El llamado de la asociación de jueces y magistrados para cancelar la elección de personas juzgadores se presenta tras las acusaciones del presidente de EU, Donald Trump, de una alianza entre el gobierno de México y los cárteles.
El llamado de jueces y magistrados para que se cancele la elección de personas juzgadores ocurre un día después de que la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles del 25 % a México, los cuales fueron justificados por Trump al acusar una “alianza intolerable” con el gobierno mexicano y los cárteles de la droga.
La Jufed señaló este domingo que las recientes acusaciones de Estados Unidos coinciden con la advertencia de la Relatoría de la ONU para la independencia de magistrados y otras organizaciones tanto nacionales como internacionales “sobre el riesgo de que una elección popular de personas juzgadoras abra la puerta a la infiltración de grupos criminales al sistema de justicia”.
En un comunicado, la asociación señaló que, de llevarse a cabo la elección judicial, grupos delictivos podrían tener una “amplia influencia” en el sistema judicial mexicano, como lo planteó Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México.
En tanto, la Jufed recordó que la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, también expresó su preocupación por la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular y advirtió que “podría abrir la puerta a la influencia indebida de élites políticas, económicas e incluso del crimen organizado”.
Asimismo, dijo que la ciudadanía mexicana ha sido testigo de inconsistencias e irregularidades tanto en el diseño como en la preparación de la elección de judicial, lo que confirmaría, según señaló la Jufed, “que no se tiene control para evitar la influencia” de grupos delictivos.
“Hoy, con los señalamientos del actual gobierno estadounidense -coincidente con el anterior-, este peligro no solo es una posibilidad, sino una amenaza real e inminente. Por ello, la elección de juzgadores debe cancelarse”, sentenció la directiva nacional de la Jufed.
Las preocupaciones por la elección judicial
El año pasado, antes de la aprobación de la reforma judicial, el exembajador de Estados Unidos en México y Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, externaron sus preocupaciones respecto a la reforma judicial, en especial, a la elección de personas juzgadoras.
El 1 agosto, Satterthwaite dijo que la iniciativa de reforma al Poder Judicial promovida por Andrés Manuel López Obrador “podría socavar la independencia de la judicatura nacional”, sobre todo, si se promulgaba sin modificaciones.
En una carta enviada al ahora exmandatario, la relatora especial expresó que su preocupación por la reforma surgía en un contexto de intimidación a jueces desde el poder Ejecutivo y Legislativo, así como por la intervención del propio López Obrador en la Suprema Corte para modificar decisiones de jueces para favorecer al gobierno.
La relatora dijo en ese momento que la reforma no establecía mecanismos independientes para verificar si los candidatos cumplen requisitos de formación, aptitud e integridad, sino que esa función quedaba en manos de un órgano político como el Senado.
“Adicionalmente, la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, mencionó en la carta.
Tan solo un día después, López Obrador criticó a la ONU y durante su conferencia matutina dijo que no respondería a la carta enviada por la relatora, ya que, debido a la ineficacia de la organización para dirimir conflictos, no podía tomarla con seriedad.
En tanto, el exembajador Ken Salazar, consideró que la elección directa de jueces representaría un riesgo para la democracia en México y afectaría la integración comercial en América del Norte.
“Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, señaló el 22 de agosto pasado en una conferencia de prensa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
