusos, ocurridos al parecer en siete comunidades indígenas.

Al sacerdote Gerardo Silvestre Hernández se le acusa presuntamente de cometer un primer abuso hace casi una década.

“En 2006 Gerardo Silvestre abusa de un niño de nueve años al ocupar un interinato de seis meses” en la parroquia de San Pablo Huitzo, indicó el representante del Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI) Alejandro de Jesús al exponer el caso.

Según De Jesús, después de aquello “se han rastreado a más de 100 víctimas” en los años en que Silvestre ejerció sus funciones de cura en los siete destinos distintos a los que fue trasladado por la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca en la sierra de ese estado del sur de México, uno de los más pobres e indígenas del país.

“Exigimos justicia para las víctimas”, un “castigo real” y “que sean asignadas las penas máximas” por los abusos, reclamó el activista.

Pidió también sanciones para los involucrados “indirectamente” en el caso, en alusión a la Iglesia mexicana, a la que acusó de “proteger a los victimarios en lugar de salvaguardar a las víctimas” por su “complicidad con los clérigos pederastas”.

“Estos delitos no representan hechos aislados y constituyen crímenes de Estado que hieren a la humanidad”, consideró.

Silvestre fue acusado por la Fiscalía oaxaqueña de corrupción de menores el 12 de agosto de 2013 contra dos niños de la comunidad indígena de Villa Alta ubicada, en la Sierra Norte de Oaxaca.

El 29 de noviembre de ese año fue recluido en una cárcel oaxaqueña, donde permanece a la espera de juicio y sentencia.

En la rueda de prensa participó también el sacerdote Apolonio Merino, actualmente suspendido por la arquidiócesis oaxaqueña y una de las personas que denunció el comportamiento de Silvestre.


Merino aseguró que la denuncia “no es para atacar a la Iglesia, sino para que se conozca la verdad” y “se aplique la justicia”.

Dijo ser blanco de “hostigamiento, amenaza y persecución” por haber cumplido con “el deber de un clérigo”, es decir, “ser colaborador del obispo” y “decirle” lo que sucedía, después de escuchar el testimonio de las víctimas.

En la carta dirigida al Papa Francisco por la madre de un adolescente de 14 años que supuestamente fue objeto de los abusos, leída en el mismo acto, además de pedir justicia al pontífice, la mujer criticó al Arzobispo por “castigar” a varios padres, además de Merino, que no estaban de acuerdo con lo que hizo Silvestre.

NO HAY CONSTANCIA DE ABUSOS: IGLESIA

La Iglesia mexicana sugirió al sacerdote Gerardo Silvestre que pidiera apartarse de su responsabilidad eclesial, aunque aclaró que en su investigación interna no pudo corroborar las acusaciones.

En declaraciones a Efe, el religioso Francisco Reyes Ochoa, vicario general de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, a la que pertenecía Silvestre, dijo hoy que cuando tuvo conocimiento del asunto, la institución “siguió el proceso que marca la Iglesia para este tipo de casos”.

“Ya terminó el proceso formal a nivel interno”, que incluyó diversas investigaciones de las autoridades eclesiásticas oaxaqueñas y que pasó incluso por el Vaticano.

Según Reyes, “la Santa Sede encargó a un obispo diferente” al del estado sureño de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, en este caso al del estado vecino de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, “que hiciera las investigaciones” por su cuenta para complementar la labor.

“Se fueron a las comunidades, se habló con los testigos, con los que acusaban, y no se encontró constancia de que haya sucedido eso en ninguna investigación”, aseguró.

Reveló que en un caso así, aunque no se encuentren pruebas de esas acciones, la Iglesia recomienda al sacerdote apartarse de sus funciones religiosas, pero “no se le obliga”.


“Cuando ya hay una sospecha, aunque no esté todavía comprobada, de que hay este posible delito, por el bien de la persona, espiritualmente, por el bien de la Iglesia, se sugiere que esa persona solicite voluntariamente su dispensa y la Iglesia la acepta”, relató.

FUENTE: SIN EMBARGO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-01-2016/1607032

Mayor a cien, cifra de niños abusados por cura pederasta recluido en Oaxaca: Foni

MÉXICO, DF: El sacerdote pederasta Gerardo Silvestre Hernández, preso desde el 29 de noviembre de 2013 en el Centro de Reinserción Social número 12 con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, está a la espera de que se le dicte sentencia por el delito de corrupción de menores cometido contra dos niños de la comunidad indígena de Villa Alta ubicada en la Sierra Norte de la entidad.

No obstante, se estima que el número de las víctimas abusadas por Hernández –removido de diversas comunidades indígenas y exculpado desde el Vaticano en febrero de 2011– podría ser mayor a cien, de acuerdo con comunicado del Foro Oaxaqueño de la Niñez (Foni).

Dicha agrupación anunció que alista una conferencia de prensa sobre pederastia clerical contra niños indígenas de la entidad, en el marco de la próxima visita del papa Francisco a nuestro país.

La actividad se realizará el próximo martes 26 en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) ubicadas en la calle Murguía 306, en el centro de la capital de ese estado.

En la conferencia participarán el exsacerdote y activista Alberto Athié, quien ha denunciado y acompañado diversos casos de pederastia clerical en el país, y Apolonio Merino, el cura que en noviembre pasado denunció que fue suspendido por las autoridades eclesiales de Oaxaca tras haber escuchado a víctimas de ese delito.


También estará presente Alejandro de Jesús, integrante de la red Foni, que desde hace más de dos años ha exigido justicia para los niños víctimas de Silvestre Hernández, acusado del delito corrupción de menores de 18 años previsto por las fracciones II y V del artículo 194 del Código Penal de Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Sustituye Papa Francisco a obispo de Autlán acusado de encubrir a cura pederasta

MÉXICO D.F: El Papa Francisco designó a monseñor Rafael Sandoval Sandoval como nuevo obispo de la diócesis de Autlán, Jalisco, en sustitución del obispo Gonzalo Galván Castillo quien tuvo que renunciar al cargo por presuntamente haber encubierto a un sacerdote pederasta.

La diócesis de Autlán había quedado vacante desde junio pasado, cuando el obispo Galván dimitió debido a los señalamientos que lo acusaban de encubrir a su sacerdote Horacio López denunciado por abusar sexualmente de un menor de 11 años de edad.

Lejos de sancionar a su cura abusador, Galván solamente lo cambió de parroquia lo que provocó la inconformidad de un sector de su feligresía.

Ahora, a través de un boletín, la oficina de prensa del Vaticano informó que Rafael Sandoval, quien se venía desempeñando como obispo de la Tarahumara, fue designado como nuevo obispo de Autlán.

Sandoval es oriundo de Guáscaro, Michoacán; nació el 4 de octubre de 1947. Después estudió en los seminarios de Zamora, Michoacán, y de León, Guanajuato, donde fue ordenado sacerdote en julio de 1974.

Miembro de la congregación Misioneros de la Natividad de María, Sandoval también obtuvo una licenciatura en Teología Espiritual y en 1994 fue electo superior general de esta congregación, cargo que ocupó hasta 1999.


En enero de 2005 Sandoval fue nombrado obispo de la Tarahumara de donde ahora es trasladado a Autlán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.
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Arzobispo de Oaxaca suspende a dos párrocos que denunciaron a cura pederasta

OAXACA, Oax: Denunciar públicamente a su compañero Gerardo Silvestre Hernández, quien fue detenido el 29 de noviembre de 2013 por el presunto abuso sexual de 45 niños indígenas, le costó el sacerdocio a los párrocos de Cristo Rey, Apolonio Merino Hernández, y de Santiago Camotlán, Ángel Noguera Nieto.

El arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, los suspendió de sus funciones sacerdotales, e incluso a Apolonio Merino pretendió callarlo con amenazas.

Merino Hernández, denunció que el pasado 7 de agosto recibió la notificación de suspensión de sus funciones y fue advertido de que si hacia algún escándalo público, la Iglesia ventilaría que violó el celibato al formar su propia familia y le prefabricaría un delito por el supuesto abuso sexual de una mujer.

Previo a la notificación de su “destierro”, la arquidiócesis le ofreció darle una mesada de ocho mil pesos para que tuviera un apoyo y una “vida digna”. Sin embargo, el sacerdote decidió denunciar este atropello de la Iglesia católica y poner la justicia para los niños indígenas que fueron abusados sexualmente por encima de su seguridad.

De la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de pederasta en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y en Villa Alta han pasado casi dos años y no se le ha dictado sentencia.

El expárroco de Santa María Ozolotepec fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado VII de lo Penal, según consta en el expediente penal 140/2013, por el delito de corrupción de personas menores de 18 años.

Posteriormente, el Juzgado Séptimo de lo Penal le dictó auto de formal prisión. También fue detenido el expárroco de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta, sin embargo, a la fecha el Poder Judicial no le ha dictado sentencia.

Tampoco el arzobispo ha ofrecido una disculpa pública ni existe la reparación del daño contra unas 45 personas que en el 2009 tenían entre 11 y 13 años.

Silvestre Hernández fue señalado por primera vez de un caso por violencia sexual contra un niño en 2006. Luego fue removido a Camotlán donde se presume victimó a cerca de 45 niños y repitió las agresiones en Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec.

En enero de 2014, sacerdotes de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca exigieron a las autoridades eclesiásticas “extirpar de raíz el infame crimen de la pederastia que se dejó incubar en la Iglesia con su silencio cómplice”.

Demandan que el arzobispo José Luis Chávez Botello pida perdón por los casos de pederastia cometidos por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández.

Los presbíteros Juan Ruiz Carreño, Juan Antonio Jiménez Gómez, Miguel Ángel Morelos García, Jorge Pérez García, David Elías Mendoza Maldonado, Ángel Noguera, Manuel Arias Montes, Guillermo Velázquez Gordillo, Sergio Herrera Arias y Leoncio Hernández Guzmán, fueron quienes participaron en la denuncia y aclararon:

“No hemos jugado a tirar la piedra y esconder la mano, cuando correspondió una advertencia sobre el caso del Padre Gerardo Silvestre Hernández, la hicimos”, subrayaron.

Y en agosto pasado, organizaciones civiles denunciaron que Silvestre Hernández no ha sido sentenciado “por complicidad” entre funcionarios y autoridades eclesiales.

Por su parte el Foro Oaxaqueño de la Niñez integrado por 25 organizaciones y ocho sacerdotes católicos exigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, imponer la pena máxima al presbítero detenido por corrupción de menores contra dos niños de Villa Alta, hechos que ocurrieron durante los años 2009 y 2010.

De igual forma, urgió al gobernador Gabino Cué investigar y sancionar demás violaciones cometidas contra niñas, niños y adolescentes por integrantes de la iglesia católica y otras creencias religiosas, así como en espacios familiares, comunitarios y escolares.


Y es que los activistas presumen que hay cerca de 45 niños que fueron víctimas de agresiones sexuales en las parroquias de Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec en un periodo de seis años.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MÁTIAS.

Acusan a la PGJDF de proteger a cura pederasta y a sus encubridores

MÉXICO, D.F: Mediante “una acción institucional en su conjunto”, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) protege al sacerdote pederasta Carlos López Valdés; por ese motivo, se niega a trabajar la denuncia penal interpuesta por Jesús Romero Colín, una de las víctimas del clérigo, afirmó hoy la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

En conferencia de prensa, los abogados de la ANAD recalcaron que la procuraduría capitalina se niega a trabajar el caso, principalmente porque en él están implicados –como presuntos encubridores del pederasta– el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, quienes eran obispos auxiliares en la arquidiócesis de México cuando se dieron los abusos sexuales de López Valdés, a quien la Iglesia ya inhabilitó como sacerdote.

Los abogados de la ANAD, Luis Ángel Salas, David Peña y Karla Michel Salas, coincidieron en señalar que las “omisiones” y las “dilaciones dolosas” que durante ocho años ha estado haciendo la Procuraduría con respecto a este caso, responden a una “acción institucional en su conjunto”, cuyo propósito es proteger tanto al sacerdote como a los altos jerarcas de la Iglesia que, al parecer, lo encubrieron.

Indicaron que la ANAD, quien lleva la defensa del joven Jesús Romero Colín, ha pedido a la procuraduría que cite a declarar a López Valdés y a los obispos. Pero ésta se ha negado reiteradamente, pese a que el mismo Vaticano ya determinó la culpabilidad del pederasta.

“No estamos hablando solamente del caso de abusos de un sacerdote, sino de la presunta complicidad del arzobispo y de algunos de sus obispos. La responsabilidad escala a esos niveles”, resaltó David Peña.

Por su parte, el abogado Luis Ángel Salas indicó que el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, es también responsable de esta “omisión institucional” de la PGJDF, pues él era el titular de esta dependencia cuando se interpuso la denuncia.

La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 1/2015, en la cual señala que la procuraduría capitalina ha sido omisa y negligente, por lo cual le pide que ya se ponga a trabajar en el caso. Y no solo eso, también le demanda que sancione a sus agentes del Ministerio Público que fueron omisos.

Karla Michel Salas señaló que “esta recomendación es la primera puerta de acceso para que por fin se haga justicia”.

Por su parte, la víctima, el joven Romero Colín, quien también participó en la conferencia de prensa, relató que fue abusado por el sacerdote cuando tenía 11 años de edad y fungía como su acólito. Se decidió a denunciarlo en 2007 ante el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México y ante la PGJDF.

El tribunal eclesiástico lo encontró culpable y lo inhabilitó como sacerdote. Y el Papa Francisco le mandó una carta –escrita con su puño y letra— a Romero Colín en la que le pidió perdón.

Sin embargo, la PGJDF, después de ocho años de tener la denuncia, ni siquiera ha citado a declarar al pederasta, argumentando que no ha podido localizarlo.

Hasta el momento, la procuraduría capitalina no ha dicho si aceptará o no la recomendación que le hizo la CDHDF. Tiene de plazo hasta la semana entrante para hacerlo.


Los abogados de Romero Colín señalan que, en caso de que la procuraduría rechace la recomendación, acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso a instancias internacionales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.

El cura abusador que permanece impune

El defensor del joven Jesús Romero Colín insiste en que el cardenal Norberto Rivera debe sujetarse a las leyes y denunciar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al sacerdote Carlos López Valdés, quien abusó de su cliente. De no hacerlo, dice, habría un problema de soberanía. Y lamenta las argucias del abogado del cardenal, Armando Martínez, quien argumenta que “desde el punto de vista canónico” la situación está finiquitada.  Por lo pronto, el caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

MÉXICO, D.F: A pesar de que el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México determinó que su ­sacerdote Carlos López Valdés abusó sexualmente del menor Jesús Romero Colín, la arquidiócesis se niega a denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); también se muestra renuente a colaborar en el proceso que esta instancia lleva.

Esa actitud viola las leyes civiles y ha permitido que el pederasta continúe en libertad, afirma el abogado de la víctima, Luis Ángel Salas, quien ya estudia la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales.

Sin embargo, para el abogado de la arquidiócesis, Armando Martínez, ésta no se ve obligada a denunciar penalmente al pederasta porque ya lo hizo la víctima. Y asegura que la Iglesia cumplió con su obligación de inhabilitarlo como sacerdote en 2011. Y si canónicamente resultó culpable –argumenta–, el expárroco continúa en libertad porque para la procuraduría capitalina sigue siendo inocente, aunque pueda parecer paradójica esta situación.

El defensor de Romero Colín asegura tajante:

“En cuanto lo halló culpable, la arquidiócesis de México estuvo obligada a denunciar penalmente a su sacerdote ante la procuraduría, como lo marca la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual estipula claramente que ninguna creencia podrá negar las leyes del país porque entonces habría un problema de soberanía.

“El arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera, no puede decir: ‘Yo sólo me baso en las leyes canónicas’. ¡No! Debe sujetarse a las leyes mexicanas. Incluso el mismo Papa Francisco está pidiendo denunciar a los curas pederastas ante las autoridades civiles, en su actual política de ‘tolerancia cero’.”

De acuerdo con la legislación civil, dice el abogado Salas, López Valdés cometió por lo menos tres delitos: violación equiparada, corrupción de menores y pornografía infantil.

Y asegura que la arquidiócesis lleva años negándose a cooperar en el proceso que le lleva la PGDF al hoy expárroco:

“En 2008 nosotros le empezamos a pedir a la arquidiócesis los primeros documentos. Y desde entonces se ha estado negando a cooperar. Varias veces también llegamos a solicitar audiencia con el cardenal Rivera. Y hasta febrero pasado nos recibió, comprometiéndose a apoyarnos. Pero en los hechos todavía no vemos nada”.

–¿Qué documentos eclesiásticos están pidiendo actualmente?

–Pedimos una relación de las parroquias donde estuvo oficiando el padre Carlos López de 1993 a 2013, pues siguió oficiando durante y después del proceso eclesiástico que lo condenó. También pedimos que la arquidiócesis nos diga quiénes eran sus superiores inmediatos durante el tiempo en que cometió sus abusos sexuales, para así ir delimitando responsabilidades. Y, por supuesto, necesitamos documentación de su expediente en el tribunal eclesiástico, como su declaración de culpabilidad.

Castigo de papel

El denunciante Romero Colín era un niño de 11 años cuando, en 1994, entró a ayudar como acólito al padre Carlos López en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, ubicada en Tlalpan. Desde entonces y hasta 1999 –un periodo de cinco años– el sacerdote estuvo abusando sexualmente del menor.

Avergonzado y confundido, Romero Colín no se atrevía a revelar tales hechos a sus padres, quienes eran muy cercanos al párroco. Lo hizo hasta 2007. Inmediatamente, su familia denunció al cura tanto en la arquidiócesis como en la PGJDF. Ante lo irrefutable de las pruebas –como fotografías donde aparece el religioso abusando de menores–, la Iglesia lo declaró culpable y lo suspendió como sacerdote en 2011.

Pero el castigo eclesiástico quedó en el puro “papel”, pues el pederasta –a decir del joven– siguió oficiando durante los cuatro años en que se le sometió a juicio; aun lo sigue haciendo en el estado de Morelos. Romero Colín también asegura que Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, entonces obispos auxiliares del cardenal Rivera, tenían pleno conocimiento de sus abusos desde años antes de que se le sometiera a juicio, y pese a ello decidieron encubrirlo (Proceso 2004).

El abogado Salas insiste en que, por lo pronto, debe presentarse a declarar Jonás Guerrero, actual obispo de Culiacán, ya que entonces era encargado de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis y superior inmediato del pederasta.

“Nosotros ya antes habíamos requerido a Jonás Guerrero, pero fue justo cuando lo sacan de la arquidiócesis de México y lo hacen obispo de Culiacán. Marcelino Hernández (actual obispo de Colima) también estaba al tanto de los delitos del padre Carlos porque intentó ayudarlo psicológicamente para que no siguiera delinquiendo”, comenta.

El único subalterno del cardenal al que la procuraduría citó a declarar fue Alberto Pacheco, a cargo entonces del Tribunal Eclesiástico. “En su comparecencia, Pacheco incurrió en falsedad porque negó los hechos contra el padre Carlos que le imputó su propio tribunal. Desgraciadamente, Pacheco murió el año pasado”, dice el abogado Salas.

–¿Debe también comparecer el cardenal Rivera?

–Primero trataremos de que haya orden de aprehensión contra Carlos (López) Valdés. Y esperamos que el cardenal nos aporte elementos para obtenerla, como nos lo prometió en la reunión que tuvimos con él.

Alude al encuentro que, el pasado 18 de febrero, sostuvo él y Romero Colín con el cardenal. Ahí también estuvieron Armando Martínez, abogado del cardenal, y el vocero de la arquidiócesis Hugo Valdemar.

Ese día, comenta el entrevistado. “entregamos al cardenal 16 anexos del caso. Él prometió apoyarnos y designó a su abogado como enlace con nosotros. Yo me he comunicado telefónicamente con Armando Martínez y él me ha dicho que después me regresa la llamada. No lo ha hecho. En esas estamos. Hasta hoy la arquidiócesis no ha querido cooperar”.

Y respecto a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, a cargo de las indagatorias, Salas señala que “ha actuado de manera negligente en el proceso. Lleva ocho años con las mismas diligencias por practicar, al grado de que ni siquiera ha podido localizar a López Valdés. En fin, ha mostrado una clara negación de acceso a la justicia”.

Indica que incluso la instancia que lleva el caso –el Juzgado 55, en Materia Penal, del Distrito Federal– “le ha dicho a la procuraduría que necesita perfeccionar su investigación porque es muy deficiente y omisa, pues a partir de ella no se puede determinar ningún tipo delictual”.

–¿Han acudido a otras instancias para conseguir justicia?

–Sí, el año pasado interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al parecer pronto emitirá una recomendación tanto a la procuraduría como a la arquidiócesis, por sus violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso de Romero Colín.

Las justificaciones

El abogado Salas refiere que, en caso de que definitivamente se cierren todas las puertas en México, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ver si ésta canaliza el caso a la Corte ­Interamericana.

Por lo pronto, dice, el Comité de Derechos del Niño, de la ONU, le dio entrada al caso de Romero Colín, junto con otros dos casos de pederastia sacerdotal en México: el de Marcial Maciel y el del padre Nicolás Aguilar, quien, por cierto, también fue ­sacerdote de Rivera Carrera.

A diferencia del defensor de la víctima, el abogado del cardenal, Armando Martínez, señala categórico que la arquidiócesis no denunció penalmente a su ­sacerdote pederasta porque no estuvo obligada a hacerlo. Argumenta:

“Nosotros no teníamos por qué denunciar debido a que ya había una denuncia presentada ante la procuraduría. Es decir; la noticia criminis ya la había dado la propia víctima al Ministerio Público.”

De esta manera –indica–, no se infringió el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, el cual ordena textualmente a las distintas iglesias que “deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones”.

El también presidente del Colegio de Abogados Católicos desmiente cualquier acusación de encubrimiento o de falta de cooperación contra el cardenal Rivera, pues, enfatiza, el purpurado cumplió con su obligación de someter a juicio eclesiástico al pederasta. Dice:

“Es absolutamente falso que la arquidiócesis no quiera cooperar. Desde el punto de vista canónico, la situación del padre Carlos está finiquitada. Ha sido reducido al estado laical absolutamente. Tuvo suspensión ad divinis, significa que está suspendido para siempre del ejercicio sacerdotal. Es un civil más. Esto quedó establecido por decreto e inscrito en la Santa Sede. ¿Si esto no es cooperar, entonces cómo puede llamarse?”

–La defensa de la víctima señala que ustedes no quieren aportar las pruebas de su tribunal eclesiástico para utilizarlas en la procuraduría.

–Nosotros no podemos abrir, a instancias de ningún particular, los archivos de la arquidiócesis. Sólo los abriremos a petición de la autoridad. Pero hasta el momento no nos ha pedido nada la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, que es quien ejercita la acción penal. Si nos hace esa petición, nosotros inmediatamente le llevamos nuestros archivos. Estamos plenamente dispuestos.

“En este caso queremos seguir cooperando, incluso coadyuvar en la investigación. Durante la reunión con el joven Jesús y sus abogados, nosotros claramente les dijimos que estamos dispuestos a coadyuvar. Pero no estamos acreditados en el expediente para la coadyuvancia. No tenemos personalidad jurídica. En este momento sólo la tienen la víctima, el acusado y el Ministerio Público. Quiero ayudar a Jesús, pero, por respeto, no puedo meterme oficiosamente en un asunto que no me corresponde.”

–Sin embargo, a la procuraduría llegó a comparecer Alberto Pacheco, del tribunal eclesiástico. Se dice que ahí declaró que no le constaba la culpabilidad del padre Carlos…

–En esa ocasión yo acompañé al padre Pacheco, quien era el vicario judicial de la arquidiócesis. Hará unos tres o cuatro años, no recuerdo con precisión porque no tengo el expediente. Él respondió a todas las preguntas que le hizo el Ministerio Público. No recuerdo que haya cometido una falsedad de declaración. Tampoco recuerdo si ya entonces se había dado la sentencia eclesiástica. Pero bueno, él ya murió, y la acción penal se extingue con la muerte.

–Si se les requiere, ¿también irían a declarar los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, así como el cardenal Rivera Carrera?

–¡Claro! Y el cardenal se lo dijo personalmente a Jesús: “Lo que me pidan, eso haré”. El cardenal ya ha declarado otras veces ante el Ministerio Público. Esta no sería la primera vez. Decían que al obispo Jonás se le había movido a Culiacán para evitarle esta situación. ¡Por Dios! Culiacán también está en México y mediante un exhorto puede ser citado. Yo mismo le he dicho: “Monseñor Jonás, necesito que usted declare si es requerido”. Y él me ha contestado: “A la hora que sea, lo que necesiten”. Los tres son ciudadanos mexicanos, tienen domicilio fijo y están ejerciendo.

–Pese al castigo eclesiástico, se comenta que el pederasta oficiaba misas durante el tiempo que duró su proceso eclesiástico y actualmente lo sigue haciendo en el estado de Morelos. ¿Es cierto?

–Durante su proceso, en efecto, el padre estuvo oficiando indebidamente en los velatorios del ISSSTE que están en la avenida San Fernando. También tuvimos conocimiento de que lo hacía en algunos lugares privados, como centros de retiro y cosas así. Ante esto, la arquidiócesis le envió cartas al director de los velatorios para decirle que el padre Carlos había perdido sus licencias ministeriales y no debía oficiar. También se mandaron cartas a la gente. Se dieron los avisos correspondientes.

“Y actualmente, que yo sepa, no está oficiando en Morelos. Me comentan que trabaja de ‘cerillo’ en un centro comercial de Villa Coapa, que anda por esos rumbos. Todas las diócesis están notificadas para impedirle ejercer el sacerdocio. Es todo lo que podemos hacer. La Iglesia no tiene policías ni tampoco la autoridad del Estado para arrestarlo.

“En lo personal me duele mucho este caso, pues el padre Carlos fue mi párroco y conocí a la gente que trabajaba con él. A Jesús lo conocí de monaguillo. También conozco a sus papás. Es una lástima que el muchacho haya caído en manos de abogados que no tienen ninguna estrategia jurídica. Yo estoy dispuesto a asesorarlos.”

–¿Para las autoridades civiles no es válida la sentencia de culpabilidad del tribunal eclesiástico?

–¡No! Porque nuestra Constitución prohíbe los tribunales especiales. Para las autoridades mexicanas, todo tribunal eclesiástico es absolutamente inexistente. Sus fallos no tienen ninguna repercusión. ¡No existen!

–¿Un mismo acto puede ser delito para la Iglesia y no serlo para el Estado?

–Por supuesto. El ejemplo más claro es el del aborto, que está prohibidísimo por la Iglesia, merece la pena de excomunión, y, sin embargo, es permitido por varias legislaciones civiles.

–Y en el caso del padre López Valdés, ¿resultó culpable para la Iglesia e inocente para la procuraduría capitalina?


–Así es. No han podido adecuar su conducta a ningún tipo penal. Por desgracia, en ese ámbito civil la Iglesia no puede hacer nada, está atada de manos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.

Pederastia encubierta por Norberto Rivera y solapada por la PGJDF

De los 11 a los 16 años de edad, un acólito del sacerdote mexicano Carlos López Valdés dice haber sido víctima de abuso sexual y de trato pornográfico por parte del religioso. Una vez que lo denunció ante la Procuraduría del DF y el Tribunal Eclesiástico, este órgano lo declaró culpable y el Vaticano lo inhabilitó para seguir oficiando. No obstante que el propio Papa Francisco pidió al ofendido “perdón en nombre de la Iglesia”, el clérigo sigue dando misa y las autoridades capitalinas no libran en su contra orden de aprehensión.

MÉXICO, D.F: El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, obispos de Culiacán y Colima, respectivamente, al parecer están protegiendo al pederasta Carlos López Valdés, un sacerdote “inhabilitado” que continúa sin pisar la cárcel pese a que la Iglesia ya lo declaró culpable y el mismo Papa Francisco pidió “perdón” por sus abusos sexuales.

Lo anterior se desprende de las declaraciones de Jesús Romero Colín, una de las víctimas del clérigo. Este joven sostiene que desde 2004 el religioso fue denunciado ante Jonás Guerrero, entonces obispo auxiliar de Rivera Carrera y quien hizo caso omiso de las imputaciones.

Tres años después, en 2007, Romero Colín logró que el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México le abriera un proceso a López  Valdés. Ante lo irrefutable de las pruebas –fotografías en las que aparece abusando de menores–, en 2011 el tribunal lo declaró culpable y el Vaticano lo suspendió como sacerdote, aunque –según el joven– en los hechos sigue ejerciendo el ministerio.

En el mismo 2007, Romero Colín interpuso una querella contra el pederasta ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la que hasta ahora, pese al fallo del Tribunal Eclesiástico, no ha procedido en el caso de López Valdés.

Ni siquiera le sirvió a la víctima la carta que de puño y letra le escribió el Papa Francisco a mediados de 2013, donde dice sentir “dolor” y “vergüenza” por el abuso y le pide “perdón en nombre de la Iglesia”. Misiva en la que el pontífice reconoce la culpabilidad del criminal.

Romero Colín comenta a Proceso:

“Carlos López continúa oficiando misas, como lo hizo durante los cuatro años que tardó su proceso en el Tribunal Eclesiástico, periodo en el que supuestamente estaba suspendido. Y actualmente la procuraduría ni siquiera le ha dictado orden de aprehensión. Es como si el clero y las autoridades civiles conformaran una especie de asociación delictiva que lo mantiene impune… y quizá abusando de menores de edad.”


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.