Familiares y compañeros de Juan Díaz Montejo cumplieron cinco días en plantón frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir la libertad del defensor ch’ol, quien es el “primer preso político del gobierno de Eduardo Ramírez” con delitos fabricados.

“La Fiscalía intenta fabricar delitos. La Fiscalía no ha informado a la Secretaría de Gobierno cuál es su acusación contra Juan Diaz Montejo y cuáles son las pruebas”, señalaron las Mujeres Mazatecas por la Libertad, que acompañan el plantón en la plaza central de Tuxtla.

Díaz Montejo, abogado y defensor de los pueblos, fue detenido arbitrariamente el pasado 17 de diciembre en la ciudad de Comitán de Domínguez durante el operativo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad del gobierno de Chiapas.

“Mi preocupación siempre es por su salud, porque sabemos bien que cuando alguien es detenido siempre hay agresión, agresión psicológica y verbal”, dijo en el plantón la esposa de Díaz Montejo, rodeada de mantas con consignas por su libertad.

Díaz Montejo ya había sido preso político en Chiapas en un proceso que duró seis años, hasta que fue liberado en 2023 cuando se demostró su inocencia. En su última detención se le acusa “sin pruebas” de participar en una protesta el 9 de diciembre, cuando el abogado y defensor no estuvo presente en los hechos.

“Ser luchador social, ser indígena y pensar diferente es su delito”, acusaron las Mujeres Mazatecas, que se unieron a la exigencia de libertad inmediata para el defensor.

“Desde las rejas, desde los muros de la prisión, lugar de nuestra lucha por nuestra liberación, expresamos con dolor el cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano” Marcelo Pérez Pérez, perpetrado el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, expresaron los presos políticos tsotsiles de la organización Solidarios de la Voz de El Amate en una carta.

El defensor del agua Miguel López Vega fue liberado a las cuatro de la mañana de este 28 de octubre, luego de que policías lo detuvieron y trasladaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuando se dirigía a su domicilio en Puebla, después de realizar su trabajo como recolector de chapulín y después de acompañar a la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro, en la protesta por la violencia policial contra artesanos indígenas del pasado 25 de octubre.

López Vega, quien en 2020 fue detenido por oponerse a las obras de un colector de desechos industrial que contaminaría el río Metlapanapa, en Puebla, fue acusado este 27 de octubre del “supuesto delito de ataque a las vías de comunicación” y trasladado al Centro de Justicia de Jilotepec.

El líder tsotsil de la comunidad Nueva Palestina, enclavada en la Selva Lacandona, Versaín Velasco García, sentenciado a 58 años cuatro meses de prisión por homicidio en agravio de un policía de la comunidad, municipio de Ocosingo, inició el lunes una huelga de hambre en el penal de esa localidad para exigir justicia y su traslado a la cárcel de San Cristóbal de las Casas, informaron sus familiares.

El 16 de diciembre de 2021, Versaín fue detenido y su familia expulsada con violencia, por parte de autoridades comunales por denunciar la presencia de grupos dedicados al tráfico de personas migrantes en esa zona de la Selva Lacandona.

Organizaciones de derechos humanos exigieron la libertad inmediata del defensor del bosque Pablo López Alavez, detenido arbitrariamente y con violencia el 15 de agosto de 2010 en las cercanías del Río Virgen en su comunidad, San Isidro Aloapam en la Sierra Norte de Oaxaca.

“Tras 14 años de un proceso plagado de irregularidades, el caso continúa en proceso de instrucción y sin sentencia. Es urgente que el Estado Mexicano ponga fin a esta dramática situación y libere al defensor del bosque”, señalaron organizaciones como Front Line Defenders, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, y la Organización Mundial Contra la Tortura, Bruselas, Bélgica y Ginebra, Suiza.

«Con una gran felicidad informamos la libertad de nuestro compañero José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN)», público esta noche el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), luego de casi tres años de la detención arbitraria y tortura del defensor y preso político cho’ol por el delito fabricado de robo.

“Ya llevamos dos años dos meses de encierro en la cárcel, pagando un delito que no hemos cometido, fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena”, denunciaron los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Chiapas, que fueron detenidos arbitrariamente en mayo de 2022 y condenados a 25 años de prisión el pasado 19 de abril por oponerse a la imposición de proyectos de infraestructura y la militarización de su territorio.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exigió la liberación de la ambientalista María Cruz Paz Zamora, a quien calificó como “presa política”, encarcelada como consecuencia de su “tenaz lucha” en defensa de los bosques de la comunidad indígena de Ocumichu.

Pavel Guzmán Macario, vocero del CSIM, denunció en rueda de prensa que la activista fue detenida el pasado 5 de junio, bajo el supuesto delito del secuestro de una persona que es conocida como integrante de un grupo de talamontes que opera en la región.

Este miércoles recuperaron su libertad los mazatecos Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, hoy expresos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, tras la audiencia de medidas cautelares que se realizó en el Juzgado de Huatla, celebraron las mujeres del colectivo Mazatecas por la Libertad y habitantes de la comunidad.

Desde la mañana, las mujeres y familiares de las tres víctimas de persecución política y criminalización selectiva, acompañados de los pobladores de Eloxochitlán, se reunieron en el juzgado para conocer la resolución de la audiencia.

Los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc que desde mayo de 2022 fueron detenidos arbitrariamente en Chiapas fueron condenados a 25 años de prisión a pesar de que se presentaron las pruebas de la fabricación de delitos en su contra cometida por la Fiscalía de Justicia Indígena, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El preso político mazateco Marcelino Miramón fue puesto en libertad la madrugada del pasado 20 de abril, después de once meses en prisión en el penal de Tanivet, Oaxaca, informó el Observatorio Memoria y Libertad.

El Observatorio puntualizó que la libertad de Miramón es resultado de las marchas, mítines “y la solidaridad de muchas personas, comunidades y colectivos”, como las Mujeres Mazatecas por la Libertad, que exigieron justicia para el mazateco, detenido el 22 de mayo de 2023 en Huautla, Oaxaca, con una orden de aprehensión idéntica a la que se usó en 2016 en contra de otra persona que ya está libre, bajo un expediente en el que el delito se declaró inexistente, prescrito y extinguido.

El defensor nahua Saúl Rosales Meléndez fue declarado culpable de asesinato por un linchamiento en el que no participó y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala pretende que se le imponga una pena de 50 años de prisión, en la sentencia que será emitida este 8 de marzo, informó la organización Front Line Defenders (FLD).

Rosales Meléndez fue detenido junto al defensor nahua Raymundo Cahuantzi el 14 de julio de 2022. Desde ese día, ambos permanecen recluidos sin sentencia en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala.

Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) protestaron este martes frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas para exigir el cese a la criminalización de seis defensores indígenas, contra quienes «sistemáticamente se han fabricado delitos».

Se pronunciaron por la libertad del base de apoyo zapatista ch’ol José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre de 2022 permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 17 del municipio de Catazajá, por un delito fabricado en su contra «como represalia a su adherencia política zapatista», explicó el Frayba.

Este 1 de marzo el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer emitirá un fallo en el que se determinará la culpabilidad o inocencia de Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi, defensores nahuas del volcán Matlalcuéyetl detenidos desde el 14 de julio de 2022 por un delito que no cometieron, en la comunidad San Pedro Tacuapan, Tlaxcala.

En la audiencia de este viernes, se escucharán los alegatos finales del juicio que se prolongó ocho meses «por la carga de trabajo del porder Judicial de Tlaxcala», durante los cuales los dos defensores han permanecido en prisión, informaron familiares de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).

La colectiva Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente (COJUDIDI), denunció tortura y tratos inhumanos en contra de su integrante Nizayeejh Chávez y otras cinco personas que fueron detenidas durante la marcha contra la gentrificación realizada en la capital de Oaxaca.

A través de un comunicado se pronunciaron en contra de la criminalización del gobierno del estado sobre las personas manifestantes que salieron a marchar el pasado 27 de enero en el centro histórico.

Nueve habitantes del municipio de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, pertenecientes a la Resistencia Civil Mixtequillense (RCM), fueron detenidos el sábado 27 de enero por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en un contexto de protesta social en contra de la imposición de uno de los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIs) contemplados para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), proyecto emblema de la actual administración.

Las detenciones se llevaron a cabo en un operativo conjunto con la Policía Estatal de Oaxaca, la Guardia Nacional, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo dieron a conocer miembros de la RCM y las organizaciones no gubernamentales EDUCA y Red TDT en una serie de comunicados.

El defensor comunitario David Hernández Salazar fue declarado culpable «de delitos que no cometió», por oponerse al Corredor Interoceánico y sus polos de desarrollo en Puente Madera, Oaxaca, denunciaron la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

La criminalización del defensor y agente comunitario sucede después de 14 días de audiencia, a pesar de que se desmintieron con los peritajes presentados por las asambleas durante el debate y de que los testigos de la parte demandante «contradicen sus declaraciones iniciales», acusaron.

El Ministerio Público liberó a los seis defensores que fueron detenidos arbitrariamente el pasado 27 de enero tras una marcha-calenda contra la gentrificación en el centro de Oaxaca, pero continuará con las investigaciones y solicitará al juez audiencia para imputar cargos en caso de encontrar más elementos en su contra, informaron los activistas.

Los seis defensores fueron detenidos y subidos a patrullas “con lujo de violencia” por participar en la protesta, que denunció el desplazamiento de la población en Oaxaca por la llegada masiva de turistas y la gentrificación de la ciudad.

El base de apoyo zapatista Manuel Gómez Vázquez fue puesto en libertad este jueves luego de que se demostró «rotundamente la falsificación de un delito que nunca cometió» y por el que estuvo preso desde el 4 de diciembre de 2020 en Oconsigo, Chiapas, celebró la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.

«La libertad de Manuel no es una concesión del Estado mexicano, ni es prueba que el sistema de impartición de justicia funcione, muy al contrario, demuestra un Estado criminal con estructuras para reprimir, capaz de fabricar delitos», criticó la Red Ajmaq en un comunicado.