Nos acusaban incluso de fraudes cometidos cuando estábamos en prisión, afirma la familia Roa Quintero

En Guanajuato los consideraban “una red de defraudadores” en compra de vehículos, y 33 imputaciones los llevaron de penal en penal durante casi 7 años.

“Nos acusaban de cometer fraudes incluso estando presos”, dice la familia Roa Quintero


Las autoridades de Guanajuato señalaron a la familia Roa Quintero como “una red de defraudadores” en compra de automóviles a particulares, y a partir de ello un alud de 33 imputaciones en su contra los ha llevado de penal en penal durante casi siete años. Señalan mala actuación de la Fiscalía que encabeza Carlos Zamarripa y piden que cese el acoso en su contra.

La historia de la familia Roa.

Acusada de fraude, una familia paga con casi 7 años de prisión deficiencias de la justicia mexicana. En tanto, los delitos que les imputaron a los Roa Quintero nunca se investigaron a profundidad; ¿"pagadores" o chivos expiatorios?

En el argot penitenciario un “pagador” es quien está en la cárcel procesado o compurgando la sentencia por un delito que otro cometió. Su situación jurídica puede tornarse tan compleja, que se pierde la posibilidad real de justicia tanto para la víctima como para quien, se presume, es su victimario.

Esta es la rocambolesca historia de una familia mexicana de cuatro miembros, los Roa Quintero, que, acusados de fraude en la compra de vehículos, han pagado con años de cárcel las deficiencias en la investigación judicial y en la procuración e impartición de justicia en México.

Tribunal decide hoy si libera a mazahua preso desde hace siete años por un delito que no cometió

Este jueves, un tribunal de circuito de esta ciudad tendrá la oportunidad de poner en libertad a un indígena mazahua que ha estado preso durante siete años por un delito que no cometió, y por el que fue sentenciado a 27 años y seis meses.

Se trata de Sergio Sánchez Arellano, defendido por las organizaciones sociales Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien fue detenido fuera de su domicilio en Netzahualcoyotl por policías de investigación del Distrito Federal, en marzo de 2010, acusado de homicidio y tentativa de robo.

A ocho años de ‘Presunto Culpable’, aún falta “ver menos impunidad” y “más justicia”: Negrete

Layda Negrete y Roberto Hernández coinciden en que pese a cambios en las leyes aún falta mucho para combatir la impunidad y la corrupción en el sistema judicial mexicano.

Los productores del documental Presunto Culpable, Layda Negrete y Roberto Hernández, admitieron que aunque el filme ha empujado varios avances en materia judicial en México, aún falta mucho por hacer; “es como una gota en un lago”. Sin embargo, celebraron que la Suprema Corte haya decidido “a favor de la libertad de expresión”.

En entrevista para Aristegui CNN, Negrete recordó que “el caso de Presunto Culpable que llegó a la Corte viene de haber grabado un juicio penal donde había un acusado injustamente de homicidio y que fue sentenciado a 20 años de prisión, el testigo que ahí estaba y que fue el testimonio que en realidad condenó a esta persona injustamente fue el que nos acusó en juicio por daño moral y dijo que no teníamos nosotros permiso de retratarlo y de difundir su imagen, eso sacó a Presunto Culpable de cartelera en su momento en 2011″.

Por su parte, Hernández agregó que “a la tercera semana de exhibición, una juez, Blanca Lobo Domínguez, que de broma decían en redes sociales que tenía nada de blanca y todo de lobo, decide frenar la distribución del documental y decide ordenar que se retire como medida cautelar de las pantallas de cine. Ahí empiezan los litigios en contra de la película, de la noche a la mañana se volvió el documental más visto en la historia de México, sigue manteniendo ese récord, según una encuesta que hizo Parametría 36 por ciento del país vio el documental”.

Recordó que para entonces la película ya se había proyectado en varios festivales y en el Festival de Morelia y el de Los Ángeles se ganó sendos premios al mejor documental, el Emmy como mejor investigación periodística en Estados Unidos y fue primera plana en el Wall Street Journal.

Ambos revelaron que fueron acreedores a más de 20 demandas de tipo civil y administrativo y que han “ganado absolutamente todos los casos, no perdimos ni un solo litigio, ni en ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ni en los foros administrativos, ni en la Suprema Corte”.

La Coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa destacó que fue el testigo quien causó el encarcelamiento y condena contra Toño Zúñiga, protagonista del documental, quien se inconformó por el uso de su imagen y finalmente “la Corte decidió la pregunta de si nosotros teníamos derecho a grabar a ese testigo en el contexto de una audiencia penal, es decir si teníamos esa libertad de expresión protegida o si bien el testigo tenía el derecho a la privacidad y resolvió en favor de la libertad de expresión, es decir nosotros teníamos derecho a mostrar este testimonio porque es un asunto de interés público y esta persona… está en el contexto de una audiencia penal que es muy importante y adquiere una proyección pública”.

“Lo que nos está diciendo es que el juicio penal es muy importante, es una actividad pública donde cuando te quitan la libertad todos debemos estar interesados, todos podemos y debemos ver la justicia y que un testigo que participe en ella no puede tener una expectativa de privacidad, es un acto público muy importante y creo que eso es afortunado”, abundó.

Negrete confesó que “han sido 5 años de todos estos litigios y conservar la calma y seguir haciendo la vida como si no pasara nada ha sido difícil”. Resaltó que “quizá lo más grave es no tener policías que sean competentes, policías civiles, no policías militares e investigadores, ministerios públicos y procuradurías que funcionen, eso todavía esta dejado de lado”.

Finalmente manifestó su deseo de “ver menos impunidad” y “más justicia” en el país.

A su vez, Roberto Hernández resaltó que el documental abrió un debate importante “sobre cómo deben ser los juicios, cómo se debe de juzgar a la gente, acompaña una reforma judicial que acaba de cristalizar en 2014 con un código nacional de procedimiento penal, se hicieron a un lado 33 legislaciones estatales un código federal de procedimiento penal y ahora México tiene una sola ley de enjuiciamiento criminal que es el código nacional de procedimiento penal“.

Reconoció que tanto en el gobierno como en el propio Poder Judicial hubo receptividad sobre las críticas que desde el filme se emitieron, “no fue el gobierno refractario a la crítica y desde el gobierno se impulsaron políticas públicas para hacer frente a lo que la película estaba cuestionando”.


No obstante, el abogado y documentalista advirtió que aún falta mucho por hacer. “El índice de estado de derecho que publica el World Justice Projet es una encuesta a 118 países me parece, mil personas por país, su misión es averiguar cómo se vive el Estado de Derecho y la Justicia en la realidad y en el índice en 2016 México salió en la posición 88 en cuanto a justicia penal salimos en la posición 113 de los 118 países (…) solamente le ganamos a Venezuela eso nos habla de que hay mucho por hacer, que el haber cambiado los juicios penales en México y que haya juicios orales pues es como una gota en un lago, fue un cambio enorme, dramático, pero no alcanza todavía, no alcanzamos todavía a verlo reflejado en cómo se vive la justicia en México y cómo funcionan las instituciones”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0912/mexico/a-ocho-anos-de-presunto-culpable-aun-falta-ver-menos-impunidad-y-mas-justicia-negrete-en-cnn/

La Suprema Corte falla a favor de productores del documental Presunto Culpable

Uno de los testigos había demandado a los productores por usar su imagen en la cinta; la Corte concluyó que su aparición estaba directamente relacionada con el interés público que es propio al proceso penal.

La Suprema Corte de Justicia falló a favor de Roberto Hernández y a Layda Negrete, productores del documental ‘Presunto culpable’, quienes estaban demandados por daño moral.

Víctor Daniel Reyes Bravo, uno de los testigos en el documental, demandó a los productores por utilizar imágenes sin su consentimiento en la cinta, por lo que alegaba haber sufrido un daño moral.

Este miércoles, los ministros de la Primera Sala de la SCJN determinaron que no otorgaría el amparo solicitado por Reyes Bravo “al considerar que, en el caso concreto, la información relativa al recurrente, que fue incluida en el documental “Presunto Culpable”, estaba directamente relacionada con el interés público que le es propio al proceso penal”, informó la Corte en un comunicado.

La Corte consideró que el proceso penal debe estar orientado a materializar bienes constitucionales esenciales como son el derecho a la verdad (esclarecimiento de los hechos), la presunción de inocencia lato sensu (proteger al inocente), el combate a la impunidad.

La cinta cuenta como Antonio Zúñiga fue detenido y encarcelado en 2005 por el asesinato de otro joven, Israel Reyes. Los productores retomaron el caso de Toño y tras presentar nuevas pruebas se demostró que era inocente.

Víctor Daniel era primo del joven asesinado, fue uno de los testigos en el caso. En su testimonio dijo que le constaba lo sucedido en la muerte de su primo, pero después se demostró que él no estaba presente por lo que el juez desacreditó su testimonio.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/suprema-corte-falla-favor-productores-del-documental-presunto-culpable/

Declaran culpable a joven por asesinato de alcadesa de Temixco

Cuernavaca. Un adolescente de 17 años fue declarado culpable este viernes de participar en enero en el asesinato de una alcaldesa mexicana, informó la jueza que lleva el caso y que aún deberá determinar su sentencia.

Alexis, uno de los tres detenidos por el sonado caso de Gisela Mota -alcaldesa de Temixco, en el estado central de Morelos-, recibió una "sentencia condenatoria" en el juicio oral por coautoría material de homicidio doloso.

"Hay responsabilidad social por parte del adolescente. Independientemente que no haya sido la persona que detonó (el arma), se puede determinar que cada una de las personas que estuvieron en lugar de los hechos tienen una participación para un mismo fin", dijo la jueza del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Erika Juárez.

El 2 de enero, pocas horas después de haber asumido el cargo de edil por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Mota fue golpeada y acribillada por un comando armado en su domicilio y frente a su familia.

Aparentemente, la también ex diputada federal fue sacada de su dormitorio y asesinada en la sala de su casa luego de que Alexis y al menos otras cuatro personas se introdujeron en su domicilio.

En el proceso judicial, los testimonios de los padres de Mota sirvieron como base para determinar la participación del joven en el asesinato, cuya sentencia será anunciada la semana entrante.

Además, las autoridades hallaron un cartucho nueve milímetros en posesión del joven, que coincidió con los cartuchos hallados en la escena del crimen.

"Fueron detonados los cartuchos por la misma arma de fuego", refirió la jueza Juárez.

El joven permanecerá en las instalaciones del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, hasta que cumpla la mayoría de edad y sea llevado a un penal estatal.

El mismo día del crimen, tras una persecución policial, Alexis fue detenido junto a una mujer y otro sujeto que aún están en prisión preventiva procesados por homicidio calificado. Dos hombres más fueron abatidos por agentes policiales afuera de la casa de Mota.

Temixco, un poblado ubicado a unos 90 km de Ciudad de México, se encuentra fuertemente golpeado por el crimen organizado.

A esto se suman divergencias políticas sobre la implementación de un "Mando Único" -impulsado por el gobierno estatal- entre policías municipales y estatales para combatir la corrupción entre uniformados.

Según las primeras investigaciones, el cártel Los Rojos podría estar detrás del asesinato de Mota, pues ella estaba a favor del "Mando Único" y buscaba impedir la presencia del cártel en su ciudad de más de 100.000 habitantes.

Fuente: La Jornada

Autor: Afp

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/11/declaran-culpable-a-joven-por-asesinato-de-alcadesa-de-temixco

Advierten inocencia en sentenciado a 20 años de prisión por plagio de militares

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex: Alberto Martínez Sosa fue detenido el primero de noviembre de 2007, acusado del secuestro de dos militares ocurrido el 6 de octubre de ese año en el municipio sureño de Luvianos.

La Procuraduría General de la República (PGR) presume la captura como uno de sus grandes logros, incluso por encima de la aprehensión de José María Chávez Magaña, “El Pony”, líder de La Familia Michoacana.

Pese a que fue consignado a 20 años de prisión, no existen en su contra pruebas fehacientes de la comisión del ilícito.


Los elementos agraviados Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, reconocieron en su primera declaración que los plagiarios “iban encapuchados”, por lo que no los identificaron.

Las confesiones del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfonso Benítez Luna; y de Alfredo Trujillo Hernández, otrora agente del Ministerio Público federal adscrito a Tejupilco, también advierten su inocencia.

“Todo fue por instrucciones del entonces delegado de la PGR, José Manzur Ocaña -medio hermano de José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno del Estado de México-, ya que teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba o reconocimiento de que hubiera intervenido en la privación ilegal de la libertad de los militares”, expone Alfonso Benítez.

Martínez Sosa, prosigue el declarante, fue detenido por el simple hecho de ser propietario del inmueble al que, al parecer, fueron llevados los militares.

“El entonces delegado consideró que estaba relacionado con los hechos, por tanto ordenó que se hiciera el reconocimiento de los militares ofendidos con Alberto Martínez Sosa con la obligación de que lo señalaran como una persona participante en los hechos delictuosos y así poder consignarlo”, refirió en el documento.

La defensa del imputado inició una denuncia contra los elementos del Ejército por falso testimonio –en virtud de la posterior imputación a su cliente-, pero fue negada la orden de aprehensión.

Al menos 15 testigos, entre ellos el entonces presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte, sus familiares y funcionarios municipales declararon que al momento de los hechos Alberto Martínez se encontraba reunido con ellos, en la casa del alcalde, por lo que resultaba imposible que hubiera cometido el delito.

En 2008, dos integrantes de La Familia Michoacana se confesaron como responsables del “levantón”, e incluso les fueron encontradas las armas de los ofendidos.

Por estas razones, su abogado Leonardo Gama adelantó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el recurso de revisión para obligar al presidente Enrique Peña a otorgar el indulto a Martínez Sosa.

El defensor recordó que el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, denegó este recurso sin tener facultades, por lo que apeló la decisión, pues el artículo 89, fracción 14 de la Constitución General de la República dispone como facultades y obligaciones del Presidente “conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales”.


Esta atribución, afirmó, no es delegable, por lo que tampoco es válida la negativa de Castillejos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431116/buscara-indulto-sentenciado-a-20-anos-de-prision-por-plagio-de-militares

Detienen a presunto violador de una menor en Nezahualcóyotl, EdoMéx

Nezahualcóyotl, Méx.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) detuvo a Abraham Quetzalcóatl Juárez Ángeles, de 29 años de edad, quien está señalado como probable responsable de violar a una menor de 13 años.

La detención de este sujeto fue realizada en calles del municipio de‪#‎Nezahualcóyotl‬ como resultado de diversos trabajos de investigación realzados por agentes de la Procuraduría de Justicia mexiquense.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en el año 2013, cuando el probable responsable, quien trabajaba como payaso en un negocio destinado a la renta de artículos y juegos inflables para fiestas, presuntamente abusó sexualmente de la hija de una empleada del lugar.

De acuerdo con las diligencias realizadas por esta institución, se pudo determinar que el día de los hechos, Juárez Ángeles con base en engaños, trasladó a una adolescente de 13 años de edad a la azotea del negocio ubicado en la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, y ahí presumiblemente la violó.

Cabe mencionar que luego de que cometió este delito, el probable responsable huyó y se mantuvo oculto en distintas colonias del mencionado municipio, pero gracias a los trabajos de investigación hechos por policías Investigadores se logró su aprehensión.

El presunto agresor fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl, en donde un juez habrá de determinar su situación legal.

Fuente: Ecatepec Alerta

https://www.facebook.com/autodefensaecatepec/photos/a.675586919146663.1073741828.671210206251001/1030479876990697/?type=3&theater

Por tener apellido similar a delincuente, acusan a joven de secuestro; “¿si te pareces verdad?”, se burla policía de Edomex

Josué Flores Camargo, quien trabajó hasta mediados de diciembre pasado en el Cooperativo Maskota, ubicado en Santa fe, fue solicitado por agentes del Ministerio Público del Juzgado Único de lo Penal de Tlalnepantla, el 17 de diciembre del año pasado. Para después citarlo en una cafetería cercana a su centro de trabajo.

Ahí comenzó un interrogatorio en relación a un supuesto delito con el que se le relacionó. Según información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO, Flores Camargo acudió en compañía de un abogado de la empresa para la que labora, sin embargo aún así fue detenido, para después trasladarlo al penal de Barrientos en esa misma entidad.

Fue después de 10 horas que le permitieron realizar una llamada, con un tiempo de medio minuto, fue así como logró comunicarse con su familia y hacerles saber que estaba detenido. Quienes no sabían cuál era el motivo por el cual Flores Camargo se encontraba en detención.

En la primera audiencia, la familia de Flores Camargo se enteró que el joven se encontraba detenido derivado de tres declaraciones hechas por el autor de un secuestro, quien responde al nombre de Omar Alid Rayas Becerra, quien señala que su cómplice al perpetrar el delito se llama Josué Camargo Rayas Becerra. A quien, según supuesta información del delincuente, le dijo que ‘desapareciera’ a la víctima, un menor de 10 años, sino regresaba en cinco días, lo anterior al momento de ir a cobrar el rescate.

Dentro de las inconsistencias, la defensa da a conocer que el secuestro se perpetró el 24 y 25 de diciembre de 2010, cuando Josué contaba con 21 años de edad, y el inculpado, tenía 23 años, según las declaraciones; en cuanto a los rasgos físicos que se mencionan, el presunto cómplice “tiene cabello lacio y que trabajaba como policía de seguridad en un centro comercial de Atizapan”.

Lo contradictorio se encuentra en que además que la familia de Josué vive en la Delegación Coyoacán, en ese momento el joven mantenía un trabajo en una revista de la misma demarcación. Pese a los argumentos presentados, la prueba máxima para las autoridades de la culpabilidad del joven, es que tiene el mismo nombre y un apellido del supuesto cómplice.

A las irregularidades en el caso, Flores Camargo dio a conocer que al momento de su detención y ya dentro del vehículo de los agentes, le dijeron que ya conocían toda la información sobre su familia, sus estudios e incluso le mencionaron que su padre había fallecido recientemente, además de mostrarle su retrato hablado.

Para después, en tono sarcástico, según declara, le preguntaran “¿si te pareces verdad?” A lo que el joven se defendió asegurando que no se trata de la misma persona. Aún sin pruebas contundentes el joven ha sido mantenido en prisión, siendo catalogado como ‘otro presunto culpable’, fabricado ahora por policías del Estado de México, y cuyas autoridades se niegan a examinar nuevamente las ilegalidades del caso.

Luego que el Ministerio Público identificara a los hermanos Arturo y Omar Alid Rayas Becerra, como los secuestradores de Giuseppe Morin en 2010, en 2011 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México señaló que aún faltaba una persona por ser detenida cómplice de los hermanos que perpetraron y planearon el secuestro.

“Casos como el de Josué se repiten a diario en el país, por la deficiencia del sistema judicial que deriva en el descontrol en la investigación del personal que han contratado para ejercer justicia. Porque los que delinquen, los que violan la ley son quienes buscan inocentes para cumplir con las ‘cuotas’ de detenidos y a su vez obtener ‘reconocimientos’ y por eso es que el país está plagado de presuntos culpables”, explica la Doctora en Derecho Penal Ana Laura Valente.

Tan sólo en la ciudad de México, según las estadísticas de investigadores independientes, nueve de cada 10 personas están presas simplemente porque alguien los señaló y en el 40 % de los casos los detenidos confiesan haber cometido los crímenes, muchas veces bajo alguna forma de tortura.

En el caso de Flores Camargo, su madre ha exigido justicia para su hijo y castigo contra quienes resulten responsables de los delitos cometidos en agravio del joven, esto también lo ha hecho por medio de manifestaciones, donde la han acompañado amigos y familiares, esto en las afueras del Penal de Barrientos en Estado de México.

“En este país se es culpable si las autoridades lo desean o lo requieren; se es culpable si se carece de dinero y se tiene la desgracia de ser primero víctima de la policía y después del sistema judicial; se es culpable si es la pobreza la que determina el estatus social y ésta la condición jurídica; se es culpable cuando nuestro sistema jurídico requiere ensalzar sus logros, y se es culpable porque la maraña, ineptitud y sordera de nuestras leyes impide, aunque sea el caso, demostrar inocencia. Estado de México es la representación de la ilegalidad, donde las autoridades son ruines y su modus operandi es torturar para obtener una información o la muerte de no hacerlo”, comenta Valente.


El 67 % de las personas que estaban pagando una condena no eran culpables del delito del que fueron acusados, reveló una encuesta entre reclusos de centros penitenciarios del Estado de México y del Distrito Federal sobre los tratos que reciben, así como del acceso a la justicia en el país.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/por-tener-apellido-similar-a-delincuente-acusan-a-joven-de-secuestro-si-te-pareces-verdad-se-burla-policia-de-edomex/

Dos víctimas de tortura salen libres tras años en prisión; Amnistía: es la impunidad

En menos de 24 horas, jueces del norte del país liberaron a dos víctimas de tortura que pasaron años lejos de sus familias tras ser enviados a prisión con confesiones obtenidas a través de golpizas y abuso sexual por parte de policías estatales. Es el fracaso de la estrategia contra el crimen organizado, dijo la organización internacional.

La organización Amnistía Internacional consideró que la liberación de dos víctimas de tortura de cárceles mexicanas es una muestra de la estrategia fallida de las políticas de seguridad para combatir el crimen organizado en el país.

“Las injusticias en México se caen como fichas de dominó tras la liberación de dos víctimas de tortura en 24 horas por pruebas ilícitas”, dijo en un comunicado.

Y es que, efectivamente, jueces liberaron a dos víctimas de tortura que pasaron años lejos de sus familias tras ser enviados a prisión luego de que a través de brutales golpizas, tortura y violencia sexual los policías los obligaron a incriminarse.

La organización alertó que con las liberaciones de Adrián Vázquez en Tijuana, y de Cristel Peña, en Ciudad Juárez, se da una “esperanza de justicia a un incontable número de personas torturadas detenidas injustamente”.

Amnistía Internacional sostuvo que ambos casos son comunes en México, donde “la impunidad de la que gozan los agentes del Estado que torturan es casi total”.

Alertó además que esta situación “está empeorando”, pues, detalla, que las denuncias de tortura se duplicaron entre los años 2013 y 2014 y las autoridades no han sido capaces de mostrar una sola consignación que hayan presentado en contra de perpetradores a nivel federal en 2014.

Adrián Vázquez Lagunes, padre de cuatro niños, de oficio conductor de transporte, fue detenido mientras trabajaba en Tijuana el 26 de septiembre de 2012 y acusado de ser un narcotraficante de alto nivel por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Durante 12 horas, la Policía de Baja California lo sometió a amenazas, palizas y semiasfixia, incluso, narra Amnistía Internacional, los uniformados le introdujeron agua por la nariz hasta llenarle los pulmones.

Sus vecinos fueron testigos de cómo los elementos de seguridad lo golpearon cuando llevaron a Vázquez Lagunes a su domicilio para realizar un registro. Posteriormente, lo presentaron ante los medios de comunicación como un conocido narcotraficante de alto rango.

Sin embargo, desde que fue detenido, la defensa de Adrián demostró que el vehículo en el que viajaba no era robado, que en el registro de su atención había diversas irregularidades y que las autoridades no demostraron que las armas y drogas supuestamente halladas a Adrián Vásquez estuvieran relacionadas con él.


Finalmente, luego de que un juez local resolvió que no había evidencia para sostener los cargos en su contra, Adrián Vásquez fue liberado la madrugada del 2 de diciembre de una prisión en las cercanías de Tijuana, México, más de tres años después de ser arrestado y torturado por la policía estatal.

“El caso de Adrián es un ejemplo más de cómo la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano ha fallado en combatir el crimen organizado, y en su lugar está creando condiciones para torturar a las personas que son detenidas y para involucrarles en crímenes que no han cometido”, consideró Madeleine Penman, Investigadora para México de Amnistía Internacional.

“Adrián y su familia merecen una reparación integral por todo el sufrimiento físico y emocional que les ha sido causado”, recalcó.

Por su parte, Cristel Piña, una joven de 25 años de edad y madre de dos menores, permaneció durante más de dos años en una prisión de Ciudad Juárez por el delito de extorsión, el cual ella confesó en una grabación de video luego de que policías del estado de Chihuahua la golpearon brutalmente y la violaron.

Piña es de las primeras sobrevivientes de tortura sexual que testificó en el nuevo sistema de justicia oral. La joven madre tuvo que enfrentarse frente a frente con su torturador, un miembro de la Policía Estatal de Chihuahua que continúa activo como funcionario público, precisó la organización.

Cristel Piña levanta la mirada para encontrarse con los ojos de su torturador.

“¿Te acuerdas cómo me dijiste que nunca me iba a olvidar de tu cara?”, le pregunta la joven de 25 años a un Policía.
“Sí, me acuerdo”, responde el oficial.
“¿Te acuerdas cómo me obligaste a darte sexo oral mientras el otro Policía se masturba enfrente mío?”, continúa.
El Policía le mira de frente y responde: “No me acuerdo”.

Ese mismo Policía que Cristel tuvo que enfrentar, fue el mismo que en agosto de 2013 ingresó junto con otros uniformados a la casa de Piña, donde la arrestaron junto con su esposo, a ambos los golpearon, y a ella le quitaron la blusa y la violaron.

“Vamos a divertirnos, pendeja”, le dijeron.

Cristel fue acusada de extorsión, y luego de ser torturada, fue obligada a que se autoincriminara ante una cámara de video, sin embargo tan pronto como fue puesta ante un juez ella se retractó y denunció las agresiones, e incluso se levantó el pantalón y enseñó sus heridas. Pero ni el juez ni el Ministerio Público le dieron seguimiento a sus denuncias.

“Esos detalles no vienen al caso”, fue la respuesta del Ministerio Público ante las acusaciones de tortura.

“Nadie te va a creer que te golpearon”, le dijo el médico oficial cuando la examinó.

Ese mismo elemento de seguridad se encontraba sentado con cara solemne ante una juez, confirmando que llevó a cabo el arresto en agosto de 2013, cuando Cristel testificó en su contra y le dijo:

“Me hiciste mucho daño. Y ahora no te vas a olvidar de mi cara”.

Cristel pasó los últimos dos años en prisión, mientras que el hombre que ella denuncia por haberla torturado, sigue libre y continúa trabajando como funcionario público. La semana pasada una juez absolvió a Cristel y concluyó que no había evidencia para condenarla, y finalmente fue liberada ayer.


“No entiendo porque me pasó todo esto”, declaró Cristel con lágrimas en los ojos.

Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostuvo que “como Cristel y Adrián, hay miles de casos de personas injustamente detenidas a lo largo y ancho del país que han sido torturadas hasta que accedieron a aceptar su culpa por un crimen que no cometieron. La liberación de estas dos víctimas nos muestra que ya es tiempo de que las autoridades abran sus ojos a esta realidad vivida por tantas otras personas torturadas que se encuentran tras las rejas en todo México”.

“El hecho de que jueces de diferentes Estados del país puedan desmontar acusaciones débiles que solo se sustentan en confesiones obtenidas tras torturas demuestra que puede haber esperanza de justicia para otros casos”, agregó Guevara Rosas.

La organización recordó también el caso de Yecenia Armenta, quien lleva tres años y medio en una prisión acusada del asesinato de su esposas, pese a que se ha denunciado que al momento de su detención la mujer fue torturada y violada durante su detención por policías ministeriales de Sinaloa, los cuales la obligaron a firmar una confesión. Sin embargo, los médicos legistas de la Procuraduría estatal no documentaron las huellas de tortura y por ello sigue en la cárcel.

“Yecenia Armenta comparte con Adrián y Cristel la misma historia de sufrimiento e injusticia, y le pedimos a todas las autoridades que permitan que como las otras víctimas de tortura recientemente liberadas, Yecenia pueda estar en su casa con sus seres queridos para estas Navidades”, finalizó Erika Guevara.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-12-2015/1569656

Liberan a hombre que bajo tortura ‘confesó’ ser ‘El Macho Prieto’

TIJUANA, BC: Por desvanecimiento de datos fue puesto en libertad Adrián Vázquez Lagunes, un hombre que fue víctima de tortura por agentes estatales para que se incriminara de ser Gonzalo Insunza, El Macho Prieto, un lugarteniente del Cártel de Sinaloa.

Ayer martes, cerca de las 23:10, Vázquez Lagunes salió del Centro de Reinserción Social de El Hongo, donde estuvo preso durante tres años acusado de portación de arma de fuego y delitos contra la salud en la modalidad de posesión.

El parte informativo de los agentes de la PEP fue declarado “ilícito e infundado” en la resolución del magistrado del Juzgado Quinto Unitario del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Las drogas y el arma se las “sembraron” los policías para inculparlo y forzarlo a declarar que era el capo del narcotráfico, sostuvo Sandra Esquer, directora del Centro de Derechos Humanos de Baja California.

El caso de Adrián Vázquez fue documentado en informes de 2014 de Amnistía Internacional (AI) y la ONU debido a las lesiones físicas que registró durante su detención en Tijuana, que le produjeron daños irreversibles en su salud.

De acuerdo al parte médico, resultó con siete costillas rotas, un pulmón perforado y estallamiento de vejiga, que lo mantuvo hospitalizado con pronósticos reservados por su estado de salud.

Incluso, la versión de la Policía Estatal Preventiva de la supuesta detención de El Macho Prieto provocó que le negaran la atención médica de urgencia en 17 clínicas y hospitales de Tijuana.

Doña Raquel, una vecina que fue testigo sobre la tortura que sufrió Vázquez Lagunes, dijo que un culatazo de un rifle de uno de los policías hizo que se orinara en los pantalones cuando fue llevado a su casa, supuestamente para que entregara un inexistente cargamento de droga.

El 26 de septiembre de 2012, agentes de la PEP hicieron una redada ante el anuncio de que El Macho Prieto se encontraba en Tijuana. Detuvieron a cinco personas, entre ellos a Vázquez Lagunes, quien fue señalado de ser el capo de la droga vinculado al Cártel de Sinaloa.

La abogada Sandra Esquer dijo que la resolución judicial es un avance en el reconocimiento de un problema que se vive en la entidad y en el país, que es la tortura porque se convierte en una violencia institucionalizada y obligará a la PEP a aceptar la urgencia de manejar protocolos de actuación en las detenciones para dejar de violar derechos humanos.

Una vez que obtuvo su libertad, Adrián se reunió con su esposa Judith Luna y sus cuatro hijos, además de recibir una serie de llamadas, entre ellas de representantes en México de Amnistía.


Vázquez Lagunes es originario de Tinajas, Veracruz y desde hace 17 años reside en Tijuana, de los que tres los pasó en el penal de El Hongo, situado en la zona montañosa de Tecate.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422323

De testigo a victimario: está preso hace 5 años por un “crimen pasional”

MÉXICO, D.F: El 6 de julio de 2010, Óscar Manuel Ramírez Siordia, de 23 años, llegó a la casa de Jacobo, su pareja durante más de cinco años. Alrededor de las siete de la noche dejó el departamento en la delegación Benito Juárez cuando éste llegó acompañado de otro hombre a quien dijo haber conocido por Internet.

Preocupado por Jacobo y a sabiendas de los delitos cometidos contra homosexuales “seducidos” a través de la web, a la mañana siguiente Óscar fue al departamento a buscar a su pareja. Al abrir la puerta de la recámara encontró su cuerpo en el suelo.

De inmediato llamó a la policía para reportar el asesinato. Los uniformados lo presentaron como testigo ante el Ministerio Público. Sin embargo, fue arrestado en calidad de presunto responsable por un “homicidio pasional”. De testigo pasó a victimario.

Era la época en que el hoy jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, estaba al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

El 3 de agosto siguiente la autoridad le dictó auto de formal prisión como probable responsable de homicidio calificado. Sin embargo, seis días después la policía detuvo a Noé, un joven de 19 años quien confesó haber tenido una cita con Jacobo la noche del crimen. Explicó que discutieron en la recámara porque éste se arrepintió de tener sexo con él a cambio de dinero, como habían acordado.

Sin darle oportunidad de nada, Noé sometió a Jacobo y le aplicó una llave conocida como “mataleones” hasta quitarle la vida. Luego se robó su computadora portátil y un teléfono celular que más tarde vendió.

El 5 de enero de 2012, luego del que el MP “encuadró” el caso –según acusó la defensa–, el Juzgado 49 Penal del DF dictó sentencia definitiva contra Óscar y Noé como culpables del homicidio “con traición y ventaja”, y les impuso una pena de 27 años y seis meses de prisión. Con esta decisión, el impartidor de justicia desestimó el delito de robo y aseguró que fue un “crimen pasional”.

Según el argumento del MP, el cadáver de Jacobo tenía un cabello en la mano “con características similares” al de Óscar, pero nunca se realizó una prueba de ADN para comprobar que realmente era de él.

La defensa del inculpado apeló la decisión, pero el Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF), a cargo de Edgar Elías Azar, ratificó la decisión el 16 de abril de 2012.

Entonces llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que lo desechó “por considerar que las fallas del debido proceso son claras”.

Los abogados presentaron una demanda de juicio de Amparo Directo ante el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, que admitió el amparo 415/2014 y lo turnó al Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, donde está desde hace siete meses sin resolución.

Según María de Lourdes Salazar Jiménez, integrante de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo que acompaña legalmente a Óscar, durante el proceso hubo múltiples deficiencias en el sistema de impartición de justicia del DF.

De acuerdo con los argumentos de la Clínica, la inocencia de Óscar es “latente”, pues existe la confesión del asesino, además de que los estudios periciales “estuvieron mal elaborados y sin cadena de custodia” –se modificó la escena del crimen–, hubo interpretaciones “indebidas” de la necropsia y, por si fuera poco, hay testigos de que el día y la hora del crimen Óscar estuvo en su casa.

Para la defensa, el Juzgado 49 Penal del DF –presidido por Silvia Carrasco Corona y formado por Juan Wilfredo Gutiérrez Cruz y Horacio Armando Hernández Orozco– tuvo una actitud discriminatoria para juzgar a Óscar, y con ello violó el artículo primero de la Constitución que marca las garantías individuales de todos los mexicanos.

Se le discriminó por su preferencia sexual y no se le respetó su derecho a la presunción de inocencia ni al debido proceso, agregan los abogados del caso.

Por todas estas irregularidades, Alejandro Brito Lemus, director de la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, así como la especialista del CIDE, María de Lourdes Salazar Jiménez, y Rodrigo Huacuja, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) –donde Óscar cursa la carrera de Derecho mediante un programa especial diseñado por la institución–, exigieron al Quinto Tribunal cumplir con los plazos establecidos para la revisión del amparo y dictar la libertad para su defendido.


Por último, llamaron a los integrantes de ese tribunal a “no dejarse llevar por prejuicios homofóbicos y tener la sensibilidad jurídica” para resolver el caso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA (REPORTAJE ESPECIAL).

AI aplaude liberación de víctima de tortura que estuvo preso 23 años (19 MARZO 2015)

México D.F: Amnistía Internacional (AI) aplaudió la decisión de la Corte de excarcelar a Alfonso Martín del Campo Dodd por violaciones al debido proceso.

El ahora exreo purgaba sentencia de 50 años en prisión por el delito de homicidio en agravio de su hermana Patricia y de su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba. Sólo había cumplido 23 años.

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata al comprobar que fue torturado para inculparse del doble homicidio cometido en 1992.

En un comunicado, la organización reconoció que el fallo de la Corte refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos, específicamente la prohibición absoluta de la tortura.

Alfonso Martín del Campo fue detenido arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 en el Distrito Federal y sometido a golpes, asfixia y amenazas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Años más tarde, un agente de la policía confesó haberlo torturado junto con otros policías. A pesar de ello, las autoridades ignoraron ésta y otras pruebas, incluyendo peritajes médicos, que indicaban que fue torturado.

“En el derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes conlleva la obligación de no admitir confesiones obtenidas bajo tortura. Esta es una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales” señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

De acuerdo con la organización, el caso de Alfonso Martín del Campo fue documentado por varios órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, los cuales confirmaron el uso de tortura.

La excarcelación de Martín del Campo no fue recibida por su sobrina María Fernanda Zamudio. En declaraciones a Radio Fórmula, la joven que presenció el crimen cuando tenía cuatro años de edad lamentó la decisión del tribunal.

“Estoy profundamente triste al ver cómo en este país, aunque hayamos metido muchas pruebas, aunque hicimos muchísimas cosas, no obtuvimos justicia, mis padres quedaron totalmente sin justicia en este país, es muy lamentable que no exista”, dijo.

Añadió que “nosotros en el proceso de reconocimiento de inocencia, metimos tres dictámenes, dos de la Procuraduría General de la República (PGR) y uno de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en donde concluía que no había tortura y no lo tomaron en cuenta”.

Incluso, subrayó que el documento que tomaron para sostener la tortura fue uno hecho por una organización que lo defendió.

“Entonces un dictamen que su propia defensa aporta, obviamente va a decir que hay tortura y es increíble que no hayan tomado en cuenta lo que nosotros metimos, que sí están en el reconocimiento de inocencia”, indicó María Fernanda.


Y concluyó: “Me da mucha tristeza ver como el crimen de mis padres ha quedado impune”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ordenan liberación de hombre preso 23 años acusado de asesinato; fue torturado

La Corte ordenó la liberación inmediata de Alfonso Martín del Campo Dodd al comprobarse que fue torturado para que confesara haber asesinado a su hermana y cuñado, y la inexistencia de más pruebas.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Alfonso Martín del Campo Dodd -que permaneció 23 años en prisión acusado de matar a su hermana y cuñado- al comprobarse que fue torturado para que confesara los asesinatos y la inexistencia de más pruebas.

En un texto publicado en 2014, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) escribió sobre el caso de Alejandro, acusado de asesinar a su hermana y cuñado mientras dormían, en 1992, y condenado a 50 años de cárcel:

*Alfonso no tenía manchas de sangre de las víctimas en la ropa ni en otro lado al momento de su detención.

*Los cabellos recuperados de la escena del crimen no le correspondían, de acuerdo con las pruebas periciales de la misma procuraduría.

*Toda la evidencia, incluyendo la ropa de cama y las prendas de los cuerpos, fue incinerada el mismo día en que sucedieron los hechos.

*Alfonso no presentaba ninguna herida en las manos.

Para ordenar su liberación inmediata, la Corte consideró la resolución en la que se determinó que “un agente de policía era responsable por la detención arbitraria, incomunicación y tortura” de Alfonso Martín del Campo Dodd, dictamen médico psicológico conforme al Protocolo de Estambul –procedimiento para comprobar que alguien fue víctima de tortura-, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, un punto de acuerdo de los senadores y otro de los asambleístas capitalinos.

En su texto, la CMDPDH explicó que el caso de Alfonso Martín del Campo fue el primero de México en llegar a la CIDH, pero lo descartó debido a que México interpuso la reserva de no someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte en casos ocurridos con anterioridad a 1998.


El 27 de julio de 2014, Martín del Campo Dodd publicó un video para pedir apoyo a la comunidad nacional e internacional: “Mi caso debería ser un escándalo y no lo es (…) los verdaderos homicidas gozan de libertad y total impunidad”.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Absuelven a productores del documental “Presunto Culpable”

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La sentencia indica que el denunciante no pudo comprobar el supuesto daño moral que reclamaba; todavía puede impugnar la sentencia y promover un juicio.

La Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) confirmó la absolución de los productores y directores del documental “Presunto Culpable”, Layda Negrete Sansores y Roberto Hernández Ruiz, quienes enfrentaban la demanda por daño moral que presentó en su contra Víctor Daniel Reyes Bravo, quien como testigo incriminó, de manera falsa, a José Antonio Zúñiga, en un asesinato, según explica el propio filme .

La resolución de los magistrados Marco Antonio Ramírez Cardoso, María del Socorro Vega Zepeda y Julio César Meza Martínez, confirmó la sentencia en primera instancia, con lo que también absuelve de cualquier pago por daño moral a empresas como Cinépolis, por su distribución.