Por el contrario, de lo que sí ha dado señales claras el presidente de Estados Unidos es de que la desregulación del ya de por sí liberalizado comercio de armas en ese país –incluso de fusiles de asalto y de ametralladoras de infantería .50— es un pilar inamovible de su agenda ultraconservadora.
Hace unos días. Trump firmó una orden ejecutiva que podría facilitar más el flujo ilegal de fusiles de armamento de alto poder de Estados Unidos a México.
Fue un guiño a su base más dura y a la mayoría legislativa republicana, que asumen que la Segunda Enmienda de la Constitución estadunidense les da derecho de armarse hasta con pertrechos de guerra para defender sus propiedades y a su familia.
Por eso, el pasado viernes 7 de febrero, sólo cuatro días después de que la presidenta Sheinbaum dijo que Trump se había comprometido “a trabajar para evitar el tráfico de armamento de alto poder a México”, el mandatario estadunidense firmó una orden ejecutiva para revisar todas las regulaciones que pueden estar afectando “los derechos” de la Segunda Enmienda, lo que significa una mayor flexibilización del comercio de armas.
“Definitivamente, es un paso en la dirección equivocada”, dice a Proceso el doctor en ciencias políticas de la Universidad de Nueva York, Omar García-Ponce, un experto en crimen trasnacional organizado que ha investigado desde hace varios años el fenómeno del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, a través del cual cada año llegan unos 200 mil fusiles de asalto y pistolas de alto calibre a los cárteles mexicanos de la droga, dos cada cinco minutos en promedio.
En su investigación “Efectos transfronterizos: leyes de armas de Estados Unidos y violencia en México”, García-Ponce concluyó que la expiración, en 2004, de una ley federal temporal que prohibía la venta de armas de asalto en Estados Unidos, provocó “aumentos inmediatos de la violencia” y de los homicidios (hasta en 60%) en ciudades mexicanas fronterizas con Texas, Arizona y Nuevo México.
A partir de ese hallazgo, García-Ponce encontró que el estallido de la violencia en México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) está relacionado no sólo con la declaratoria de guerra al narcotráfico del mandatario panista y con su fallida estrategia, sino, también, con el contrabando de armas estadunidenses de alto poder hacia México.
Por eso, para el profesor de Ciencia política y asuntos internacionales de la Universidad George Washington, el gobierno de México “tiene todo el derecho y toda la legitimidad para reclamar a Estados Unidos que haga más” para impedir que las armas fabricadas e importadas por ese país acaben en manos del crimen organizado mexicano.
De la misma manera en que el fentanilo provocó la muerte por sobredosis de unos 61 mil estadunidenses en 2024 –según estimaciones preliminares del investigador de adicciones de la Universidad de Carolina del Norte, Nabarun Dasgupta--, las armas provenientes de Estados Unidos mataron a unos 21 mil mexicanos ese año.
Esto, si se toma en cuenta que el año pasado se registraron en México 30 mil 057 homicidios, el 70 por ciento con armas de fuego provenientes, en la mayoría de los casos, de Estados Unidos,
En ese sentido, así como Trump exige a México un combate decidido al trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos, Sheinbaum puede exigir a su homólogo estadunidense que haga algo más de lo que se ha hecho hasta ahora para atracar el tráfico de armas que matan a mexicanos.
Un asunto de reciprocidad
García-Ponce sostiene que, a la luz de las evidencias, Estados Unidos debe actuar frente al tráfico de armas con medidas proporcionales a las que ha tomado la presidenta Sheinbaum frente a las exigencias de Trump para reforzar la lucha contra el tráfico de fentanilo y de personas, como la de enviar 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera norte.
De acuerdo con el licenciado en administración pública del Colegio de México (Colmex) y especialista en violencia criminal y política, las armas estadunidenses facilitan dos de los fenómenos que Trump dice querer combatir: la migración y el tráfico de drogas, en especial el fentanilo, un opioide sintético que desplazó a la cocaína como principal objetivo de la fracasada guerra estadunidense antidrogas.
Las armas que llegan de Estados Unidos a manos de los cárteles mexicanos, asegura el experto, son cruciales en actividades criminales como el tráfico de drogas y de migrantes e incentivan la migración de indocumentados.
“Cada vez tenemos más mexicanos que migran no sólo por razones económicas, sino también por razones de violencia”, señala.
Pero García-Ponce, quien reside en Washington y conoce el modus operandi de la política estadunidense, considera que es importante que el tema del tráfico de armas sea puesto por México en la mesa de negociaciones con Trump, quien usa el asunto del fentanilo (que causa la muerte por sobredosis de unos 70 mil estadunidenses cada año) y de la migración como elementos de presión contra México.
El pasado 3 de febrero, Trump acordó con Sheinbaum suspender por 30 días su decisión (o amago) de imponer un arancel del 25% a los productos mexicanos que importa Estados Unidos. Lo hizo luego de que la presidenta le ofreciera enviar a 10 mil guardias nacionales a la frontera común.
Sheinbaum dijo ese día que, a cambio, Trump se comprometió “a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México”, un tema que el mandatario estadunidense nunca ha tocado en público.
Y no lo ha hecho, porque un enorme segmento de sus votantes, de su partido, el Republicano, de sus donantes en la campaña presidencial, y en particular su movimiento, MAGA (acrónimo de Make America Great Again, o Haz a los Estados Unidos grande otra vez, en español), son partidarios de la venta libre de armas, incluso de los fusiles de asalto, y de desregular totalmente ese tipo de comercio.
Por ello, señala García-Ponce, “en términos realistas, las posibilidades de que la administración Trump dé pasos para regular la venta de armas en Estados Unidos son pocas”.
Ni los grupos de interés, como la poderosa Asociación Nacional del Rifle, ni la élite política republicana, quieren regular las armas, al contrario, señala el académico mexicano.
Y no sólo, eso, sino que la orden ejecutiva de Trump que pide revisar todas las medidas tomadas por el expresidente Joe Biden y las agencias federales, como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), apunta a eliminar las tímidas regulaciones que se habían puesto al mercado de armas en los últimos cuatro años.
El pretexto de Trump y los sectores ultraconservadores estadunidenses es que esas regulaciones afectan “los derechos de la Segunda Enmienda”, por lo que se da por descontado que el mercado de armas en ese país acabará siendo aún más liberalizado y menos sujeto a control.
De mal en peor
García-Ponce considera que la orden ejecutiva de Trump podría acabar por facilitar más la venta de armas en Estados Unidos “pero no creo que impacte de forma significativa el tráfico hacia México”.
Señala que la preocupación principal de los también amplios sectores estadounidenses que exigen regular la venta indiscriminada de armamento –una demanda que se renueva cada vez que hay una masacre en un colegio con armas de asalto que los adolescentes toman de sus casas— es que habrá un boom de las llamadas “ghost guns” o armas fantasmas que son modificadas o armadas por particulares y que son muy difíciles de rastrear.
En 2021, Biden firmó una orden ejecutiva para controlar la venta de materiales y herramientas que permiten ensamblar este tipo de armas en casa. “La violencia con armas de fuego en este país es una epidemia y es una vergüenza internacional", dijo el entonces presidente. Pero el actual mandatario y la mayoría de sus partidarios no piensan lo mismo.
García-Ponce señala que la batalla de México para Estados Unidos combata el tráfico de armas hacia los cárteles mexicanos será, por eso, “muy, muy difícil”.
La ideología MAGA que representa Trump es considerada por académicos y analistas estadunidenses como supremacista blanca, racista, xenófoba y partidaria de los arsenales particulares.
Pero México va a insistir. El pasado miércoles 12, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente habló por teléfono con el secretario de Estado estadunidense y al día siguiente informó en X que ambos “compartieron avances en materia de migración, fentanilo y control de tráfico de armas”.
Días antes, la misma cancillería mexicana informó que “fortalecerá” su estrategia legal contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos, donde el gobierno de México tiene varias demandas contra compañías de armamentos como Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Glock Inc., Colt´s Manufacturing Co. y Beretta USA.
Algunas de estas demandas han sido desestimadas por cortes federales estadunidenses con el argumento de que existe una ley que protege a los fabricantes de armas del “uso indebido” de sus productos, pero México argumenta que esa norma no puede dejar en la impunidad los daños extraterritoriales causados por "irresponsabilidades" de las empresas denunciadas.
"Las armas que utilizan los grupos criminales en nuestro país no aparecen aquí por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en los Estados Unidos", afirmó el exconsultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio.
El próximo 4 de marzo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que tiene mayoría de jueces conservadores, realizará una audiencia pública para determinar si las empresas demandadas por México pueden tener, o no, responsabilidad legal por el flujo de armas que acaban en manos de grupos criminales mexicanos.
Trump ya firmó una orden ejecutiva para designar como “organizaciones terroristas” a varios cárteles mexicanos y Sheinbaum dijo que, en respuesta, México ampliaría su demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadunidenses.
García-Ponce señala que hay mucho por hacer no sólo a nivel gubernamental, sino, también, por parte de los grupos de la sociedad civil de México y Estados Unidos que han trabajado durante años en este tema y que saben que atacar el acceso a las armas de los grupos del crimen organizado es un pilar de la seguridad de ambos países, más allá de la retórica trumpista.
