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Nepotismo en el TSJCDMX: Hijos de magistrada Gloria Santos trabajan en el tribunal y buscan ascenso

En medio de la postergación de la ley contra el nepotismo, Gloria Santos quiere conservar su cargo como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, su hijo Joaquín Campos convertirse en juez Familiar, al igual que Vicente del Valle, esposo de Saraí Campos, hija de Gloria Santos.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) y excandidata a ministra de la Suprema Corte, Gloria Rosa Santos Mendoza, tiene a sus dos hijos trabajando en la institución y uno de ellos busca convertirse en juez Familiar en la próxima elección judicial.

Se trata de Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar del TSJCDMX, y Saraí Campos Santos, secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar local.

La magistrada Santos Mendoza formó parte de las listas del Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Proceso informó el 2 de febrero último que, en el año 2007, cuando era juez de lo Familiar, envió a la niña Ilse Michel a un albergue de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como víctima de violencia familiar, dependencia que la envió, sin previo aviso, al albergue subrogado del DIF, Casitas del Sur, de donde desapareció y cuyo caso destapó una red de tráfico de menores en esa casa hogar.

Para el 18 de febrero la magistrada presentó por escrito su declinación a la candidatura para ministra de la Corte.

Sin embargo, ratificó su intención de declinar una vez que el INE ya había impreso, al menos, 100 millones de boletas en las que su nombre aparece como candidata a la Corte, mismas que ya no pueden ser corregidas.

Esto, debido a que la magistrada ratificó personalmente sus escritos de declinación hasta el 28 de febrero último a las 15:45 horas, una semana después de que inició la impresión de las boletas.

Ante ello, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no se trató de un error atribuible al órgano electoral.

“Que quede perfectamente claro y todos tengamos la misma información: no hay tal error, hay un proceso que se estableció en el Consejo General, hay una renuncia y debe existir una ratificación de la misma, ésta se dio una semana después de que inició la impresión y, por lo tanto, materialmente estamos imposibilitados para corregir, como sucede en cualquier proceso electoral”, señaló Taddei.

Debido a que el nombre de Santos Mendoza aparecerá en la boleta electoral, la consejera presidenta informó que el INE tomará las medidas jurídicas para los votos que obtenga esa candidatura que “no existe”, aunque aparezca en la papeleta.

Pase directo

En lugar de contender para ministra de la Corte, Santos Mendoza participará en la elección judicial capitalina en la que tiene pase directo a la boleta electoral para intentar conservar su cargo como magistrada en materia Familiar, en el que gana mensualmente 149 mil 302.22 pesos, menos impuestos, que quedan en 106 mil 244.55 pesos, según los registros públicos del TSJCDMX.

Como secretaria de acuerdos, su hija Saraí Campos Santos gana mensualmente 62 mil 806.8 pesos, menos impuestos, por lo que obtiene un ingreso neto de 47 mil 281.46 pesos.

Durante el proceso de insaculación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo de la Ciudad de México, realizado el pasado 26 de febrero, Vicente del Valle Noriega, esposo de Saraí Campos Santos y yerno de la magistrada Santos Mendoza, resultó seleccionado como candidato a juez Familiar.
El pasado 19 de marzo el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó las listas definitivas de candidatos a la elección judicial en las que Del Valle Noriega aparece como uno de los postulados por candidatura única —del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo local— para juez Familiar.
En tanto, el área de la que Joaquín Campos Santos (hijo de la magistrada) es titular se encarga de brindar apoyo administrativo a los juzgados de Proceso Oral en dicha materia, tales como las notificaciones a las partes, oficios y exhortos, entre otros.

Así como de digitalizar los documentos, administrar, controlar y supervisar las unidades de Apoyo Tecnológico y de la Central de Comunicaciones Procesales; supervisar la preparación de las salas de audiencia oral; controlar la agenda y asignación de las salas de audiencia oral, entre otras funciones.

Como titular de dicha Unidad de Gestión, Campos Santos tiene fe pública y gana 72 mil 809.36 pesos mensuales, menos impuestos, lo que implica una remuneración neta mensual de 55 mil 174.89 pesos.

Proceso verificó que tanto Joaquín como Saraí Campos Santos obtuvieron sus cédulas profesionales en el año 2014 como licenciados en Derecho por la Universidad Tepantlato, en la que su madre también es catedrática e incluso tiene un aula con su nombre: “Aula Dra. Gloria Rosa Santos Mendoza”.
Al igual que la magistrada, Joaquín Campos Santos busca quedarse en el TSJCDMX en la próxima elección judicial.
Al haber sido postulado por los comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y del Judicial, su nombre aparece en la lista de candidatos publicada por el IECM como candidatura doble para juez Familiar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

SCJN definirá a los tres integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial

El OAJ estará conformado por cinco integrantes, tres de ellos designados por la Corte, uno por el Poder Legislativo y otro por el Poder Ejecutivo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá en los próximos días el nombramiento de tres de los integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) que adoptará parte de las tareas que hoy desempeña el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con la reforma judicial el OAJ estará conformado por cinco integrantes, tres de ellos designados por la Corte, uno por el Poder Legislativo y otro por el Poder Ejecutivo, y controlará la administración de los juzgados y tribunales federales, el Máximo Tribunal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto implica que las personas que la Corte designe tendrán mayoría, por lo que se prevé que el tema genere polémica entre los ministros.

Fuentes federales confirmaron que durante la sesión privada de este lunes 10 de marzo, la ministra presidenta, Norma Piña presentó un proyecto de Acuerdo General por el que sus compañeros en el Pleno hubieran tenido que presentar tres propuestas el próximo martes para realizar la elección inmediatamente.

Sin embargo, ante la importancia del asunto, los ministros acordaron esperar a que esté presente Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien no estuvo en la sesión, para discutir el proyecto presentado por la ministra presidenta.

Para aprobar el acuerdo, la ministra presidenta requiere de seis votos de sus compañeros.

Mientras tanto, la ministra Loretta Ortiz anunció su intención de votar en contra del proyecto al considerar que la actual integración de la Corte no debe designar a los integrantes del OAJ, sino el nuevo Pleno de ministros electos por voto popular que iniciará funciones a partir del 1 de septiembre próximo.
“Votaré en contra de la aprobación de este Acuerdo General, ya que, a mi parecer, implica asumir una función de designación que corresponde a la nueva integración de la Suprema Corte, la cual entrará en funciones el próximo 1 de septiembre”, señaló a través de su cuenta de X.
Para la ministra los integrantes del OAJ deben ser designados el 1 de septiembre de 2025, misma fecha en que dicho órgano deberá iniciar funciones.

De acuerdo con la reforma judicial, por única ocasión, la primera designación de los integrantes del OAJ requiere de ocho votos.

Si la actual conformación de la Corte admite realizar las designaciones, las tres ministras afines al gobierno federal, Ortiz Ahlf, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes además son candidatas para conservar sus cargos en el Máximo Tribunal, podrán vetar cualquier nombramiento que los otros ministros intenten realizar.

La reforma judicial también establece que los integrantes del OAJ deberán iniciar sus funciones en la fecha en que tomen protesta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que serán electos el 1 de junio de 2025, es decir, que tomarán protesta el 1 de septiembre.

Lo cual implica que para el 1 de septiembre ya deberá estar designado el OAJ, es decir, que tendría que ser la actual Corte la que realice tales nombramientos, aunado a que el candado de los ocho votos aplica a la integración actual debido a que los subsecuentes nombramientos del Órgano, que realice la nueva Corte de nueve ministros, únicamente pide seis votos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

CJF responde a García Harfuch sobre presuntos acuerdos entre narcos y jueces

El CJF aclaró que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales establecidos en la ley.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó los comentarios del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien resaltó sobre presuntos acuerdos entre jueces y narcotraficantes.

En un comunicado, el CJF aclaró que cada resolución que toma alguno de sus integrantes es susceptible de ser impugnada por los canales establecidos en la ley.

Durante la conferencia de prensa matutina, García Harfuch expresó:

“El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”.

Ante ello, el CJF resaltó que en un Estado de Derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes.

“Por lo tanto, la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores, y expresa su total disposición a que en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jueces piden cancelar elección judicial por riesgo de infiltración de grupos criminales tras acusaciones de Trump

El llamado de la asociación de jueces y magistrados para cancelar la elección de personas juzgadores se presenta tras las acusaciones del presidente de EU, Donald Trump, de una alianza entre el gobierno de México y los cárteles.

La Asociación Nacional de Jueces de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) pidió cancelar la elección judicial programada para el 1 de junio próximo tras las acusaciones que ha hecho el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y cárteles de la droga.

El llamado de jueces y magistrados para que se cancele la elección de personas juzgadores ocurre un día después de que la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles del 25 % a México, los cuales fueron justificados por Trump al acusar una “alianza intolerable” con el gobierno mexicano y los cárteles de la droga.

La Jufed señaló este domingo que las recientes acusaciones de Estados Unidos coinciden con la advertencia de la Relatoría de la ONU para la independencia de magistrados y otras organizaciones tanto nacionales como internacionales “sobre el riesgo de que una elección popular de personas juzgadoras abra la puerta a la infiltración de grupos criminales al sistema de justicia”.

En un comunicado, la asociación señaló que, de llevarse a cabo la elección judicial, grupos delictivos podrían tener una “amplia influencia” en el sistema judicial mexicano, como lo planteó Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México.

En tanto, la Jufed recordó que la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, también expresó su preocupación por la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular y advirtió que “podría abrir la puerta a la influencia indebida de élites políticas, económicas e incluso del crimen organizado”.

Asimismo, dijo que la ciudadanía mexicana ha sido testigo de inconsistencias e irregularidades tanto en el diseño como en la preparación de la elección de judicial, lo que confirmaría, según señaló la Jufed, “que no se tiene control para evitar la influencia” de grupos delictivos.

“Hoy, con los señalamientos del actual gobierno estadounidense -coincidente con el anterior-, este peligro no solo es una posibilidad, sino una amenaza real e inminente. Por ello, la elección de juzgadores debe cancelarse”, sentenció la directiva nacional de la Jufed.

Las preocupaciones por la elección judicial

El año pasado, antes de la aprobación de la reforma judicial, el exembajador de Estados Unidos en México y Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, externaron sus preocupaciones respecto a la reforma judicial, en especial, a la elección de personas juzgadoras.

El 1 agosto, Satterthwaite dijo que la iniciativa de reforma al Poder Judicial promovida por Andrés Manuel López Obrador “podría socavar la independencia de la judicatura nacional”, sobre todo, si se promulgaba sin modificaciones.

En una carta enviada al ahora exmandatario, la relatora especial expresó que su preocupación por la reforma surgía en un contexto de intimidación a jueces desde el poder Ejecutivo y Legislativo, así como por la intervención del propio López Obrador en la Suprema Corte para modificar decisiones de jueces para favorecer al gobierno.

La relatora dijo en ese momento que la reforma no establecía mecanismos independientes para verificar si los candidatos cumplen requisitos de formación, aptitud e integridad, sino que esa función quedaba en manos de un órgano político como el Senado.

“Adicionalmente, la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, mencionó en la carta.

Tan solo un día después, López Obrador criticó a la ONU y durante su conferencia matutina dijo que no respondería a la carta enviada por la relatora, ya que, debido a la ineficacia de la organización para dirimir conflictos, no podía tomarla con seriedad.

En tanto, el exembajador Ken Salazar, consideró que la elección directa de jueces representaría un riesgo para la democracia en México y afectaría la integración comercial en América del Norte.

“Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, señaló el 22 de agosto pasado en una conferencia de prensa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jueces alertan que “nuevo mapa electoral” afectará la elección judicial

En la Ciudad de México, por ejemplo, se han creado 11 distritos judiciales, cada uno formado por dos distritos electorales federales. Con esta estructura, se planea elegir a 104 magistrados y 64 jueces para una región específica.

Jueces federales advirtieron que, tal como el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó las elecciones judiciales, los ciudadanos no podrán elegir verdaderamente a sus jueces.  

En la conferencia de jueces y magistrados del día hoy, el magistrado Juan José Olvera López criticó el marco geográfico electoral que aprobó el consejo general del INE, en donde plantearon que las elecciones serán por distritos judiciales electorales, partiendo de que el alto número de candidatos no haría funcional que todas las personas voten por todos los jueces de su circuito.

El pasado miércoles 22 de enero, el INE aprobó los "distritos judiciales electorales", que no son iguales a los distritos electorales tradicionales, pues en este nuevo enfoque, varios distritos electorales se agrupan para formar un solo distrito judicial.  

En la Ciudad de México, por ejemplo, se han creado 11 distritos judiciales, cada uno formado por dos distritos electorales federales. Con esta estructura, se planea elegir a 104 magistrados y 64 jueces para una región específica. 

“Entonces se va a decir, oye, yo voté por que en el juzgado tal hubiera tal persona, dicen que ganó, ahora que vengo con mi demanda de amparo que quiero ir con mi juez resulta que no, me toca con otro. ¿Dónde está el respeto a la elección ciudadana del juez que le administra justicia?”. 

“Esa es la consecuencia de dividir el mapa electoral de esta manera, y se reconoce en el documento, se hace deliberadamente, se tiene consciencia de que la constitución manda a hacer por circuito, pero se reconoce la incapacidad para cumplirlo, y en lugar de no hacerlo por que no se puede cumplir, se dice hacer contrario a lo que manda la constitución” puntualizó Olvera. 

También recordó que el INE, en su momento, expresó que no podía cumplir con lo ordenado debido a limitaciones de tiempo y recursos; sin embargo, el Senado de la República le reiteró que debía proceder exactamente como lo dispuso el constituyente. 

Añadió que, además de estar violando las suspensiones derivadas de los juicios de amparo, también están cometiendo un error al no cumplir con el objetivo de la reforma, que supuestamente buscaba permitir que la población eligiera a quienes impartirían justicia. 

“Cumplir sin observar el mandato constitucional, por qué a los ciudadanos no les va a honrar en su derecho fundamental de votar por sus jueces, las personas no van a votar por todos los jueces que tienen jurisdicción donde radican, van a poder votar si quieren, por una partecita”, recalcó el magistrado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS CRUZ.

Empleados advierten sobre un paro nacional en protesta por la reforma judicial

De no atender sus demandas, se sumarán a la suspensión de labores que ya está habiendo en Tabasco, Chiapas, Zacatecas, como consecuencia de este recorte a sus prestaciones.

Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), exigió frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se respeten las prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del PJ.  

Aseguró que de no atender sus demandas, se sumarán a la suspensión de labores que ya está habiendo en Tabasco, Chiapas, Zacatecas, como consecuencia de este recorte a sus prestaciones, e incluso advirtió de un posible paro a nivel nacional.

La vocera se presentó junto con representantes del primer circuito de la Ciudad de México, y como se informó Proceso, esto a causa de que el CJF decidió limitar al 2 % las aportaciones al Seguro de Separación Individualizada (SEGSEI) y al Fondo de Retiro Individualizado (FORI), en respuesta a la reducción presupuestal aprobada por la Cámara de Diputados para el PJF en el ejercicio 2025. 

Patricia dijo que el Consejo está  violando el décimo transitorio y varios artículos de las condiciones generales de trabajo, además de expresar que existe incertidumbre ante la llegada de un nuevo órgano de administración en lugar del CJF en agosto, pues esto no les garantiza ninguna seguridad laboral ni el respeto de sus derechos.    

En relación con los sindicalistas del PJF, liderados por Jesús Gilberto González Pimentel, quienes recientemente también han realizado protestas frente al CJD, Aguayo señaló que no respaldan a este grupo de trabajadores, ni a su dirigente y explicó que ellos han optado por convocar una huelga, mientras que su propia fracción considera la suspensión de labores.  

“El año pasado, sacaron un comunicado el 11 de enero del 2024, haciendo una serie de argumentaciones, en el sentido de que la huelga es inviable, porque el Consejo no está violando nuestras prestaciones laborales. Entonces ahora, como por arte de magia, ahora si ya es procedente la huelga” dijo la vocera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS CRUZ.

Nacional Financiera rechaza reintegrar más de 16 mil mdp de fideicomisos del Poder Judicial por suspensiones

La SCJN tiene seis fideicomisos con un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos y el CJF posee cuatro fideicomisos que suman 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que Nacional Financiera (Nafin) rechazó cumplir con la reintegración de más de 16 mil millones de pesos de 10 fideicomisos del Poder Judicial con el argumento de se encuentran vigentes diversas suspensiones definitivas que fueron otorgadas por órganos jurisdiccionales.

La SCJN aclaró que el total del monto de los fideicomisos se desglosa de la siguiente manera:

La Corte tiene seis fideicomisos con un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos. Mientras que el CJF posee cuatro fideicomisos y al 6 de enero de 2025 se tiene un saldo en conjunto de 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos.

En una tarjeta informativa, la Corte aseguró que instruyeron a Nacional Financiera para que transfiriera la totalidad de los recursos de cada uno de los fideicomisos en los que la Corte y el CJF son fideicomitentes, a fin de dar cumplimiento a la reforma judicial. Sin embargo, Nafin informó estar impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la Ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.

las conductas delictivas sancionadas por los artículos 209 y 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo vigente. El CJF hizo del conocimiento lo anterior a las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como a la Tesorería de la Federación, previo al periodo vacacional”, declaró la SCJN.

Entregan totalidad del Fondo Jurica

En tanto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), la entrega de la totalidad de los recursos del Fondo Jurica, el cual es el único fideicomiso constituido por la Corte con dicha Sociedad Nacional de Crédito.

“Por lo que el pasado 10 de diciembre, Banobras enteró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad de 853 millones 913 mil 710”, indicó la tarjeta informativa.

Reiteró que, en diciembre pasado, en cumplimiento al artículo Transitorio Décimo del “Decreto por el que se reformen, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”, instruyeron tanto al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) para que transfiriera la totalidad de los recursos de cada uno de los fideicomisos en los que La Corte y el CJF son fideicomitentes, a fin de dar cumplimiento al Decreto mencionado.

“Por lo que hace al resto de los fideicomisos constituidos en Nafin, ésta informó de estar impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la ministra presidenta, en virtud de diversas suspensiones definitivas otorgadas en contra del ‘Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023”, señaló.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trabajadores del PJF en Puebla vuelven a irse a paro de labores

La protesta de los trabajadores se debe a a reducción presupuestal que se anunció para ese poder en el ejercicio 2025.

Este jueves 12 de diciembre, Trabajadores del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación iniciaron, de nueva cuenta, un paro de labores para protestar por la reducción presupuestal que se anunció para ese poder en el ejercicio 2025.

En un comunicado, Gregorio Miguel Rodríguez Castro, líder de la Sección 27-Puebla del Sindicato de Trabajadores del Sexto Circuito, señala que este paro es el inicio de varias medidas de protesta que estarán tomando hasta en tanto se garanticen los derechos de los servidores de esa institución.