Proceso contra defensores del agua de Tlanixco, irregular y adoptado para criminalizarlos, advierte inédita resolución de la ONU

El proceso judicial contra los seis defensores del agua de Tlanixco, Estado de México, careció de las “garantías del debido proceso” y la condena a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado del ingeniero Alejandro Isaak Basso y privación de la libertad “habría sido adoptada para criminalizar a las personas defensoras involucradas en la defensa del derecho al agua”, señalaron de forma inédita diez Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas en un comunicado dirigido al gobierno mexicano.

Niegan a familiares y amigos visitar al preso político Luis Fernando Sotelo

El padre y tres amigos del preso político Luis Fernando Sotelo fueron custodiados a la salida del Reclusorio Sur a pesar de que se encontraban en las horas de visita permitidas por las autoridades, denunció la Camapaña Luis Fernando Libre.

“Su padre y tres amigos más, fuimos sacados de la visita y custodiados a la salida por órdenes del comandante Labastida a las 3 de la tarde (siendo que la visita debería terminar a la 5 de la tarde, horario en el que desde hace tres años salimos)”, expusieron algunos integrantes de la Campaña.

El CDHZL apela sentencia contra seis indígenas nahuas presos desde 2003

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) presentó este lunes un recurso de apelación a la sentencia dictada contra seis indígenas nahuas de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, quienes desde hace 15 años se encuentran en prisión “con acusaciones falsas y dolosas”.

Se trata de los defensores de la tierra y el agua Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles.

Liberan a seis integrantes de la Policía Comunitaria de Guerrero

En momentos de campañas políticas en las cuales se desacredita y se descalifica el actuar de la Policía Comunitaria, se dicta sentencia absolutoria a seis integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso que fueron detenidos en 2013 en un excesivo operativo en el que participaron elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial. Demostrando con ello la criminalización de la que es objeto la CRAC-PC al aplicar sus sistemas normativos.

Hoy, un juez de primera instancia absolvió en la causa penal 196/2013-1 por el delito de privación ilegal de la libertad a seis comunitarios. Cabe destacar que es la misma causa en la que se le acusaba a Nestora Salgado y Arturo Campos del presunto secuestro de 43 personas.

Detenidos de la CECOP viven en hacinamiento, sin atención médica y sin derecho a visitas en Guerrero

Falta de atención médica, desabasto de medicamentos, hacinamiento y obstáculos para comunicarse con sus familiares son algunas de las condiciones que enfrentan los 25 detenidos de los hechos del 7 de enero del 2018 en Guerrero con los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), denunciaron ante la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.

Los integrantes de la Coordinación recibieron las quejas de que, por ejemplo, a los detenidos sólo les permiten salir alrededor de 15 minutos al día, sin tener acceso a actividades recreativas, deportivas y laborales que son derechos a los que toda persona en situación de reclusión se le debe de garantizar y con el que el resto de la población cuenta.

Procesan a líder comunitario y 24 más implicados en enfrentamiento en zona rural de Acapulco

La Fiscalía General de Guerrero vinculó a proceso a 25 sujetos presuntamente responsables de los hechos de violencia registrados en La Concepción, Acapulco, Guerrero que dejaron un saldo de 11 muertos.

La violencia se desató luego de que policías comunitarios capturaran a Iván Soriano Leal, un exmilitar vinculado a la venta ilegal de armas. Un grupo armado junto con policías estatales y soldados irrumpieron en el poblado de la zona rural de Acapulco, donde se enfrentaron con los comunitarios, dejando un saldo de 11 muertos y 38 detenidos.

Juez vincula a proceso al ciudadano que denunció corrupción y fue demandado por constructora

Este lunes continuó la audiencia en el caso del ciudadano Leonardo García Cortés, acusado por la constructora SYLMA de difamación.

El ciudadano Leonardo García Vázquez fue vinculado a proceso por haber dado una entrevista a un periódico local denunciando irregularidades en la construcción del fraccionamiento Esmeralda, en el que participó la constructora SYLMA.

El juez fijó un plazo de dos meses para complementar la investigación, y estableció medidas cautelares. Aunque llevará su proceso en libertad, tendrá que acudir a firmar cada 15 días, y no podrá salir de los estados de Hidalgo, Estado de México, y Ciudad de México.

Piden a Del Mazo diálogo sobre ocho personas presas por oponerse a la venta ilegal de sus tierras

Habitantes de la comunidad de Salazar, zona boscosa del municipio de Lerma, solicitaron al gobernador Alfredo del Mazo una mesa de diálogo para liberar a ocho de sus habitantes detenidos en agosto pasado por defender sus tierras de la venta ilegal para grandes proyectos inmobiliarios encabezados por diversos complejos transnacionales del corredor Santa Fe.

A la fecha, indicaron, amparados en conflictos limítrofes con la comunidad de San Mateo Atarasquillo, diversos terrenos de Salazar han sido vendidos de forma irregular a empresarios como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Arturo Elías Ayub y al cantante Vicente Fernández.

Nueva vinculación a proceso contra activista; advierte consigna de Eruviel Ávila tras decisión

Con sólo la declaración de sus detractores como sustento, sin arma ni monto que se le imputen, con orden de aprehensión y datos de prueba distintos al delito del que se le acusa, el activista José Humbertus Pérez Espinoza fue vinculado a proceso en una tercera carpeta de robo con violencia.

Por mandato del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el Poder Judicial estatal repuso la audiencia de vinculación a proceso por la carpeta de investigación 063/2016 en contra del presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC (FMDVD).

Rubén Sarabia, “Simitrio”, sale libre después de casi tres años en prisión

A un mes de que se cumplieran tres años de haber sido encarcelado, un juez decretó anoche la libertad definitiva de Rubén Sarabia Reyna, Simitrio, líder moral de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”.

En breve comunicado, Tonatiuh Sarabia Reyna, hijo de Simitrio, informó que el juez determinó la absolución de los cargos que se le imputaban a su padre, sin dar mayores detalles.

Los detienen, acusan y juzgan, pero miles de indígenas en México están presos sin saber por qué

De acuerdo con datos de la CNDH, toda la población penal indígena recluida en México (unos 8 mil) están aún a la espera de una sentencia: es decir, pagan prisión sin condena firme. La mayoría no sabe por qué está allí. Organizaciones civiles como Otigli han empezado a trabajar junto a la Procuraduría a través de convenios para disminuir la situación de vulnerabilidad, pero la atención es insuficiente porque se circunscribe casi siempre a la capital y no logra abarcar la periferia. Eso sin contar que en México, por cada 600 mil habitantes indígenas, hay solo un defensor público federal.

Firmar la hoja en blanco y admitir la culpa porque no queda de otra, porque no hablas español, porque eres indígena.

Hasta noviembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México estimaba que unos 8 mil 500 indígenas permanecían recluidos en los centros penitenciarios del país. De esa cifra, apenas el 15 por ciento supo de qué se le acusaba, porque solo ese porcentaje tuvo acceso a un traductor.

Exigen liberación de activista detenido durante protesta en Michoacán

Ciudadanos exigieron al gobierno de Michoacán que liberen al activista Carlos Armando Olivares Valencia, quien fue detenido este martes durante una protesta por la defensa del bosque Loma de Santa María, el cual se encuentra bajo amenaza por la construcción de una vialidad.

De acuerdo con testigos, Olivares grababa la protesta cuando la policía estatal desalojó violentamente a los manifestantes. Fue entonces cuando los oficiales le quitaron el celular, lo golpearon y después obligaron a meterse a una camioneta para trasladarlo a Barandillas.

Duró 95 días preso por decirle NO a proyecto ligado al cuñado de Salinas. John Moreno está libre

El pasado 9 de agosto, el Juez Primero de Distrito en Baja California Sur otorgó el amparo de la justicia federal en favor del activista, y hoy se celebró una audiencia que duró más de 4 horas, en la que se le otorgó la libertad bajo caución. El activista defendía comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas, que, acusan, está dañando un sistema de humedales y manglares cercano.

El abogado y defensor de los derechos humanos John Joseph Moreno Rutowski abandonó este día el Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz en Baja California Sur, luego de permanecer 95 días tras las rejas, sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno.

Opositor de proyecto ligado al cuñado de CSG gana amparo; son más de 2 meses preso, sin cargos

John Moreno lleva preso más de dos meses en el Cereso de La Paz, Baja California Sur. Hoy su defensa fue notificada de que el activista recibió un amparo que podría llevar a su liberación en las próximas horas o semanas. “[La Jueza] desde un inicio nunca ha actuado bien, John nunca debió estar encarcelado, es absurdo. Con todas las anomalías uno no sabe qué pensar. No está ejerciendo los derechos y no está observando la Ley. Ella puede liberarlo hoy mismo, pero también puede alargarlo seis semanas más. Es claro que ella tiene que dejarlo libre”, sostiene Helena Rutowski, madre del activista. En entrevista para SinEmbargo, Arturo Rubio Ruiz, abogado de Moreno, agrega que con el recurso legal a favor de su cliente “definitivamente” se demuestra que hubo violación a los derechos humanos del representante de los opositores al proyecto inmobiliario de la compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

El Juez Primero de Distrito en Baja California Sur otorgó el amparo de la justicia federal en favor del activista y abogado John Joseph Moreno Rutowski, quien desde hace más de dos meses se encuentra preso por defender comunidades donde Mira –compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye un complejo inmobiliario.

El activista fungía como abogado de un grupo de pescadores de aquella comunidad del Pacífico mexicano que se opone al proyecto minero “Los Cardones” y a la edificación de “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas, que acusan, daña un sistema de humedales y manglares cercano. Además de él, su cliente Joella Faith Corado, una ciudadana mexicana-estadounidense vinculada al caso, también se encuentra presa.

“Mi hijo les estorbaba”: madre del defensor preso por oponerse a Mira, ligada a cuñado de Salinas

El activista John Moreno, quien se encuentra bajo el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, dedicaba su trabajo a la defensa de comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye un complejo inmobiliario.

El activista y abogado John Joseph Moreno Rutowski continúa encarcelado desde hace más de dos meses, sin pruebas de que haya cometido delito alguno y sin que la resolución de un amparo que podría otorgarle la libertad se haya publicado.

“Quiero escribir más pero me cuesta, por no hablar bien castilla”, preso tzeltal solicita apoyo para su libertad

“Soy inocente, me fabricaron delitos, aquí estoy sufriendo, ya llevo 5 años preso”, denuncia nuevamente en una carta Esteban Gómez Jiménez, indígena tzeltal adherente a la Sexta, quien fue detenido en junio de 2012 al ser acusado por el priista y “verde ecologista” Manuel Jiménez Moreno, de la comunidad de Pamalha, de un asalto que, como se ha demostrado, no cometió.

“Las malas autoridades que no les gustan que yo estoy en la organización para defender la madre tierra, por eso me fabricaron este delito que nunca participé”, asegura el originario del ejido San Sebastián Bachajón, colindante con las turísticas Cascadas de Agua Azul, donde se encuentran en resistencia contra los megaproyectos en la región como lo es el Centro Integralmente Planeado Palenque, que contempla miles de cuartos de hotel, centros comerciales, campo de golf, entre otras construcciones.

Piden a gobierno de BCS garantizar seguridad de abogado opositor a proyecto Tres Santos

La petición firmada por más de cien organizaciones, quienes afirman que la detención del abogado, es por su oposición al proyecto inmobiliario Tres Santos.

El Gobierno de Baja California Sur recibió una carta de organizaciones ciudadanas que la captura del activista, John Joseph Moreno Rutowski, fue una detención arbitraria, por su oposición al proyecto inmobiliario Tres Santos, por lo que solicitaron el respeto y la protección de sus procesos legales.

El documento —fechado en La Paz, el 13 de julio de 2017— fue firmado por más de cien organizaciones de México. Y recibido por la secretaría particular del gobernador Carlos Mendoza Davis.

Tribunal resolverá amparo sobre activista indígena torturado en Querétaro

Este jueves, un tribunal colegiado en materia penal con sede en Querétaro resolverá un amparo en revisión interpuesto por el activista indígena ñañú, Raymundo Pascual García, detenido arbitrariamente el 5 de enero como reprimenda por participar en las manifestaciones contra el gasolinazo y torturado por agentes estatales, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Pascual García, de San Ildefonso Amealco, Querétaro, fue acusado de sedición y se le siguió un proceso ‘‘viciado y violatorio a los derechos humanos’’, indicó el Centro. “Fue detenido arbitrariamente, torturado por agentes del estado, estigmatizado y tratado como delincuente al ser llamado ‘incitador, sedicioso y persona peligrosa para la comunidad y el estado de Querétaro’, con lo que se violaron sus derechos humanos a la libertad personal, a la integridad y a la seguridad personal”, agregó.

Encarcelan a líder otomí opositor a construcción de autopista Toluca-Naucalpan

El líder otomí opositor a la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, Juan Villegas Mejía, fue detenido por dos agentes ministeriales y trasladado al penal de Barrientos, en el estado de México, el pasado 25 de junio, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

El Centro señaló que es probable que los agentes busquen suspender los derechos civiles y políticos de Villegas Mejía, y su encarcelamiento repercutiría “en el recurso de queja 82/2016 ganado el año pasado en el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Administrativa y con lo cual se anula la posibilidad de una consulta indígena para cancelar el paso de la autopista Toluca-Naucalpan en territorios indígenas otomíes”.

Mireles saldrá de la cárcel; juez ordena que el exlíder de autodefensas siga su proceso libre

A José Manuel Mireles, exdirigente de autodefensas en Michoacán, lo detuvieron en 2014, por su presunta responsabilidad en el delito de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Un juzgado determinó que José Manuel Mireles, exlíder de autodefensas en Michoacán, podrá seguir su proceso en libertad, con el pago de una fianza de 30 mil pesos, en lugar de permanecer en prisión preventiva.

Mireles ha estado encarcelado desde 2014, cuando las autoridades lo acusaron de ser presunto responsable del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada O Fuerza Aérea.