Policías, escuadrón de la muerte en Veracruz: secuestrar, matar y desaparecer, sobre todo jóvenes

La policía del estado mexicano de Veracruz creó unidades que emplearon tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer en su mayoría de jóvenes, sospechosos de ser informantes y “mulas” de los cárteles del narco. La policía en sus patrullas recogía a los jóvenes, pero no registraba los arrestos. Los entregaba a escuadrones especializados en interrogatorios y torturas. Estas detenciones se perpetraban descaradamente en ámbitos urbanos, un modus operandi que no se había visto ni en Guerrero, lugar conocido por secuestros perpetrados por elementos de la policía federal cuando perseguían a rebeldes izquierdistas en las montañas del estado entre los años 1960 y 1970.

La policía del estado mexicano de Veracruz, infestado de corrupción, creó unidades que empleó tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosas de ser informantes y “mulas” de los cárteles del narco, de acuerdo con acusaciones presentadas por la procuraduría estatal.

Las denuncias presentadas la semana pasada contra exjefes de la policía de Veracruz muestran todas las señales de las violaciones de derechos humanos de las tristemente célebres campañas contra las guerrillas en los años de 1960 y 1970.

Previo a visita de Peña, gobernador de BC ordena desalojo de plantón en cervecera de Mexicali

Violentando un amparo y actuando fuera de la jurisdicción estatal, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, ordenó el desalojo del plantón que ciudadanos mantenían a la entrada de la empresa cervecera Constellations Brands en vísperas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a esa entidad.

La noche del viernes, policías estatales y municipales irrumpieron de manera violenta en el plantón con el fin de permitir el ingreso de seis tanques de 30 toneladas a las instalaciones de la cervecera de origen norteamericano. Dichos depósitos llevaban nueve días varados en la carretera federal.

El robo de combustible es ya una industria criminal, y opera ante los ojos de la policía, difunde AP

El robo de combustible solía ser obra de unos cuantos lugareños que hacían agujeros en las tuberías y se llevaban la gasolina en jarros. Pero las armas pesadas y la violencia vistas en la confrontación del pasado martes en el estado de Puebla reflejan su conversión en un negocio multimillonario que abastece no sólo a quienes venden gasolina en las cunetas de las autopistas, conocidos como “huachicoleros”, sino a fábricas y cadenas de gasolineras.

Los policías agarraron sus rifles de asalto con fuerza mientras observaban como los hombres llenaban tanques de plástico y los cargaban en docenas de camionetas en un campo de maíz en el centro de México. Aunque se estaba cometiendo un delito ante sus propios ojos, los agentes dijeron que era una situación demasiado peligrosa para implicarse.

Normalistas guardan casquillos de 3 tipos de bala regular; exigen que Aureoles y policías se vayan

El pasado 21 de julio, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo dijo: “Vamos avanzando en la regularización de los normalistas, que hacían a cada rato desordenes. Espero que después de la garrotiza que les pusieron en Aguascalientes ya también le piensen un poco”.

Siete días después, elementos de la SSP de Michoacán realizaron un operativo en contra de una protesta de los estudiantes de la escuela normal rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Morelia. Un joven resultó gravemente herido y fue inducido al coma.

Los estudiantes y decenas de grupos civiles acusaron al Gobierno de Michoacán de haber usado balas regulares “para reprimir” la manifestación.

Es hora que Aureoles, perredista, no lo aclara.

Policías robaron, golpearon y detuvieron a normalistas de Tiripetío

Policías de Tiripetío, Michoacán, agredieron a golpes, echaron encima a perros y detuvieron y robaron a 90 normalistas de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, quienes fueron obligados a bajar de los autobuses en los que se dirigían a su escuela luego de haber estado en la Normal Rural Justo Sierra Méndez, en la comunidad de Cañada Honda, en Aguascalientes, donde apoyaron la protesta de las alumnas del plantel, narró Juan Carlos Sánchez Valencia, uno de los estudiantes agredidos.

Después de las 16 horas, al salir de la ciudad de Aguascalientes y a la entrada del tercer anillo vial fueron interceptados por los policías, quienes lanzaron clavos a las llantas de los dos autobuses y les cerraron el paso con patrullas. Al llegar a una colonia cercana los autobuses se detuvieron y los normalistas bajaron y corrieron hacia un terreno baldío, perseguidos por los oficiales, siguió Sánchez Valencia.

Policía de Aguascalientes agrede a normalistas de Michoacán; se reportan varios detenidos

Según el reporte de medios locales, una patrulla del estado le impidió el paso al autobús en el que se trasladaban los normalistas. Posteriormente, policías dispararon contra la unidad, comenzaron a bajarlos a los estudiantes y persiguió a quienes intentaron escapar. Hasta el momento se reportan más de 20 detenidos y un varios desaparecidos.

Video muestra como normalistas de Michoacán fueron atacados por policías de Aguascalientes cuando ya salían de la ciudad

Obligan a policías mexiquenses a votar por Del Mazo y les aseguran $500 por sufragios “adicionales”

A unas horas de la elección en el Estado de México, policías adscritos a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) denunciaron de manera anónima que sus superiores los están obligando a ir a votar por el candidato del PRI al gobierno estatal, Alfredo del Mazo Maza, y llevar a cinco personas más o de lo contrario los despedirán.

“Los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) han firmado decenas de contratos con dependencias federales por alrededor de 2 mil millones de pesos. Estas fuerzas policiacas operan en el limbo legal, no pagan impuestos, reciben por asignación directa la inmensa mayoría de convenios y les encargan desde la seguridad de instalaciones nucleares hasta surtir de tepetate a Fonatur. Además, tienen en sus manos el cuidado de sectores estratégicos del país, pero opera en la opacidad y el gobierno no muestra la menor intención de regularizarlo”, publicó Proceso el 2 de mayo de 2015.

Desarman a 60 policías de Zihuatanejo; indagan infiltración de delincuentes

Acapulco, Gro. El vocero de seguridad del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, informó sobre la detención de 60 presuntos delincuentes que supuestamente estaban infiltrados en la Policía Municipal de Zihuatanejo, tras haber sido desarmados los elementos de la corporación.

En conferencia de prensa, dijo que de manera coordinada, la Policía Estatal y Federal, Ejército Mexicano, Marina-Armada de México, Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, a partir de las 07:00 horas de hoy, detuvieron primero a tres presuntos delincuentes que fueron trasladados fuera del municipio para que sean sometidos a proceso.

Balacera en carretera a Reynosa deja dos policías heridos

Un enfrentamiento a balazos la madrugada de este sábado en el municipio metropolitano de Guadalupe dejó como saldo dos policías heridos, informó Víctor Navarro, secretario Seguridad Pública.

Policía estatal y federal monitorean la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés, ante amenazas de pistoleros

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, que pretende llegar este día a Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, será “monitoreada por puntos” por elementos de las policías Estatal y de Protección Civil de Oaxaca así como de la Federal, informó vía telefónica Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó esta movilización.

Policías desalojan plantón en alcaldía de Mexicali; detienen a 11 manifestantes

Elementos de la Policía municipal irrumpieron esta mañana en el plantón cívico que se mantiene a las puertas del Ayuntamiento y detuvieron a 11 personas, incluyendo personas de la tercera edad, que formaban parte de la mesa de diálogo que el movimiento Mexicali Resiste sostiene con el alcalde del PAN, Gustavo Sánchez.

Los detenidos son Arturo Ramírez, Francisco Javier Pérez, Benjamín Zavala, Filiberto Sánchez, mejor conocido como El Fili y uno de los líderes más aguerridos, Jorge Hugo Bravo, Jorge Benítez, el profesor pensionado Ignacio Gastélum Don Nacho, Santa Cecilia Hernández, Mario Sotelo Rodríguez, la profesora Guadalupe Mora y Verónica Jiménez Horta.

Desde la tarde y noche del domingo 12 de febrero creció la tensión a las puertas del palacio municipal de Mexicali, ya que los integrantes del movimiento declinaron dejar el plantón y el bloqueo a las instalaciones hasta que les resolvieran sus demandas.

Un comunicado del movimiento Mexicali Resiste invitó a la ciudadanía a tomar las instalaciones del Ayuntamiento, ante “la nula respuesta del presidente municipal y del gobierno estatal a las demandas del pueblo”. Entre esas demandas está la defensa del agua, así como la disminución de las tarifas del impuesto predial.

Las autoridades municipales les cortaron la luz en los alrededores de la Plaza Cívica y se incrementó el despliegue policiaco a las puertas de los edificios del ayuntamiento.

Ni el alcalde Gustavo Sánchez ni el gobernador Francisco Kiko Vega han querido dar alguna declaración pública frente a lo que está sucediendo. El comunicado del movimiento Mexicali Resiste responsabiliza al alcalde Sánchez de “cualquier daño que les suceda” a los 11 detenidos.

“Hay personas, mujeres y hombres heridos por parte de la policía municipal bajo la orden de Gustavo Sánchez, quien ha marcado el día de hoy con una profunda huella como ejemplo de represión en contra de los ciudadanos de Mexicali”, afirma el comunicado publicado en la página de Facebook.

Se han vuelto a concentrar decenas de ciudadanos a las puertas del palacio municipal demandando el respeto y la integridad de los detenidos.

Un joven, alumno del profesor Gastélum les increpó a los elementos de la policía: “ustedes se llevaron a un maestro pensionado, fue mi profesor, si le pasa algo, los jóvenes saldremos a las calles”.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/474226/policias-desalojan-planton-en-alcaldia-mexicali-detienen-a-11-manifestantes-videos

Detienen en Puebla a policías vinculados con toma clandestina

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del operativo Escudo Zaragoza, capturó la víspera a dos policías del municipio de Puebla, que presuntamente escoltaban a dos camionetas cargadas con hidrocarburo extraído de manera ilegal.

Durante un patrullaje de seguridad y vigilancia en la zona industrial de Chachapa, policías estatales lograron asegurar a dos policías municipales a bordo de una patrulla que escoltaba a dos camionetas, una pick up y otra de redilas, mismas que transportaban cuatro contenedores, abastecidos con 8 mil litros de hidrocarburo.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, las acciones comenzaron cuando se observó a las camionetas sospechosamente acompañadas de la patrulla y abrieron fuego contra los estatales, mientras los municipales les cerraban el paso.

En el enfrentamiento, la patrulla del municipio fue rodeada y las camionetas fueron abandonadas por sus conductores.

En el lugar se capturó a los dos elementos municipales, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Más adelante, la Policía Estatal Preventiva localizó una toma clandestina donde se encontraron tres vehículos más, uno de ellos cargado con aproximadamente 7 mil litros de combustible robado, en tanto que en las otras dos unidades había bidones vacíos.

De esta manera, Puebla sigue realizando acciones firmes de combate al delito de todo tipo, a fin de salvaguardar la seguridad de los poblanos.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/11/detienen-en-puebla-a-policias-vinculados-con-toma-clandestina

Fiscalía de Tabasco indaga abuso sexual a mujer policía por parte de dos compañeros que aún laboran en la corporación

VILLAHERMOSA, Tab: La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el abuso sexual contra una mujer policía por parte de compañeros uniformados, ocurrido hace más de un año, sin embargo, los implicados aún continúan laborando en la corporación.


A través de su cuenta de twitter @TabascoSeguro, la Unidad Especializada de Comunicación Social sobre Seguridad Pública de la gubernatura reportó que en Whatsapp “circula un video sobre un acto de abuso sexual presuntamente ocurrido en lo que antes era el Colegio de Policía”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474006/fiscalia-tabasco-indaga-abuso-sexual-a-mujer-policia-parte-dos-companeros-aun-laboran-en-la-corporacion

En Guerrero, la fuerza estatal protege a los saqueadores y se colude con los civiles armados

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no sólo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone a las comunidades el sobrevivir y andar a salto de mata, porque la legalidad que impera protege a los victimarios

Actualmente la política  ya no está operando  dentro de los mismos límites  en que normalmente funciona. Se ha difuminado la acción política debido a intereses propios de los grupos de poder. Lo más  grave es que estos intereses están conectados  con los de las organizaciones de la delincuencia organizada.  A los políticos,  la población ya no los vincula únicamente  con las instituciones estatales,  ni son  meros actores dentro del ámbito gubernamental, más bien,  los nuevos personajes de la política responden a intereses macroeconómicos, al grado que se supeditan  a los corporativos trasnacionales  para fortalecer un modelo de desarrollo fincado  en el despojo  y la privatización  de los recursos estratégicos.  Su ímpetu por la ganancia crasa  y su falta  de compromiso con la sociedad  los ha llevado  a enrolarse con actores no estatales  que han hecho del crimen organizado el negocio más próspero  en una sociedad  sometida  por el terror delincuencial.

Esta descomposición de nuestro sistema político ha engendrado nuevos actores con gran poder  que desempeñan nuevos roles e imponen normas ajenas al sistema  jurídico que nos rige. Se ha creado un ambiente de miedo que  coloca  a las personas  en un estado de suma vulnerabilidad. Con muchas restricciones  legales  y políticas, con nulo acceso a la justicia, desconectados  de las redes de apoyo  gubernamental  y sometidos  por actores  gubernamentales que usan la violencia para amedrentar  y someter  a la población. Se  trata  ahora de un mundo feroz donde se han roto los pactos sociales  y se ha profundizado  gravemente la desigualdad. La gente  tiene un sentimiento de orfandad, siente que camina a la deriva, en medio del caos, sometida  a los dictados   de  la  macroeconomía  que  se rige  por la acumulación del capital.

Vivimos en una sociedad en riesgo permanente con actores que han surgido a nivel internacional  y local.  El poder de las trasnacionales es  tan grande que  sus directrices económicas van normando los nuevos marcos jurídicos de los países periféricos. Puede más el poder económico de un corporativo minero que maneja miles de millones de dólares que un gobernante que no cuenta con el respaldo del Estado y de toda la clase política, a veces ni de la misma población. Este poder  macroeconómico  avasalla  a la política y a los políticos, somete a su lógica  capitalista  todo intento  de  construir una sociedad menos desigual  y más incluyente.  Es un poder ciego,  sin corazón. Deseoso  de extraer la vida de la clase trabajadora. Se vuelve violento  porque necesita explotar al mayor número de trabajadores con jornadas extenuantes para tener cuentas alegres en la bolsa de valores. Estos actores no estatales  tienen a su servicio a las corporaciones, a la policía, al  ejército y la marina  para proteger los intereses supremos del capital. Toda la  fuerza del Estado está focalizada en salvaguardar la riqueza de los saqueadores.

La represión  contra la población que se rebela y protesta,  tiene rango jurídico que justifica y legitima la fuerza,  con el argumento de que se atenta  contra las instituciones  y se pone en riesgo la convivencia pacífica. Se genera una opinión  en los medios de comunicación afines a los grupos de poder de que la violencia directa es legítima porque se pone a salvo el orden constitucional  y el régimen dominante  cuando los sectores sociales excluidos ejercen su derecho a protestar.

Existen también actores no estatales que pululan en el ámbito local y que forman parte de las redes del crimen organizado. Son organizaciones que tienen como caldo de cultivo la misma estructura de poder  que fomenta la corrupción  y que permite que los interese privados se mezclen con los proyectos  de justicia  a los que aspira la sociedad. La  fragilidad institucional  y la crisis misma de representación política  han desdibujado los límites que existían entre el campo legal  y el terreno abrupto de la ilegalidad. Se ha socavado el muro de la legalidad que protegía a  los ciudadanos y ciudadanas por parte del crimen organizado que se ha infiltrado en los sótanos del poder.

Actualmente  el poder público opera con intersecciones sumamente perversas,  donde el Estado aparece como  el gran aparato que protege  y brinda todas las facilidades a las grandes corporaciones trasnacionales. En estas  circunstancias las leyes, las instituciones y las  mismas autoridades  están al servicio de los interese macroeconómicos. Este poder visible  protege y encubre  al poder oculto, es decir  a los actores no estatales que tienen gran influencia en la toma de decisiones políticas, al grado que también controlan el poder del Estado y las mismas agendas políticas  en varias regiones del país.

En Guerrero están  los poderes ocultos  vinculados con el crimen organizado, que han tomado el control de varias instituciones  y dominan vastos territorios. Son los que ponen las reglas  y construyen  las nuevas narrativas que justifican la violencia  y la hacen aparecer  como parte de la normalidad. Lo más grave  es que  el poder formal, el que  usa la fuerza de las instituciones para gobernar, es el que se ha confabulado con el poder oculto, con los actores no estatales, cuyo modo de vivir es delinquir. Es atentar contra la vida  y la seguridad de los demás. Es desaparecer y arremeter violentamente contra  quienes se oponen  a sus negocios  truculentos. En  este escenario caótico el poder formal y el oculto se utilizan uno al otro, se retroalimentan  y usan  los poderes  mediáticos,  normativos, culturales, ideológicos y religiosos  para reforzar  su propio poder destructor.

Estamos lejos de contar  con un Estado regido por las normas constitucionales, de un estado que lucha contra la desigualdad social, que focaliza su acción pública en la redistribución de la riqueza  y genera redes de protección de los derechos fundamentales de las personas. Experimentamos más bien  una  práctica sistemática para criminalizar la movilización social y hacer un uso indebido del sistema de justicia.  En Guerrero se criminaliza a los líderes sociales fincándoles delitos graves y haciendo imposible su defensa legal. Se trata de una medida  que tiene afectaciones en los recursos financieros, en la capacidad para mantener la organización y  alterar la sostenibilidad del movimiento. La criminalización impacta en la persona, en la familia, en la organización y en la misma comunidad.  Se trata de socavar  el tejido comunitario, de destruir  los esfuerzos  ciudadanos que aspiran a construir una sociedad más justa y menos violenta.  De extirpar  el cáncer de la corrupción  y de contener al crimen organizado  que hunde sus raíces en un sistema  que utiliza la fuerza y la violencia  para mantener el viejo orden dominante.

En Guerrero han incubado en diferentes regiones del estado actores no estatales vinculados al crimen organizado que la misma sociedad  los cataloga como grupos civiles armados. Son  hombres armados, “paramilitares” que irrumpen en los poblados para arremeter contra familias y comunidades enteras. Atacan a balazos. Buscan hacer el mayor daño posible y no importa privar de la vida a los ancianos o ancianas; a mujeres, jóvenes, niñas, niños y hasta  bebés. Su armamento es de un alto poder destructor. Dejan una estela de dolor y de  muerte  con el uso letal de sus armas que es la marca más funesta que  dejan  al tomarla comunidad por asalto.

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no solo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone el que sobrevivir y andar a salto de mata,  porque la legalidad imperante  protege a los victimarios. Los cuerpos de seguridad y el mismo ejército  han sido incapaces de contener  este desorden institucional porque están llamados a proteger los intereses macroeconómicos y los diferentes giros de la economía criminal que se lavan con los negocios de las trasnacionales. Nunca están en el lugar ni en el momento en que la población requiere protección. En contraste, los civiles armados se desplazan con total libertad a sabiendas de que el camino está bajo su control. Lo más duro y cruento es que se ha normalizado la violencia en Guerrero. Las mismas autoridades han encontrado argumentos triviales para explicar las atrocidades  que padecemos. Justifican  su ineptitud y construyen sus discursos  para legitimar el caos y la falta de garantías  a una  población  que vive en el acecho permanente.

Los civiles armados, como actores  no estatales vinculados al crimen organizado  cabalgan  por toda la geografía guerrerense. Son la amenaza latente para un gran número de comunidades que ante el destino funesto de vivir en la precariedad  y en la lejanía de las instituciones  gubernamentales tienen que resignarse a la fatalidad.

Ante esta escalada de la violencia irrefrenable, donde el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad expresada en los civiles armados, los mismos pueblos y comunidades luchan desde sus propios espacios  para recuperar  sus territorios. Resisten  para enfrentar al poder ominoso y a los criminales a los que el Estado protege, tanto de las empresas  mineras  que se coluden o contratan a estos grupos civiles, como a las mismas organizaciones delincuenciales.

El caso de la minera Media Luna es un ejemplo atroz  de cómo una empresa se niega a reparar los daños ocasionados a un grupo de pescadores del Nuevo Balsas y se vale de civiles armados  para impedir  que prospere la protesta y  llegue la solidaridad  de organizaciones hermanas. Esta alianza criminal  entre  una multinacional que, a cualquier costo social  y ambiental,  quiere extraer el oro apoyados por grupos civiles armados que tienen el control del territorio, nos muestra  cómo en esta región los actores no estatales unen  sus intereses para destruir  un movimiento legítimo que lucha por sus derechos como colectividad y se asume como protector del medio ambiente.

Las autoridades estatales en lugar de proteger a los pescadores hacen alianza con la empresa minera y los grupos civiles armados, justificando sí sus acciones delincuenciales.

Fuente: Desinformémonos

Autor: CDH De La Montaña Tlachinollan

https://desinformemonos.org/guerrero-la-fuerza-estatal-protege-los-saqueadores-se-colude-los-civiles-armados/

Policía de Zacatecas, blanco de mayoría de quejas por violación de derechos humanos

Durante 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) recibió un total de 752 quejas, la mayor parte de las cuales señalan como responsables a integrantes de distintas corporaciones de seguridad pública en la entidad.

Reveló este jueves al presentar su primer informe de labores al frente del ombudsman local, la doctora María de la Luz Domínguez Campos, quien dio a conocer que “las principales voces violatorias” de estas 752 quejas fueron por ejercicio indebido de la función pública, detenciones arbitrarias, lesiones, y violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

Domínguez Campos añadió que la mayor parte de las “autoridades infractoras” son  “las Policías Preventivas Municipales, la Policía Ministerial y la Policía Estatal Preventiva, lo que incide negativamente en la credibilidad y confianza ciudadana en los cuerpos policiacos”.

La ombudsman local consideró “urgente una mejor actuación de los elementos policiacos para recobrar la confianza ciudadana en esta prioritaria función del estado, que es la seguridad pública, porque en ellos descansa salvaguardar la vida, integridad, libertad y patrimonio de la sociedad”.

Por ello dijo “hago un llamado urgente a los titulares de estas instituciones y a los propios policías para que su actuación sea realizada en el marco de su competencia, apegada a la ley y con plena observancia de los derechos humanos”.

Asimismo, la titular de la CDHEZ informó que durante el año 2016 se emitieron 14 recomendaciones dirigidas a autoridades de diversas instituciones como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.

Respecto a la problemática detectada en el sistema penitenciario de Zacatecas, se informó que se abrieron 278 expedientes “de los cuales 227 fueron asesorías, 51 quejas y 34 gestiones” para los internos que lo solicitaron en distintas prisiones de la entidad.

Más adelante, la doctora Domínguez Campos hizo un puntual señalamiento respecto a la severa problemática de violencia e inseguridad derivados de la presunta pugna entre cárteles del crimen organizado y el combate a éstas organizaciones criminales por parte de las fuerzas del estado:

“Durante los últimos años, nuestro país y el estado de Zacatecas se han visto profundamente afectados por la violencia y la impunidad, que han trasgredido derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la salud, así como la tranquilidad de miles de mexicanos”.

En este contexto, dijo Domínguez Campos, “hoy no podemos permanecer indiferentes ante la muerte de hombres y mujeres acontecidas en el estado durante los últimos meses, ni tampoco justificar las mismas atribuyéndoles nexos con la delincuencia organizada, porque independientemente de las circunstancias de su muerte, son zacatecanas y zacatecanos”.

Ante este panorama “se hace urgente la creación y fortalecimiento de políticas públicas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia que no solo se centren en la contención y sanción de esta problemática sino fundamentalmente en la prevención social de la violencia y la delincuencia, que permita incidir en las causas y los efectos que la generan para disminuir y erradicar su frecuencia, gravedad y consecuencias”.

“La sociedad exige acciones inmediatas y efectivas que den respuesta a sus reclamos de inseguridad e injusticia, desempleo y pobreza, corrupción e impunidad; reclama la vigencia del estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la observancia de la legalidad, la existencia de una auténtica democracia participativa, la transparencia y eficiencia de sus gobiernos, y las condiciones económicas y laborales que les permitan vivir con dignidad, paz y tranquilidad”, finalizó la ombudsman local.

Fuente: La Jornada

Autor: Alfredo Valadez Rodríguez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/26/policia-de-zacatecas-blanco-de-mayoria-de-quejas-por-violacion-de-derechos-humanos

Policía de Veracruz está detrás de las desapariciones forzadas, aseguran familiares de víctimas

Por ahorrar evaluación, Gobierno de Veracruz considera el regreso de elementos que formaron parte de la policía intermunicipal en Veracruz, lo que alertó a familiares de desaparecidos, quienes aseguraron que “Los comandantes hacen sus acuerdos, y no protegen a la población”.

Carlos Saldaña Grajales perdió a dos hijos en un día. El 29 de noviembre del 2011 fueron levantados Nallely Saldaña Hernández y Jesús Alberto Estrada Martínez, ambos salieron de un antro y desde ese momento se desconoce de su paradero.

El padre de los jóvenes se dedicó a buscarlos. Presentó denuncias para que agentes ministeriales buscaran, sólo recibió “seguramente ya viven juntos. Así pasa luego entre hermanos”.

El desinterés de la autoridad por cumplir sus funciones hizo que Carlos Saldaña se uniera y buscara junto con otros familiares de desaparecidos, lo que lo llevó a encontrar una pistas importante: dos policías municipales resultaron sospechosos de la desaparición de Nallely y Alberto.

Cinco años después, Carlos recibió amenazas telefónicas de los posibles captores de sus hijos, las cuales no sirvieron para desistir de la búsqueda. Carlos mantiene actividad frecuente con colectivos de desaparecidos en la entidad veracruzana.

El primero de agosto del 2016, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares informó que presentaría la convocatoria para quienes se quisieran integrar a las policías estatales y municipales.

El anuncio se dio durante el Foro de Seguridad celebrado en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado.

En dicho evento, consideró como “grave error” la desaparición de las policías municipales, por lo que recalcó la necesidad de activarlas nuevamente y ser de “proximidad” con la población.

Carlos Saldaña no tomó con gusto la noticia. Sus hijos fueron levantados por elementos de la desaparecida policía municipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan.

Los presuntos culpables no fueron detenidos, fueron protegidos por la Fiscalía General del estado (FGE), incluso, después de desaparecer a los jóvenes que salieron de un bar, ocuparon el vehículo particular de Nallely para pasearse por la capital del estado.

“Los agresores sabían de la impunidad que gozaban. Luego de la desaparición circularon en el carro de mi niña como sin nada. Tuve que perseguirlos y exhortar a las autoridades que los detuvieran. Tiempo después los dejaron libres por falta de pruebas”.

La desesperación sigue caminando a un lado del valor por escarbar en fosas clandestinas, en terrenos remotos y calmar el sentimiento al ver osamentas o fragmentos de cuerpos inertes.

“Si no es por nosotros, no vemos avances. Las autoridades no dan avances. En el 2016 hubo cinco mil desaparecidos. Todas las desapariciones fueron forzadas”, insistió.

Los hijos de Carlos Saldaña llevan cinco años y dos meses desaparecidos. Hecho en el que policías intermunicipales de Xalapa estuvieron involucrados, aseguró el hombre.

“Nos hemos obtenido respuesta a los compromisos prometidos por el licenciado Miguel Ángel Yunes, al inicio de su campaña. Tuvimos varias reuniones, estuvimos al pendiente de la campaña y se comprometió que al primer día de su mandato iba a tomar cartas en el asunto”.

El regreso de las policías municipales estuvo programado para el mes de diciembre, el primer mes del Gobierno estatal panista que derrocó los 86 años consecutivos del PRI en Veracruz.

A días de consumar su segundo mes de mandato, Yunes Linares no presenta argumentos validos para ahorrar tres meses de análisis en los elementos que conformarían la policía estatal y municipal.

La reactivación de los citados elementos medita en ex policías, aquellos que supuestamente cuenten con antecedentes buenos para incursionar en las fuerzas de seguridad municipal.


“Decisión nada grata para nosotros. En mi caso no veo correcto que cada policía pertenezca a los municipios, porque entonces van a hacer lo que ellos quieran, no van a tener el control desde un Secretario de Seguridad Pública”, lamentó Carlos Saldaña.

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOGEXPEDIENTE.MX
AUTOR: REDACCIÓ/ARANTXA ARCOS, YERANIA ROLÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-01-2017/3139444

Policías golpearon a civiles luego de manifestación en Rosarito, BC

A pesar de que la información maneja que tanto algunos civiles como la policía, tuvieron un encuentro violento durante la mañana de este sábado, los segundos persiguieron y golpearon a algunas personas que ya se encontraban dispersas.

En la tarde, cuando la situación estaba más “tranquila”, elementos policíacos, comenzaron a perseguir y golpear a personas que ya se habían dispersado en los alrededores de la avenida principal.

Un vídeo que llegó a la redacción (El Tijuanense), muestra cómo los uniformados persiguen a un individuo y lo someten en el piso. Posteriormente, en otro lugar, se ve a un hombre siendo golpeado y agredido verbalmente por un policía, para al momento de darse cuenta de que está siendo grabado, más uniformados cubren la escena.

En redes sociales, diversas personas así como lectores, han denunciado que incluso en la mañana, los policías comenzaron a agredir e incluso hubo disparos. Al momento, los encargados de las corporaciones no han dado declaración. El Comisario de la Policía Federal, Pedro Hernández, tampoco comentó sobre las personas que fueron detenidas ni las agresiones que sufrieron compañeros periodistas de otros medios.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aunque se hizo presente en la mañana, no ha emitido algún comunicado sobre su actuar o si defenderá a las personas que fueron agredidas este día.

Fuente: El Tijuanense

Autor: Redacción

http://eltijuanense.com/video-policias-golpearon-a-civiles-luego-de-manifestacion/

Policías del Edomex son exhibidos robando en saqueo a tienda; cuatro son detenidos

Aprovechando que la tienda Bodega Aurrera, ubicada en la colonia Altavilla, en Ecatepec, Estado de México, fue saqueada y que el lugar se encontraba sólo, los uniformados comenzaron a tomar distintos productos que quedaron tirados a las afueras de la tienda y las guardaron en las cajuelas de las patrullas. Tras la difusión del video, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana informó que cuatro agentes fueron separados de sus cargos y presentados ante el Ministerio Público.

El aumento en el precio de las gasolinas implementado por el Gobierno federal desde el 1 de enero provocó la molestia de miles de personas en todo el país quienes han salido a las calles para expresar su rechazo hacia el “gasolinazo”. En los últimos ocho días las muestras de inconformidad subieron de tono situación que ha sido aprovechada por decenas de personas que escudados en las manifestaciones contra el alza de los combustibles han aprovechado la situación para cometer actos vandálicos como el saqueo de tiendas. Sin embargo, los ciudadanos no han sido los únicos que han participado en el robo de productos de los comercios, también policías del Estado de México han realizado robos, así lo demuestra un video difundido en redes sociales en el que son exhibidos mientras tomaban mercancía de una tienda previamente saqueada.

En un video grabado por un ciudadano y difundido en YouTube el 4 de enero, se observa cómo elementos de la policía estatal arriban a una tienda Bodega Aurrera, ubicada en la colonia Altavilla, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, la cual fue saqueada por decenas de personas.

Aprovechando que el lugar se encontraba sólo, los uniformados comenzaron a tomar distintos productos que quedaron tirados a las afueras de la tienda y las guardaron en las cajuelas de las patrullas.

En la grabación es posible apreciar cómo algunos de los agentes utilizaron los carritos del supermercado para llenarlos de productos y así hacer más fácil el transporte de estos hasta las patrullas.

Tras la difusión del video, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) informó a través de un comunicado que cuatro agentes fueron separados de sus cargos y presentados ante el Ministerio Público.

Los elementos se encuentran entre las 430 personas detenidas en los 16 municipios del Edomex por los saqueos y actos vandálicos, informó el Gobierno de la entidad.

La tienda saqueada se ubica en Altavilla, Municipio de Ecatepec, a donde los agentes habían ido a apoyar en la movilización policiaca para evitar el saqueo y terminaron guardando en sus vehículos oficiales varios artículos que habían quedado afuera del autoservicio.

“El Gobierno del Estado de México no permitirá actos fuera de la legalidad y por ello presentó esta mañana a los elementos ante el Ministerio Público, para determinar su probable responsabilidad en algún hecho delictivo”, señala la dependencia en el comunicado.

En tanto el Gobierno del Estado de México advirtió que estará atento para identificar cualquier otra denuncia similar y para proceder conforme a derecho.

Entre los detenidos se encuentran 306 adultos, 255 hombres y 51 mujeres; así como 124 menores de edad, de los cuales 111 son hombres y 13 mujeres.

La dependencia pidió a la ciudadanía reportar cualquier acto vandálico o situación que ponga en riesgo la integridad de las personas y puso a disposición los números 066 y 089 para realizar denuncias.

DENUNCIAN SUPUESTO ROBO DE PANTALLAS EN LA GAM

Usuarios de redes sociales difundieron un video en el que presuntamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se llevan varias pantallas de una tienda Famsa ubicada en la delegación Gustavo A. Madero.

En un video publicado en Twitter por el periodista Juan Rivas, se observa cómo un grupo de granaderos sube las televisiones a una unidad de la dependencia con matricula DF569-145, pese a los reclamos de varios ciudadanos.

Tras la difusión del video la cuenta de Twitter de la Unidad de Contacto del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida, informó que los uniformados atendieron a un llamado que alertaba la sustracción de bienes de la tienda y se logró la detención de tres personas.

Al cuenta informó que las pantallas no fueron robadas sino aseguradas y trasladadas a una Agencia del Ministerio Público como prueba del delito.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/05-01-2017/3132942

El Ejército y las policías usaron “fuerza ilegal” contra civiles de Ostula, determina la CNDH

La CNDH emitió una serie de recomendaciones a la Sedena y al Gobierno de Silvano Aureoles luego de que en julio del año pasado se registrara el abuso de fuerza por parte de autoridades locales y federales que cobraron la vida de un menor de edad y dejó un saldo de 10 personas heridas. El 19 de julio de 2015, la captura de un líder comunitario en Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, causó que los pobladores realizaran bloqueos carreteros, mismos que terminaron en una serie de disparos por parte de federales y militares en contra de los manifestantes. El organismo exhortó al Ejército Mexicano y al gobierno estatal a a reparar el daño a las víctimas, castigar a los responsables, así como tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar este tipo de situaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, para reparar el daño y tomar medidas necesarias luego de que las autoridades locales y federales incurrieron, en julio del año pasado, en el uso ilegítimo de la fuerza en contra de pobladores que bloquearon la carretera federal en la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, y que dejó un saldo de 10 personas heridas y la muerte de un niño de 12 años llamado Heriberto.

De acuerdo con la recomendación 65/2016 de la CNDH, el uso ilegítimo de la fuerza es “atribuible a personal militar del 65/o Batallón ‘La Placita’, así como a policías de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa (SSP) y los mandos de control que conocieron y toleraron su actuar”.

El 19 de julio de 2015, elementos del Ejército Mexicano -los batallones de infantería 30/o, 65/o y 82/o-, personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Federal, así como elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Fuerza Ciudadana y de Fuerza Rural -pertenecientes a la SSP-, realizaron un fuerte operativo de seguridad en la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, con la finalidad de detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario que se ha opuesto al despojo de tierras realizado por las mineras que operan en ese municipio acusado por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La captura de Verdía Zepeda ocasionó que los pobladores realizaran tres bloqueos sobre la carretera federal 200 Tecomán-Lázaro Cárdenas a la altura de Xayakalan, Duin y Puente de Ixtapilla para impedir el paso de los militares y liberar al detenido.

La Comisión acreditó entonces que “la población civil agredió verbal y físicamente con palos y piedras al convoy de vehículos oficiales. Al respecto, la CNDH reitera y enfatiza que el ejercicio de un derecho, el planteamiento de una inconformidad y el reclamo de intereses particulares, que por legítimos que estos sean o fundada que resulte la reclamación, no puede realizarse ejerciendo violencia, contraviniendo la ley, desconociendo las instituciones o afectando los derechos de terceras personas”.

Por otro lado, los testimonios de los comuneros dan cuenta de que los militares, en su intento para dispersar la manifestación, dispararon contra la población civil ocasionando la muerte de un menor de 12 años e hiriendo por impacto de bala a una menor de seis años y a otras personas. Las autoridades insistieron desde entonces que fueron disparos al aire.

“Se acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado 6 lesionados y un fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares disparar, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos del 65/o Batallón. No se acreditó que los pobladores del Puente de Ixtapilla dispararan en contra del convoy militar”, señaló la dependencia por medio de un comunicado.

Tras el lamentable suceso, la CNDH inició el expediente CNDH/2/2015/5527/Q, en el que quedó de manifiesto que “en Xayakalan se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de alrededor de 50 pobladores, por un militar del 65/o Batallón, quien empleó de modo indebido el uso de la fuerza letal, sin aplicar los protocolos, ya que disparó al aire en dos ocasiones, desde un vehículo en movimiento, lo que constituye un uso ilegítimo de la fuerza conforme al Manual de Uso de la Fuerza, al no observar los principios de legalidad, racionalidad y oportunidad”.

Asimismo, la Comisión señaló que en el bloqueo en Duin “se vulneró el derecho a la integridad personal en agravio de cuatro personas, quienes resultaron heridas por el indebido empleo de armas no letales (gases lacrimógenos, pimienta y bombas de humo) por parte de servidores públicos de la SSP, lo que constituyó un uso ilegítimo de la fuerza”, según refirió la dependencia en un comunicado.

Finalmente, la CNDH advirtió que en el Puente Ixtapilla “se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio de un niño, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 militares del 65/o Batallón”.

Por ello, la dependencia exhorta a la Sedena y al Gobernador de Michoacán a reparar el daño a las víctimas directas e indirectas conforme a la Ley General de Víctimas; inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados; colaborar en la Averiguación Previa que se instruye ante la Procuraduría General de la República (PGR); denunciar e investigar a los servidores públicos y militares (según sea el caso) para lindar o deslindar responsabilidades; y capacitar al personal de Seguridad Pública y defensa sobre el uso de la fuerza.

En el caso específico del Ejército Mexicano, la Comisión solicita que los elementos de la Sedena documenten sus intervenciones para que haya evidencias de su actuación. En cambio, a la administración estatal pide que reforme el Protocolo o diseñe un Manual que regule la actuación de la fuerza policial para el control de multitudes y uso legítimo de la fuerza.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/29-12-2016/3130751

Queman patrullas en San Pablo del Monte, Tlaxcala, en intento por linchar a presunto plagiario

Pobladores de San Pablo del Monte, municipio de Tlaxcala, prendieron fuego a tres patrullas y causaron destrozos en las instalaciones de la presidencia municipal, luego de que la Policía se negó a entregarles a un presunto secuestrador.

Anoche, dos sujetos supuestamente intentaron llevarse a un par de hermanos en la colonia El Cristo, pero uno de ellos fue aprehendido por los uniformados.

Armados con palos, machetes y martillos, los vecinos se dirigieron a la comisaría y pidieron que les fuera entregado el presunto plagiario, pero la petición fue desoída. En respuesta, le prendieron fuego a tres patrullas y provocaron destrozos en la alcaldía.

Tras los hechos, granaderos de la Comisión Estatal de Seguridad de Puebla arribaron a San Pablo del Monte y rescataron a los efectivos que por algunos minutos fueron privados de su libertad.

De acuerdo con fuentes policiacas, un pleito de familia hizo suponer que dos niños habían sido secuestrados, y eso motivó la ira de los pobladores, quienes afirman estar hartos de la inseguridad en la zona.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/467657/queman-patrullas-en-san-pablo-del-monte-tlaxcala-en-intento-linchar-a-presunto-plagiario