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Aspe también se lleva dinero en Banobras: gana por proyectos… pero esconden 5 años los datos

El diseño de las Zonas Económicas Especiales con las que el Gobierno federal ha anunciado que busca reactivar regiones del país con altos niveles de pobreza –y que son estratégicas y ricas en recursos naturales–, como Chiapas y Oaxaca, quedó en manos de consultoras vinculadas a ex funcionarios federales, entre ellos Evercore, de Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari.


El Gobierno federal calificó como información reservada por cinco años los estudios de factibilidad, proyectos de dictamen y demás diagnósticos relacionados con el diseño de las Zonas Económicas Especiales, polígonos aún por determinar y con los que, se ha informado, se busca “democratizar la productividad” en diversas regiones pobres pero con “ventajas naturales”, como el Itsmo de Tehuantepec.

Los documentos con los que se determinará la ubicación de estos polígonos, de acuerdo con el contrato DAGA/055/2016, fueron elaborados, entre otras empresas, por la consultora Evercore Partners, propiedad del ex Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella, y anterior fuente de trabajo del hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Evercore, de Aspe, gana millones de dólares ocultando millones de pesos de gobiernos estatales

De Evercore, la firma que lidera Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, salieron funcionarios de alto nivel de esa dependencia hacendaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray Caso, ex titular de Hacienda; Fernando Aportela Rodríguez, ex subsecretario de la SHCP, y Marcela Andrade Martínez, actualmente jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas. Son puestos muy importantes que tienen que ver con las finanzas estatales y ahí se ve que hay una relación previa con la financiera de Aspe, dice en entrevista Enrique Cárdenas, director ejecutivo del CEEY, entidad que ha analizado la participación de Evercore en el endeudamiento de estados y también en el ocultamiento de pasivos por parte de gobernadores y ex gobernadores.

El servicio de asesoría que Evercore Casa de Bolsa ofrece a los gobiernos estatales en México es uno sus principales ingresos, reportó la firma dirigida por el ex Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, a la autoridad norteamericana que vigila el mercado de valores.

“Nuestros negocios en México obtienen una significativa porción de sus ingresos a través de contratos de consejería con gobiernos estales y locales en México”, expuso Evercore en un reporte entregado a la Securities and Exchange Commission (SEC, sus siglas en inglés).

Entre sus aconsejados, sin embargo, se encuentran mandatarios que han sido señalados como generadores de las más abundantes deudas estatales.

En 2006, por ejemplo, la firma de Aspe realizó un “diagnóstico financiero integral” al Gobierno de Coahuila, entonces a cargo del priísta Humberto Moreira Valdés.


Dos años después, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda de esa entidad había aumentado de 420 millones de pesos a mil 831.9 millones en 2008 y, para 2011, era ya de 36 mil 509 millones de pesos y emblema del crecimiento desmedido de los compromisos públicos en un estado.

Otro caso es el de Puebla, donde la firma de Pedro Aspe obtuvo en 2012 la administración de un Fideicomiso que recauda el impuesto sobre la nómina como “fuente de pago de las obligaciones a cargo del estado derivada de proyectos”.

Esto, con base en una modificación previa a la Ley de Deuda Pública de esa entidad que permitió dejar de llamar “deuda” a los “Proyectos de prestación de servicios”.

El resultado: de acuerdo con una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Puebla apareció este año con la mayor cantidad de pasivos (16 mil millones) no reportados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que sólo le contaba hasta diciembre una deuda de ocho mil 609 millones al cierre de 2015.
“El endeudamiento no se ha detenido y aún no se conocen las cifras reales completas. Algunos estados han escondido su verdadero endeudamiento”, expuso el pasado miércoles el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en un boletín.

“Como ya se mencionó, por primera vez y gracias a las reformas legislativas recientes, la ASF reveló los pasivos totales registrados en la cuenta pública de cada estado”, agrega el documento del CEEY.

En su revisión difundida en agosto pasado, la ASF indica que comparó el saldo de los “Indicadores de Obligaciones” difundidos por la SHCP con el reportado en cada una de las cuentas públicas estatales, encontrando que, al cierre de 2015, había una diferencia de 50 mil 464.2 millones de pesos entre las 32 entidades.
“Destacan Puebla (16 mil 046.5 millones de pesos) y Michoacán (13 mil 941.1 millones de pesos), los cuales concentraron el 59.4 por ciento de dicha diferencia. Lo anterior, debido a que las entidades y los municipios sólo están obligados a inscribir en el ROEEFM las obligaciones garantizadas con participaciones y aportaciones federales, y se excluyen los pasivos financieros de corto plazo, los contingentes y otras obligaciones que no se consideran deuda pública”, planteó la ASF.

“Por lo anterior, es importante considerar todas las obligaciones y financiamientos de las entidades federativas, debido a que como se observa en el cuadro anterior, el concepto ‘Otros pasivos’ concentró el 25.5 por ciento del total de las obligaciones financieras”, agregó la Auditoría en su “Informe de Avance de Gestión Financiera”.

El nombre de Evercore apareció esta semana en el análisis hecho por el CEEY sobre la citada revisión de la ASF, indicando que la firma fundada por el ex Secretario de Hacienda del sexenio salinista ha trabajado a lo largo de los años en al menos una decena de Gobiernos estatales; entre ellos, Coahuila, con problemas históricos de deuda; o en los primeros lugares de pasivos “ocultos”, como Puebla, Michoacán, Oaxaca y Tabasco.

“Además, el total de pasivos reportados por la ASF no siempre incluye los pasivos que se encuentran en fideicomisos mal llamados privados, mismos que se alimentan de recursos públicos. En otros casos sí lo hace”, explicó el CEEY.
“En al menos diez estados de la República (Durango, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Puebla), Protego, hoy Evercore, realizó transacciones y en algunos de ellos participó en la ingeniería jurídica y financiera. De acuerdo con documentos oficiales presentados ante la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, Evercore México obtiene una parte significativa de sus ingresos de la asesoría que provee a Gobiernos estatales y municipales”, agregó.

La decena de estados aparece en las “transacciones” que Evercore difunde en su página en línea, donde menciona el trabajo realizado en Coahuila en 2006, cuando también trabajó para los estados de Querétaro y Sonora. En Michoacán, indican los datos, hizo un “refinanciamiento de la deuda del estado” desde 2007.

La información de la página online no incluye la participación de Evercore en otras entidades, como Puebla o Chihuahua; estado este último donde la firma también realizó una reestructura de la deuda pública y, en 2013, creó un Fideicomiso que permitió al ex mandatario César Duarte Jáquez adquirir 19 mil 525.1 millones en nuevos préstamos.

“Como ya se mencionó, estas operaciones que en ocasiones se concentran en fideicomisos ‘privados’, representan una caja negra: no se pueden auditar, no hay escrutinio público, y sus magnitudes pueden ser enormes”, advirtió el CEEY.

“Destáquese que ni Tabasco ni Michoacán han tenido alternancia política en periodos recientes. En otros estados donde no la ha habido, como en el Estado de México, no sabemos ni remotamente cuál es el estado verdadero de sus finanzas estatales”, agregó.

La investigación del CEEY detalla la situación del fideicomiso administrado por Evercore en Puebla, donde, de acuerdo con el Jefe de la Oficina del Gobernador, Roberto Moya Clemente, los pasivos de este fondo son de 22 mil 554 millones de pesos.

“Todo parece indicar que estos pasivos no están considerados en la Cuenta Pública del Estado (pues no cuadran las cifras): Como ya se dijo, los pasivos totales reportados por la ASF son 24 mil 655 millones de pesos a diciembre de 2015, que incluyen la deuda registrada en la Secretaría de Hacienda. De no estar considerados los pasivos del Fideicomiso F/0144 en ese total, la suma de pasivos reales de Puebla alcanzaría los 47 mil 209 millones de pesos”, advierte.

En entrevista, el director ejecutivo del CEEY, Enrique Cárdenas, señaló que además los términos del Fideicomiso en Puebla le dan “manga ancha” al Gobernador panista Rafael Moreno Valle para ejercer recursos.

“El fideicomiso de Puebla, que sí lo conocemos, prácticamente dice que se puede gastar casi lo que sea; abre mucho la puerta para gastar prácticamente lo que sea y, además, el compromiso dura hasta que se termine de pagar”, dice.
“Con los datos nos dio el jefe de la oficina del Gobernador, estamos hablando de pasivos de 22 mil millones de pesos a un máximo de 25 años y, con ese dinero, se está absorbiendo un 50 ó 60 por ciento de los ingresos que generan los impuestos sobre la nómina. O sea, ahorita ya está comprometidos 50 o 60 por ciento de esos ingresos por los próximos, al menos, 15 años, sin haber dado cuentas al Congreso”, agregó Cárdenas.

RELACIONES POLÍTICAS

De acuerdo con un reporte que Evercore Partners entregó al Gobierno de Estados Unidos, la división de Casa de Bolsa que tiene en México obtuvo 150.2 millones de dólares entre 2014 y 2015.

Las condiciones políticas, agrega el mismo reporte, son cruciales para la compañía. “Debido a que el Gobierno mexicano ejerce influencia significativa sobre tantos aspectos de la economía mexicana, eventos políticos en México, como cambios en los gobiernos estatales o municipales, pueden resultar en interrupciones de nuestras operaciones de negocios y afectar nuestros ingresos”, dice el reporte entregado a la SEC.
“Cualquier acción del Gobierno, incluyendo cambios en las regulaciones del sector financiero, podrían tener un impacto adverso en las operaciones de nuestros negocios mexicanos, especialmente en sus activos del manejo de negocios”, agrega.

Pero una firma con el nivel de influencia política que tiene Evercore “aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto”, indicó este año el diputado federal poblano Rodrigo Abdala, en alusión a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al actual Presidente y, entre 1998 y 2005, empleado de lo que hoy es Evercore.

“Hay que tener claro que Evercore no es cualquier intermediario financiero, porque hace las veces de banca de tercer nivel y de Casa de Bolsa. Eso permite le invertir en especulación financiera y en sus propios fondos de inversión en México y Estados Unidos y también, así como en inversiones directas en petróleo y energía a través y para sus propias inversiones, entre las que están las rondas de licitación derivadas de la llamada reforma energética”, expuso Abdala, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en un punto de acuerdo.

Entrevistado al respecto, el director del CEEY dijo también observar una “notable concentración de casos a nivel estatal” asesorados por la firma de Aspe.
“Sabemos que de Evercore salieron Luis Videgaray, (el ex subsecretario de Hacienda, Fernando) Aportela, Marcela Andrade (hoy jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas); en fin, puestos muy importantes que tienen que ver con las finanzas estatales y, bueno, ahí también se ve que hay una relación digamos previa”, agregó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-12-2016/3126198

Puebla, Tabasco, Michoacán y varios estados más escondieron deuda con ayuda de Aspe: CEEY

Un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias reveló que más de la mitad de los estados han reportado montos de deuda ante la SHCP  menores a los reales, al no incluir recursos provenientes de esquemas como fideicomisos “privados”, no auditables y que comprometen ingresos fiscales locales hasta por 20 años. En al menos diez estados de la República (Durango, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas y Puebla), Protego, hoy Evercore, realizó transacciones y en algunos de ellos participó en la ingeniería jurídica y financiera. Una investigación de SinEmbargo publicada en noviembre revelaba que la empresa que encabeza Pedro Aspe creó para la administración de Rafael Moreno Valle un fideicomiso, el 144, con el cual el Gobernador de Puebla pudo construir obras y comprometer ingresos estatales sin que estas erogaciones se reflejarán en el monto final de la deuda pública.

Más de la mitad de los estados han reportado montos de deuda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menores a los reales, al no incluir recursos provenientes de esquemas como fideicomisos “privados”, no auditables y que comprometen ingresos fiscales locales hasta por 20 años, alertó un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
“La problemática de la deuda estatal no sólo está lejos de resolverse, sino que esconde muchos problemas de legitimidad, opacidad, corrupción y, quizás, de financiamiento ilegal de campañas electorales. Se trata de un problema nacional. Si el Sistema Nacional Anticorrupción se implementa como se debe, impondrá barreras a la proliferación de la corrupción”, dijo.

De acuerdo con el diagnóstico “Deuda estatal, un problema público nacional”, el caso más grave es el del estado de Puebla: el gobierno reportó a la SHCP y a la sociedad en general en el último informe del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, una deuda de 8 mil 609 millones de pesos al 31 de diciembre de 2015, mientras que el total de pasivos en realidad es de 24 mil 655 millones de pesos.

Los pasivos son el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la persona o empresa, en este caso gobierno, debe a terceros.

El segundo caso más grave es el de Tabasco. Su deuda ante la SHCP es de 4 mil 344 millones de pesos, pero sus pasivos totales alcanzan los 10 mil 790 millones de pesos. El tercer caso grave es Michoacán: la deuda es de 17 mil 473 millones, pero el total de pasivos llega a 31 mil 414 millones de pesos. En ese orden siguen Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán, Nayarit, Durango y Tamaulipas.

El endeudamiento estatal registrado ante la Hacienda, explicó el CEEY, sumaba 529 mil 719 millones de pesos al primer semestre de 2016, mientras que un año antes se ubicaba en 511 mil 719 millones, lo que representa un aumento de 3.5.
“Sin embargo, si agregamos a estos datos los ‘otros pasivos’ reportados por primera vez por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que consideran las cuentas públicas estatales, la cifra es muy distinta”, destacó.
Se trata, señaló el reporte, de recursos destinados a proyectos de inversión, que no pasan por la aprobación de los congresos como deuda, que no son auditables y que comprometen ingresos fiscales locales hasta por 20 años.
“Estas operaciones, que en ocasiones se concentran en fideicomisos ‘privados’, representan una caja negra: no se pueden auditar, no hay escrutinio público y sus magnitudes pueden ser enormes”, alertó.
Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del CEEY, explicó que algunas entidades contrataron a la firma transnacional Evercore para que diseñara la ingeniería jurídica y financiera del mecanismo.
“Lo que sucede con estos fideicomisos es que son de garantía de pago, es decir, por un lado el Gobierno decide qué proyectos se van a financiar y por el otro lado el fideicomiso compromete los ingresos locales que normalmente tienen dos fuentes a nivel estatal, o el impuesto sobre la nómina o el impuesto sobre la tenencia, estos impuestos entran al fideicomiso y de ahí se pagan los proyectos de inversión previamente definidos por el Gobierno estatal”, detalló.

RELACIÓN EVERCORE-GOBIERNOS

En al menos diez estados de la República (Durango, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas y Puebla), Protego, hoy Evercore, realizó transacciones y en algunos de ellos participó en la ingeniería jurídica y financiera, reveló el CEEY.

De acuerdo con documentos oficiales presentados ante la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, citados en el reporte, Evercore México obtiene una parte significativa de sus ingresos de la asesoría que provee a gobiernos estatales y municipales. Otras instituciones participaron como fiduciarios en otros casos.

En el caso de Puebla, de acuerdo con declaraciones del Jefe de la Oficina del Gobernador, Roberto Moya Clemente, los pasivos de este fideicomiso alcanzan los 22 mil 554 millones de pesos, a pagarse en los próximos 25 años.
“Todo parece indicar que estos pasivos no están considerados en la Cuenta Pública del Estado, pues no cuadran las cifras. De no estar considerados los pasivos del Fideicomiso F/0144 en ese total, la suma de pasivos reales de Puebla alcanzaría los 47 mil 209 millones de pesos”, advirtió el CEEY.
En noviembre pasado, SinEmbargo publicó una investigación donde informó que la deuda pública del Gobierno de Puebla ha permanecido en la opacidad y, oficialmente, se muestra como una de las bajas del país. Sin embargo, en la medida que el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se extingue en esa entidad, han comenzado a saltar cifras con miles de millones de pesos.

Como sucedió en Coahuila, en el Gobierno de Humberto Moreira Valdés, el Gobernador poblano presume una cifra y las consultorías y calificadoras de riesgo hablan de otra que es mucho mayor. Uno de los hilos que comienzan a desatar la madeja de ese entramado financiero en la entidad apunta a Evercore, empresa de Pedro Aspe Armella que administra recursos de ese estado y, además, a funcionarios públicos de primer nivel en la Secretaría de Hacienda que, antes trabajaron para Aspe: Luis Videgaray Caso, el ahora ex titular de la dependencia hacendaria; Fernando Aportela, hoy Subsecretario de la SHCP, y Marcela Andrade Martínez, quien se desempeña como Jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de Hacienda.

El reporte del CEEY detalló que los pasivos totales de los estados aumentan más de 50 mil millones de pesos, de 536 mil 249 millones de pesos a 586 mil 733 millones de pesos en diciembre de 2015.

Esto significa, de acuerdo con el CEEY, una diferencia de 9.4 por ciento por la inclusión de los pasivos no registrados. Es decir, “varios estados no habían reportado una desmesurada cantidad de los pasivos que ya tenían, pero que no se conocían”.


El Centro de Estudios Espinosa Yglesias se mostró preocupado porque en promedio, la deuda estatal, al igual que la federal, va en aumento más rápido que el Producto Interno Bruto (PIB), “lo cual es preocupante”.

LA DEUDA DE LOS ESTADOS

“De acuerdo con declaraciones del Jefe de la Oficina del Gobernador de Puebla, Roberto Moya Clemente, los pasivos de este fideicomiso alcanzan los 22 mil 554 millones de pesos, a pagarse en los próximos 25 años (Rueda de prensa reportada en la prensa local el 3 de febrero de 2016:  http://www.diariocambio.com.mx/2016/zoon-politikon/item/2580-aclara-moya…(link is external)). Todo parece indicar que estos pasivos no están considerados en la Cuenta Pública del Estado (pues no cuadran las cifras): Como ya se dijo, los pasivos totales reportados por la ASF son 24 mil 655 millones de pesos a diciembre de 2015, que incluyen la deuda registrada en la Secretaría de Hacienda. De no estar considerados los pasivos del Fideicomiso F/0144 en ese total, la suma de pasivos reales de Puebla alcanzaría los 47 mil 209 millones de pesos”, dijo el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

“Destáquese que ni Tabasco ni Michoacán han tenido alternancia política en periodos recientes. En otros estados donde no la ha habido, como en el Estado de México, no sabemos ni remotamente cuál es el estado verdadero de sus finanzas estatales. En estados donde apenas hubo alternancia política, como en Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Durango, ha habido casos de sobreendeudamiento y, en algunos otros, hasta de desfalco. Todo lo anterior junto con acusaciones de corrupción al más alto nivel”, agregó.

“Por lo tanto –dijo en su alerta el Centro–, es fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga todos los amparos de endeudamiento estatal que están sustentados en legislación inconstitucional y declare la nulidad del Fideicomiso F/0144 de Puebla o lo que conforme a derecho proceda. Esperar a que se agoten todas las instancias legales en lugar de atraer dichos amparos no hace sino retrasar la solución a un problema que se agrava día con día. Abajo se presenta la relación de los amparos interpuestos por personas con interés legítimo y otros con interés jurídico.


“Asimismo, resulta desconcertante que agencias calificadoras reconocidas no tomen en consideración este tipo de fideicomisos para realizar sus evaluaciones de riesgo a nivel estatal. Obviar información relevante manda señales erróneas a los mercados y a los financiadores que, en el mejor de los casos, deciden financiar ‘proyectos de inversión’ con base en información incorrecta.  Después de la crisis de 2008, estas agencias no se pueden dar el lujo de emitir información no confiable a los mercados”, alertó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2016/3125998

¿Cuánto debe realmente Puebla? No se sabe. Moreno Valle creó un “hoyo negro”… con ayuda de Aspe

Evercore, la empresa que encabeza Pedro Aspe Armella, creó para la administración de Rafael Moreno Valle Rosas un fideicomiso, el 144, con el cual el Gobernador de Puebla pudo construir obras y comprometer ingresos estatales sin que estas erogaciones se reflejarán en el monto final de la deuda pública. Los cambios a la legislación, permitieron constituir este instrumento que impacta el flujo de recursos del Impuesto Sobre la Nómina de la entidad hasta por 30 años, expuso Rodrigo Díez Gargari, quien hizo la petición de transparencia a la Secretaría de Finanzas de Puebla, y quien obtuvo el documento luego de dos años de estira y afloja, incluyendo un amparo.

El Fideicomiso que Evercore Casa de Bolsa administra en Puebla le permitió al Gobernador panista Rafael Moreno Valle, después de una serie de modificaciones legales, construir obras, comprometer ingresos estatales hasta por 30 años y, al final, mantener sin aumento el registro de su deuda pública.

Así lo explica el abogado Rodrigo Díez Gargari, autor de la petición de transparencia a la Secretaría de Finanzas estatal que, luego de dos años, proporcionó el contrato del Fideicomiso 144 administrado por Evercore y que compromete o “afecta” el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), o sobre nómina.

“Es un fideicomiso mediante el cual se endeudó al estado. El Gobierno de Puebla dice que no es deuda, porque modificaron la Ley para decir que estas operaciones no lo son”, dice Díez.

“Modifican la legislación para hacer estas operaciones y, a través de Fideicomiso, afectan el flujo de recursos del Impuesto Sobre la Nómina por 30 años”, agrega.

Profesor de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), donde sigue el tema de las deudas públicas, Díaz Gargari explica que hizo la solicitud de información a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla luego de que, en 2012, se aprobara, entre otras, una reforma a Ley estatal en la materia.

El cambio, hecho en el artículo Sexto de la Ley de Deuda Pública de Puebla y publicado el 19 de septiembre de 2012, estableció que “no constituyen deuda pública los proyectos de inversión para la prestación de servicios de largo plazo o los proyectos o contratos relacionados con obra pública o bienes”.

Una modificación de un mes antes, al artículo 18 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios local, permitió al Ejecutivo estatal evadir la autorización del Congreso al establecer que “se requerirá dicha autorización cuando se pretenda incrementar la afectación de las participaciones federales para un proyecto para prestación de servicios”, dejando así a decisión del Ejecutivo local la contratación de “obligaciones de pago” garantizadas con recursos estatales.

Este tipo de esquemas, dice Díez, implican de manera ordinaria la creación de fideicomisos que pueden ser utilizados para evadir la transparencia de los recursos que manejan, por lo que en 2014 hizo la solicitud de información.

Dos años después y a través de un amparo, el abogado recibió el texto del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/0144 firmado entre el Gobierno de Moreno Valle y Evercore Casa de Bolsa, dirigida por el ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella.

El texto evoca el Artículo 6 de la Ley de Deuda Pública y muestra que al Fideicomiso llegarán recursos públicos destinados a pagar “todo tipo de obligaciones que contraiga el estado”. La fuente de pago: el ISERTP, o Impuesto sobre Nómina.

“Es su intención celebrar el presente contrato para (i) afectar de forma irrevocable los ingresos presentes y futuros derivados de la recaudación del ISERTP, con el propósito de establecer un mecanismo de administración y fuente de pago de todo tipo de obligaciones que contraiga el estado, de manera directa o alterna, al amparo de Proyectos que contrata o celebre, para que el fiduciario (Evercore) realice por su cuenta y orden, el pago puntual y oportuno de dichas obligaciones”, declara el Gobierno del Estado de Puebla en el decreto.

El efecto para la población, explica, es que los recursos que pagan los empresarios por el impuesto estatal sobre nómina ya no se va a la Tesorería del Estado para que, de acuerdo con los procedimientos constitucionales, se decida en público el destino de esos recursos.

Ahora, en cambio, se van directamente al Fideicomiso de Evercore que, a su vez, debe de pagar deudas dejadas por la construcción de diferentes obras –como la plataforma de Audi, estimada en 3 mil 865 millones de pesos– que absorberán recursos por décadas y, por tanto, son deuda pública.

“Cuando alguien pagaba el Impuesto Sobre la Nómina en Puebla, ese dinero se iba a la Tesorería para que se gastara en lo que se indicara el Presupuesto, pero ahora se va al Fideicomiso, que se usa para pagar proyectos”, explica el académico.

Fideicomisos que “evaden la transparencia de los recursos que administran”. Como evidencia, dice, la tardanza para que el Gobierno del Estado le entregara el texto del contrato con la Casa de Bolsa.

“Me tardé dos años en que me lo dieran, porque primero me dijeron que era información reservada; presenté un amparo que gané, luego se fueron a la revisión. Total, dos años se tardaron en informarme”, comenta en entrevista.

“Son mecanismos que evaden la transparencia de los recursos que administran”, agrega.

Los estados de cuenta mensuales del Fideicomiso, por separado, dice Díez, muestran depósitos de entre 200 y 300 millones de pesos que, en el mismo ejercicio, también son retirados.

La cantidad destinada entonces al Fideicomiso, estima el abogado, rebasa los 2 mil 500 millones de pesos recaudados al año por el ISERTP, por lo que es probable que reciba recursos incluso de otras fuentes.

Estado de cuenta de marzo de 2016. Imagen: SinEmbargo

UNA ENTIDAD SIN DEUDA

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la deuda de Moreno Valle no sólo no ha aumentado en lo que lleva del sexenio, iniciado en 2011, sino que ha incluso descendido: de nueve mil 318.2 millones de pesos a ocho mil 546.9.

Pero, de acuerdo con datos hechos públicos desde 2015 por el investigador de Eudoxio Morales Flores, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diversas obras de la entidad, como la Plataforma Audi, están generando pasivos por hasta 29 mil millones de pesos adicionales.

El cálculo fue incluido en febrero pasado en el punto de acuerdo presentado por el diputado federal poblano Rodrigo Abdala, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para solicitar a la Secretaría de Hacienda un “diagnóstico de la situación en la que se encuentra la deuda del estado de Puebla”.

El texto llama la atención sobre la construcción de “obras fastuosas en una entidad pobre” y cuestiona las modificaciones al marco legal de la deuda pública para “aumentar la discrecionalidad” y la opacidad en el manejo de los recursos.

También recuerda que, un mes después de la constitución del Fideicomiso 144, el Congreso del Estado aumentó del dos al tres por ciento el monto al Impuesto Sobre Nómina para así, afirma, aumentar los recursos comprometidos en el esquema.

Esquema, afirma, que permite a Evercore usar en especulación financiera los más de dos mil millones de pesos que recibe de los impuestos pagados por la nómina de la población poblana.

“Hay que tener claro que Evercore no es cualquier intermediario financiero, porque hace las veces de banca de tercer nivel y de Casa de Bolsa. Eso permite le invertir en especulación financiera y en sus propios fondos de inversión en México y Estados Unidos y también, así como en inversiones directas en petróleo y energía a través y para sus propias inversiones, entre las que están las rondas de licitación derivadas de la llamada reforma energética”, dice el texto del punto de acuerdo.

“Para su posicionamiento como inversionista aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto”, agrega.

En entrevista con SinEmbargo, Abdala insiste en hacer una lectura política sobre los involucrados en el Fideicomiso 144.

“Si Rafael Moreno Valle desde que inició como Gobernador tenía como objetivo principal ser candidato a la Presidencia de la República, se tuvo que sentar con los actores de esta película que le permitirían estar en el juego, y Pedro Aspe es uno de ellos: mentor de Luis Videgaray Caso, nada menos que ex Secretario de Hacienda del Presidente de la República”, dice el integrante de la primera bancada federal de Morena.

“Lo que buscan es que llegue quien llegue, nada cambie, todo se quede igual, y esa es la idea”, agrega.

Como en Puebla, Evercore administra en Chihuahua un Fideicomiso Maestro de Administración y Fuente de Pago que también recibe recursos públicos para garantizar al menos once préstamos que recibió el ex Gobernador César Duarte.

“He seguido este Fideicomiso maestro y encuentro dos características: la caterva de gentes de Pedro Aspe, que están detrás, beneficiándose”, dijo en entrevista anterior Jaime García Chávez, abogado chihuahuense que presentó la demanda penal por la probable participación de Duarte en la Unión de Crédito Progreso.

“Y que claro que ellos hacen una especie de marco para la contratación de deuda, intermedian, invierten en la bolsa y se embolsan miles de millones de pesos (…) creo que son mecanismos de corrupción política, que no están sujetos a supervisión adecuada del estado, por el déficit regulatorio para hacer estas maniobras”, agregó.

De acuerdo con su página en Internet, Evercore es “líder absoluto” en el rediseño de marcos legales y promoción de créditos con 26 Gobiernos subnacionales.

“El equipo de Finanzas públicas e infraestructura (EFPI) asesora a los Gobiernos locales a reformar su marco legal, a efecto de detonar la inversión en infraestructura en la entidad a través de esquemas de financiamiento con participación privada”, describe la página.

“El EFPI asesora a los gobiernos locales en la obtención de financiamiento tanto bancario como bursátil (deuda de largo plazo, bursatilización de activos, etc.), así como en el refinanciamiento o reestructura de su deuda”, agrega.

La firma declinó una solicitud de entrevista de este medio (Sin Embargo).





Fuente: Sin Embargo
Autora: Sandra Rodríguez Nieto
http://www.sinembargo.mx/14-10-2016/3103757