Formal prisión a secretario de organización de la sección 22 de la CNTE

Oaxaca, Oax. Este sábado le fue dictado auto de formal prisión a Francisco Villalobos, secretario de Organización de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quien está acusado del robo de 10 mil libros de texto gratuitos así como de tentativa de homicidio calificado.

De acuerdo con el cuerpo jurídico de la gremial, fue el juez quinto de distrito quien dicto la sentencia, esto luego de que concluyera el término ampliado, sin embargo es claro que hay consigna por parte de las autoridades en contra los integrantes de la coordinadora por su activismo político.

Indicaron que el término constitucional concluyó este viernes, sin embargo esto ocurrió de modo irregular toda vez que no hay pruebas de su participación en los hechos que le imputan, además supuestamente hay un policía que fue testigo de estos hechos, no obstante, nunca se presentó a declarar ante el juez, para ello utilizó diversas excusas como que se encontraba de comisión y este viernes presentó una licencia médica.

Un caso similar es el del profesor Roberto Abel Jiménez a quien se le acusa de la destrucción de las cámaras de seguridad del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) pertenecientes al gobierno del estado, sin embargo hubo un desvanecimiento de pruebas, ya que los supuestos videos en los que presuntamente se ve al profesor de base destruyendo estos equipos no se encuentra en los discos duros, esto aunado a que la representante legal de la empresa prestadora no se ha presentado ante el juez, motivos por los culpes deberían ser puestos en libertad en lo inmediato.

Fuente: La Jornada

Autor: Jorge A. Pérez Alfonso

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/18/dictan-formal-prision-a-secretario-de-la-seccion-22-de-la-cnte

Exige INAI información sobre brazaletes para reos en penales de máxima seguridad

MÉXICO, DF: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social buscar y entregar información sobre los brazaletes electrónicos empleados para el control de reos en penales de máxima seguridad.

El INAI hizo el requerimiento después de que el sujeto obligado negó a un particular la información sobre el uso de brazaletes como el que portaba el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El solicitante también pidió conocer si hay contratos para la adquisición de las pulseras, el número de unidades adquiridas y cuántas se encuentran en uso, entre otros contenidos.

En respuesta, Prevención y Readaptación Social notificó que con fundamento en el artículo 48 de la Ley Federal de Transparencia, no estaba obligada a dar trámite a una solicitud cuando se haya entregado información sustancialmente idéntica a la misma persona, por lo que orientó al solicitante a consultar en el Infomex, e informó que no cuenta con contrataciones para la adquisición de brazaletes con Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

En el análisis del caso, el Pleno del INAI determinó que con base en un dictamen emitido por la Dirección General de Tecnologías de la Información sobre los privilegios que tienen los sujetos obligados en el Sistema Infomex, no es posible tener la certeza de que una misma persona realice dos solicitudes idénticas.

Por otra parte, se consideró que el sujeto obligado se limitó a referirse a brazaletes con GPS, cuando el particular requirió información que se relaciona con “el brazalete electrónico, como el que portaba “El Chapo” Guzmán antes de su fuga, ocurrida el pasado 11 de julio.

Aunado a ello, y luego de una búsqueda de información sobre el tema, se encontraron declaraciones públicas del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que el narcotraficante portaba un “brazalete preventivo” para su localización dentro del penal y no con GPS.

Se advierte que si bien el particular utilizó de manera indistinta “brazaletes de geo localización” y “brazalete electrónico”, lo cierto es que centró su solicitud en los brazaletes utilizados para control de los reos en penales de máxima seguridad.

Asimismo, se constató la existencia de un convenio modificatorio del contrato número OADPRS/DGA/049/2011 de diciembre de 2012, para la prestación integral del servicio de vigilancia por medio de brazaletes electrónicos, con lo cual quedó acreditada la existencia de información relacionada con la que guarda el estrecho interés del solicitante, además que no turnó la solicitud del particular a todas las unidades administrativas con atribuciones para conocer de la información, destacó el INAI en un comunicado.


Por ello, revocó la repuesta del sujeto obligado y le instruyó a turnar la solicitud a todas las unidades administrativas competente, sin limitar la búsqueda a los brazaletes de geo localización, sino que deberá pronunciarse respecto de los brazaletes utilizados por los internos, atendiendo en mayor medida el desglose requerido por el particular.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422056

Prisión política como método político

MÉXICO, D.F: La aprehensión de cuatro dirigentes del magisterio de Oaxaca, más las que se lleven a cabo en las próximas horas, es parte de una táctica política del gobierno. Esto quiere decir dos cosas: la justicia se utiliza como instrumento de la gobernanza y esta misma se encuentra sometida a las órdenes de la rama ejecutiva. Así era bajo el porfiriato; así era bajo Díaz Ordaz; así era bajo Salinas; así es bajo Peña. Parece que México es un país que se muerde la cola como perro enloquecido.

Los delitos que se dicen fueron cometidos por los ahora encarcelados tuvieron lugar hace meses. Por lo visto el Ministerio Público averigua cuando quiere y concluye a la hora que se lo ordenan. El delito político de la acusación es motín, aunque en este caso se trata de manifestaciones a la entrada de una refinería de Pemex que no es una autoridad (el motín es una conducta tendiente a evitar el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad). El motín no es un delito grave, pero la PGR ya lo declaró de esa manera.

Luego viene el robo pero de ejemplares de libros de texto gratuito, lo cual es algo absurdo. ¿Para qué robar algo que carece de precio en el mercado? Como todo es una puesta en escena, entonces aparecen otros delitos varios, pero jamás se afirma cuando fueron cometidos y de qué manera. El juez que concedió las órdenes de aprehensión será el mismo que declare la formal prisión (sujeción a proceso penal) y niegue la libertad bajo de fianza. Todo está ya resuelto.

Pero además de las patrañas antes referidas existe otra que no es menor: los acusados han sido conducidos a una cárcel de máxima seguridad, a la del Altiplano, en Almoloya, seguramente para volver a usar la celda que dejó vacía “El Chapo” Guzmán en su peliculesca huida. Pero esa clase de prisiones –se dijo antes y se dice ahora—funcionan para reos de la más alta peligrosidad acusados siempre del delito de delincuencia organizada. Ahora han sometido a la máxima seguridad a dirigentes sociales, uno de los cuales está acusado sólo de delitos del orden local de Oaxaca cuyo juez tendrá que enviar a su secretario hasta Almoloya para tomar la declaración preparatoria.

Esta puesta en escena nos está diciendo que el gobierno de Peña ya no tiene ningún límite para usar como antes se hacía todo el aparato de justicia y poner a ésta a su servicio político directo. La PGR no ha mejorado -por lo visto- sino que ha empeorado en estas últimas semanas. No es que esta forma de actuar sea nueva, sino que en los últimos años se había realizado con cierta cautela y sobre todo con enredos de tal manera que no fuera tan difícil negar el uso político de la justicia.

Con estas aprehensiones hemos regresado de lleno al descaro diazordacista. El secretario de Educación se ha referido a la conducta de los cuatro inculpados. El subprocurador federal ha dicho que se trata de personas contrarias a la reforma educativa (así llamada). Todos los periodistas del país dan cuenta del estrecho vínculo entre los procesos penales que se va a abrir y la actividad sindical y política de los acusados.


Se trata, sí, del uso de la prisión política como método político. El diálogo y las negociaciones se van a un plano secundario. Ante esto, el pronóstico es que en México habrá más violencia política procedente de todos lados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PABLO GÓMEZ (ANÁLISIS).