Supervisan seguridad en penal del Altiplano tras reingreso de Guzmán Loera

MÉXICO, DF: La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reforzó la seguridad dentro del penal federal del Altiplano, luego del reingreso de Joaquín El Chapo Guzmán, informó la dependencia.

En un comunicado, la CNS indicó que el comisionado Renato Sales Heredia y autoridades supervisaron los filtros de acceso, los mecanismos de esclusas, el funcionamiento de las cámaras, la seguridad perimetral.

Además, las condiciones de monitoreo en los centros de mando y en general las condiciones de internamiento de la población penitenciaria en el contexto de las mejoras implementadas de seis meses a la fecha para garantizar la seguridad en el Altiplano.

Sales Heredia y los titulares del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) Eduardo Guerrero Durán; de la Policía Federal, Enrique Galindo; del Servicio de Protección Federal, Alfonso Ramón Bagur y autoridades penitenciarias, realizaron una visita de supervisión al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Hoy, las condiciones del penal cumplen plenamente con protocolos internacionales en la materia, sostuvo la CNS.

Durante el recorrido que se prolongó por espacio de cuatro horas, se supervisaron los mecanismos de control y seguridad, tanto del personal como de la población penitenciaria y los mecanismos de actuación.

En seguimiento a la reaprehensión e ingreso de Guzmán Loera a este centro penitenciario, el comisionado nacional estableció un riguroso esquema de supervisión bajo su mando para verificar el cumplimiento de los protocolos ordenados para el acceso de personal y de visitas, informó la CNS.

También la implementación de las medidas necesarias para reforzar la seguridad dentro del penal asegurándose que cumplan con los estándares internacionales.

Entre éstos la actualización de la tecnología en el ingreso del personal que labora, de las visitas y de la misma población penitenciaria.


El Chapo fue reaprehendido el viernes pasado en Los Mochis, Sinaloa tras haberse fugado del penal de máxima seguridad el pasado 11 de julio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425769

El Altiplano, “penal de exterminio” de opositores

OAXACA, Oax: Como en el porfiriato, a quienes se ponen al gobierno no sólo se les castiga con cárcel, sino que con el pretexto de la seguridad nacional y por su “alta peligrosidad” se les recluye en penales de “exterminio”, como el del Altiplano, en el Estado de México.

Muestra de ello es que el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” se ha convertido, en sus 25 años, en el “infierno” para 38 oaxaqueños que, por participar en movimientos sociales o magisteriales, han sido recluidos en ese penal para mandar el mensaje de que toda “rebeldía” será sofocada con crudeza.

No hay que ir a prisiones de exterminio como Guantánamo, en Cuba, o a Irak para confirmar las graves violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales, basta con ser recluido en este penal de máxima seguridad para constatar que la tortura y la represión es algo que se sigue imperando en México.

En sus celdas han padecido 27 indígenas zapotecos de la región Loxicha, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), así como el comandante Antonio, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y el exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Felipe Martínez Soriano, vinculado a grupos insurgentes.

Ya en el 2006, por la revuelta sociopolítica, fueron detenidos e internados en el peal Altiplano Flavio Sosa Villavicencio y su hermano Horacio, así como el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, por su participación en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Nueve años después, ahora con la resistencia magisterial que se opone a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, fueron detenidos e internados en ese penal de máxima seguridad los dirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus.

El defensor de 152 indígenas zapotecos de la región Loxicha procesados en tribunales federales y del fuero común, acusados de pertenecer al EPR, Israel Ochoa Lara, consideró que el traslado de los maestros y otros luchadores sociales a penales de máxima seguridad es “ilegal e inconstitucional”.

En realidad no hay razón para que se lleve a los detenidos a Almoloya con el pretexto de la seguridad nacional y el criterio de “alta peligrosidad”, porque ni siquiera hay pruebas de su culpabilidad, son probables responsables, sostuvo. El hecho de mandarlos a esos lugares, advirtió Ochoa Lara, viola ese principio constitucional y viola la convivencia con la familia porque para reinsertarse debe estar con su familia y no aislarlo del entorno social.

También destacó que las condiciones en que fueron trasladados los maestros vulneraron una serie de disposiciones legales y podría proceder un amparo en contra de ese traslado para que los regresen a sus lugares de origen, ya que a través de ese recurso, recordó, se logró que a 27 presuntos eperristas los devolvieran a Oaxaca.

Tras la irrupción del EPR, el 28 de agosto de 1996, el Estado mexicano desplegó fuerzas federales a la región Loxicha, considerada el bastión del grupo guerrillero, y detuvo a 152 indígenas, de los que 27 fueron enviados al penal de Almoloya.

Entre ellos se encontraban Amadeo Valencia Juárez, Gerardo Ramírez Hernández, Roberto Antonio Juárez, Santiago Pérez Almaraz, Laureano Ramírez García, Virgilio Cruz Luna, Prisciliano Enríquez Luna, Alfredo García Antonio, Januario Crispín Almaraz Silva, José Pacheco Contreras, Jordán Almaraz Silva, Genaro López Ruiz, Silvano Pacheco Pacheco, Arnulfo Almaraz Valencia, Guillermo Pacheco Pacheco, Benito Almaraz Enríquez, Eleno Hernández Almaraz, Agustín Pacheco Hernández, Paladio Luna Pacheco, Felipe de Jesús Antonio Santiago y Juan Sosa Maldonado.

Entonces, agregó, en el caso de los maestros procedería un juicio de amparo porque este internamiento es inconstitucional, debido a que se busca alejarlos de su entorno social.

Con ello, el gobierno de Peña Nieto repite lo que en su época hizo Porfirio Díaz, quien mandaba a los rebeldes a San Juan de Ulúa o a Valle Nacional.

El objetivo es dar un castigo ejemplar y dificultarle la defensa, “porque si no tienes recursos, tendrás que quedarte con defensores de oficio, lo que confirma que si hay un proceso represivo”, acotó Ochoa Lara.

Además, si bien las órdenes de aprehensión que se libraron son por presuntos excesos cometidos durante las manifestaciones magisteriales, existe un problema para acreditar la responsabilidad directa de cada uno de ellos, “porque el hecho de ir a la marcha no es delito”.

A casi 20 años de la represión de los Loxicha, el responsable del Bufete Jurídico Popular sostuvo que el Estado se ha ido afinando más su estrategia en cuanto a la forma de control y represión social.

También mencionó que a los maestros como a los desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, se les vincula o trata de ligar con el crimen organizado y, al meterlos en esa dinámica, la acción deriva en una especie de “guerra de baja intensidad”, donde se busca sofocar todas las expresiones de inconformidad y rebelión social que se puedan dar y para eso el concepto de delincuencia organizada les funciona bien a las autoridades de los tres niveles.

A su vez, Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, reforzó que Almoloya fue construido como un penal para delincuentes peligrosos, sin embargo, al recluir a luchadores sociales se manda el mensaje de que también sirve para sofocar cualquier acto de rebeldía.

“Estamos viviendo una situación como en tiempos de la dictadura militar en Chile, donde si no te desaparecen, como a los normalistas de Ayotzinapa, entonces llenas los penales de presos políticos”, puntualizó.

A su vez, el exrector de la UABJO, Felipe Martínez Soriano, a sus 88 años, alertó que, en lugar de disminuir la represión, ésta va en aumento, “y eso es grave porque habla de la desestabilización del país y de un gobierno que no sabe cómo enfrentar las cosas y entonces utiliza la represión”.

Además consideró que “esa medida (de enviarlos a penales de máxima seguridad), no ha servido de nada; al contrario, va aumentar la violencia porque en lugar de resolverse, crece la inestabilidad del país”.

También recordó su paso por el penal de Almoloya: “La cárcel siempre es triste, está uno aislado totalmente, es la mayor tortura, es el aislamiento, lejos de las cuestiones físicas y morales, es el aislamiento. Hay gente que no aguanta”.

Martínez Soriano, señalado de ser el fundador del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), fue detenido el 26 de junio de 1990 por su participación en el presunto asesinato de uno de los vigilantes del periódico La Jornada, cometido en abril de ese mismo año.

Antes, el 12 y 14 de junio de 1990 fueron detenidos David Cabañas Barrientos y el oaxaqueño Felipe Edgardo Canseco Ruiz, a quienes se señaló como militantes del PROCUP.

Y fue en septiembre de 1996, tras la irrupción del EPR, que autoridades de seguridad nacional lo trasladaron al penal de Almoloya.

Ahí permaneció tres meses en aislamiento y luego le permitieron ir y venir por módulos de control, donde logró observar a Raúl Salinas de Gortari, a algunos narcotraficantes y presos clasificados como altamente peligrosos.

“Ahí estuve dos años, vigilado por dos o tres oficiales, como les llamaban, aunque en realidad son militares en “servicio social” que mandan a cumplir su sentencia. La mayoría son torturadores profesionales que se ensañan con los presos del fuero común, no así con los del fuero federal o político”, confiesa el exrector en su libro “Movimiento democrático universitario y testimonios de la cárcel”.

A ese penal también llevaron a Jacobo Silva Nogales, conocido como el comandante Antonio del ERPI. Aunque nació en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por diferencias políticas y estratégicas relacionadas con la conducción de la guerrilla en México se separó del EPR y fundó el ERPI en la localidad de El Charco, en el estado de Guerrero.

Fue detenido por la Policía Federal en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1999 y, el 24 de ese mismo mes, lo ingresaron junto con su esposa Gloria Arenas Agis y dos personas más, a ese penal mexiquense.

Y fue liberado el 29 de octubre de 2009 del penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, conocido como “El Rincón”, tras haber ganado jurídicamente el segundo proceso de amparo directo interpuesto el 8 de octubre de 2008.

Ya en el 2006, el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, narró a Proceso que “fui detenido el 6 de agosto como a las cuatro y media de la tarde. Los seis agentes que me secuestraron me llevaron cubierto de la cara, me golpearon con sus puños y sus armas. Me torturaron hasta dejarme en estado de desmayo para llevarme a una casa de seguridad en Matías Romero”.

Añadió: “De ahí, el 7 de agosto, me sacaron como a las once de la mañana para ser trasladado, en helicóptero, a El Altiplano. Ingresé al penal de máxima seguridad, según el expediente penal 35/2006, por los delitos de robo calificado, daños en propiedad ajena, motín, sedición y privación ilegal de la libertad.

“Curiosamente, los ofendidos eran los agentes ministeriales y de la Agencia Federal de Investigaciones, encabezado por el delegado de la PGR Javier Dovala Molina, lo que confirma que hay una consigna, un amasiato, un grado de complicidad entre los funcionarios federales y estatales”, añadió.

Abundó: “En el Altiplano, desde el momento en que llegas, la tortura es permanente, segundo a segundo, minuto a minuto, hora por hora; es un infierno. Desde que llegas te sientan con la cabeza boca abajo, las manos hacia atrás.

“Dos perros adiestrados olfatean para revisarte de cabo a rabo. Te desnudan. Hay gritos, empujones. Luego de pasar la primera aduana, te llevan arrastrando a un área conocida como el Centro de Observación y Clasificación. Ahí te mantienen sin dormir las primeras 48 horas frente a una cámara que te está vigilando.

“No hay posibilidad de tener acceso a tu defensa o a familiares. A mí, la toma de declaración preparatoria se dio el 10 de agosto; es decir, cuatro días después de la fecha de mi detención y con delitos prefabricados”.

Además, “no se puede hablar a nadie porque el solo hecho de pronunciar una palabra frente a un oficial, implica una sanción 15 días, lo que significa padecer frío o dormir en el piso. Aparte, sólo te dan tres minutos para comer. Uno no tiene oportunidad de asearse; el castigo es permanente. Te convierten en un zombi”.

Torres Pereda dijo que vivió un “infierno” los ocho meses y tres días de estuvo recluido en el penal del Altiplano. El dirigente salió libre el 8 de marzo de 2007, tras el pago de una fianza de 17 mil pesos, sin embargo, el 22 de octubre de 2010 fue asesinado.

Por su parte, el líder de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, fue detenido el 4 de diciembre de 2006 al término de la conferencia que ofreció esa tarde en el Centro de Comunicación Social (Cencos) y enviado al penal de Almoloya, donde permaneció hasta el 16 de agosto de 2007.

Además, fueron detenidos Horacio Sosa (hermano de Flavio), Ignacio García y Marcelino Coache, miembros de la comisión política de la APPO, en la avenida Insurgentes Sur.

A Flavio Sosa se le acusó de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia.

Después de casi año y medio en prisión, Sosa Villavicencio recuperó su libertad, luego de que jueces del fuero común consideraron que el entonces gobierno de Ulises Ruiz Ortiz no aportó pruebas suficientes para que fuera procesado como responsable de los delitos de robo con violencia y daños, secuestro, lesiones y despojo agravado.

Al narrar sus 10 meses de infierno en Almoloya, Sosa Villavicencio coincidió en que es “un penal infrahumano que pretende acabar con las personas, acabarlas moralmente, donde no se respetan los derechos humanos. Es un penal de exterminio”.

Luego consideró que es terrible lo que pasa en el país y particularmente en Oaxaca, donde la “justicia apesta”, ya que mientras el exgobernador del PRI Ulises Ruiz Ortiz y sus colaboradores Jorge Franco, Miguel Ángel Ortega Habib, Lizbeth Caña Cadeza, Bulmaro Rito Salinas gozan de total impunidad a pesar de los crímenes que cometieron en 2006 y 2007, y el mega saqueo de más de 4 mil millones de pesos, a los maestros se les acusa de robar libros y se les castiga con enviarlos a El Altiplano, “eso es aberrante”.


Al gobierno no le interesa la educación, acusó, “lo que le importa es imponer una reforma laboral y, sembrando el terror, es como quiere doblegar a un sindicato”, finalizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425473

Acepta CNS recomendaciones de CNDH para mejorar el Altiplano

México, DF. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aceptó una serie de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encaminadas a mejorar las condiciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Altiplano y ubicado en el estado de México.

Entre las recomendaciones de la CNDH están tomar las acciones necesarias para cubrir las plazas vacantes existentes, que según el organismo suman al menos 250, y evitar así riesgos de ingobernabilidad.

Otras son abatir la sobrepoblación y el hacinamiento, que en la actualidad asciende a 22 por ciento; garantizar una adecuada y oportuna atención médica de los internos; y agilizar el tiempo de revisión de las visitas cuando éstas ingresan al penal de máxima seguridad.

Las recomendaciones derivan de distintas violaciones de derechos humanos acreditadas por la CNDH en materia de reinserción social, trato digno, salud y legalidad, en agravio de distintos internos del Altiplano.

De ese penal considerado de máxima seguridad escapó hace tres meses Joaquín el Chapo Guzmán, con la complicidad de varias personas.

Renato Sales Heredia, titular de la CNS instruyó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de administrar los penales federales, a llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con las observaciones de la CNDH.

En un comunicado, la CNS dijo que parte de la instrucción de Sales Heredia fue que la Comisión “refrenda su compromiso con el pleno respeto a los derechos humanos, bajo los principios de legalidad, eficiencia y honradez, ejerciendo con todo profesionalismo su responsabilidad en materia de reinserción social".

El expediente deriva de una queja presentada en 2011 por familiares y abogados de 180 reos del penal, en el sentido de que los días de visitas familiares e íntimas habían disminuido; además, acusaron tardanza en el ingreso y la atención médica.

En abril de aquel año, la CNDH dirigió una "conciliación" al OADPRS, ente de la CNS que se comprometió a acatar los puntos señalados.


No obstante, éstos no fueron atendidos, por lo que el órgano autónomo emitió la semana pasada la recomendación 35/2015.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/22/acepta-cns-recomendaciones-de-cndh-para-mejorar-el-altiplano-1709.html

Fuga del “Chapo”: Los custodios desarman la versión oficial

Las autoridades federales dijeron que, durante la fuga del Chapo Guzmán, “se siguieron los protocolos” en el penal del Altiplano. Pero los custodios detenidos por esa evasión refutan ese dicho: ni siquiera conocían tales protocolos. Proceso consiguió las declaraciones ministeriales de 13 de esos guardias, que reconstruyen con todo detalle los minutos siguientes a la huida del líder del Cártel de Sinaloa, y enumeran las fallas que campeaban en dicha cárcel “de máxima seguridad”: 30% de las cámaras perimetrales no servían, los monitores fallaban y el Ejército, la Marina, Gobernación y el Cisen supieron en tiempo real lo que estaba ocurriendo.

MÉXICO, D.F: Las declaraciones de 13 de los custodios y encargados de monitoreo presos en el penal de El Altiplano acusados del delito de evasión por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ocurrida el 11 de julio, muestran paso a paso lo ocurrido esa noche en el penal de máxima seguridad y lo que las autoridades federales han ocultado.

Los testimonios señalan las fallas de la penitenciaría, como el hecho de que el sistema geofónico –que detecta ruidos en el piso– no funcionaba desde hace un año y dos meses; que 30% de las cámaras de vigilancia perimetral estaban descompuestas; que los monitores se pasman, y que a los custodios les dieron a leer el protocolo de actuación… un mes después de la fuga.

Demuestran también que a través de correo electrónico o radio tipo Matra, la base central de la Policía Federal en avenida Constituyentes recibió de manera inmediata las incidencias durante la noche de la evasión.

En sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal –integradas en la causa penal 48, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en León, Guanajuato; y en la causa penal 55, del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México– los guardias señalan que fueron detenidos con engaños y sin orden de aprehensión. Durante 24 horas, acusan, fueron retenidos desnudos en las oficinas de la SEIDO y fueron amenazados para aceptar su participación en la huida…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2031 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA (REPORTAJE ESPECIAL).

Encargados del Altiplano “actuaron con dolo” en la fuga de “El Chapo”: SEIDO

MÉXICO. D.F: Valentín Cárdenas, exdirector del penal del Altiplano, y Celina Oseguera, excoordinadora general de penales federales, actuaron con dolo en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues siempre estuvieron al tanto del plan de fuga, afirmó Gustavo Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada.

“La omisión admite dos formas la culposa y dolosa. En este caso no fue culposa, es una omisión consciente a sabiendas de lo que iba a ocurrir”, afirmó hoy en entrevista con Radio Fórmula.

En el caso de Valentín Cárdenas y Celina Oceguera, dijo, “teniendo conocimiento del hecho, de las vulnerabilidades que tenían los sistemas de seguridad, lo aceptaron e incrementaron el riesgo cuando autorizaron la realización de obras cosméticas para disfrazar los ruidos” durante la construcción del túnel por el que escapó El Chapo.

Salas afirmó que quienes participaron en la fuga diseñaron un buen plan de fuga.

“Estamos convencidos que esto no fue una acción de manera aleatoria ni por supuesto tampoco se trató de una suma de casualidades que favorecieron la evasión.

“Se advierte la ejecución de un plan perfectamente diseñado en donde todos los intervenientes, tanto de adentro como del exterior, tuvieron una participación y, debo decirlo, que quienes tuvieron una conducta ‘omisiva’, fue evidentemente dolosa y consciente para favorecer la evasión del señor Guzmán”

El funcionario refirió que al menos 34 personas participaron en la fuga de Guzmán Loera, la segunda en su carrera delictiva. De ese total, dijo, 29 ya fueron consignados ante un juez y los cinco restantes “algunos están arraigados y otros los estamos buscando”.

“En total, como ayer se informó, hay 34 personas consignadas, de las cuales hay 28 órdenes de aprehensión cumplidas con autos de formal prisión. Ayer por la tarde se ingresó a uno más, entonces tendríamos que agregar a la lista a este”, explicó.

Según Salas el juez que lleva la causa ya otorgó órdenes de captura por los elementos de prueba que ha entregado la autoridad.

Respecto de las seis detenciones anunciadas este miércoles por la procuradora general, Arely Gómez, que corresponden a personas que contribuyeron con la fufa del Chapo desde el exterior del penal, salas afirmó que se dieron en diferentes momentos y en varios estados de la república.

“No tengo las fechas exactas de las detenciones, fue en diferentes momentos y lugares de la república mexicana, pero conforme fueron llegando fueron puestos a disposición del Ministerio Público, algunos en posesión de drogas o armas de fuego”, dijo y explicó que no se dieron a conocer sus nombre debido a las nuevas disposiciones que impiden a la autoridad revelar datos.

“Sin embargo en una obligación de transparencia se tomó la decisión de decir de los hechos y perfiles de las personas que participaron para garantizar la presunción de inocencia”, comentó.

El miércoles pasado, la procuradora reveló que el principal operador y organizador de la huida de El Chapo fue uno de sus abogados quien ingresaba constantemente al penal para entrevistarse con el capo “para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”.

Al parecer se trata de Óscar Manuel Gómez Núñez, cabeza del grupo de abogados del narcotraficante, quien habría aprovechado su profesión para fungir como enlace con los responsables de la construcción del túnel e incluso, habría realizado los pagos a los trabajadores.

El día de la fuga, el pasado 11 de julio, El Chapo se reunió con él a las 17:11 horas y la charla se prolongó durante una hora y 40 minutos. Casi cuatro horas después se fugó.


Además del abogado fueron detenidas cinco personas más, entre ellas un cuñado de Guzmán Loera, dos de sus pilotos, un amigo del Chapo que compró el predio donde se construyó la casa de escape y el dueño anterior del predio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Altiplano, a punto de estallar

Luego del escape del capo sinaloense, el penal de El Altiplano entró en el caos. Las autoridades aparentemente quisieron vengarse de la afrenta, pero con los internos: a mediados de este mes los despojaron de sus televisores y relojes, artículos a los que tienen derecho. La medida inexplicable creó un ambiente de rebelión y motivó la interposición el viernes 25 de cientos de amparos de los presos, en medio de una huelga de hambre que hasta el cierre de la edición 2030 de la revista Proceso seguía creciendo.

MÉXICO, D.F: El viernes 18, desde las 05:00 hasta pasadas las 23:00 horas, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, policías federales y custodios irrumpieron en las celdas de todos los módulos y despojaron a los reclusos de televisores y relojes. Violentamente, en algunos casos.

El operativo lo confirman amparos interpuestos por cerca de 400 presos de ese penal de alta seguridad el viernes 25 en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, según pudo verificar este semanario. Se calcula que en el centro penitenciario hay una población aproximada de mil 200 internos.

Tras el operativo comenzó una rebelión que se ha mantenido al menos hasta el viernes 25, sin que la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) comuniquen a la sociedad lo que ha ocurrido dentro del penal en la última semana.

Proceso también pudo confirmar en distintas fuentes que hasta ese día había una huelga de hambre a la cual ya se habían sumado al menos 500 internos. Se afirma que algunos presos no han comido en los últimos cinco días; al menos uno de ellos ha sufrido desmayos…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2030 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HARNÁNDEZ.

Fuerzas federales toman el penal de El Altiplano

MÉXICO, D.F: El penal de alta seguridad de El Altiplano se encuentra cerrado y resguardado por fuerzas federales, reportaron familiares y abogados de internos.

“Están cerradas las puertas del penal y ni siquiera los trabajadores de limpieza y de la cocina han podido ingresar”, dijeron a Apro litigantes y familiares de internos.

Helicópteros están sobrevolando el penal y afuera hay seis unidades conocidas como rinos pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal, describieron.

Según refieren, la presencia federal en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 1 comenzó desde la madrugada, con la llegada de unidades de la Marina e incluso de una unidad del servicio médico forense.

En la edición que circula esta semana, la revista Proceso publicó que en el penal existen tensión y molestia entre los internos por las restricciones a las que han sido objeto desde la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.

A partir del viernes 18, las autoridades a cargo del penal les quitaron televisores y relojes, además de obstaculizar las visitas de los familiares y los abogados. Los internos respondieron con una huelga de hambre.

En algunos internos hay temor luego de la muerte, el pasado 7 de septiembre, de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, exlugarteniente del cártel de Los Zetas.


Nájera Talamantes, el vecino más cercano del Chapo en el penal del Altiplano, murió por causas aún no precisas y se encontraba bajo cuatro procesos disciplinarios que se le iniciaron luego de que declarara ante el ministerio público, durante más de cuatro horas, sobre la fuga del narcotraficante sinaloense.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Fuga de 'El Chapo' no obliga a renuncias, sino a decisiones: Osorio

México, DF. El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, rechazó que debió renunciar luego de la fuga del narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

Fue uno de los temas por los que fue cuestionado por PRD y PT durante su comparecencia ante el pleno del Senado. La perredista Dolores Padierna le dijo que el escape de un penal de máxima seguridad del líder del Cártel de Sinaloa, puso en evidencia que el titular de Gobernación “no ha cumplido con sus responsabilidades, por lo que debió separarse del cargo para facilitar a las autoridades investigadoras llegar al fondo sobre la responsabilidad legal de la fuga del narcotraficante.

Osorio Chong no respondió, pero el también perredista Luis Sánchez, insistió y en su turno le preguntó directo si no pensó, por lo menos en esa posibilidad de renunciar. “Ante la crisis del sistema penitenciario, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones con responsabilidad para evitar la repetición del tema”, comentó el secretario de Gobernación.

Durante las cuatro horas que duró la comparecencia, el funcionario evitó confrontarse con legisladores del PRD, PAN y PT, quienes cuestionaron la actuación del gobierno federal en la tragedia de Iguala, sostuvieron que se vive la peor crisis de derechos humanos y calificaron su gestión de omisa e indolente.

El petista Manuel Bartlett lo cuestionó, por lo que, dijo, es una ataque contra Andrés Manuel López Obrador, orquestado desde Los Pinos y le pidió responder directamente si el Ejecutivo federal continuará con el uso de todo su poder para atacar al dirigente de Morena.

Osorio Chong rechazó el señalamiento y no respondió a las críticas de panistas y perredistas por el nombramiento de Arturo Escobar, como subsecretario de Gobernación y quien permaneció en las gradas para visitantes, no en el pleno.

Senadores del PRI y el PVEM asumieron en todo momento la defensa del titular de Gobernación. El senador del Verde, Gerardo Flores, hasta negó que el Washington Post calificara en su edición de hoy al 2014 “como el año miserable de México”, como lo mencionó en el pleno Alejandro Encinas.

Los panistas colocaron en sus escaños cartelones con alusiones a Ayotzinapa y la Casa Blanca.

Fuente: La Jornada

Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Confirman huelga de hambre de narcos en el penal del Altiplano

MÉXICO, D.F: Internos del penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde el 11 de julio se fugó el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, difundieron hoy un comunicado en el que aseguran que el pasado sábado 19 de septiembre iniciaron una huelga de hambre en protesta por la violación a sus garantías individuales y derechos humanos.


En este Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) se encuentran recluidos mil 200 internos, entre ellos los presos catalogados por el gobierno federal como de mayor peligrosidad.

Proceso dio a conocer el inicio de esta insólita rebelión el domingo 20 de septiembre. En respuesta, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, negó al día siguiente el hecho y aseguró que se había tratado simplemente de una negativa a desayunar.

El comunicado, al que tuvo acceso este semanario, y que fue difundido por familiares de los internos señala (se respeta la ortografía):

“A nombre de todos y cada uno de los internos de los CEFERESOS al interior de la República mexicana en estos momentos actualmente recluidos en el interior del penal federal del Altiplano CEFERESO No.1 Almoloya de Juarez a partir del sábado 19 de septiembre de 2015 mostramos nuestra inconformidad por las violaciones a nuestros derechos humanos y garantías individuales, así como nuestros derechos internacionales por lo que de manera conjunta en el interior de nuestras celdas hemos decidido estallar huelga de hambre hasta que se atiendan nuestras peticiones…”

En ese escrito denuncian mala alimentación, atención médica deficiente y desacato a resoluciones de amparos. Se quejan también de que se les está obligando a desnudarse y hacer sentadillas en presencia de custodios e internos.

También denuncian el retiro de televisores y relojes de pulso previamente autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la prisión y que se han instalado cámaras de seguridad dejándolos sin ninguna intimidad.

El comunicado está dirigido a la opinión pública, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Poder Legislativo y se pide la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los partidos políticos.

El comunicado está firmado por el “Comité” pero no se incluyen los nombres de sus integrantes.

En el Altiplano se encuentran actualmente presos, Omar Treviño Morales, alias El Z 42, líder del cártel de Los Zetas; Héctor Beltrán Leyva, líder del cártel de los Beltrán Leyva; Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie; Servando Gómez Martinez alias La Tuta líder del cártel de Los Caballeros Templarios; Teodoro Garcia Simental alias El Teo y Arturo Martínez Herrera del Cártel del Golfo, entre otros.

De acuerdo con información obtenida por esta reportera, la protesta de narcotraficantes se podría extender a otros penales federales.

El actual director del Altiplano es Jaime Fernández López, mientras que Renato Sales tiene bajo su responsabilidad la administración y seguridad de los penales federales.


El 11 de julio pasado El Chapo Guzmán se fugó del Altiplano, supuestamente a través de un túnel de más de 1.2 kilómetros de longitud que conectaba la regadera de su celda con una casa en obra negra en el poblado de Santa Juana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Formal prisión a otros tres presuntos implicados en la fuga de “El Chapo”

MÉXICO, D.F: El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó auto de formal prisión en contra de otras tres personas por su probable intervención en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el pasado 11 de julio, del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El auto, se dictó a partir de los elementos probatorios aportados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Los ahora procesados fueron consignados ante la autoridad jurisdiccional por el Ministerio Público de la Federación, el pasado viernes 18 de septiembre, por su participación en la comisión del delito de evasión de presos, en su hipótesis de “cuando el detenido está siendo procesado por la comisión de delito o delitos contra la salud”, previsto y sancionado en el Artículo 150 del Código Penal Federal.

Los tres exservidores públicos están recluidos en el CEFERESO Número 1, Altiplano.

El mismo Juez Cuarto, el pasado lunes 21, fue quien dictó auto de formal prisión en contra Valentín Cárdenas Lerma, exdirector general del Centro Federal de Readaptación Social Número (Cefereso), por el mismo delito.

Los cuatro ahora procesados, fueron detenidos junto con Celina Oseguera, excoordinadora de Reclusorios Federales y ocho personas más. Entre los detenidos ese día se encuentra también la exdirectora jurídica del penal Leonor García García, quien de inmediato, obtuvo un amparo en contra de la orden de detención.

En el momento en que se registró la fuga de Guzmán Loera, García García, era la responsable de guardia por lo que solicitó un juicio de garantías, mismo que fue admitido por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México.

Argumentó que ella cubría la ausencia por descanso del director general del reclusorio, Valentín Cárdenas Lerma, cuando el comandante Vicente Flores Hernández le comunicó que el interno ‘R-5’ ya no estaba en su celda.

El resto de los detenidos el día 18, fueron Roberto Cruz Bernal, Jaime Galindo Hernández, Osvaldo Gastón Veytia Rodríguez y Miguel Ángel Flores Mirafuentes, además de Agustín Jiménez Molina, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortes Carrillo, Erick Sorcia Martínez, Arturo Hernández Hernández y Reyes Mota Carrillo.

Aunque la PGR omitió los nombres de las personas a las que la mañana de este jueves se les dictó el auto de formal prisión, se trata de tres de los mencionados anteriormente.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Alberto de la Cruz, abogado de siete custodios y policías federales detenidos por la fuga de Guzmán Loera, aseguró que el auto de formal prisión en contra de sus defendidos se dictó por presión política ya que aseguró no existe una sola prueba directa que los acuse.

“Entendemos que definitivamente la fuga de este señor, considerado por todos lados como el responsable del Cártel de Sinaloa y en este caso de situaciones muy graves para el país, se les haya fugado, tenían que encontrar un responsable”.

Explicó que se trata de 109 pruebas, todas ellas indirectas, ya que no hay una sola prueba que sea directa que los acuse.

A ellos se les responsbiliza de no haber activado el código rojo: “Efectivamente ellos se dan cuenta de la fuga de El Chapo Guzmán, pero ellos no podían activar un código rojo”, ya que aclaró que sus radios no se los permiten.


“Cuando ya no lo ven en cámara, empiezan a dar aviso a quien pueda ir a verificar a la celda”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Formal prisión al exdirector del Altiplano por fuga de “El Chapo”

MÉXICO, D.F: El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión en contra Valentín Cárdenas Lerma, exdirector general del Centro Federal de Readaptación Social Número (Cefereso) 1, “Altiplano”, por su participación en la evasión de Joaquín Guzmán Loera, el pasado 11 de julio.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), Cárdenas Lerma “está siendo procesado por la comisión de delito o delitos contra la salud”, previsto y sancionado en el Artículo 150 del Código Penal Federal.

El procesado fue consignado ante la autoridad jurisdiccional por el Ministerio Público de la Federación, por su participación en la comisión del delito de evasión de presos.

El pasado viernes 18, La PGR cumplimentó orden de aprehensión en contra de 13 personas como presuntas responsables de la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo. Entre ellos la excoordinadora de penales federales, Celina Oseguera y Valentín Cárdenas Lerma.

Entre los detenidos ese día se encuentra también la exdirectora jurídica del penal Leonor García García, quien de inmediato, obtuvo un amparo en contra de la orden de detención.

García García, era la responsable de guardia en el momento en que se registró la fuga de Guzmán Loera, por lo que solicitó un juicio de garantías, mismo que fue admitido por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México.

Argumentó que ella cubría la ausencia por descanso del director general del reclusorio, Valentín Cárdenas Lerma, cuando el comandante Vicente Flores Hernández le comunicó que el interno ‘R-5’ ya no estaba en su celda.

El resto de los detenidos son Roberto Cruz Bernal, Jaime Galindo Hernández, Osvaldo Gastón Veytia Rodríguez y Miguel Ángel Flores Mirafuentes.

También Agustín Jiménez Molina, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortes Carrillo, Erick Sorcia Martínez, Arturo Hernández Hernández y Reyes Mota Carrillo.

Tanto Celina Oseguera Parra como Víctor Cárdenas Lerma, fueron destituidos de su cargo por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dos días después de que Guzmán Loera se fugara por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad.


El pasado 11 de junio, El Chapo, a través de un túnel, burló a las autoridades del penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Sales niega motín en el Altiplano; “Algunos reos no querían desayunar”, minimiza

MÉXICO, D.F: El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó que no hubo motín el viernes pasado en el interior del penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, y que se trató sólo de una protesta en el módulo uno, debido a que algunos reos “no quisieron tomar el desayuno”.

“No hubo motín. No, para nada. Algunos de los internos no quisieron tomar el desayuno, eso no podemos calificarlo como motín”, minimizó el funcionario en entrevista con Radio Fórmula.

El pasado viernes, aclaró, hubo algunos incidentes menores en el módulo uno, mientras se llevaba a cabo una revisión “para evitar hechos graves”,.

Según Sales Heredia, después de hablar con los internos que no quisieron tomar el desayuno, accedieron a tomar sus alimentos.

En el módulo uno, a donde fueron transferidos los presos de alta peligrosidad del área de Tratamientos Especiales, se encuentran, entre otros: Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva; Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios; Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”; Mario Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo; Arturo Martínez Herrera, José Bernabé Brizuela Meraz “La Vaca”, operador del Cártel de Juárez, y George Khouri.

El viernes pasado, la periodista Anabel Hernández informó a través de este medio que la inconformidad entre los presos comenzó la madrugada del viernes pasado, alrededor de las cinco de la mañana, tras un operativo encabezado por policías federales en el que irrumpieron en las celdas de los más de mil prisioneros de todos los módulos y quitaron televisiones y relojes a todos los reclusos.

Según testimonios recabados por la periodista, las protestas se mantuvieron sábado y domingo e incluyó la quema de colchones en el módulo 2. Los del módulo uno, por su parte, iniciaron una huelga de hambre que se mantenía al menos hasta el domingo pasado.

El operativo y las protestas fueron confirmadas el pasado domingo a la periodista y colaboradora de Proceso, por familiares de reclusos de distintos módulos y abogados de defensa, entre ellos el litigante José Luis Cobián.

Los televisores y relojes quitados a los presos, explicó Cobián, fueron en cada caso autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, que depende del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Por ello, explicó, no es ilegal que los internos los tengan y no hay una ley que lo prohíba por lo que la acción de retirárselos, “fue arbitraria y afecta la seguridad jurídica y garantía de audiencia de todos los internos”, señaló.

Las protestas, según los testimonios, empeoraron tras la visita que hizo al penal el 19 de septiembre Renato Sales. La CNS emitió el domingo pasado un boletín de prensa e informó de la visita de Sales a El Altiplano pero no mencionó nada de la protesta.

Hoy, en la entrevista con Radio Fórmula afirmó que todo se limitó a que algunos internos se negaban a tomar su desayuno.
Sales, llegó el sábado al penal en medio de un fuerte dispositivo militar y de la PF. Se señaló que durante su visita hubo actos de insultos y agresión contra los internos que empeoraron el clima en el interior del penal.

En el comunicado que emitió el domingo pasado la CNS indicó que la visita de Sales Heredia al Altiplano “sirvió para conocer los protocolos de seguridad que se aplican, los filtros de acceso que existen y supervisar en general cómo está operando el centro.

Durante la entrevista de este lunes, el comisionado dijo que el penal del Altiplano “tiene algunas áreas que se mantienen tal como cuando fue creado, en los años noventa; hay que actualizar mecanismos de seguridad”.

En general, abundó, es preciso llevar a cabo una revisión en todo el sistema carcelario nacional y reformular todo el sistema penitenciario porque “las condiciones de los penales son lamentabilísimas”.

Sales Heredia añadió que, así como se revisarán penales federales, se hará lo mismo con las estatales, “corresponsabilizando a los gobernadores de este tema, tan sensible y tan olvidado” y “poniendo especial énfasis en el tema de orden y disciplina”; así como en el cumplimiento de la condiciones para el internamiento de reclusos.


El penal de máxima de seguridad del Altiplano, ha estado en la mira en los últimos meses por la fuga el pasado 11 de julio, del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo Guzmán”, quien a la fecha permanece prófugo. Además, a principios de septiembre fue encontrado muerto en su celda Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”, supuestamente por una sobredosis de droga, cuando se supone que en el penal de máxima seguridad hay todos los filtros para que esas sustancias no ingresen.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se sublevan reos de penal del que escapó “El Chapo”; les quitan TV y relojes

MÉXICO, D.F: El viernes 18 de septiembre aproximadamente a las 5 de la mañana en el penal de máxima seguridad Cefereso No. 1, mejor conocido como El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, se llevó a cabo un operativo encabezado por policías federales en el que irrumpieron en las celdas de los más de mil prisioneros de todos los módulos y quitaron televisiones y relojes a todos los reclusos.

Desde ese día iniciaron las protestas de los internos. De acuerdo a la información recabada el sábado 19 y este domingo 20, la revuelta llegó a la quema de colchones en el módulo 2, lo cual representa un incidente nunca antes conocido dentro de una cárcel de máxima seguridad en México.

El 11 de julio pasado escapó de esa prisión el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán, quien hasta la fecha permanece prófugo. Y a principios de septiembre fue encontrado muerto en su celda Sigifredo Nájera Talamantes El Canicón, supuestamente por una sobredosis de droga según dijo el gobierno federal, cuando se supone que en el penal de máxima seguridad hay todos los filtros para que esas sustancias no ingresen.

Como parte de las protestas en El Altiplano, al menos 20 internos del módulo 1, a donde fueron transferidos los presos de alta peligrosidad del área de Tratamientos Especiales, iniciaron el viernes 17 una huelga de hambre que se mantenía al menos hasta este domingo 20.

Entre los presos del módulo 1 están Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva; Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios; Edgar Valdés Villarreal La Barbie; Mario Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo; Arturo Martínez Herrera, José Bernabé Brizuela Meraz La Vaca, operador del Cártel de Juárez, y George Khouri.

El operativo y las protestas fueron confirmadas hoy domingo a Proceso por familiares de reclusos de distintos módulos y abogados de defensa, entre ellos el litigante José Luis Cobián.

Los televisores y relojes quitados a los presos, explicó Cobián, fueron en cada caso autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, que depende del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

“No es ilegal tenerlos, fue autorizado y no hay una ley que lo prohíba por lo que la acción (de quitarlos) fue arbitraria y afecta la seguridad jurídica y garantía de audiencia de todos los internos”, señaló.

“Hay un descontento muy grande”, confirmó uno de los familiares que apenas el sábado visitó a uno de los internos y que pidió se reservara su nombre.

Las protestas empeoraron tras la visita que hizo al penal el 19 de septiembre Renato Sales, recién nombrado comisionado nacional de Seguridad. La CNS emitió hoy un boletín de prensa e informó de la visita de Sales a El Altiplano pero no mencionó nada de la protesta.

Un polvorín

Desde el 21 de julio pasado el nuevo director de El Altiplano es Jaime Fernández López, quien ocupaba el mismo puesto en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 5 en Perote, Veracruz. Sustituyó a Valentín Cárdenas, quien fue destituido después de la fuga de Guzmán Loera.

El viernes pasado Cárdenas y otros 11 exfuncionarios de ese penal, entre ellos custodios, fueron ingresados por la mañana a El Altiplano por su presunta complicidad con la fuga de El Chapo, lo que aumentó aún más la tensión dentro del penal.

El arresto de los funcionarios fue informado por la PGR hasta la tarde de ese día. Según la información recopilada, el operativo llevado a cabo la madrugada del viernes tenía el fin de buscar drogas y explosivos en los módulos del penal, pero les quitaron a los internos los televisores de 7 pulgadas y relojes de plástico autorizados por el Consejo Técnico.

De acuerdo al abogado José Luis Cobián, antes del operativo del viernes cerca del 80 por ciento de los internos de El Altiplano tenían televisión o reloj, lo que representa cerca de mil reos.

La televisión autorizada por el Comité debe ser de 7 pulgadas, pantalla plana, sin bocinas y los internos sólo pueden ver la televisión con audífonos. No hay horarios de restricción así que los presos pueden verla a todas horas, explicó el abogado.

A diferencia del resto de los presos, Guzmán Loera tenía en su celda de manera ilegal una televisión con bocinas y cuyo volumen incluso estaba muy alto el día de su fuga, según se afirma en el expediente judicial abierto sobre el escape (Proceso 2022).

Los únicos relojes de pulso a los que se supone tienen derecho los internos deben ser negros, de plástico y sin ninguna pieza de metal en su exterior. Al igual que los televisores, son adquiridos por los familiares y entregados en el área de resguardo del penal de donde luego son repartidos según la autorización de los directivos del penal.

Cobián explicó que un interno tarda entre seis o siete meses en tener acceso a esos beneficios luego de que pasan por el Centro de Observación y Clasificación (COC) y los asignan a un módulo.

“Las autoridades del penal erróneamente lo catalogan como un estímulo no como un derecho”, dijo Cobián. “Lo toman como un premio otorgado por buen comportamiento y por colaborar con las autoridades penitenciarias”. Pero es un derecho constitucional, afirmó.

Otros abogados con quienes se corroboró la información de la protesta señalaron que el ambiente al interior de la cárcel es muy tenso y que las medidas de presión contra los internos han ido en aumento desde la fuga de Guzmán Loera, aunque no fueron los reclusos los responsables.

Por ejemplo, se señala, desde el viernes que retiraron televisores y relojes se han restringido las visitas de los abogados de defensa de varios de los internos, argumentando que cuando pasan a los filtros de seguridad están “contaminados”.

Después de la fuga de Guzmán Loera, supuestamente ocurrida por un túnel que daba a la regadera de la celda número 20, el área de Tratamientos Especiales destinada a los presos de mayor peligrosidad está en remodelación. Desde hace más de un mes todos los internos de esa área fueron cambiados al módulo 1 de manera temporal. Dicho módulo está en el área central de la prisión.

Se afirma que desde el viernes los internos del módulo 1 ya no ingirieron la cena que se les deja en cada celda.

Visita en medio de la revuelta

Sales, nuevo titular de CNS, llegó el sábado al penal en medio de un fuerte dispositivo militar y de la PF. Se señala que durante su visita hubo actos de insultos y agresión contra los internos que empeoraron el clima en el interior del penal.

“La visita realizada el día de ayer 19 de septiembre, inició al filo de las 10 de la mañana, sirvió para conocer los protocolos de seguridad que se aplican, los filtros de acceso que existen y supervisar en general cómo está operando el centro”, indicó ayer el boletín de prensa del CNS. Pero nada se dijo de la protesta.

“Durante el recorrido en las instalaciones, que se prolongó por casi cuatro horas, el comisionado nacional de Seguridad aprovechó para visitar uno a uno los módulos que componen la población penitenciaria, incluyendo aquellos que resguardan a los internos de alta peligrosidad”, señaló el comunicado.


Hasta esta noche de domingo no se reportaban heridos ni que la protesta se hubiera tornado violenta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

Muere en el Altiplano líder de Los Zetas que era vecino de “El Chapo”

MÉXICO, D.F: Sigifredo Nájera Talamantes, “El Canicón”, uno de los más sanguinarios líderes de Los Zetas, y quien era vecino de celda del fugado líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán en el penal de máxima seguridad del Altiplano, murió el lunes pasado presuntamente a consecuencia de una sobredosis de droga.

Sin embargo, según autoridades estatales citadas por Radio Fórmula, se les pidió manejar la versión de un infarto, producto de los ataques de epilepsia que sufría. De manera oficial, la muerte ni la razón han sido confirmadas.

“El Canicón”, habría sido encontrado muerto por las autoridades del penal en su celda, la número 19, contigua a la número 20 que era ocupada por “El Chapo”.

El líder Zeta purgaba una larga sentencia por diversos delitos, entre ellos, los ataques con granadas a las instalaciones del consulado de Estados Unidos y a Televisa Monterrey en 2008 y 2009, respectivamente.

También fue señalado de asesinar a nueve militares de la Séptima Zona Militar con sede en Monterrey y de robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos bajo las órdenes del cártel del Golfo y directamente ligado a Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, y Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”.

Fue detenido el 20 de marzo de 2009 junto con 13 de sus cómplices en el Fraccionamiento San Patricio, luego de una persecución desde Nuevo León hasta Coahuila.


De acuerdo con el portal de Joaquín López Dóriga autoridades del penal confirmaron la muerte del capo y señalaron que serán los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) las que practiquen la autopsia de ley en el Servicio Médico Forense del Estado de México para precisar las causas del deceso del criminal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Presos del Altiplano denuncian represalias tras fuga de “El Chapo”

MÉXICO, D.F: Los narcotraficantes Óscar Omar Treviño, “El Z-42”; los hermanos García Simental, Teodoro, “El Teo”, y Marco Antonio, “El Cris” y Servando Gómez Martínez “La Tuta” denunciaron violaciones a sus derechos humanos por declarar en contra de funcionarios de alto nivel después de la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del penal federal del Altiplano, Estado de México, el pasado 11 de julio.

En un desplegado publicado en el diario Reforma, los reos que se encuentran en área de tratamientos especiales del penal acusan en particular a Leonor García García, Directora Jurídica del Centro de Readaptación Social No. 1, así como al secretario Técnico y representante legal del Consejo, y a la directora Técnica –a quienes no identifican– de dar la orden de cambiarlos a “estancias insalubres que carecen de los lineamientos esenciales de una celda”. Aseguran que comen junto al baño al no existir un área de comedor.

Además, dijeron que son hostigados por elementos de la Policía Federal que no tienen nada que hacer en ese lugar porque no están en estado de emergencia.

También acusan al encargado de despacho de la Dirección General del Cefereso por tener “oídos sordos” y encerrase en su oficina sin atender las exigencias de los reos y sus familiares, vulnerando con ello sus derechos humanos.

Según los quejosos, el hostigamiento empezó después de la fuga de ‘El Chapo’ y la visita del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, quien les pidió su cooperación para declarar todo lo que sabían y se comprometió a guardar en secreto la averiguación previa y a evitar represalias contra los que declararan.

Pero la promesa, denuncian en su desplegado, no se cumplió.

“Declararon todo lo que sabían y de lo que se dieron cuenta días previos a la fuga, así como lo que sabían de los funcionarios que ayudaron a que aconteciera la evasión del reo; funcionaros de alto nivel que sus nombres constan en la referida averiguación, y solo dieron a conocer lo que manipularon, cuestión que no fue así, toda vez que en diversos medios se publicaron las declaraciones ante la PGR de los internos, incumpliendo con su palabra el funcionario y no guardó el secreto que necesitaba la indagatoria”.

A partir de entonces, inició el hostigamiento, afirman los quejosos, exlíderes de los principales cárteles del país.

Lo más denigrante, dicen, es que los obligan a desvestirse cuando van a los juzgados, locutorios, baños o servicio médico y, ya desnudos, a hacer sentadillas mientras los observan para mirarles “la parte posterior”.

Igual sucede, añaden, con las personas que asisten a la visita familiar e íntima, a las mujeres les hacen quitarse incluso la toalla íntima y a los niños el pañal.

“Lo más grave de todo es que las esposas las desvisten en la habitación donde tienen su visita íntima, dejándolas sin nada, aduciendo cuestiones de seguridad”, afirman y consideran que la intención es llevarlos al límite para que “caigan en falta” al reglamento del penal.

Según los reos quejosos también les racionan la comida y les sirven alimentos en estado de descomposición, lo que les ha acarreado enfermedades gastrointestinales y el servicio médico que les brindan “es pésimo” y no va de acuerdo a la urgencia de su estado de salud.

Les dan, dicen, medicamentos caducos y si se niegan a ingerirlos les levantan reportes y los sancionan quitándoles artículos de uso personal, encerándolos por más de 36 horas obligándolos a deambular en su celda, retirándoles la televisión, que está permitida en el reglamento y es un derecho a la información, o de plano impidiendo la entrada de su visita familiar o intima.

Esto último es lo que consideran más grave pues “transgreden los lineamientos otorgados por los derechos humanos, así como nuestra carta magna y los tratados internacionales”.

Y afirman que además de ser excesivos los días que los dejan sin visitas, les causan “agravios de difícil reparación, con daños y perjuicios, pues con ello interrumpen el tratamiento individualizado para la reinserción de los internos, lo que sí afectaría al interés social y el orden público”, advierten, además de que generan desintegración familiar.

Todo ello, afirman contraviene el artículo 18 constitucional que establece que la finalidad de las penas privativas de la libertad es la readaptación social del interno sobre la base del trabajo, la educación y la capacitación para el mismo.

Además, dicen, al tenerlos incomunicados se vulnera el artículo 22 por lo que afirman que ya declararon contra Leonor García García, la única que sigue laborando en el penal y quien era la funcionaria de más alto nivel el día de la fuga.

“Ella de forma visceral ha hecho este abuso de autoridad y ha tomado partido, hostigando a los internos, con el fin de que si la Procuraduría General de la República pretendiera ampliar las declaraciones de los internos los tenga controlados”, acusan.

Ante el “embate” de las autoridades los capos afirman que han promovido amparos ante los juzgados cuarto y quinto en materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México

A la fecha, concluyen, sólo se ha procedido contra custodios y personal que vigilaba las cámaras y “no se ha abierto ningún procedimiento a un funcionario del Órgano Administrativo Desconcentrado, y es importante hacer mención al comandante Juan Carlos Ortiz Caldero, funcionario que ya ha sido movido por los fuertes vínculos que tenía con ‘El Chapo’” ya que fue quien lo recibió y de nueva cuenta lo designan como Director de Seguridad y Custodia para evitar que declaren en forma libre y espontánea los reos, quienes fueron testigos presenciales de la evasión”, denuncian.

Finalmente y ante la situación, solicitan la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


El responsable de la publicación es Rogelio Cristian Soto Guzmán, “autorizado de los quejosos”, además de los mencionados: Sigfredo Nájera Talamantes, Erick Omar Ochoa Flores, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, Fernando Sánchez Arellano, George Khory Layon, Mario Cárdenas Guillén, Mario Casarubias Salgado, Mario Armando Ramírez Treviño y Lucio Hernández Lechuga.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.