Dará el IMSS marcha atrás a privatizaciones

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se revisarán los contratos de subrogación de servicios que hay en todas las áreas, incluso en la vigilancia, la cual "no necesariamente ha incidido en mayor seguridad de las instalaciones", ni siquiera en el trato del personal, afirmó el director, Zoé Robledo Aburto. Esta administración, dijo, no comparte la visión de gobiernos pasados que privilegiaron la participación del sector privado en lugar de fortalecer las capacidades propias del organismo.

Señaló que la necesidad de que el IMSS regrese a sus orígenes para ser el prestador directo de los servicios y así dar marcha atrás "a las pequeñas privatizaciones en áreas sustantivas", quedó en evidencia con la pandemia de Covid-19. El sector privado no tuvo la carga más grande de trabajo durante la emergencia sanitaria, sostuvo.

1993. Salinas. Y Gamboa, en SCT. Es el año en que sueltan también a privados la operación de puertos

En el año de 1993 el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari creó la figura de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) con la finalidad de que la iniciativa privada también administrara los puertos de México. Para lograrlo, despojó a los trabajadores de sindicatos de la operación de los puertos y esto significó para ellos “uno de los golpes más severos que asestó el Neoliberalismo y que sumió en la ruina a miles de familias, mientras otros empresarios, como los agentes aduanales, han amasado fortunas al amparo del negocio portuario”, refiere el analista Ricardo Ravelo.

Su intención era privatizar los puertos como hizo con Teléfonos de México, bancos y una televisora, pero Carlos Salinas de Gortari sólo consiguió crear las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), una figura estatal que tiene facultades para administrar el puerto, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de empresas mediante contratos de cesión parcial de derechos. Casi tres décadas después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta acción como “una simulación” y cuestionó la concesión que se otorgó en el puerto de Veracruz bajo esta figura.

Todo listo para privatizar y encarecer el agua

En la Cámara de Diputados se aceleran los trámites para, al final de la actual Legislatura, aprobar una Ley General de Aguas –versión ampliada de la fallida “Ley Korenfeld” de 2015– que permitirá la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite. Los especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior.

El IMSS no se privatiza, reitera Mikel Arriola

Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se privatiza. Eso “es un gran mito, una gran mentira” que en tiempos electorales seguramente se seguirá difundiendo, pero carece de todo sustento, afirmó el director del organismo, Mikel Arriola Peñalosa.

“Si existiera algún proyecto en ese sentido, el gobierno de la República sería el primero en oponerse”. De hecho, el país no se concibe sin un IMSS público como el que tenemos, señaló.

En plena venta de garaje, deliberadamente descapitalizan a Pemex y CFE

La estrategia para rematar el sector energético del país, que afecta no sólo a las industrias petrolera y eléctrica, incluye desde hace tiempo descapitalizar a las principales empresas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Año con año, éstas enfrentan crisis tales que se ahogan en deudas a corto, mediano y largo plazos, pues el dinero público que se les entrega es insuficiente para cubrir sus gastos de operación, a lo que se suma la pérdida por actos de corrupción en la mayoría de los contratos con la iniciativa privada.

Pues resulta que como parte de esa estrategia de ruina, este año las finanzas de Pemex y la CFE vuelven a padecer esta política, profundizada por la reforma energética. Más allá de que ambas empresas han empezado a ceder áreas estratégicas que antes estaban vetadas a la iniciativa privada, ahora ceden lo poco que les queda a acreedores financieros: empeñan hasta la chatarra.

Mancera amaga con otra privatización , ahora a favor de Cruz Azul

Poco a poco, la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca está siendo privatizada. Ahora, el Gobierno de la Ciudad de México –encabezado por Miguel Ángel Mancera– busca entregar una inmensa área al Cruz Azul, para que construya su estadio. El hecho es grave no sólo por el despojo de espacio público que significaría, sino por el inmueble concreto que podría derruirse: el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, un sitio mítico del ciclismo mundial que, además, acaba de ser remodelado.

Justo ahora que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se ha pronunciado a favor de la construcción del estadio del Cruz Azul en el predio que ocupa el antiguo Velódromo Olímpico Agustín Melgar, una serie de incidentes tienen empantanado el proyecto. Ante la gravedad de la situación, el estadio Azteca se perfila como la sede del equipo cementero.

Opacidad y corrupción han hecho de refinerías en México una mina de oro para pocos: especialista

La operación de las refinerías en México, ahora en constante crisis y en medio de escándalos por corrupción y desvíos de recursos públicos, carece de una estrategia que incluya una estrategia a largo plazo y donde todos los detalles sean abiertos, considera el analista energético Arturo Carranza.

Para la óptima –y necesaria– modernización de las refinerías es fundamental que los procesos de licitación de asignación de contratos se realicen con transparencia, plantea.

Las Zonas Económicas Especiales de Peña quitan poder a municipios y se lo pasan a privados, alertan

Las Zonas Económicas Especiales, lanzadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, tienen como objetivo “democratizar la productividad” de municipios en estados con alta marginación, como son Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Sin embargo, alertan analistas del grupo Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, esa Ley le da a la iniciativa privada, a los inversionistas, más atribuciones legales, lo que impactará directamente en la autonomía de los municipios.

El diseño y planeación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) no sólo quedó a cargo de consultoras privadas y vinculadas con empresas beneficiadas por la Reforma Energética, como Evercore Partners, de Pedro Aspe Armella.

Pretende Delegación Benito Juárez privatizar canchas de futbol abiertas al público

Con el argumento de que serán modernizadas, la delegación Benito Juárez pretende concesionar las canchas de futbol del parque Arboledas o Pilares, que durante más de cuatro décadas han estado abiertas al público de forma gratuita, denunciaron usuarios y vecinos de la colonia Del Valle.

Se trata de un espacio en el que todos los días, pero sobre todo los fines de semana, se organizan retas entre visitantes de todas las edades y estratos sociales, que conviven mediante el deporte, expresaron residentes durante un recorrido por el parque, donde comenzaron la recolección de firmas en contra de este proyecto.

Roberto Bolaños, vecino del lugar, explicó que las autoridades delegacionales tienen proyectado invertir 10 millones de pesos para la remodelación del parque, de los cuales 4 millones 900 mil pesos, es decir, casi la mitad, están destinados para colocar pasto sintético, gradas y bardear las canchas que actualmente son de tierra.

Aseguran que se trata de una modernización y que van a poner un administrador. Nosotros estamos preocupados porque van a cerrar un espacio abierto que es utilizado por los vecinos y por mucha gente que viene de visita, y se hace una convivencia social muy agradable, apuntó.

Los colonos y usuarios destacaron que no están en contra de que se dé mantenimiento al parque, tras recordar que en 2015 solicitaron que mediante el presupuesto participativo se interviniera con los 643 mil pesos que les correspondía. Lo aprobaron, pero nunca lo ejercieron, apuntaron.

Ahora traen su proyecto de renovación, que para nosotros es el primer paso para darle un uso privado a la cancha, con la llegada de ligas de futbol, que ahora no existen, porque no es un deportivo, sino un parque.

Detallaron que hay tres casos en los que se ha dado una situación similar. Uno de ellos, expuso Roberto Bolaños, son las canchas del parque Fragata, en la delegación Coyoacán, que fueron intevenidas por la empresa Comercializadora Frajor, la misma a la que la delegación Benito Juárez asignó los trabajos de modernización en el parque Arboledas.

Allá se cobra por el uso del espacio, ya no hay acceso a los vecinos y ha habido manifestaciones de usuarios que fueron excluidos, apuntó y agregó que lo mismo ocurrió en el deportivo Benito Juárez y las canchas del parque Álamos.

Guillermo Navarro, usuario del parque, consideró que no se tiene por qué privatizar un espacio público. “Tengo 17 años viniendo a las retas. Llego los sábados y los domingos y a la hora que pasas siempre hay alguien jugando. Aquí no importa si traes equipo o no, llegas y te incorporas a una reta”, expresó.

Los vecinos indicaron que no es la primera vez que se pretende concesionar este espacio. En 1996 pasó exactamente lo mismo, se quiso poner unas canchas de futbol rápido, pero también nos unimos y paramos los trabajos”.

Fuente: La Jornada

Autora: Rocío González Alvarado

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/19/capital/027n1cap

Pretende el alcalde de Querétaro controlar accesos a fraccionamientos

El alcalde de esta ciudad, el panista Marcos Aguilar Vega, envió una iniciativa de ley al Congreso del estado que permita instalar casetas de acceso a las colonias con la justificación de mejorar las condiciones de seguridad en este municipio. Representantes de cuatro organizaciones sociales denunciaron que si los diputados aprueban esa medida será una forma de privatizar el espacio público.

El pasado 31 de enero, por mayoría de votos, el ayuntamiento aprobó la propuesta que contempla reformar el artículo 180 del Código Urbano del estado, que fue turnada al Congreso local el 2 de febrero.

El gobierno panista asegura que con la iniciativa se busca mejorar la seguridad y regularizar 54 de 384 fraccionamientos de la ciudad que ya cuentan con acceso restringido, además de que unos cien fraccionamientos están interesados en aplicar sistemas de acceso controlado.

Representantes de las organizaciones civiles señalaron que aprobar esa medida en todo el estado será una forma de privatizar el espacio público, pues al ser un lugar cerrado las autoridades municipales ya no estarán obligadas a otorgar servicios básicos de seguridad, limpia y vialidades.

En conferencia de prensa, Ignacio Kunz Bolaños, vicepresidente de la organización Foropolis Querétaro, explicó que cerrar colonias y colocar casetas de vigilancia representará una clara privatización del espacio público, pues al bordear el conjunto habitacional limitaría el libre tránsito y los servicios básicos que son responsabilidad del gobierno municipal.

Además, el problema de inseguridad, dijo, no se resolverá con la instalación de casetas y plumas, al tratarse de un problema complejo, el cual es necesario atender de forma integral.

Representantes de las organizaciones Observatorio Ciudadano de la Movilidad, Libre Abordo, Forópolis y activistas de Juriquilla, precisaron que el Código Urbano del estado contempla el régimen condominal, lo que significa que desde la construcción de la unidad habitacional está contemplado el espacio para la instalación de casetas y las personas que adquieren una vivienda en ese predio cerrado, aceptan y acuerdan el pago de servicios básicos a la administración del lugar.

La diferencia con la propuesta de Aguilar Vega, dijeron, radica en que en el régimen condominal es legítima la instalación de casetas, pues desde la edificación del conjunto fue contemplado el espacio. En cambio, con la reforma representaría instalar los puestos de vigilancia en colonias que desde su origen no estaban contemplados, y actualmente es público y de libre tránsito.

Kunz Bolaños reiteró que los conjuntos habitacionales en el régimen condominal tampoco representan una opción, porque fragmentan una ciudad que debe ser integral.

Mencionó que la propuesta del ayuntamiento capitalino contraviene lo estipulado en la Ley General de Asentamientos Urbanos, en los que se especifica que los espacios públicos no se pueden privatizar, y el artículo 11 de la Constitución en lo referente al libre tránsito.

Comparó la pretensión del edil panista de formar conjuntos cerrados, con la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de levantar un muro en la frontera con México para evitar el ingreso de migrantes y que no ingresen presuntos delincuentes.

Puso de ejemplo al fraccionamiento Jurica, ubicado en el municipio capitalino, donde existe un muro que divide la zona residencial con la popular. Por lo que los activistas hicieron un llamado público al Congreso local para no aprobar esa iniciativa.

A partir de que Aguilar Vega asumió el cargo de edil capitalino en octubre de 2015, el ayuntamiento queretano aprobó privatizar el servicio de recolección de basura, el espacio público para la instalación de parquímetros, la concesión de luminarias en el alumbrado público y la adjudicación para la separación y reciclaje de la basura.

Además aún pretende privatizar los mercados públicos y casas de la cultura, ésta última detenida ante la inconformidad generalizada.

Fuente: La Jornada

Autora: Mariana Chávez

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/11/estados/023n1est

Habitantes bloquean Congreso de Puebla contra decreto que privatiza servicios en Ciudad Audi

Habitantes de los municipios de Soltepec, Mazapiltepec de Juárez, Rafael Lara Grajales, Nopalucan de la Granja y San José Chiapa bloquearon esta mañana las entradas al Congreso del estado para protestar por las reformas legislativas que pretenden dar el control de los servicios públicos de esas localidades a la recién creada Ciudad Audi.

Esta semana, el gobernador Rafael Moreno Valle presentó una iniciativa para permitir al Ejecutivo local asumir el control sobre la prestación de los servicios públicos de cinco municipios que forman parte de la zona Audi, donde se ubica la planta armadora de automóviles alemana que inició operaciones el año pasado.

La iniciativa contempla la creación de un organismo descentralizado que tendría facultades para autorizar la privatización de los mismos, ya que funcionará de manera similar al Sistema Operador de los Servicios Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) en esta capital, el cual permitió que la prestación del servicio fuera concesionado a una empresa privada.

Además, el organismo descentralizado de Ciudad Audi no sólo controlará el servicio del agua potable, sino también drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento.

El decreto señala que el ente creado operará con las aportaciones, participaciones, subsidios, transferencias y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal, pero no dice la cantidad de recursos que los ayuntamientos tendrían que otorgar a “Ciudad Modelo”.

También precisa que el Organismo Público Descentralizado será coordinado por un director propuesto por el gobernador del estado, nombrado por la Junta de Gobierno, y podrá estar en el cargo hasta por 14 años.

La propuesta legislativa no contempla que en la Junta de Gobierno de ese órgano descentralizado participen representantes de los ayuntamientos en la toma de decisiones, lo que ha sido considerado como una violación a la autonomía de esos municipios.

Alegan violación constitucional

Más de 100 pobladores de los municipios, apoyados por la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo, se presentaron esta mañana en el Congreso del estado para exigir a los diputados que rechacen la aprobación del decreto que, aseguran, violenta el Artículo 115 Constitucional.

Los pobladores se quejaron de que la llegada de la armadora Audi en lugar de beneficiar a la región, como se anunció en un principio, sólo les ha generado conflictos, daños ecológicos y ahora la amenaza de que se encarezcan los servicios y se despoje a las comunidades de sus ingresos.

En la víspera, la Secretaría General de Gobierno se reunió con los presidentes de los cinco municipios afectados para asegurarles que no se afectará ni el patrimonio ni la autonomía municipal.

La SGG emitió un boletín en el que asegura que en San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Soltepec, Nopalucan y Mazapiltepec el organismo sólo emitirá el dictamen sobre la viabilidad de las autorizaciones, permisos y licencias en materia de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial con base al convenio suscrito con dichas autoridades.

Sin embargo, reconoció que en el caso de la Ciudad Modelo, un área comprendida entre San José Chiapa y Nopalucan, el OPD tendrá facultades, entre otras, para dirigir, organizar, coordinar, vigilar, administrar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios públicos y que esto lo podrá hacer de manera directa o a través de terceros.

Los servicios públicos que estarán sujetos a esto será el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento en el área de desarrollo en la zona Audi.

Fuente: Proceso

Autora: Gabriela Hernández

http://www.proceso.com.mx/472121/habitantes-bloquean-congreso-puebla-contra-decreto-privatiza-servicios-en-ciudad-audi

En puerta, la “liberación” de Pensionissste

Asociado con el proyecto de crear la Bolsa Institucional de Valores, que competiría con la Bolsa Mexicana de Valores, existe otro para reformar la afore que maneja los fondos de los trabajadores del Estado, Pensionissste. Esta institución formaría parte de los capitales integrantes de la nueva bolsa, pero ya no contaría con el respaldo gubernamental en caso de pérdidas y minusvalías de los fondos que operan.

Con el retorno de Luis Videgaray al gabinete de Enrique Peña Nieto, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, revivió un proyecto anunciado a finales de octubre de 2015: la creación de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), una nueva operadora que le hará competencia a la actual Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pero que tendrá entre los capitales que la integran al Fondo Nacional de Pensiones Pensionissste, cuyo vocal ejecutivo José María de la Torre es un viejo amigo del exsecretario de Hacienda e impulsor de bajo perfil de este proyecto.

La autorización para que comience a operar Biva se espera a mediados de 2017 y dependerá de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Jaime González Aguadé, y de la regulación que establezca la Secretaría de Hacienda, según admitió en varias declaraciones de prensa el director general de Central de Corretaje (Cencor), Luis Urquiza, quien aparece como principal promotor de Biva.

Según la información pública, el dinero para crear esta nueva bolsa de valores provendrá de una nueva figura conocida como Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), nuevos instrumentos del mercado de valores que impulsan proyectos de infraestructura, empresariales y de capital privado.

Los CKD son “títulos o valores fiduciarios destinados al financiamiento de uno o más proyectos, o para la adquisición de una o varias empresas”, según la definición de la BMV.

La figura de los CKD permite la creación de fideicomisos en los que pueden participar tanto socios capitalistas como las administradoras de fondos para el retiro (afores). En el caso de Biva, la CKD está formada por LIV Capital, integrada por socios capitalistas, pero más de 90% provendrá de capital de afores, entre ellas las de Banamex y Coppel así como Pensionissste.

En su columna “Nombres, nombres y… nombres”, del 4 de octubre de 2016, el especialista en negocios Alberto Aguilar informó que “entre las 34 casas de bolsa que hay en el país no todas están de acuerdo con el proyecto.

“Es más, hasta se cuestiona la participación del LIV Capital, de Miguel Ángel Dávila, Humberto Zesatti y Alex Rossi, que inyectará 450 millones de pesos a Biva porque en el mismo CKD participan varias afores.

“Se habla de Pensionissste, que lleva José María de la Torre, así como de Afore Banamex, a cargo de Luis Sayeg, y Afore Capital, que encabeza Mauricio Alarcón.

“Amén de que no necesariamente suena congruente que los dineros de los trabajadores participen en el capital de una bolsa, se hace ver que LIV ha tenido también sus tropiezos, como fue Mastretta, la automotriz mexicana que naufragó por problemas de gestión administrativa”, escribió Aguilar.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Retiro afirmó ante diputados y senadores, en consultas realizadas para aprobar la nueva ley que le da autonomía de gestión a Pensionissste, que el órgano de dirección de este Fondo Nacional de Pensiones se integrará por miembros de la Secretaría de Hacienda quienes “tienen conflictos en materia de inversión, porque prefieren que los activos de las afores se inviertan en fondos de gobierno”.

La creación de una nueva bolsa de valores en México no es recomendada por especialistas del sector, ya que ven la amenaza de una mayor fragmentación porque “la competencia no remediará la falta de crecimiento del mercado mexicano. En Canadá el mercado se abrió a competencia y no creció, pero se fragmentó”.

Así lo establece el estudio Estado del mercado de capitales mexicano: iniciativas para su expansión, realizado por Equity Research Desk LLC (www.erdesk.com), al cual tuvo acceso este semanario.

El estudio, de noviembre de 2016, compara el mercado bursátil mexicano (que representa apenas 39% del PIB con un total de 144 emisoras) con el de otras bolsas de América Latina (Chile tiene 83% y Colombia 41%) y el de otras regiones.

En México sólo hay 25 financieras enlistadas, mientras en Chile hay 46 y en Perú hay 71. Asimismo, sólo hay una compañía enlistada del sector energía, en comparación con 52 en Brasil, 25 en Argentina, 25 en Chile y 20 en Perú, y en la lista del país no aparecen empresas estatales.

El diagnóstico del estudio revela que la estructura del mercado bursátil mexicano “promueve la expatriación” de los capitales y este fenómeno continuará “a menos que se consense un plan de contención”.

Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre 2013 y agosto de 2016 las carteras que más han crecido fueron las de las afores, que se incrementaron 65% al pasar de mil 903 millones de pesos a 2 mil 692 millones, en montos colocados tanto en ofertas públicas de acciones, como en CKD, en Fideicomisos para Rentar y Administrar Bienes Inmuebles y en emisiones de deuda privada de mediano y largo plazos.

La aventura de Pensionissste

La reforma financiera impulsada por Luis Videgaray aceleró, entre otras medidas, una iniciativa del Ejecutivo federal para separar a Pensionissste del ISSSSTE.

En septiembre de 2015 el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados su iniciativa que plantea la plena separación y “autonomía de gestión” para convertir a Pensionissste en un Fondo Nacional de Pensiones que determinará dónde y cómo invertirá los fondos de los trabajadores al servicio del Estado.

En su exposición de motivos, la iniciativa elaborada en las oficinas de la Secretaría de Hacienda advierte que Pensionissste “no cuenta con autonomía operativa, normativa y de gestión, lo cual genera diversas fracturas que le impiden atender de manera dinámica, en la línea con lo que exige el Sistema de Ahorro para el Retiro.

“Esta inflexibilidad –se advierte en el documento del Ejecutivo– impide a Pensionissste crecer a la par que sus competidoras y ofrecer mayores beneficios y calidad en el servicio a los trabajadores, lo cual la sitúa en condiciones de desventaja en el mercado, que podrían, en el mediano plazo, conducir a una situación de insostenibilidad”.

La iniciativa modifica la composición del consejo de administración de Pensionissste para que lo integren cuatro representantes del gobierno federal, tres de los nueve sindicatos de la burocracia federal y seis consejeros “independientes” designados directamente por el Ejecutivo Federal.

Todos los bienes y obligaciones de Pensionissste pasarán a manos de la nueva empresa administradora, y el gobierno federal “no responderá por las obligaciones a cargo de la nueva sociedad, ni de las pérdidas ocasionadas por una variación negativa en el valor de las acciones de las siefores (sociedades de inversión especializada en fondos de retiro) que operen los fondos de los trabajadores”.

El 8 de diciembre de 2015 se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por Peña Nieto, con algunas modificaciones en relación con la composición del consejo de administración. En septiembre de 2016 la minuta llegó al Senado y sigue pendiente su análisis y aprobación.

El estudio “Apuntes sobre la iniciativa que reforma la Ley del ISSSTE para separar a Pensionissste”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, advierte que esta modificación legal podría generar implicaciones negativas en el bienestar de los trabajadores:

“Tanto en la propuesta del Ejecutivo como en la minuta se elimina la responsabilidad del gobierno federal si se llegan a perder los fondos de las cuentas individuales o en caso de minusvalías en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro.”

Se añade que en la propuesta del Ejecutivo federal “no existe ninguna restricción respecto a la obligación de buscar el bienestar social general, la iniciativa privada puede disponer de estos recursos sin la regulación del Estado y sin la función obligada constitucionalmente”.

Durante los foros de la Semana de la Seguridad Social, el vocal ejecutivo de Pensionissste, José María de la Torre, defendió en la Cámara de Diputados y en el Senado el nuevo esquema para dotar de “autonomía operativa, normativa y de gestión” a este fondo de pensiones.

De la Torre mencionó que estos cambios “son resultado directo de la entrada de los esquemas de capitalización individual de hace 17 años. El rol de las afores en los mercados domésticos y en la estabilidad macroeconómica es innegable”.

El funcionario, viejo amigo de Luis Videgaray, insistió en que el gobierno “no responderá” por cualquier minusvalía en el valor de las siefores con este nuevo esquema.

Como Videgaray, De la Torre tiene una larga carrera en el sector bancario privado. Tiene maestría en administración de empresas con especialidad en ingeniería financiera por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde Videgaray realizó estudios de posgrado.

De la Torre inició su carrera en Banamex, fue director de Citigroup, luego director de Ventas de Producción Estructuradas y Director de Estrategia de Inversión para América Latina en BBVA-Bancomer. Fue vicepresidente del banco estadunidense JP Morgan y director de Fondos de Renta Fija en la compañía holandesa ING.

La historia de Biva

Recién estrenada la reforma financiera del gobierno de Peña Nieto, en octubre de 2015, Santiago Urquiza, presidente de Cencor, presentó ante la Secretaría de Hacienda una solicitud para organizar y operar Biva.

Urquiza, con más de 20 años en el sector financiero y bursátil, sorprendió al ámbito de las finanzas al indicar que tenía tres años trabajando esta iniciativa y contaba con el patrocinio de Nasdaq, que le brindaría su sistema de vigilancia y sus avances tecnológicos operativos.

Afirmó que esta nueva bolsa se orientará hacia las medianas y pequeñas empresas y requeriría una inversión inicial de 320 millones de pesos. Habló de un “universo potencial” de más de 6 mil empresas y mencionó en rueda de prensa que en un primer momento los valores que se cotizaran en la Biva serían de deuda y capital.

“La intención es trabajar en conjunto para hacer el mercado de valores más accesible al mercado… Creemos que el mercado mexicano puede crecer 40% en tres años”, dijo Urquiza con optimismo a columnistas de El Economista, El Financiero, Milenio y Excélsior.

Desde el principio, varias columnas periodísticas y especialistas del ámbito financiero y bursátil especularon sobre la viabilidad de la Biva y quiénes podrían estar detrás de esta nueva empresa que generó nerviosismo en la BMV, dirigida por José Oriol Bosch.

Durante todo 2016 Hacienda, dirigida por Luis Videgaray, así como el Banco de México y la CNBV dieron signos de que la Biva sería aprobada porque era necesario abrir la competencia en el sector bursátil.

A finales de 2016, ante la renuncia de Videgaray a la Secretaría de Hacienda, comenzaron a ventilarse las dificultades de viabilidad de la Biva.

Un estudio de Accival-Citibanamex afirmó en noviembre del año pasado que “tanto las compañías listadas en México como las casas de bolsa mexicanas ponen en duda las ventajas de que opere en el país una nueva plataforma de negociación de instrumentos de renta variable”.

“Las compañías listadas, especialmente las de pequeña y mediana capitalización, temen que la potencial fragmentación de liquidez resulte en una caída de los precios de las acciones en la medida en que aumente el descuento de liquidez”, afirmó el estudio de Citibanamex, accionista de la actual BMV.

Ese mismo mes Jaime González Aguadé, director de la CNBV, comenzó a circular un proyecto para regular la Biva. Con el visto bueno de la autoridad reguladora del mercado bursátil, la Secretaría de Hacienda, le entregaría la concesión.

La novedad fue el anuncio de que Latin Idea Ventures Capital (LIV Capital) aportará los 450 millones de financiamiento inicial a partir de su CKD para fondear la Biva y que dependerá de la aprobación de Hacienda.

Los especialistas bursátiles especulan que, con el retorno de Luis Videgaray al gobierno federal, el proyecto revivirá con mayor fuerza y la concesión podría ser entregada a mediados de este año.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/470787/en-puerta-la-liberacion-pensionissste

Protestas contra intentos de privatización en la CDMX

Constituyentes de Morena y trabajadores de limpia de esta capital alzaron ayer la voz para exigir que no se privaticen servicios públicos fundamentales como el suministro de agua y la recolección de basura.

En conferencia de prensa, Bernardo Bátiz, coordinador de los diputados de Morena, y respaldado por la mayoría de ellos, condicionó el apoyo de este grupo a la carta magna local a que el servicio de agua en esta ciudad mantenga su carácter público y bajo la tutela de las autoridades capitalinas.

Clara Brugada cuestionó que el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, anduviera cabildeando ese tema y pedimos al gobierno de la capital que no se venga aquí a cabildear el asunto de la privatización del agua.

Por la mañana, miles de integrantes de la sección 1, Limpia, del sindicato de trabajadores del gobierno de la ciudad, se trasladaron en sus camiones hasta la antigua sede del Senado para protestar contra cualquier pretensión de los constituyentes de abrir la puerta al sector privado en la recolección de basura.

Fuente: La Jornada

Autor: Raúl Llanos Samaniego

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/13/capital/030n3cap

Gobierno de EPN prepara la privatización de Correos de México

Alfonso Valdivieso Melchor, secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, advirtió que el Gobierno Federal pretende realizar un despido masivo de carteros en este mismo año para entregar a Correos de México a la empresa de mensajería internacional DHL.

El representante sindical estableció que en lo que resta de este 2016 se prevé disminuir en un 40 por ciento la plantilla laboral de Correos de México que actualmente la integran más de 20 mil trabajadores entre carteros y personal administrativo.

“La verdad es que el correo está en quiebra por cuestiones ajenas a los trabajadores y por situaciones que el mismo sindicato oficial prestándose al juego o solapando se ha venido deteriorando la imagen del correo, se habla de que a finales de año hará un recorte del 40 por ciento y que Correos se estaría licitando; se habla de DHL”, indicó.

Valdivieso Melchor agregó que la situación en la que se encuentra la empresa de mensajería nacional está fuera de las manos de los trabajadores.

Agregó que la imagen del correo mexicano está deteriorada como consecuencia de la nula inversión en infraestructura y la falta de personal.

Tan solo en Coatzacoalcos basta ver el exterior del edificio de Correos que presenta serias deficiencias.

El despido de trabajadores anotó, se concretaría a finales del año, toda vez que Correos de México está a punto de ser entregada a la iniciativa privada.

Explicó que la empresa internacional de mensajería DHL sería quien compre a Correos de México, toda vez que ellos realizaron una transacción similar con el correo de la República de Alemania y México lo quiere repetir.

Fuente: Guerrilla Comunicacional México

Autor: Redacción a través del Heraldo de Coatzacoalcos

https://www.gcmx.mx/gobierno-pena-nieto-prepara-la-privatizacion-correos-mexico/

Reforman ley en Morelos que privatiza Instituto de Crédito

En una sede alterna, a puerta cerrada y resguardados por policías, 24 de los 30 legisladores locales aprobaron reformas a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGEM), mediante la cual se autoriza que la banca comercial administre los recursos de los 25 mil empleados y que después les presten sus propios ahorros a una tasa de interés alto; se otorga al gobernador Graco Ramírez el control del organismo, pues le aumentaron de seis a ocho espacios en el consejo directivo y a los sindicatos les disminuyeron de cinco a tres.

Jesús Román Salgado, dirigente sindical del Congreso, y Ana Lilia Ocampo Castrejón, lideresa de jubilados y pensionados, recordaron que entre las observaciones que ellos hicieron llegar al diputado Jaime Álvarez Cisneros, de Movimiento Ciudadano, autor de la iniciativa, fue, entre otras, que no estaban de acuerdo en que la banca comercial administre los recursos de los trabajadores, pero aun así la reforma fue aprobada por los diputados corruptos y traidores de los trabajadores.

Debido a que no se permitió el acceso a reporteros a su sesión de la noche del jueves y tampoco la legislatura emitió comunicados de lo aprobado en las oficinas de Cataluña,casi en la clandestinidad, los informantes dijeron que la reforma aumenta la cuota de aportaciones al instituto de 4 a 6 por ciento para ese millonario fondo que controlará el mandatario estatal.

Además reformaron más de la mitad de esa ley sin consultarla con el consejo directivo, como marca la ley vigente del instituto. Con la reforma,la interpretación de la ley quedará sólo en poder del gobernador o la secretaría o dependencia al que esté sectorizado el instituto.

Los cinco legisladores panistas y el del Partido Humanista votaron en contra. Las otras fracciones, incluida la de Morena, votaron contra los trabajadores, dijeron los dirigentes sindicales. Anunciaron que lucharán para revertir la reforma y evitar que el gobernador controle los miles de millones de pesos que aportan los 25 mil trabajadores al ICTSGEM.

Román Salgado, Ocampo Castrejón y Leticia Castro, secretaria general del Sindico Único del Tribunal de Justicia; Argelia Corona, del sindicato del Poder Ejecutivo, y Otilia Reyes Soto, lideresa del sindicato del ayuntamiento de Cuernavaca anunciaron que interpondrán amparos y realizarán manifestaciones.

Después de las 17 horas los trabajadores se concentraron frente al Congreso para repudiar las acciones de los diputados vendidos y sumisos que todo le aprueban al gobernador perredista.

Aprueban dos créditos

Fidel Demédicis, senador del Partido de la Revolución Democrática, informó a los dirigentes sindicales que Rodrigo Gayosso Cepeda, líder estatal del sol azteca e hijastro del gobernador, fue quien planeó esta reforma y manipuló a los diputados locales para privatizar ese Instituto.

El legislador federal aseguró que algunos diputados le confirmaron que el mismo jueves también aprobaron dos líneas de crédito por un total mil 800 millones de pesos al gobernador Graco Ramírez.

Fuente: La Jornada

Autora: Rubicela Morelos Cruz

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/16/estados/024n1est

Los servicios de salud, camino a la privatización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 24 de junio el secretario de Salud José Narro Robles insistió en que la reforma a la salud que busca la universalización de la atención médica para toda la población no implica “ninguna acción de orden privatizador o la participación de otras instancias” en la prestación de los servicios.

Sin embargo, la privatización de los fondos públicos destinados a las instituciones de salud, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentra operando por medio de la subrogación y la concesión de obras y servicios a las Asociaciones Público-Privadas (APP´s).

Así lo señala el doctor Rafael González Guzmán, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).

En entrevista con Apro, el especialista explica cómo ha sido el proceso de privatización del sector salud en el país en apego a la reforma.

Gutiérrez Guzmán identifica tres etapas: la primera en 1985 durante el llamado “ajuste estructural”, que, dice, mutiló los presupuestos de las instituciones de salud, cuyas repercusiones fueron la disminución de unidades, servicios, personal y consultas médicas, lo que provocó un debilitamiento de la atención médica y la precarización de las condiciones laborales.

La segunda etapa, prosigue, fue con la Ley del IMSS de 1995, cuando se dio “la primera gran privatización de la seguridad social”.

Abunda: “Estableció que las pensiones de los trabajadores pasaran al dominio de los bancos privados y por ley se abrió la posibilidad de la subrogación de servicios de seguridad social a prestadores privados, tal como ocurrió con las guarderías, los centros culturales y recreativos y los deportivos.

La tercera etapa, dice Gutiérrez Guzmán, se desarrolló durante el gobierno de Vicente Fox con la creación del Seguro Popular, porque consistió en la introducción de “un mecanismo de aseguramiento nuevo, un aseguramiento con un paquete de beneficios limitado, dentro de una lógica del aseguramiento privado”.

En mayo de 2009, la revista Contralínea (número 133) dio a conocer que durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón el IMSS, el ISSSTE y Pemex subrogaron servicios a empresas privadas de salud –Amerimed y Operadora de Hospitales Ángeles (OHA), entre otras instituciones–, a las cuales les remitieron sumas millonarias para la atención de servicios médicos: consultas, diagnósticos de gabinete, estudios de laboratorio, hospitalización, siquiatría, angiología, urología y neurocirugía.

El secretario de la ALAMES recuerda que desde entonces se subrogaron otros servicios: imagenología (rayos X, tomografía, ultrasonido y resonancia magnética nuclear), hemodiálisis, endoscopía, cateterismo cardíaco, ambulancias y limpieza en los hospitales.

En su opinión, las Asociaciones Público-Privadas son otra de las formas en que opera la privatización en el sector salud; por este medio, explica, “el gobierno contrata a empresas privadas para que construyan y operen hospitales durante 25 o 50 años y todo ese tiempo se le están transfiriendo los recursos públicos”.

Actualmente las APP´s tienen presencia en hospitales de alta especialidad en Guanajuato, Zumpango, Estado de México, Ciudad Victoria y Mérida, y va en aumento. El pasado 28 de junio el diario Reforma reportó que el IMSS concesionó la construcción de un hospital en Nayarit y buena parte de sus servicios médicos, además de que planea la licitación para la construcción de nuevas unidades médicas en los estados de México, Chiapas y Nuevo León.

El doctor González enfatiza que si bien la actual iniciativa en materia de salud pretende ampliar el aseguramiento de toda la población con la subrogación de los servicios de salud y las concesiones de obras se está omitiendo el hecho de que los seguros van a ser administrados por aseguradoras privadas o “articuladoras”, las cuales “comprarían servicios médicos tanto a proveedores públicos, es decir, aclara, unidades del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, o preferentemente privados”.

Frente a las aseveraciones del secretario Narro Robles que rechaza el carácter privatizador de la reforma, calificando de “discursos” las distintas voces que se han manifestado en contra de la universalidad de la salud, González Guzmán sostiene que la privatización del sector salud no se realizará por medio de la puesta en venta del IMSS o el ISSSTE, sino por medio de la inyección de fondos públicos a las instancias privadas en detrimento de la inversión pública, como de hecho ya ocurre.

Además señaló que la universalización de la salud no es un proceso actual ni exclusivo de nuestro país sino que responde a una tendencia mundial: “Filipinas está en proceso de privatización, la India está en proceso de privatización, Colombia está totalmente privatizado, Chile está totalmente privatizado, entonces no es un discurso, es una realidad mundial”.

Para México, el caso de Colombia no sólo es un referente del desarrollo de la privatización de los servicios de salud bajo el esquema de la universalización en Latinoamérica, sino que la privatización de las instituciones públicas colombianas fue promovida por Julio Frenck, miembro socio de la Fundación para la Salud (Funsalud), la cual ha tenido una gran incidencia en la planeación de las políticas gubernamentales en el tema de la salud en México.

Los miembros de la Funsalud incluye a las poderosas farmacéuticas a nivel mundial como Laboratorios Pfizer, propietarios de hospitales privados, como Olegario Vázquez Aldir y el presidente del Consejo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), Alfredo Rimoch (Más de 131, “Funsalud y los empresarios que marcan las políticas de salud en México”), quienes trabajan de cerca con funcionarios del gobierno como el propio secretario de salud Narro Robles y el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Desde la administración pasada, la secretaria de salud Mercedes José impulsó la universalidad de la salud a partir de un estudio elaborado por la Funsalud.

Actualmente, la administración de Enrique Peña Nieto busca estrechar la relación con la Fundación, como quedó en evidencia el pasado 29 de marzo en la XXXV Asamblea General Ordinaria en la que pidió a la Funsalud “tenga la certeza de que encontrará en el gobierno de la República, en su Presidente, y en los directores de las distintas entidades públicas, encargadas del sector salud, siempre espacios de diálogo, de apertura y de trabajar de forma conjunta para seguir procurando la salud de todos los mexicanos”.

González Guzmán afirma que las repercusiones de la universalización de la salud en el país son múltiples, sin embargo, establece que una de las más preocupantes es la inestable situación laboral de los trabajadores del sector.

“En la medida que entran privados, incluso dentro del Seguro Popular, se están dando condiciones de trabajo precarias para médicos y enfermeras, ganan menos, tardan más o no logran la base, son despedidos, se les recontrata cada seis meses, carecen de vacaciones, no cuentan con ISSSTE ni Seguro Social y, por si fuera poco, médicos del Seguro Popular no tienen acceso gratuito a éste”, dice.

Este clima de inestabilidad laboral ha sido uno de los motores que han impulsado a los trabajadores del sector salud a salir a la calle en la mayor parte del país.

González Guzmán adiciona otros problemas que arrastran médicos y enfermeras en la actualidad: criminalización del ejercicio médico pese a que la situación material es ínfima, imposibilidad de ascender en el escalafón laboral, incluso para las enfermeras con estudios de posgrado y abandono y desmantelamiento de las instituciones del sector.

A raíz de esa situación, las organizaciones de trabajadores del sector salud solicitaron dialogar con el secretario Narro Robles, quien los recibió el pasado 27 de junio.
En la reunión, los inconformes demandaron la cancelación de la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, debido a que, a su juicio, contribuye a la criminalización de la práctica médica.

También pidieron el establecimiento de una mesa de trabajo para discutir y resolver las problemáticas que imperan en el sector.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: DIANA ÁVILA
LINK: http://www.proceso.com.mx/446117/los-servicios-salud-camino-a-la-privatizacion

Ruiz Esparza: El NAICM será una mina de oro y a la larga se privatizará; audios de OHL “están amañados”, dice

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo en entrevista exclusiva para elEconomista que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sería una mina de oro y a la larga se privatizará. Además habló de las grabaciones que desde el año pasado se filtraron en las que se evidencian conversaciones de directivos de OHL México negociando con autoridades del Gobierno federal y del Estado de México para beneficiarse con proyectos de infraestructura y del sector energético. En el último audio, que se difundió el pasado 15 de junio, José Andrés de Oteyza, ex presidente de la constructora en México, hace referencia a una reunión con el Ejecutivo federal en la que le habría dicho que está muy agradecido con Ruiz Esparza “por su ayuda”. Al ser cuestionado por este tema el titular de la SCT aseguró que las grabaciones “están amañadas y no hay nada ilegal ni corrupto”.

El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se ha convertido en el proyecto más emblemático del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Con un presupuesto de 13 mil millones de dólares (unos 241 mil 272 millones de pesos al cambio actual) las obras avanzan “en tiempo y forma” pese a su complejidad y tienen el respaldo financiero de los principales bancos españoles e internacionales, tal y como aseguró al diario elEconomista Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México.

A pesar de los recortes al gasto público aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2015 y 2016, Esparza se vanagloria de que “no se ha cancelado” ningún proyecto “socialmente necesario” y que, a excepción del aeropuerto, se van a terminar durante el sexenio de Peña Nieto. “La idea es concluir las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en septiembre de 2020.

Es un proyecto transexenal y eso significa que nosotros vamos a dejar construida la terminal en su exterior, la torre de control en su exterior y dos pistas”, explicó el Secretario en una entrevista con elEconomista en México.

–En un momento de incertidumbre económica en el que ya se han aprobado dos recortes al gasto público, ¿por qué es importante construir un nuevo aeropuerto internacional en Ciudad de México?

–El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIMC) es una obra necesaria desde hace 25 años, cuando ya se preveía que Benito Juárez -el actual aeródromo capitalino- se iba a quedar pequeño. Es más, hace unos años se saturó y ahora se está volviendo a saturar. Lo que no hay duda es que se requiere un aeropuerto de mayor dimensión para permitir que crezca el transporte de pasaje y carga. Por eso se necesita una infraestructura con capacidad para 120 millones de pasajeros. En una primera etapa, la que estamos iniciando nosotros, tendrá una capacidad para 70 millones de viajeros al año (el actual aeropuerto recibe 38.4 millones) y se irá ampliando conforme aumente la demanda.

–¿Cuál es el presupuesto para construir el aeropuerto y cómo se van a financiar las obras?

–El proyecto está calculado en 13 mil millones de dólares y la inversión se va a pagar con los ingresos que genere el propio aeropuerto cuando empiece a operar y con los que genera el actual. Hay un sobrante en Benito Juárez y ya se está canalizando para sus efectos. Esos 13 mil millones se van a recibir en un 40 por ciento de recurso público, que después van a ser reintegrados, y el resto vendrá de créditos bancarios, emisión de bonos…

–¿Cómo está recibiendo el mundo financiero el proyecto?

–Muy bien. La comunidad financiera internacional confía en el éxito del proyecto y eso es una fortaleza. De hecho, ya tenemos una línea de crédito por 3 mil millones de dólares otorgada por nueve bancos, entre los que destacan el Santander y el BBVA. Uno generalmente anda luchando por los créditos y esta vez fue al revés. Tenemos el respaldo de estas entidades.

–Hace unos años México privatizó una serie de aeropuertos en todo el país, pero dejó a Benito Juárez en manos del gestor estatal. ¿Se ha decidido ya si la gestión del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a ser privada?

–Yo estoy convencido de que, a la larga, el aeropuerto va a tener que ser privatizado. Ya no nos va a tocar a nosotros, pero lo más conveniente es que sea una infraestructura que se abra al capital privado por muchas razones. Por ejemplo, una de ellas es porque va a ser un ingreso muy importante para el Gobierno Federal que se licite una concesión de esta naturaleza.

–¿Por qué no se hace ahora?

–Porque los concesionarios empiezan a marcar el ritmo de la construcción y se corre el riesgo de que demore. Queremos que la obra sea rápida y esté bien hecha y no estar sujetos a las condiciones financieras de un privado.

–¿Cuándo se podría privatizar?

–Lo ideal sería privatizarlo cuando ya esté concluido y operado perfectamente porque es cuando más va a valer. Pero es una decisión del próximo Gobierno.

–Hay aerolíneas españolas, como Air Europa, que quieren operar en el aeropuerto de México. ¿Hay problemas para que puedan llegar debido a la saturación que ha comentado antes?

–El AICM está saturado, no hay duda. Hasta ahorita no se le ha negado a ninguna aerolínea un slot para llegar a la Ciudad de México. Si alguien está interesado en venir, lo más seguro es que le encontremos solución al tema, pero una alternativa abierta totalmente es el aeropuerto de Toluca, que está muy cerca. Le digo con toda sinceridad que el aeropuerto de Toluca lo hemos considerado como un anexo del aeropuerto de la Ciudad de México, como una tercera terminal.

–Algunos expertos y medios de comunicación dicen que el nuevo aeropuerto no es rentable. ¿Qué opinan usted?

–El NAICM es una mina de oro. Va a ser una mina de riqueza. Es autofinanciable sin recurso público durante 20 años. Va a triplicar en ingresos al actual aeropuerto.

–Los ajustes aprobados por Hacienda en los dos últimos ejercicios han reducido el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo ha afectado la medida al plan de desarrollo de infraestructuras anunciado por Peña Nieto al principio del sexenio?

–El sexenio empezó con un presupuesto de 1.3 billones de pesos para 233 obras y todas menos dos se mantienen. La parte de los recortes se nota en que hemos tenido que diferir y ampliar plazos de ejecución de las obras. Es decir, que si el ritmo de construcción de una carretera eran 50 o 60 kilómetros al año, a lo mejor estamos construyendo ahora 10 kilómetros al año. No se cancelan obras, sino que se difieren en el plazo.

–¿Qué proyectos se han cancelado y por qué?

–El tren de alta velocidad México-Querétaro y el transpeninsular se cancelaron, por no fue por un problema presupuestario ni del petróleo. Las autoridades financieras consideraron que los proyectos no tenían la rentabilidad suficiente para que se pudieran construir y se cancelaron. Se pensaba que eran muy costosos para generar un retorno de capital muy interesante.

–¿Se retomarán estas obras?

–No, por el momento. Tal vez en un futuro se retomen pero no en este sexenio.

–¿Cuál es el balance de mejora de las infraestructuras?

–Se está haciendo el metro de Monterrey, el Tren de Toluca, 52 autopistas con 3,000 kilómetros, duplicando la red actual. Se han construido y ampliado 80 carreteras y se trabaja para duplicar la capacidad operativa de los puertos mexicanos de 260 millones de toneladas a 520 millones de toneladas anuales. También están en marcha 4,000 kilómetros de caminos alimentadores, entre otras cosas.

–El Ejecutivo mexicano acaba de lanzar la licitación de la banda de 700 megahercios (mhz) para el desarrollo de Internet. ¿Cómo va el proceso?

–Ha habido mucho interés y éste se refleja en consultas, en visitas, en reuniones. Yo creo que grandes grupos internacionales van a participar, y estamos hablando de cinco o seis empresas interesadas. Este proyecto es muy importante y muy interesante para las compañías ya que busca llevar las telecomunicaciones a 85 millones de mexicanos, es decir, extenderla por zonas rurales y poblaciones en el que ahora es difícil que se llegue.


Además, su costo va a ser mucho menor porque fue el incentivo que puso el Gobierno mexicano para animar la licitación. Es decir, se pide una contraprestación mucho menor de la que se cobraría en una licitación de una red de esta naturaleza.

–El año pasado saltó un escándalo en torno a OHL México y las autopistas que tiene concesionadas. ¿Cómo ha terminado el caso?

–Fue un problema de criterios en la contabilidad por la rentabilidad garantizada. Esta rentabilidad quiere decir que la empresa va a pagar con la cuota de la autopista el capital que invirtió, que en parte viene de la propia firma y en parte de los accionistas y créditos bancarios. Lo que hacía OHL era poner en su estado de contabilidad el valor de esa rentabilidad garantizada que de acuerdo a esos criterios de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) no fue correcto, y por eso se le multó. Pero eso era lo que tanto se reclama, que es sus estados financieros publicaba algo que no correspondía a la realidad. La autoridad bancaria dijo que no estaba de acuerdo en como contabiliza esos ingresos por lo que le puso una multa y le dijo que los corrigiera, nada más.

–También se colgaron en Internet una serie de grabaciones que apuntaban a casos de corrupción…

–Son grabaciones alteradas que no decían absolutamente nada. Estaban seleccionadas, alteradas e ilegalmente obtenidas. No hay absolutamente nada en las grabaciones que tenga un problema. En mi caso, decía que me habían pagado unas vacaciones en Mayakobá. Si usted oye la grabación, sólo decía “por qué permitieron que el Secretario pagara su cuenta”. Yo jamás me he hospedado en Mayakobá.

Son cosas amañadas que sería erróneo tomar como corrupción. Ellos se expresaban entre ellos mismos de una manera incorrecta, yo creo que sí, pero no hay nada ilegal.

–La mayor constructora de México, ICA, está atravesando verdaderos problemas financieros y se ha apuntado que podría perder varias concesiones por falta de fondos. ¿Cómo afecta su situación a las obras que tiene con la SCT?


–Hay dos obras en Oaxaca (autopista La Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec, que se está viendo de qué manera se terminan y a través de qué mecanismo. No es tanto que le vayamos a quitar las obras a ICA, queremos ver de qué manera ellos logran un consorcio con otra empresa o algún banco para poder terminar la obra sin necesidad de dar por terminada la concesión. Y esperemos lograrlo porque ya falta muy poco. Y en cuanto a los pagos, estamos haciendo lo posible para tardar muy poco.

FUENTE: SIN EMBARGO/ECONOMÍAHOY.
AUTOR: REDACCIÓN/ÁFRICA SEMPRÚN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-06-2016/3058222