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Condenan a 30 años de prisión al defensor zapoteca Pablo López Alavez

Organizaciones de derechos humanos condenaron la sentencia a 30 años de prisión y el pago de 112 mil pesos contra el defensor zapoteca Pablo López Alavez, detenido desde hace más 14 años en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca, por oponerse a la tala ilegal de árboles en la comunidad de San Isidro Aloápam.

López Alavez fue acusado del «delito fabricado de homicidio calificado» tras su detención en agosto de 2010. Desde entonces ha enfrentado «un proceso penal injusto caracterizado por múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso», señalaron las organizaciones, entre las que se encuentra Front Line Defenders y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

La sentencia fue declarada el pasado 6 de marzo por el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, 14 años después de su detención, lo que constituye una de las «irregularidades» en el caso y una muestra de «prisión preventiva prolongada».

Las organizaciones denunciaron que la condena contra López «confirma que la imposición de sentencias largas en contra de defensores indígenas de derechos humanos es una tendencia sistemática y alarmante en México que busca criminalizar y silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio indígena de intereses privados».

En un pronunciamiento, las organizaciones manifestaron su rechazo ante «la constante violación a los derechos humanos del defensor» y expresaron su apoyo a las acciones de apelación de la sentencia condenatoria, así como reiteraron el llamado a su liberación.

López fue detenido arbitrariamente por sujetos no identificados «que cubrían sus rostros y portaban armas largas» el 15 de agosto de 2010. Un día después de su detención, fue acusado injustamente de participar en el asesinato de una persona perpetrado en junio de 2007, cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos.

COMUNICADO:

El 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca condenó al defensor de derechos humanos Pablo López Alavez a treinta años de prisión y al pago de 112,000 pesos mexicanos (más de cinco mil euros) de reparación del daño por el delito fabricado de homicidio calificado.

El líder indígena zapoteco lleva más de 14 años detenido injustamente desde su detención arbitraria en agosto de 2010, enfrentando un proceso penal injusto caracterizado por múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso. Su detención fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) en su opinión nº 23/2017, haciendo un llamado a su liberación inmediata.

Por más de catorce años, distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se han pronunciado reiteradamente a favor de la liberación de Pablo López Alavez, pues su detención arbitraria se da en represalia a su labor de liderazgo comunitario en la comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, desde donde denunció la presencia de actividades ilegales que operaban en la zona y afectaban el territorio y medioambiente de la comunidad.

En el año 2017, el defensor fue condenado inicialmente, pero en octubre de 2020 se ordenó la reposición del procedimiento por las múltiples violaciones a su derecho al debido proceso. El proceso penal reinició desde la etapa de instrucción y finalmente el 6 de marzo de 2025 se llevó a cabo la audiencia de sentencia sobre este nuevo proceso. La sentencia en contra del defensor se notificó de manera expedita solo horas después de la audiencia.

La nueva condena a treinta años de prisión en contra del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez confirma que la imposición de sentencias largas en contra de defensores indígenas de derechos humanos es una tendencia sistemática y alarmante en México que busca criminalizar y silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio indígena de intereses privados.

Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado que el patrón se agrava cuando la persona detenida o sentenciada es una persona perteneciente a un pueblo y comunidad indígena, pues conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la separación de la persona indígena de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena”.

Las organizaciones firmantes reiteran su rechazo ante la constante violación a los derechos humanos del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez y expresan su apoyo a las acciones de apelación de la sentencia condenatoria, reiterando el llamado a su liberación.

Organizaciones firmantes:
  • Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca 
  • Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México / Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko
  • Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos 
  • Front Line Defenders 
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: 

Después de 14 años se llevará a cabo audiencia de sentencia del defensor Pablo López en Oaxaca

Este 6 de marzo se llevará a cabo la audiencia de sentencia sobre el caso del defensor zapoteca Pablo López Alavéz, detenido desde hace más 14 años en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca, por oponerse a la tala ilegal de árboles en la comunidad de San Isidro Aloápam.

López fue detenido arbitrariamente por sujetos no identificados «que cubrían sus rostros y portaban armas largas» el 15 de agosto de 2010, recordaron organizaciones de derechos humanos en un comunicado. Un día después de su detención, fue acusado injustamente de participar en el asesinato de una persona perpetrado en junio de 2007, cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos.

«Desde entonces, el defensor se ha enfrentado a un proceso criminal en su contra caracterizado por irregularidades que afectaron su derecho al debido proceso y libertad denunciadas a nivel nacional e internacional», señalaron organizaciones y centros como Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT).

Las organizaciones reiteraron que el caso de López Alavéz es una muestra de «la criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en México que se ha vuelto una tendencia alarmante» y que revela «un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano».

La audiencia de este jueves será llevada a cabo por el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, 14 años después de la detención y durante los cuales López ha permanecido en prisión sin sentencia. La detención del defensor zapoteco ha sido calificado de «arbitraria» y vinculada con su labor de defensa por instituciones como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que desde 2015 emitieron recomendaciones a las autoridades y exigieron su liberación inmediata.

En vísperas de la audiencia, las organizaciones hicieron un «llamado urgente» a las autoridades federales y estatales, en especial al Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, a adoptar las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos y poner en libertad a Pablo López Alavéz, así como a abstenerse de realizar todo acto de criminalización en su contra.

COMUNICADO:

El próximo 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca llevará a cabo la audiencia de sentencia sobre el emblemático caso del defensor de derechos humanos Pablo López Alavéz. El defensor indígena zapoteco lleva más de catorce años injustamente privado de la libertad en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca en espera de una sentencia.

Antes de su detención, Pablo López Alavéz ejercía diversas funciones de liderazgo comunitario, informaba sobre la tala ilegal de árboles y sensibilizaba sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en su comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, en represalia se ganó poderosos enemigos entre los madereros ilegales que operaban en la zona y se enfrentó a numerosas acusaciones penales.

El 15 de agosto de 2010, Pablo López Alavéz fue detenido arbitrariamente por sujetos no identificados que cubrían sus rostros y portaban armas largas. El defensor fue obligado a entrar al vehículo en el que llegaron sin recibir explicaciones. Al día siguiente, el defensor fue acusado injustamente de participar en el asesinato de una persona ocurrido en junio de 2007, cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos. Desde entonces, el defensor se ha enfrentado a un proceso criminal en su contra caracterizado por irregularidades que afectaron su derecho al debido proceso y libertad denunciadas a nivel nacional e internacional.

El 2 de octubre de 2015, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación n.º 11/2015, en la cual realizó un análisis de la situación jurídica y procesal de López Alavéz, y concluyó que han ocurrido importantes violaciones al debido proceso durante el juicio en contra del defensor.

El 25 de abril de 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) emitió la opinión nº 23/2017, calificando de arbitraria la privación de libertad de Pablo López Alavez, y reconociendo como motivo de su detención su legítima actividad en defensa de los derechos de la tierra, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas, y su liderazgo de 20 años en la defensa de los bosques de San Miguel y San Isidro Aloapam, Oaxaca, contra las acciones de deforestación. El GTDA recomendó su liberación inmediata.

Front Line Defenders junto a otras organizaciones de derechos humanos ha expresado reiteradamente preocupación ante la criminalización, detención arbitraria, prisión preventiva prolongada e imposición de penas excesivas por cargos fabricados e infundados contra personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en México que se ha vuelto una tendencia alarmante que muestra un patrón de racismo y violencia desproporcionada por parte del Estado mexicano.

Asimismo, se reiteró el llamado a su liberación, señalando que la detención arbitraria de larga duración genera impactos particularmente graves que lastiman el tejido social y afectan no solo a la persona defensora criminalizada sino a su familia, comunidad y al proceso de defensa de derechos humanos. El 18 de septiembre de 2024, la organización Consorcio Oaxaca compartió la presentación del “Informe Internacional Análisis del Debido Proceso en la Criminalización del Defensor Indígena Pablo López Alavéz”, el cual concluye que el proceso es “un ejemplo extremo del uso de la criminalización generalizada contras las personas defensoras de los derechos humanos en México, en particular, las y los activistas indígenas y medioambientales”.

El 8 de noviembre de 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, expresó su preocupación por la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos indígenas en México, incluyendo a Pablo López Alavéz, y la imposición de duras condenas contra ellos. La Relatora Especial informó que está en contacto con el Gobierno mexicano en relación con estas preocupaciones.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales y estatales en México, en especial al Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca a adoptar las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos y poner en libertad al defensor de derechos humanos Pablo López Alavéz así como a abstenerse de realizar todo acto de criminalización en su contra. Además las organizaciones firmantes hacen un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos indígenas en México.

Organizaciones firmantes:
  • Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca
  • Centro de derechos humanos “Zeferino Ladrillero”
  • Colectivo de Saneamiento y Restauración de La Malintzi, Tlalcuapan
  • Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
  • Front Line Defenders
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
  • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT)
  • Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen libertad para el defensor Mario Gómez, detenido arbitrariamente en Chiapas

El defensor de derechos humanos Mario Gómez López fue detenido arbitrariamente por elementos de la policía municipal en una caseta de vigilancia de la colonia Santa Cruz, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, denunciaron organizaciones.

Gómez López fue detenido a pesar de que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

La detención fue informada por su esposa Pascuala López López, quien también es beneficiaria del Mecanismo federal. López denunció que Mario Gómez fue detenido por policías municipales alrededor de las 8 de la mañana del 24 de enero.

«Hasta el momento se desconoce el paradero del sr. Mario Gómez López, las autoridades municipales, de procuración de Justicia y Estatales se han negado a brindar información a familiares y a organismos de derechos humanos», señaló el viernes la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) en un comunicado.

La relatora Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció en sus redes sociales por la detención arbitraria de Gómez López y señaló que el defensor «debe ser liberado».
La Red TDT informó que Gómez López fue detenido «sin que se le informara del motivo de su arresto» y que posiblemente fue llevado al Centro de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) 14 El Amate, donde se encuentra preso Ciro «N» por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Pascuala López, lo que «implica un peligro grave e inmediato para Mario Gómez López en el caso de que fuera trasladado a dicho CERSS».

Las organizaciones que integran la Red TDT exigieron que se ordene la libertad inmediata de Mario Gómez López, se garantice en todo momento su vida, libertad y seguridad personal, y se emitan medidas urgentes «para evitar se cometa un daño irreversible y de difícil reparación que ponga en riesgo su libertad y su vida».

COMUNICADO:

A  través de la sra. Pascuala López López, se ha obtenido información respecto a la detención arbitraria de su esposo, el defensor de derechos humanos Mario Gómez López, quien cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos MC-892-22. Ambos están incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El 24 de enero de 2025 alrededor de las 8:00 am, elementos de la Policía Municipal realizaron la  detención en la caseta de vigilancia ubicada en el Periférico Norte entrada de la colonia Santa Cruz, del Ejido el Pinar en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Hasta el momento se desconoce el paradero del sr. Mario Gómez López, las autoridades municipales, de procuración de Justicia y Estatales se han negado a brindar información a familiares y a organismos de derechos humanos.

Mario Gómez López fue detenido de forma arbitraria, sin que se le informara del motivo de su arresto. Ni él, ni su familia, ni los representantes sabemos a raíz de cuál orden de aprehensión ha sido detenido y posiblemente llevado al CERSS 14 El Amate, situado en Cintalapa (a más de 150 km de San Cristóbal de las Casas.)

Cabe señalar que Ciro “N”, detenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Pascuala López, también se encuentra recluido en El Amate. Esto implica un peligro grave e inmediato para Mario Gómez López en el caso de que fuera trasladado a dicho CERSS.

En 2023, se emitió una orden de aprehensión dentro de la causa penal 194/2023 en contra del beneficiario Mario Gómez López, en un intento de criminalización de sus acciones de denuncia, así como por su cercanía con Pascuala López López.

Sin embargo, interpuso el amparo 1957/2023, resuelto por el juzgado de 2o distrito de Tuxtla quien ordenó la suspensión definitiva de la orden de aprehensión. Es decir, dicha orden quedó sin efecto.

Por lo anterior,  solicitamos de manera urgente a las autoridades federales, estatales, de procuración e impartición de justicia en el Estado de Chiapas:
  • Se ordene la inmediata libertad en favor de Mario Gómez López.
  • Se garantice en todo momento la vida, la libertad, la seguridad personal del Sr. Mario Gómez López.
  • Emitir medidas urgentes en favor del beneficiario Mario Gómez López, para evitar se cometa un daño irreversible y de difícil reparación que ponga en riesgo su libertad y su vida.
Autoridades: 

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo
atencionciudadana@presidencia.gob.mx

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla
subsedhpm@segob.gob.mx

Titular de la Unidad de  Derechos Humanos: Dr. Froylan Enciso
fenciso@segob.gob.mx

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra
presidencia.cndh@cndh.org.mx

Fiscalía General del Estado de Chiapas: Mtro. Jose Luis Llaven Abarca.
staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx

Gobernador del Estado de Chiapas: Dr. Eduardo Ramírez Aguilar. secparticular@gubernatura.chiapas.gob.mx

Secretaria de Gobierno del Estado de Chiapas: Lic. Patricia del Carmen Conde Ruiz.
unidad.apoyo@sgg.chiapas.gob.mx

Comisión Estatal de los Derechos Humanos: Lic. Horacio Culebro Borrayas. presidencia@cedhchiapas.org

Relatora Especial sobre la situación de las  personas defensoras de Derechos Humanos: Mary Lawlor

hrc-sr-defenders@un.org

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen libertad para el defensor ch’ol Juan Díaz Montejo, preso político en Chiapas

Familiares y compañeros de Juan Díaz Montejo cumplieron cinco días en plantón frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir la libertad del defensor ch’ol, quien es el “primer preso político del gobierno de Eduardo Ramírez” con delitos fabricados.

“La Fiscalía intenta fabricar delitos. La Fiscalía no ha informado a la Secretaría de Gobierno cuál es su acusación contra Juan Diaz Montejo y cuáles son las pruebas”, señalaron las Mujeres Mazatecas por la Libertad, que acompañan el plantón en la plaza central de Tuxtla.

Díaz Montejo, abogado y defensor de los pueblos, fue detenido arbitrariamente el pasado 17 de diciembre en la ciudad de Comitán de Domínguez durante el operativo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad del gobierno de Chiapas.

“Mi preocupación siempre es por su salud, porque sabemos bien que cuando alguien es detenido siempre hay agresión, agresión psicológica y verbal”, dijo en el plantón la esposa de Díaz Montejo, rodeada de mantas con consignas por su libertad.

Díaz Montejo ya había sido preso político en Chiapas en un proceso que duró seis años, hasta que fue liberado en 2023 cuando se demostró su inocencia. En su última detención se le acusa “sin pruebas” de participar en una protesta el 9 de diciembre, cuando el abogado y defensor no estuvo presente en los hechos.

“Ser luchador social, ser indígena y pensar diferente es su delito”, acusaron las Mujeres Mazatecas, que se unieron a la exigencia de libertad inmediata para el defensor.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Presos políticos en Chiapas exigen justicia para el Padre Marcelo

“Desde las rejas, desde los muros de la prisión, lugar de nuestra lucha por nuestra liberación, expresamos con dolor el cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano” Marcelo Pérez Pérez, perpetrado el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, expresaron los presos políticos tsotsiles de la organización Solidarios de la Voz de El Amate en una carta.

Liberan al defensor del agua Miguel López Vega en el Estado de México

El defensor del agua Miguel López Vega fue liberado a las cuatro de la mañana de este 28 de octubre, luego de que policías lo detuvieron y trasladaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuando se dirigía a su domicilio en Puebla, después de realizar su trabajo como recolector de chapulín y después de acompañar a la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro, en la protesta por la violencia policial contra artesanos indígenas del pasado 25 de octubre.

López Vega, quien en 2020 fue detenido por oponerse a las obras de un colector de desechos industrial que contaminaría el río Metlapanapa, en Puebla, fue acusado este 27 de octubre del “supuesto delito de ataque a las vías de comunicación” y trasladado al Centro de Justicia de Jilotepec.

Líder tsotsil, Versaín Velasco García inició huelga de hambre en cárcel de Chiapas

El defensor de los derechos humanos exige justicia y su traslado a la cárcel de San Cristóbal de las Casas, informaron sus familiares.

El líder tsotsil de la comunidad Nueva Palestina, enclavada en la Selva Lacandona, Versaín Velasco García, sentenciado a 58 años cuatro meses de prisión por homicidio en agravio de un policía de la comunidad, municipio de Ocosingo, inició el lunes una huelga de hambre en el penal de esa localidad para exigir justicia y su traslado a la cárcel de San Cristóbal de las Casas, informaron sus familiares.

El 16 de diciembre de 2021, Versaín fue detenido y su familia expulsada con violencia, por parte de autoridades comunales por denunciar la presencia de grupos dedicados al tráfico de personas migrantes en esa zona de la Selva Lacandona.

Se cumplen 14 años de detención arbitraria y proceso irregular contra Pablo López, defensor del bosque en Oaxaca

Organizaciones de derechos humanos exigieron la libertad inmediata del defensor del bosque Pablo López Alavez, detenido arbitrariamente y con violencia el 15 de agosto de 2010 en las cercanías del Río Virgen en su comunidad, San Isidro Aloapam en la Sierra Norte de Oaxaca.

“Tras 14 años de un proceso plagado de irregularidades, el caso continúa en proceso de instrucción y sin sentencia. Es urgente que el Estado Mexicano ponga fin a esta dramática situación y libere al defensor del bosque”, señalaron organizaciones como Front Line Defenders, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, y la Organización Mundial Contra la Tortura, Bruselas, Bélgica y Ginebra, Suiza.

Liberan a José Díaz, base de apoyo del EZLN detenido en Chiapas

«Con una gran felicidad informamos la libertad de nuestro compañero José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN)», público esta noche el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), luego de casi tres años de la detención arbitraria y tortura del defensor y preso político cho’ol por el delito fabricado de robo.

Llevamos dos años y dos meses pagando un delito que no hemos cometido: presos políticos tseltales de San Juan Cancuc

“Ya llevamos dos años dos meses de encierro en la cárcel, pagando un delito que no hemos cometido, fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena”, denunciaron los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Chiapas, que fueron detenidos arbitrariamente en mayo de 2022 y condenados a 25 años de prisión el pasado 19 de abril por oponerse a la imposición de proyectos de infraestructura y la militarización de su territorio.

Exigen la liberación de la ambientalista María Cruz Paz Zamora, defensora de los bosques

La ambientalista presa, integrante del Consejo Nacional Indígena y vocera de Radio Ocumichu, ha sufrido una serie de violaciones al debido proceso, pues el juez de la causa se ha negado a recibir pruebas documentales que demuestran su inocencia, indicó Guzmán Macario.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exigió la liberación de la ambientalista María Cruz Paz Zamora, a quien calificó como “presa política”, encarcelada como consecuencia de su “tenaz lucha” en defensa de los bosques de la comunidad indígena de Ocumichu.

Pavel Guzmán Macario, vocero del CSIM, denunció en rueda de prensa que la activista fue detenida el pasado 5 de junio, bajo el supuesto delito del secuestro de una persona que es conocida como integrante de un grupo de talamontes que opera en la región.

Libres, tres presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón

Este miércoles recuperaron su libertad los mazatecos Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, hoy expresos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, tras la audiencia de medidas cautelares que se realizó en el Juzgado de Huatla, celebraron las mujeres del colectivo Mazatecas por la Libertad y habitantes de la comunidad.

Desde la mañana, las mujeres y familiares de las tres víctimas de persecución política y criminalización selectiva, acompañados de los pobladores de Eloxochitlán, se reunieron en el juzgado para conocer la resolución de la audiencia.

Condenan a los cinco defensores tseltales detenidos por delitos fabricados en Chiapas

Los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc que desde mayo de 2022 fueron detenidos arbitrariamente en Chiapas fueron condenados a 25 años de prisión a pesar de que se presentaron las pruebas de la fabricación de delitos en su contra cometida por la Fiscalía de Justicia Indígena, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Liberan al mazateco Marcelino Miramón después de 11 meses en prisión

El preso político mazateco Marcelino Miramón fue puesto en libertad la madrugada del pasado 20 de abril, después de once meses en prisión en el penal de Tanivet, Oaxaca, informó el Observatorio Memoria y Libertad.

El Observatorio puntualizó que la libertad de Miramón es resultado de las marchas, mítines “y la solidaridad de muchas personas, comunidades y colectivos”, como las Mujeres Mazatecas por la Libertad, que exigieron justicia para el mazateco, detenido el 22 de mayo de 2023 en Huautla, Oaxaca, con una orden de aprehensión idéntica a la que se usó en 2016 en contra de otra persona que ya está libre, bajo un expediente en el que el delito se declaró inexistente, prescrito y extinguido.

Declaran culpable al defensor nahua Saúl Rosales en Tlaxcala

El defensor nahua Saúl Rosales Meléndez fue declarado culpable de asesinato por un linchamiento en el que no participó y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala pretende que se le imponga una pena de 50 años de prisión, en la sentencia que será emitida este 8 de marzo, informó la organización Front Line Defenders (FLD).

Rosales Meléndez fue detenido junto al defensor nahua Raymundo Cahuantzi el 14 de julio de 2022. Desde ese día, ambos permanecen recluidos sin sentencia en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala.

Exigen cese a criminalización de seis defensores indígenas en Chiapas

Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) protestaron este martes frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas para exigir el cese a la criminalización de seis defensores indígenas, contra quienes «sistemáticamente se han fabricado delitos».

Se pronunciaron por la libertad del base de apoyo zapatista ch’ol José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre de 2022 permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 17 del municipio de Catazajá, por un delito fabricado en su contra «como represalia a su adherencia política zapatista», explicó el Frayba.

Hoy se determina culpabilidad o inocencia de los defensores nahuas Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi

Este 1 de marzo el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer emitirá un fallo en el que se determinará la culpabilidad o inocencia de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi, defensores nahuas del volcán Matlalcuéyetl detenidos desde el 14 de julio de 2022 por un delito que no cometieron, en la comunidad San Pedro Tacuapan, Tlaxcala.

En la audiencia de este viernes, se escucharán los alegatos finales del juicio que se prolongó ocho meses «por la carga de trabajo del porder Judicial de Tlaxcala», durante los cuales los dos defensores han permanecido en prisión, informaron familiares de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).

Denuncian tortura y tratos inhumanos en detención de Nizayeejh, defensora oaxaqueña

La colectiva Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente (COJUDIDI), denunció tortura y tratos inhumanos en contra de su integrante Nizayeejh Chávez y otras cinco personas que fueron detenidas durante la marcha contra la gentrificación realizada en la capital de Oaxaca.

A través de un comunicado se pronunciaron en contra de la criminalización del gobierno del estado sobre las personas manifestantes que salieron a marchar el pasado 27 de enero en el centro histórico.

En Oaxaca detienen a pobladores inconformes con expropiaciones para parque industrial del Interoceánico

El conflicto por la expropiación de tierras en Mixtequilla a 26 pesos el metro cuadrado derivó en la detención de 9 activistas el 27 de enero pasado, sin que se sepa hasta ahora sobre su paradero.

Nueve habitantes del municipio de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, pertenecientes a la Resistencia Civil Mixtequillense (RCM), fueron detenidos el sábado 27 de enero por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en un contexto de protesta social en contra de la imposición de uno de los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIs) contemplados para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), proyecto emblema de la actual administración.

Las detenciones se llevaron a cabo en un operativo conjunto con la Policía Estatal de Oaxaca, la Guardia Nacional, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo dieron a conocer miembros de la RCM y las organizaciones no gubernamentales EDUCA y Red TDT en una serie de comunicados.

Declaran culpable al defensor David Hernández Salazar en Oaxaca

El defensor comunitario David Hernández Salazar fue declarado culpable «de delitos que no cometió», por oponerse al Corredor Interoceánico y sus polos de desarrollo en Puente Madera, Oaxaca, denunciaron la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

La criminalización del defensor y agente comunitario sucede después de 14 días de audiencia, a pesar de que se desmintieron con los peritajes presentados por las asambleas durante el debate y de que los testigos de la parte demandante «contradicen sus declaraciones iniciales», acusaron.