Javier Duarte compraba prensa… pero no pagaba

Con Javier Duarte de Ochoa prófugo y su administración bajo escrutinio, siguen aflorando más oscuros manejos y casos de corrupción. Ahora, un diputado federal, quien fue colaborador del exmandatario priista, aporta datos a este semanario sobre la relación que tejió el exgobernador con la prensa local y nacional. Algunos de los millonarios pagos que acordaba el anterior gobierno veracruzano con medios y periodistas nunca fueron cubiertos.

Mientras Javier Duarte de Ochoa cumple más de dos meses prófugo y su defensa legal confirma que el exmandatario veracruzano salió del país en noviembre pasado, en Veracruz siguen brotando evidencias de desvío de recursos, irregularidades diversas y proliferación de empresas fantasma.

Sólo en cuanto a la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) se registran, entre 2012 y 2013, pagos por más de 383 millones de pesos a diversas empresas, por servicios que aparentemente no se realizaron.

Además, en el Anexo Único de Cuentas por pagar, que la Secretaría de Finanzas y Planeación le entregó al Órgano de Fiscalización del estado, aparece un pasivo de más de 378 millones de pesos en adeudos a televisoras, medios nacionales y locales, y también a columnistas, directores de medios, reporteros e incluso a particulares.

Para cubrir estos pagos, Javier Duarte de Ochoa dejó un proyecto de decreto para hacer que dichos pasivos sean cubiertos con 2% de la nómina de la administración estatal, argucia legislativa que el actual Congreso local y el nuevo mandatario ya piensan “echar abajo”, pues eso comprometería las finanzas de Veracruz los próximos cinco años.

Ya el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que no “pagará ni un solo centavo” a medios afines al gobierno de Duarte.

Y en el caso específico de Editorial Sánchez –propiedad de la familia del exdiputado priista Eduardo Sánchez Macías y del suegro de Javier Duarte, Antonio Macías Yazegey–, Yunes confirmó que éstos son “investigados” por haber recibido cerca de 230 millones de pesos durante el sexenio que concluyó.

Esa empresa edita El Heraldo de Xalapa, El Heraldo de Coatzacoalcos y El Martinense, entre otros rotativos que tenían una línea editorial obsecuente al gobierno de Duarte, y cuyos ejemplares se regalaban en las dependencias públicas estatales y en los ayuntamientos.

Yunes afirmó que tampoco se les pagará ni un peso a Diario AZ ni a El Centinela, periódicos hacia los que –según el gobernador– fluyeron inexplicablemente casi 100 millones durante la administración duartista.

A mitad del sexenio de Duarte este reportero solicitó, vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los convenios publicitarios del gobierno estatal con radio, prensa escrita y televisión, así como la contratación de spots en salas de cine, la renta y compra de espectaculares y demás.

La respuesta fue siempre la misma: “El gasto de publicidad social es información reservada, con base en el acuerdo que tiene por objeto clasificar como de Acceso Restringido, en la modalidad de ‘reserva’, la información relativa a la partida 513636100005”.

Dicha partida se destinaba a la “difusión de mensajes sobre programas gubernamentales”. En junio de 2013 Duarte publicitó este acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado, donde se anexaba el “candado financiero” a los “programas y actividades gubernamentales”, en un documento rubricado por la entonces presidenta del Comité de Información de Acceso Restringido de la Coordinación General de Comunicación Social, Georgina Domínguez Colio.

Prensa fantasma

Con diversos exservidores públicos de Duarte bajo investigación y algunos excolaboradores del exmandatario priista ofreciendo “información” y “servicios” al nuevo gobierno, se volvieron visibles las fracturas de ese equipo.

Una de las más evidentes fue la de la primera vocera de Javier Duarte, Georgina Domínguez Colio –hoy boyante empresaria periodística con la concesión de Quadratín en Veracruz y la tenencia de Conexión Veracruz, una radiodifusora digital– y el segundo jefe de prensa del priista, Alberto Silva, hoy diputado federal.

Silva le hizo llegar a este reportero diversas facturas y una lista resumida de las cuentas que pagó la CGCS a empresas de dudoso origen por un monto de 383 millones de pesos en 2012 y 2013.

Por ejemplo, en las facturas emitidas y pagadas por el área de prensa destacan seis a Publicidad Akira, S. A. de C. V., por más de 59 millones de pesos; las funciones en comunicación de esa empresa se desconocen. Resaltan también tres pagos emitidos a Grupo Balcano, S. A. de C. V., por más de 17 millones de pesos.

O a la empresa Centro de Recursos de Negocios, que facturó a costa del área de prensa casi 1 millón de pesos, pero cuyos servicios nunca conocieron los empleados de comunicación social del estado.

O como exhibió el portal digital Animal Político: la empresa Transacciones, Servicios y Soluciones Globales, que facturó millones de pesos, tiene domicilio fiscal en el número 105 de la calle Flor de Lis, en el fraccionamiento Las Ánimas… que es un lote baldío.

Algunas secretarías del gobierno duartista también ofrecían pagos a medios… aunque no los cumplieran. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo y Cultura le adeuda un millón 740 mil pesos a TV Azteca, según la información proporcionada por el diputado Alberto Silva.

El monto global de la deuda en el área de prensa asciende, hasta la fecha, a 400 millones 146 mil pesos.

Según la misma fuente, destacan los montos por cubrir por 14 millones 790 mil pesos a la empresa AVAN Noticias, 8 millones 331 mil pesos al Centro Radiofónico de Xalapa, 7 millones 815 mil pesos a la compañía periodística de El Sol de Veracruz, 6 millones 844 mil pesos a Consulver Veracruz, 27 millones al Diario AZ, 25 millones a La Voz del Istmo y 20 millones 592 mil pesos a Eureka Estrategia y Comunicación, empresa desconocida entre el gremio periodístico.

La CGCS también debe a particulares, como a Martín Mendiola Yépez y Froylán Flores, a quienes se les acumulan pasivos por 9 millones de pesos, mientras que al medio nacional Reporte Índigo le adeuda 7 millones 795 mil pesos; a El Universal, 3 millones 800 mil pesos; 4 millones a Excélsior, así como pequeñas deudas, como la de 600 mil pesos al semanario El Mercurio o 400 mil pesos al columnista Manuel Rosete Chávez.

Al empresario José Luis Oliva Meza, dueño de Radiocentro de Córdoba y Radiocentro de Xalapa, del grupo Oliva, le adeudan 11 millones 108 mil pesos. A Mario Antonio Chama Díaz, director de El Grillo Jarocho y de Seis en Punto, el anterior gobierno le quedó a deber 1 millón 38 mil pesos; mientras que a El Buen Tono, del empresario cordobés José Abella, le dejaron pendientes de facturar 696 mil pesos.

Al director de Proyectos Políticos, revista mensual de Xalapa, no le pagaron 1 millón de pesos, mientras que a Cablemás le dejaron pasivos por 2 millones 320 mil pesos. Al periódico Política (Comunicación en Medios de Veracruz) se le quedaron a deber 3 millones 323 mil pesos.

A Olmeca TV se le deben 2 millones 668 mil pesos, mientras que a Notisur le dejaron sin pagar 4 millones 800 mil pesos; los propietarios de estas dos empresas son priistas del sur de la entidad, los exalcaldes de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel y Marcos Theurel.

En Veracruz, la política –no escrita pero oficial– de prensa marcaba que sostener un contrato publicitario significaba someter la línea editorial con “notas positivas” al gobierno de Duarte; además, que el área administrativa del gobierno “rasurara” de 10 a 20% del convenio, bajo promesa de “agilizar los pagos”.

“¿Qué me vas a pedir?”

En sus primeros tres años de gobierno, Javier Duarte siempre se mostró espléndido con “sus amigos de los medios”.

En enero de 2013 llevó a una comitiva de 15 periodistas a pasear por España. El Tianguis Turístico de Madrid fue el pretexto perfecto para agasajar a la prensa, con un paseo por el Museo del Prado y las tabernas turísticas y para rematar, el partido final de la Copa del Rey, entre Madrid y Barcelona, en un palco.

Periodistas de TV Azteca, Televisa, El Dictamen, Diario AZ, El Centinela y columnistas de Notiver y Prosa Aprisa no tuvieron empacho en subir sus fotografías desde ese lugar privilegiado del estadio Santiago Bernabéu. El equipo de prensa de Duarte fue reprendido por no “controlar” el contenido de las redes sociales de los periodistas invitados.

Era común que Javier Duarte mandara “becados” a periodistas a Inglaterra, España o Estados Unidos. El pretexto que siempre esgrimía la CGCS era que “fueron apoyados” para estudiar algún diplomado de comunicación en el extranjero.

El propio Duarte solía mofarse de los periodistas que lo rodeaban, con la frase: “Ahora, ¿qué me vas a pedir?”

Fuente: Proceso

Autor: Noé Zavaleta

http://www.proceso.com.mx/467786/javier-duarte-compraba-prensa-pagaba

Astudillo agasaja a priistas con despensas, televisores, estufas y con dinero… a la prensa

El gobernador Héctor Astudillo Flores cierra este año, considerado como el más violento desde 2012, repartiendo fajos de billetes a reporteros, así como dádivas y electrodomésticos a militantes del PRI.

El miércoles pasado, en el puerto de Acapulco, Astudillo encabezó un acto oficial flanqueado por su compadre, el exalcalde porteño vinculado con el narco, Manuel Añorve Baños, donde regaló despensas, estufas, televisores, ventiladores, equipos de audio, refrigeradores y lavadoras a decenas de priistas acarreados por líderes seccionales del tricolor de las zonas marginadas del principal destino turístico de la entidad.

La empobrecida masa abarrotó el Centro de Convenciones Acapulco para rendir culto a la personalidad del mandatario quien ordenó colocar tres lonas monumentales con su imagen plasmada y la de su esposa Mercedes Calvo al pie de un mensaje que decía: “Juntos lograremos nuestra misión de llevar felicidad a nuestra gente, con afecto Héctor y Mercedes”.

En su cuenta personal de Twitter, Astudillo calificó el reparto de dádivas como “un convivio” con habitantes de colonias de la zona rural y suburbana de Acapulco, considerada como la franja más violenta del puerto donde las personas viven bajo el régimen de las pandillas que disputan a sangre y fuego las calles de Acapulco.

Este acto gubernamental fue organizado por diputados locales y federales, así como regidores y líderes seccionales del PRI, quienes acarrearon a los pobres de Acapulco y con lista en mano llenaron el lugar.

Para la prensa, fajos de billetes

La entrega de dádivas del gobierno de Astudillo se extendió al gremio periodístico. En días pasados dueños y directores de medios de comunicación, lectores de noticias de radio y televisión, así como reporteros de medios electrónicos y prensa escrita fueron convocados a diferentes cónclaves realizados en el hotel Princess de Acapulco y la residencia oficial Casa Guerrero en Chilpancingo donde recibieron fajos de billetes “por su labor informativa” realizada durante este año.

Fuentes oficiales y reporteros beneficiados, consultados por Apro, refieren que las cantidades variaban de acuerdo al medio de comunicación que representaban los beneficiados y los sobres iban desde tres mil a 30 mil pesos.

La administración de Astudillo se ha negado de manera sistemática e ilegal, a transparentar el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación, a pesar de que la ley indica que se trata de información pública de oficio.

La opacidad de este gobierno en el manejo de los recursos públicos destinados para este rubro y otros casos de interés público, es similar a la que han asumido sus antecesores, a pesar de que en el discurso las autoridades estatales se han comprometido a cumplir con las disposiciones legales de transparencia para evitar actos de corrupción.

Desde agosto pasado, las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar han advertido que existe una preocupación particular por la opacidad que existe en Guerrero y Tamaulipas, debido a que durante cuatro años las autoridades de ambas entidades no han transparentado la información sobre su gasto en publicidad en medios de comunicación.

En el informe denominado “Libertad de expresión en venta”, las ONG consideran que estos recursos públicos se distribuyen conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como “censura sutil o indirecta”.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/467991/astudillo-agasaja-a-priistas-despensas-televisores-estufasy-con-dinero-a-la-prensa

Los medios, las extorsiones y el negocio político

MÉXICO, D.F: Es bien sabido que en México la transición a la democracia fracasó en el 2000 cuando por primera vez en su historia el PRI perdió el poder presidencial a manos del empresario Vicente Fox quien, en lugar de crear las condiciones para un ajuste de cuentas políticas, sociales, judiciales y de derechos humanos, pactó con los poderes fácticos, entre ellos las televisoras.

Este tema viene a colación por el reciente caso del conductor estrella de Televisa, Joaquín López-Dóriga, acusado de extorsión por la empresaria más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, y exhibido en su negocio de venta de espacios en sus programas de radio y televisión a figuras políticas y funcionarios, como lo reveló el excelente reportaje de Jenaro Villamil en la revista Proceso de esta semana, titulado “Los negocios de López Dóriga. Cuando el micrófono tiene precio”.

López-Dóriga no es el único que ha hecho un gran negocio personal con el uso del espacio noticioso en diversos medios. No hace mucho en las redes sociales circularon copias escaneadas de contratos a nombre de la empresa Comunícalo SA de CV, presuntamente de Ricardo Alemán, por 2 millones 250 mil pesos y el gobierno del priista Eruviel Ávila. El pago era para aparecer en el programa del periodista titulado “La Báscula”, que se emitía en TV Mexiquense y que el columnista conducía en ese entonces hasta que le dieron un espacio en Televisa.

Hubo otra información parecida que causó polémica, se trataba de la lista de pago a varios conductores de noticias en 2012 y 2013 por parte del gobierno mexiquense para que hablaran bien de Enrique Peña Nieto. En dicha lista aparecía Joaquín López-Dóriga, José Cárdenas, Óscar Mario Beteta, Ricardo Rocha, Eduardo Ruiz Healy, Jorge Fernández, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha y Paola Rojas. Fue difundida en las redes con una riada de críticas a la ética y moral de cada uno de estos personajes de los medios de comunicación.

A pesar de que esta información fue desmentida y desdeñada por cada uno de los aludidos, en las redes sociales quedaron estigmatizados como parte de la prensa oficiosa que se ha enriquecido usufructuando sus espacios noticiosos o de análisis en diversas empresas privadas de comunicación que, a su vez, han sido beneficiadas por el gobierno federal a través contratos de publicidad o concesiones de espacios en el espectro público.

En el fondo de esta práctica lo que encontramos es que la mayor parte de las empresas de medios se han convertido en verdaderos poderes fácticos que actúan con toda impunidad en el marco de un gobierno acostumbrado a los pactos y alianzas con grupos de interés y de presión para mantener ciertos privilegios y ganancias particulares.


Las grandes empresas de los medios de comunicación nunca entraron en el proceso de transición a la democracia sino al revés, impidieron y obstaculizaron la apertura social y dejaron que algunos de sus “conductores estrella” hicieran sus propios negocios con distintos personajes del poder político, dando paso a una etapa negra del periodismo mexicano. Al final ambos se han beneficiado del negocio político creado detrás de los micrófonos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

#LópezDórigaMártir

MÉXICO, D.F: Un viejo truco de quienes acostumbran extorsionar, mentir o alterar los hechos es convertirse en víctimas cuando se les exhibe y se les reclama rendir cuentas. Ellos no son responsables de nada, son víctimas. Ellos no cometen ningún delito, son mártires. Ellos son perseguidos por la verdad, cuando la mentira no alcanza a cubrirlos.

Esta es la línea de respuesta de Joaquín López Dóriga, conductor estelar de Noticieros Televisa, ante el reportaje que publicamos en Proceso: “Cuando el micrófono tiene precio”.

Su respuesta ha sido a través de las rede sociales, especialmente en su cuenta @lopezdoriga en Twitter, donde el maestro de la gacetilla electrónica no ha negado ni aclarado nada. Simplemente se dice víctima de una calumnia y de una “campaña” orquestada por el “gran capital”.

Desde el sábado 26 de septiembre, cuando comenzó a circular la edición 2030 de Proceso, López Dóriga redactó:

“Los hay que desde su falsa izquierda, siguen al servicio del gran capital, para poder sobrevivir. #Proceso. Don Julio se volvería a morir de vergüenza”.

“Julio chico: a tu papá, don Julio le daría vergüenza la portada de hoy con documento falso. Proceso, por su crisis, entregado al gran capital”.

El león cree que todos son de su condición. La demanda por presunta extorsión, interpuesta por María Asunción Aramburuzabala es un hecho público y en tribunales, al que López Dóriga no responde. Y el reportaje de Proceso abunda y documenta lo que desde hace mucho tiempo los políticos y empresarios dicen, pero no se habían atrevido a señalar, salvo algunas notables excepciones.

En el colmo de su despropósito, López Dóriga ha acudido a don Julio Scherer García, periodista de una superioridad ética a toda prueba, frente a la práctica constante de vender las menciones en el micrófono.

Se “olvidó” el propio López Dóriga de lo que don Julio escribió de él en su libro Vivir:

“Durante la aparición inaugural de El Noticiero, emisión nocturna de Televisa, Joaquín López Dóriga expresó afecto por mi persona. No imaginé entonces que alcanzaría a Jacobo Zabludovsky en su comportamiento público. Ambos son ejemplo de la entrega al presidente de la República, a quien sirven y de él se sirven ellos mismos y, sobre todo, el monopolio que encabeza Azcárraga Jean”.

Claro y contundente, Scherer García marcó una clara distancia entre el periodismo servil que se sirve del poder para hacer negocios y un periodismo crítico, incómodo, que trabaja para sus lectores, no para sus patrocinadores. De eso se olvida convenientemente López Dóriga.

Y la línea marcada por Scherer García se ha mantenido con toda claridad antes, durante y después de su separación de la dirección de la revista. Rafael Rodríguez Castañeda y el equipo de periodistas que integramos esta redacción nos guiamos por esa clara marca ética que nos heredó.

Dos días después, en su misma cuenta de Twitter, López Dóriga apostilló:

“Buenas noches. Recuerden: la infamia fortalece”.

Y decenas de usuarios de redes sociales le han respondido con frases como las siguientes:

“¿Infamia? ¿Por qué no lo peleas como difamación? Simple, no puedes, engañas a los ignorantes, la nueva generación no es pendeja” (@eclocionental).

“Explicación no pedida, acusación manifiesta” (@quecadeflor).

“Dice @lopezdoriga que la infamia fortalece…Le faltó agregar que la corrupción enriquece” (@Tonnto05).
Este martes, López Dóriga informó que hackearon su página on line:

“Sigue la persecución en mi contra. Ahora hackean mi página”.

La reacción de los tuiteros fue crear un hashtag #LópezDórigaMártir que no generó la ola de apoyos que quizá esperaba el vocero consentido de los presidentes. Al contrario, la ironía y la falta de credibilidad fueron las reacciones más comunes:

“Lo que nos faltaba: #LópezDórigaMártir de la libertad de expresión, héroe del periodismo crítico y comprometido”, redactó el columnista Julio Hernández en su cuenta @julioastillero.

“Y que se enrolla en la bandera y en su propio castillo, se avienta al vacío” (@Indigoso).

“Y la popularidad de López Dóriga sigue a la baja, hasta aquí mi reporte Joaquín. #LopezDórigaMártir” (@g2_lopez).
“Cuando #LópezDórigaMártir comentó que hackearon su cuenta, imaginé que había transferido sus 237 millones al Teletón” (@BellApis).

El problema para quienes se acostumbraron a reinar desde el micrófono analógico es que no están acostumbrados a la deliberación y a la respuesta crítica de las audiencias. Ellas no pagan, ellas no cobran, ellas no extorsionan.

Simplemente son el reflejo de un declive que no es producto de ninguna campaña sino la cosecha acumulada de tantas mentiras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Periodistas ¿millonarios?

Entre el 2001 y 2015, Joaquín López Dóriga ha recibido del gobierno federal unos 237 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje publicado esta semana en la revista Proceso. Es mucho, muchísimo dinero destinado a un solo periodista, comparado con lo perciben la mayoría de los trabajadores del gremio… y los mexicanos.

¿Por qué un periodista puede recibir tanto dinero en México? Por la distorsión de un sistema de relaciones entre el gobierno, medios de comunicación y periodistas reconocidos, en el que el dinero y la información periodística se entrelazan con mucha frecuencia. En un esquema así casi todos parecen ganar, excepto la sociedad y su derecho a la información.

López Dóriga, como otros de sus colegas, es un periodista muy afamado y con una larga trayectoria. Su presencia en el noticiario de la televisión más visto y en uno de los noticiarios de radio más escuchados en el país, le permite tener un acercamiento privilegiado al llamado “círculo rojo” para obtener noticias exclusivas, primicias y entrevistas de primer nivel. Pero también mucho dinero.

Quienes manejan los recursos de la publicidad en las dependencias y órganos de gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal) “invierten” en sus programas cuantiosos recursos del erario público porque consideran que sus campañas de información, divulgación o rendición de cuentas tienen más alcance entre la población, pero paralelamente les permite, bajo su lógica, tener una buena relación con el periodista más reconocido de México y los medios de comunicación en los cuales lleva a cabo su labor para tener un trato “amable” en coberturas periodísticas.

Probablemente estas “inversiones” hayan derivado en omisiones informativas, en “coberturas especiales” o en comentarios o entrevistas al gusto del cliente, pero sólo un análisis más a fondo de lo que se transmite o deja de transmitirse podría arrojar un panorama mucho más claro. De cualquier manera, la probabilidad de comprometer la línea editorial del medio y/o del periodista a costa del flujo constante de publicidad gubernamental aumenta en noticiarios de estas características y es entonces cuando el periodismo pierde frente al dinero.

La situación es mucho más delicada cuando el periodista, en lugar del medio de comunicación, recibe directamente el dinero. ¿Qué hace la diferencia? Todo. Al periodista le debe pagar su empleador, no sus fuentes, porque en eso radica la independencia y ética de su trabajo frente a los intereses políticos o económicos en los que se desenvuelve el concesionario de radio o televisión o el dueño de un periódico. El periodista se debe a sus audiencias y sus lectores, no a quien le patrocina directa o indirectamente contenidos editoriales.

De acuerdo con el reportaje de Jenaro Villamil, López Dóriga ha podido adquirir propiedades muy lujosas, incluso un yate, y se ha hecho de jugosas cuentas bancarias, junto con su esposa. Es posible que parte de sus bienes muebles e inmuebles sean producto del pago de su intenso trabajo en radio, televisión y medios impresos a lo largo de varias décadas (nadie puede poner en duda que es periodista muy trabajador), pero también -como se ha documentado- gracias a los contratos multimillonarios con dependencias federales (faltaría sumar de gobiernos estatales y municipales). Estos contratos asignados de manera directa son los que, en definitiva, resultan inaceptables en toda relación entre periodistas y gobierno. Tan inaceptables como la supuesta extorsión, en este caso de una empresaria, de la que es acusado.

López Dóriga está inmerso en un escándalo por el caso Aramburuzabala y ahora por las revelaciones de Proceso, pero ¿cuántos periodistas como él han firmado contratos con dependencias de gobierno para brindarles servicios de información o asesorías en comunicación? ¿se puede ser periodista y al mismo tiempo consultor al servicio de tus fuentes? ¿éticamente es posible? ¿qué consecuencias ha tenido esta relación para el periodismo profesional, de calidad y el derecho a la información?

Otra variable que tampoco debemos obviar es la de periodistas -conductores titulares de noticiarios en medios electrónicos-, que a costa de su prestigio y credibilidad se han convertido en vendedores de medicamentos milagrosos, tiendas de ropa o tratamientos para la calvicie. Es una práctica que no debe verse como algo “normal”. La transmisión de publicidad como noticias es ya una constante en México, aunque la propia Constitución lo prohíba. Urge regular la publicidad gubernamental y fortalecer otras tareas (autorregulación periodística, derechos de las audiencias, alfabetización mediática, etc.) si realmente aspiramos a tener un país democrático.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: GABRIEL SOSA PLATA.

LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/29-09-2015/39778.

López Dóriga: cuando el micrófono tiene precio

El pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa cimbra desde hace varios días las estructuras del consorcio, al punto de que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de Joaquín López Dóriga de la televisora aliada del gobierno de Enrique Peña Nieto. El litigio, en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, puso al descubierto las “presiones” e intentos de “extorsión” que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga. Quedan aquí documentados los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.

MÉXICO, D.F: La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dóriga apenas inicia…

El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso de poder de su micrófono incluye la propiedad de al menos seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, siete en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de dos empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015.

La revelación de un presunto intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década: el Teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no aceptan sus condiciones e intereses.

Los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburuzabala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a Proceso que el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor de El Noticiero de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo y exsocia de Televisa.

El propio López Dóriga, en su columna de Milenio Diario, acusó el golpe de los rumores. El viernes 25 de septiembre, bajo su seudónimo Florestán, apostilló: “Los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción”.

Los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Distrito Federal resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en una de las zonas de mayor plusvalía en la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados y un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTE ESPECIAL).

Televisa y medios afines, en campaña contra la CIDH

MÉXICO, D.F: Encabezados por los noticiarios de Televisa y por grupos como Milenio, los medios oficialistas han tenido dos distintas reacciones frente al Informe Ayotzinapa, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): por un lado, buscan destacar las “coincidencias” entre la versión gubernamental y la de los especialistas de la CIDH y, por otro, la descalificación absoluta frente a la tesis de que no existe evidencia de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Durante dos días consecutivos, El Noticiero de Canal 2, de Televisa, ha difundido imágenes inéditas de la llegada de los normalistas a la estación de autobuses de Iguala y de los ataques que sufrieron el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero excluyendo la información sobre la participación de elementos militares, de la Policía Federal y de la policía estatal, tal como se detalla en el informe.

Por su parte, Milenio y varios columnistas han descalificado las cuatro hipótesis sobre el paradero de los 43 normalistas y, en especial, al peritaje de incendios de José Torero, doctor de la Universidad de Berkeley, quien determinó por las pruebas, evidencias y por la inspección en el basurero de Cocula que los jóvenes estudiantes no pudieron haber sido incinerados allí, tal como relató la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam.

Citando analistas y “fuentes” de la PGR, algunos medios han inventado una “quinta hipótesis”, distinta a las que se expresan en el Informe Ayotzinapa del GIEI: que una parte de los 43 normalistas fue incinerada en Cocula y otra en un lugar diferente.

Dos de los cuatro expertos del GIEI, Carlos Martín Berinstain y Francisco Cox Vial, rechazan tajantemente lo que ellos llaman “la quinta versión” que ha surgido en los medios cercanos al gobierno federal. Ni en el expediente de 115 tomos del caso, ni a través de los testimonios que ellos recabaron se menciona la posibilidad de que sólo “algunos” hayan sido incinerados en Cocula.

“El evento de la incineración de los 43 normalistas no ocurrió en Cocula”, sentenció ante los senadores Francisco Cox, y Carlos Martín Berinstain. Abundaron: “tampoco sabemos, hasta ahora, qué sucedió exactamente con sus ellos”.

Lo que sí se sabe es que el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa fue “masivo, indiscriminado y fuera de toda proporción” en Iguala, Guerrero; que hubo una coordinación de los cuerpos policiacos y militares en este ataque y que se minimizaron algunos testimonios y evidencias importantes como las que señalaban al “quinto autobús”, destacaron los especialistas en sus encuentros con legisladores, periodistas e integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las Cuatro Versiones del Destino de los Normalistas

En las páginas 127-144 del Informe Ayotzinapa los expertos del GIEI sintetizan las cuatro versiones distintas sobre el destino de los 43 normalistas.

En primer lugar, destacan que “las declaraciones de los acusados no son lineales ni congruentes” sobre la versión oficial de que los normalistas fueron entregados a un grupo de Guerreros Unidos, quienes habrían asesinado y quemado los cuerpos de los 43 jóvenes, tal como lo afirmó la PGR en su versión pública de noviembre de 2014 y enero de 2015.

Existen cuatro versiones de lo ocurrido, de acuerdo con las declaraciones de los acusados: 1) que los estudiantes fueron llevados a Pueblo Viejo; 2) que fueron llevados a una casa de seguridad en Las Lomas, de Iguala; 3) el basurero de Cocula; y 4) no hace referencia exactamente al sitio donde los llevaron sino al motivo que los condujo hacia Iguala.

1.-Pueblo Viejo. La versión de la colonia Pueblo Viejo es sostenida por un sicario que habría participado en los hechos y dos presuntos criminales a quienes se las contaron de segunda mano. Hay contradicción entre esas versiones, ya que uno dice haberlos matado el mismo 27 de septiembre en la madrugada, mientras otro afirma que fueron secuestrados el 29 de septiembre.

2.-Casa de Seguridad de las Lomas.-Esta versión fue contada por Martín Alejandro Macedo Barrera, el 4 de octubre de 2014. Según este presunto implicado, Guerreros Unidos se enteró de la entrada de los estudiantes a Iguala y “aseguraron a 17 estudiantes sin indicar dónde”, a quienes trasladaron a una casa de seguridad de las Lomas donde les habrían dado muerte. El responsable de ese operativo fue “El Choky”, quien habría ordenado matarlos con el tiro de gracia en la cabeza y a otros a golpes. A 7 de ellos “los quemaron por instrucciones del Choky”.

3.-Basurero de Cocula.-Esta versión constituye la “verdad histórica” de la PGR de Jesús Murillo Karam, a partir de las declaraciones de cinco procesados. En estas cinco versiones hay algunas contradicciones porque algunos de los integrantes de Guerreros Unidos señalan que fueron llevados a una casa de seguridad ubicada en el Barrio de la Barranca de la Plata y otros a una casa de seguridad en Loma Coyote.

“Todas estas cuatro versiones muestran contradicciones sobre las supuestas respuestas dadas por algunos normalistas en el contexto de amenaza vital y tortura, y se focalizan sobre quién los envió y por qué”, afirman los expertos del GIEI en el informe.

De los cinco, tres declaran el momento en que habrían sido asesinados los estudiantes. Hay contradicciones y no coinciden sobre la forma de darles muerte, ni el lugar donde les habrían quitado la vida.

El GIEI hizo una inspección al basurero de Cocula en junio de 2015 y anotó que “el basurero se encuentra aproximadamente 45 a 50 minutos de cualquier casa de Cocula. Desde el punto de vista del ocultamiento de un hecho así, resulta contrario a la lógica de encubrimiento de un delito que se acerque a un poblado la evidencia, en lugar de alejarla de donde pueda ser descubierta”.

4.-Cuarta versión.-Se basa en las declaraciones de Sidronio Casarrubias “El Chino”, y de José Javier Brito Catalán, quienes afirman en el expediente que los estudiantes acudieron a Iguala a “matar a los hermanos Benítez Palacios”, dueños del auto lavado “Los Peques”, pero todo lo relatado difiere de las constancias procesales, ya que los hechos ocurrieron a varias cuadras del auto lavado, los estudiantes no llevaban armas y “no hay ninguna constancia, en ninguna de las fuentes y testigos, que hubieran tirado cuerpos en la estación”.

En esta cuarta versión, unos 17 de los 43 habrían “ido al agua o sea que ya los quemaron, que las cenizas las botaron agua yo me imagino que es el río Cocula”, afirmó Sidronio Casarrubias.


El GIEI mantiene estas cuatro versiones, pero subraya que ninguna es coherente con los otros testimonios. Sobre todo, desestiman la versión de que un grupo de 17 de los 43 estudiantes habrían sido asesinados y otros golpeados, pero dejados vivos, y otra versión que señala que un grupo de 15 estudiantes ya habrían llegado muertos al basurero de Cocula.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Gobierno corruptor y prensa a modo provocaron la crisis en Veracruz: estudio académico

Ciudad de México, 10 de septiembre: La violencia no es el único enemigo de los periodistas en el estado de Veracruz. Antes que ésta, indica uno de los pocos estudios académicos que analiza el problema de la prensa en aquella entidad, operaba ya el “clientelismo” que, como en todo el país, permite a los dueños de los medios de comunicación acceder a los recursos públicos a cambio de ceder a los Gobiernos control sobre sus contenidos editoriales.


De acuerdo con el estudio “Relaciones Prensa-Poder en Veracruz. Del modelo clientelar-autoritario a la nueva estrategia de negocios en un entorno violento”, publicado en una revista de historia en España, es esta “estrategia de negocios” extensiva a casi toda la prensa mexicana la que, en aquel estado hoy convertido en el más peligroso para el periodismo en México, ha precarizado aún más las condiciones de los reporteros.

“De manera creciente las relaciones entre medios y Gobierno del Estado han venido definiéndose como una estrategia de negocio en donde el Gobierno es el cliente que contrata un servicio a los medios. Los actores de este tipo de negociación son, por una parte los encargados de las oficinas gubernamentales de comunicación social, y los dueños de las empresas mediáticas por la otra. Esta operación de negocios no resulta clara, ya que las cantidades en juego son absolutamente secretas, como ya se dijo, y los términos de la negociación son igualmente oscuros”, dice el estudio, publicado en 2014 por la Revista de Historia Jerónimo Zurita, de una editorial científica aragonesa.

“Esta estrategia ha tenido como resultado la precarización aún mayor de los periodistas, quienes no tienen ninguna incidencia en dichas negociaciones. Ejercen entonces como simples ‘obreros’ al servicio del patrón que, a su vez, debe complacer a su cliente que, si no encuentra la información de su agrado, puede pedir al dueño del medio que despida al periodista o que lo cambie de fuente de información. Y en lo que se refiere a la información publicada, ésta debe ser manejada a ‘modo’ y ‘gusto’ del cliente, por lo que pueden ‘bajarse’ notas que hagan quedar mal al Gobierno de los portales informativos o simplemente no ser publicadas. Todo ello tiene como resultado una información estandarizada y sobre todo, silencio sobre asuntos concernientes a la seguridad pública y la violencia”, agrega.

La investigación fue escrita por la historiadora Celia del Palacio Montiel, una de las pocas académicas dedicadas a analizar la situación de la prensa en Veracruz y donde, hasta el momento del artículo, contabilizó 11 asesinatos de periodistas, cuatro desapariciones, 12 ataques a instalaciones de medios –físicos o digitales- varios despedidos por “su enfoque” informativo y otras seis decenas de reporteros agredidos.

“La impunidad prevalece en el estado en lo que se refiere a la resolución de estas agresiones, en particular en lo que se refiere a los asesinatos de los periodistas. (…) Se recurrió a la criminalización y el desprestigio de las víctimas. Esto ocurrió claramente en el caso de Regina Martínez, de la que se hicieron correr calumnias diversas, publicitándose incluso supuestos detalles de su vida íntima a fin de culpabilizarla de su propia muerte. La resolución del caso ha quedado en entredicho, ya que las autoridades rehusaron relacionar el trabajo periodístico de Martínez con su muerte. El proceso judicial adolece de fallas graves, incluida la fabricación de culpables y tortura”, agrega.


DEL CLIENTELISMO A LA VIOLENCIA

La autora plantea en el texto que, al clientelismo en el que regularmente operan las relaciones de dueños de medios con gobiernos de diferentes niveles, se sumó la irrupción de la violencia atribuida al crimen organizado “que deseaban visibilidad pública de sus actividades para infundir temor”.

En ese contexto, el estudio identifica una modificación en la “estrategia de control” sobre los medios que, ante la también creciente deuda del estado y un interés del Gobierno estatal por no difundir los hechos de violencia, llevó a éste a dejar la política de cooptación a través de regalos por el empleo de un sistema de “castigos y recompensas”.

Este cambio en la política de control de los medios, dice el análisis, ocurrió a partir de que llegó Javier Duarte al Gobierno del Estado en 2010.


“Hasta antes de diciembre de 2010 –en particular durante el sexenio del Gobernador Fidel Herrera (2004-2010)–, las dádivas en especie a los periodistas como estrategia se delinearon con especial claridad: el mandatario regaló a los periodistas automóviles y tarjetas de tiendas departamentales, y prodigó otros favores como créditos para viviendas, facilitando a su vez becas a los que quisieron hacer cursos relámpago de periodismo en el extranjero. Se dice que el Gobernador creó una falsa élite. Florecieron entonces los periódicos y las páginas electrónicas que glorificaron al régimen”, dice.

“Sin embargo, a partir de que Javier Duarte de Ochoa asumió la gobernación del estado, las condiciones cambiaron lo suficiente como para tomar visos alarmantes. La gran estratega de la comunicación en el estado fue, desde diciembre de 2010 hasta el 20 de febrero de 2014, Georgina Domínguez, quien antes de ocupar el importante cargo de directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, había ocupado esa misma posición en el sureño estado de Quintana Roo con el Gobernador Mario Villanueva. Ella se convirtió en el todopoderoso personaje que estableció un sistema de control de los medios de comunicación basado en castigos y recompensas”, agrega.

Los factores que incidieron en la modificación de la estrategia de control de los medios, dice, fueron “por una parte a la crisis global (y nacional) del periodismo, que obliga a redefinir normas y prácticas periodísticas, y por otra debido a la creciente deuda pública del Gobierno del estado de Veracruz que impide ofrecer las mismas prebendas e incentivos económicos a los periodistas como se había hecho en el sexenio anterior”.

Al describir las características de la relación “clientelar” entre Gobierno y dueños de medios, Del Palacio menciona que éstas se dan en un entorno político “pluralista polarizado” en el que no hay separación clara entre los medios y los grupos políticos, hay un desarrollo histórico débil de los medios comerciales o privados y una fuerte incidencia del Gobierno sobre los medios.

“En una organización social como esta florece el clientelismo político, caracterizado por el hecho de que el acceso a los recursos sociales está controlado por patrones que los facilitan a los clientes a cambio de favores, deferencias y diferentes formas de apoyo. En este tipo de organización, las reglas formales son menos importantes que las relaciones personales y el compromiso con un interés particular es más importante que el bien común o el interés público. Así, en este tipo de organización prevalece la instrumentalización de los medios de comunicación por parte de los grupos políticos”, plantea.

También a manera de contexto menciona que Veracruz es un estado en donde no ha habido alternancia, sólo el PRI ha gobernado desde hace más de siete décadas y vive el resultado del empoderamiento de los Gobernadores que dejó el debilitamiento presidencial en 2000.

“Por este ejercicio discrecional del poder, que llegó a términos escandalosos en el ejercicio de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), Veracruz se ha considerado uno de los regímenes subnacionales más autoritarios del país”, explica.


“En este contexto, la escalada de violencia que se vivió en la entidad a partir de 2011 sería el detonador que llevaría a ejercer diversas formas de violencia contra los periodistas (por parte de diferentes actores, tanto miembros del crimen organizado como servidores públicos o una combinación de ambos) y al silenciamiento de la información referente a seguridad pública”, expone.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1480170.

Zabludovsky, el siervo del poder

No llegó a la fama por ser periodista, sino por ser vocero. No fue el prócer que los comentaristas de Televisa hoy intentan beatificar, sino un conductor que se plegó completamente a los deseos del PRI y del presidente. No fue alguien que pugnó por revelar la realidad, sino un comunicador que trató de ocultarla. Tampoco fue un luchador por la libertad de expresión, sino un hombre que en repetidas ocasiones llamó a la represión. Y no se trató de un reportero sojuzgado por el avasallante sistema, sino de alguien que decidió seguir la senda del servilismo con forma de periodismo.

MÉXICO, D.F: En 1983, a un año del inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, invitó a comer al secretario de la Contraloría, Francisco Rojas, y a dos subsecretarios, Ignacio Pichardo y Raúl Robles, a un restaurante de la calle de Hamburgo, en la Zona Rosa del Distrito Federal. También acudieron Jacobo Zabludovsky y Guillermo Ochoa, los dos principales periodistas de la empresa.

Rojas le agradeció a Zabludovsky unas notas que se transmitieron en 24 Horas. Frente al gesto, Azcárraga Milmo le dijo al responsable de la campaña de “Renovación moral de la sociedad” de Miguel de la Madrid:

–No, Paco, no te equivoques, al único que tienes que agradecérselo es a mí. Éstos –dijo señalando a Zabludovsky y a Ochoa– son mis gatos.

La anécdota, relatada por Andrew Paxman y Claudia Fernández en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, no sólo retrata los desplantes típicos del entonces propietario de la televisora, sino la docilidad de Zabludovsky ante su jefe.

Y el 15 de enero de 1988 Azcárrraga Milmo decretó: “Nosotros somos del PRI, siempre hemos sido del PRI; no creemos en ninguna otra fórmula, y como miembros de nuestro partido haremos todo lo posible porque nuestro candidato triunfe”. Zabludovsky siguió la “línea” hasta la ignominia.

Dos años antes, Televisa fue el centro de las críticas de los “bárbaros del norte” del PAN por silenciar las protestas del fraude electoral perpetrado en Chihuahua en 1986. “Lo que está pasando en Chihuahua puede o no ser del agrado de Televisa, pero el pueblo de México tiene el derecho a ser informado sobre ello”, demandó el movimiento democrático electoral de la entidad.

Como éste, miles de ejemplos de docilidad al dueño de Televisa, al presidente de la República, al PRI y a los funcionarios del sistema –en ese orden–, marcaron el derrotero y la “escuela” de Zabludovsky en la televisión mexicana.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Zabludovsky, la docilidad periodística ante el poder

MÉXICO, D.F: A los 87 años de edad, el periodista Jacobo Zabludovsky falleció esta madrugada en la Ciudad de México. Durante casi tres décadas, Zabludovsky fue el rostro, la voz y el conductor del noticiario televisivo más importante del país, 24 Horas, de Televisa. Previamente condujo los noticiarios Noticiero General Motors, Su Diario Nescafé, 24 Horas de la tarde y la noche.

Zabludovsky, de ascendencia judío-polaca, fue periodista de todos los medios posibles: fue reportero y columnista de medios impresos como El Heraldo, Novedades y El Universal, conductor radiofónico y formador de una generación de conductores en televisión. En sus últimos años, fue conductor en Grupo Radio Centro de un espacio radiofónico De 1 a 3 que lo caracterizó por sus dos grandes pasiones: el Centro Histórico de la Ciudad de México y el tango.

Zabludovsky fue un personaje de claros y oscuros. Representante durante años de la docilidad frente al sistema gobierno, el periodista protagonizó episodios muy oscuros de la censura, como al día siguiente de la matanza del 2 de octubre de 1968, cuando evadió mencionar el ataque a los estudiantes que se manifestaban pacíficamente en la plaza de la Tres Culturas, en Tlatelolco. “Hoy fue un día soleado”, editorializó aquella mañana trágica con su estilo críptico.

También censuró las protestas por el fraude electoral en Chihuahua, en 1986, lo que orilló a que el PAN encabezara una protesta en contra de Grupo Televisa, en la época de Emilio Azcárraga, Milmo.

Durante la campaña presidencial de 1988, Zabludovsky encabezó las claras preferencias de la empresa Televisa a favor de Carlos Salinas. Entrevistó a unos supuestos “medios hermanos” de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato del Frente Democrático Nacional.

Por otro lado, Zabludovsky realizó uno de los trabajos de cobertura periodística más memorable durante los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, hace casi treinta años.

Entrevistador pulcro de celebridades históricas como El Che Guevara, o de artistas de la talla de Salvador Dalí, o de la actriz María Félix.

Tras el fallecimiento de Azcárraga Milmo, en 1997, Zabludovsky quedó en una posición vulnerable frente al ascenso de Emilio Azcárraga Jean y sus amigos, conocidos como Los Cuatro Fantásticos. Decidió renunciar a la empresa para la que trabajó desde los tiempos de Azcárraga Vidaurreta cuando su hijo Abraham Zabludovsky no se quedó al frente del noticiario estelar de Televisa.

Icono Controvertido

Uno de los mejores perfiles de este periodista fue el siguiente, escrito por Andrew Paxman y Claudia Fernández en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa:

“Una clave en la relación entre Emilio Azcárraga y el poder fue, sin duda, Jacobo Zabludovsky. Un periodista sui generis que saltaba cando olía una noticia, pero que al reportarla era incapaz de rebasar la acotada línea editorial de su empresa, el acordado respeto a las instituciones, o de cuestionar alguna política priista en pos de una cobertura imparcial. Zabludovsky resultó para Azcárraga el perfecto alfil político.

“Lo mismo vencía todos los obstáculos para entrevistar a los líderes guerrilleros cuando triunfó la Revolución en La Habana, que cubría los funerales de la princesa Diana en Londres, convaleciente de una operación de cáncer. También polémico, en incontables ocasiones Zabludovsky fue el eficiente operador de la propaganda gubernamental, con la anuencia de su patrón. Irritaba a los partidos de oposición por ignorar sus versiones sobre fraudes electorales del PRI, enardecía a los maestros al reportar sus manifestaciones como causa del caos vial y no escuchar sus protestas, encolerizaba a los intelectuales críticos por su incondicional servilismo al sistema”.

A lo largo de la historia, Zabludovsky encajó como el perfecto periodista de la época autoritaria de México.

En una entrevista con el periódico Reforma, Zabludovsky justificó así su posición:


“Nuestro margen de maniobra era limitado. Era un problema relacionado con la situación del país, con un presidencialismo concentrado, con absoluta hegemonía del PRI. Además, había una identificación entre las intenciones de las empresas y las políticas del gobierno, lo cual se reflejaba dentro de las televisoras y la radio. También había empresarios, como nuestro director Emilio Azcárraga, que se declaró priista y soldado del presidente, y esto se reflejaba dentro”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.