Un juez federal negó emitir orden de aprehensión contra Jesús Orta Martínez, exsecretario general de la extinta Policía Federal por el supuesto desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos de la corporación.

Luego de que un Tribunal Colegiado le concedió un amparo al exfuncionario, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, revisó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y determinó que no existen elementos para librar nuevamente una orden de captura en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

El proceso de extinción de la Policía Federal (PF) y la transferencia de sus facultades a la Guardia Nacional (GN), que hoy cumple dos años, llevó el gobierno federal a pagar 4 mil 655 millones de pesos en 2020 para las liquidaciones de los 9 mil 753 agentes que no quisieron pasar al nuevo cuerpo policiaco-militar, indicó hoy la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según un informe sobre la transición de la PF a la GN en la Cuenta Pública 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) erogó 7 mil 322 millones de pesos para la PF; lo hizo mediante una Unidad de Transición que, según la ASF, no fue autorizada ni por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y a pesar de ello tuvo a mil 354 personas adscritas en su plantilla.

Los desvíos se perpetraron a través de la firma de contratos a sobreprecios injustificados con posibles empresas fantasma (como lo adelantó en su momento un reportaje publicado por Univisión y El País), pero también con el Cuerpo de Seguridad Privada del Estado de México CUSAEM. 

A partir de este día, más de 180 países colaboran en la búsqueda, localización y detención de Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, quienes se desempeñaron como titulares de la Secretaría General de la Policía Federal, en diferentes periodos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

De a acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano solicitó a la Policía Internacional (Interpol), la emisión de una Ficha Roja por el delito de desvío de recurso.