El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) consideró que el Centro Federal de Readaptación Social 16 (Cefereso 16) CPS Femenil de Morelos, en el que ya han muerto 15 mujeres en los últimos tres años en condiciones sospechosas, debe cerrar.

Proceso informó ayer que el pasado 20 de junio falleció Samanta Angélica “V” y su muerte fue clasificada como un suicidio, con lo que se convirtió en la segunda mujer en morir en estas condiciones dentro del penal este año.

Tras tres días de audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó su solicitud de vinculación a proceso en contra de 16 funcionarios y exfuncionarios imputados por presuntas irregularidades en los contratos otorgados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) entre 2011 y 2012 para la construcción de ocho penales con recursos provenientes de ocho consorcios privados.

La representante de la Fiscalía, Lucía Santiago Leyva, así como sus fiscales auxiliares, tardaron más de 20 horas para exponer la teoría del caso en contra de 16 imputados, incluyendo a cuatro excolaboradores del extitular de la SSPF, Genaro García Luna, señalados por firmar los ocho contratos originales para la construcción de los centros penitenciarios con un presunto sobrecosto de 62 mil millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la imputación formal por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades contra 16 funcionarios y exfuncionarios encargados de los penales federales por un presunto daño de 62 mil 840 millones de pesos a las finanzas públicas, derivado de la firma con sobrecostos en los contratos adjudicados por la extinta Secretaría de Seguridad Federal (SSPF) a consorcios privados para la construcción de ocho centros penitenciarios.

Tras dos audiencias fallidas y una espera de más de seis meses, la FGR también imputó el delito de asociación delictuosa a dos exmandos que colaboraron con Genaro García Luna cuando fungió como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En 2010 el gobierno de México privatizó la mitad del sistema penitenciario federal. Asignó contratos por 20 años a empresas para que construyeran, operaran y mantuvieran ocho cárceles con la promesa de que, a la larga, serían instalaciones más seguras para los internos, con mejores esquemas de readaptación, y a su vez con una menor carga económica para el Estado.

Una década después los datos oficiales revelan que nada de esto ha ocurrido. Mientras dichas “cárceles privadas” absorben casi el 80% del presupuesto destinado al sistema penitenciario – aunque albergan la mitad de los reos – sus internos reportan las mismas deficiencias en cuanto a servicios, espacios, programas educativos, oportunidades de crecimiento, amenazas y corrupción, entre otros.

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, de donde nueve reos se fugaron esta semana, incluyendo al líder huachicolero José Artemio Maldonado Mejía, alias “el Michoacano”, arrastra desde hace seis años irregularidades en su funcionamiento que han sido denunciadas por familiares de presos y documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).