Vinculan a proceso a coautor del asesinato de Miroslava Breach en Chihuahua
By: Unknown on 18:23:00 / comment : 0 Caso Miroslava Breach, Chihuahua, Nacional, Prisión preventiva, Proceso
Amenazan de muerte a Álvaro Delgado, Julio Hernández y Javier Sicilia
By: Unknown on 13:07:00 / comment : 0 Álvaro Delgado, Amenazas, ataques a periodistas, estado fallido, Javier Sicilia, Julio Hernández, La Jornada, Nacional, Narcogobierno, Proceso, Twitter
Intimidan a corresponsal de Proceso en Veracruz
By: Unknown on 11:29:00 / comment : 0 Agresión a periodistas, Amenazas, ataques a periodistas, estado fallido, intimidación, Javier Duarte, Nacional, Narcogobierno, Proceso
Sobre terrorismo laboral en la CNDH
By: Unknown on 16:06:00 / comment : 0 "Mover a México", CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, estado fallido, Nacional, Narcogobierno, Politica, Proceso, terrorismo de estado, terrorismo laboral
Me refiero a la información publicada hoy, 18 de marzo, en el portal proceso.com.mx con el título “Denuncian que en la CNDH se comete terrorismo laboral”, redactada por Juan Pablo Proal.
Al respecto, le aclaro que en uno de los párrafos se hace referencia a mi persona, con hechos que NO CORRESPONDEN A LA VERDAD, por lo que dañan mi nombre e imagen pública.
Deseo precisar que no he sido denunciado por hecho delictivo alguno, por lo que no tengo conocimiento de que exista alguna investigación en mi contra. Por el contrario durante mi ejercicio como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se practicaron permanentemente auditorias, por lo que a la fecha no existe una sola observación a ese respecto o algún señalamiento en relación al mal uso de los recursos por parte de la Auditoria Superior de la Federación o de alguna otra instancia.
En virtud de lo anterior, en ejercicio de mi derecho de réplica y con el objetivo de que la sociedad sea informada de manera veraz respecto de los hechos que se mencionan, solicito se realice la aclaración correspondiente.
Doctor Raúl Plascencia
Respuesta del reportero
Señor director:
El párrafo al que hace mención Raúl Plascencia, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, obedece a una demanda de juicio político presentada ante la Cámara de Diputados por 85 ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en septiembre de 2014 ante la Cámara de Diputados y firmada, entre otros, por: Javier Sicilia, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Alejandro Solalinde, Agenda LGBT y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Juan Pablo Proal
Reportero
Emprenden campaña difamatoria contra colaboradora de Proceso en Chihuahua
By: Draco Dracul on 23:07:00 / comment : 0 Agresión a periodistas, Ataque a la libertad de expresión, Chihuahua, Libertad de expresión, Nacional, Proceso
La campaña periodística generó que integrantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los derechos humanos y de periodistas exigieran en los días subsecuentes — 2 y 3 de marzo–, a Mario Trevizo Salazar, secretario de Gobierno del estado, que detuviera la embestida de desprestigio en contra de la colaboradora del semanario Proceso.
Además, pidieron que se regule la publicidad oficial, toda vez que ese medio de comunicación es uno de los más beneficiados con la publicidad gubernamental, por lo que no descartaron que la embestida provenga desde el Palacio de Gobierno, como ha sucedido con opositores al gobierno de César Duarte Jáquez.
Otro indicador no menos importante es que dicho portal de noticias ha lanzado ataques contra otros periodistas y voceros en los últimos meses.
Trevizo Salazar se comprometió a resguardar la integridad física de Mayorga y a ofrecer una postura oficial sobre el respeto hacia el trabajo de la reportera y del periodismo libre.
En la manifestación de apoyo a Mayorga, los activistas, entre quienes se encontraban defensores de indígenas, familiares de personas desaparecidas, migrantes, y del Movimiento de Mujeres, recriminaron a Trevizo que el gobierno permita que se orquesten campañas de desprestigio a través de medios oficialistas como La Opción de Chihuahua.
“Controle a sus medios”, reclamó Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
El origen de la campaña contra Mayorga, de acuerdo con el Movimiento de Mujeres, fue la publicación en proceso.com.mx y la agencia APRO de la denuncia formulada por la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera, contra el secretario de Desarrollo Social, José Luis García Rodríguez, por violencia institucional, el pasado 29 de febrero en el marco de su informe de actividades. Pocos medios locales hicieron eco de la querella.
Un día después, el 1 de marzo, La Opción difundió la siguiente nota sin firma.
La corresponsal de la revista semanal Proceso, Patricia Mayorga Ordóñez, se halla envuelta en líos judiciales.Posteriormente, un grupo de periodistas se reunió también con Trevizo para manifestar su preocupación por los ataques de ese medio contra la colaboradora del semanario Proceso.
Su nombre aparece en un amparo indirecto, señalado al rubro 09/2016 y radicado ante el Juzgado Décimo de Distrito. El juicio fue promovido por un grupo de ex periodistas, en su mayoría, pues ya no ejercen, o son voceros de gobierno del estado.
Reclaman no haber sido tomados en cuenta por el Colegio de Periodistas de Chihuahua para la elección del Consejo Directivo 2016.
Patricia Mayorga Ordóñez, la corresponsal de Proceso, fue presidenta de la agrupación en su segundo año de vida, en 2006.
Su periodo fue caracterizado por la opacidad y la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos que obtuvo para el Colegio de Periodistas.
En la demanda de amparo, firmó junto a otros ex periodistas, una serie de mentiras que, en un proceso penal, podrían ser tipificados como delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad.
Por ejemplo, señala que no se le permitió presentar una planilla para la elección del Consejo Directivo 2016, que le fue negado a la asamblea electiva y que se le prohibió votar.
Todo esto es mentira, falso de toda falsedad, como dicen los abogados rascuaches, pues ella misma se retiró de la agrupación, al señalar que no le interesaba regresar a la organización gremial.
Mayorga fundó una red de mujeres periodistas, que se ha constituído en un auténtico fracaso y, a raíz de ello, decidió volver a la grilla del Colegio de Periodistas de Chihuahua.
En su segunda parte, este lío judicial le obligará a rendir cuentas ante la autoridad judicial de los recursos que tuvo entre sus manos cuando fue Presidenta de la organización.
Activa militante de Acción Nacional, Paty Mayorga, como le dicen sus amigos, cambió radicalmente de ideología a partir de su ingreso a la revista Proceso y se constituyó desde entonces en una furibunda militante de izquierda.
Además de ser corresponsal, se dedica a brindar asesoría en materia de medios -a pesar de su pésima redacción- a organizaciones civiles y grupos de distinta índole.
Asimismo lamentaron que el propio gobierno estatal empodere a un puñado de medios de comunicación que hacen un periodismo cómodo con el flujo de recursos millonarios por publicidad.
En el encuentro, el secretario de Gobierno reconoció la necesidad de hacer una regulación oficial y sugirió que esa iniciativa debe ser impulsada por los propios periodistas o las mismas empresas periodísticas.
El pasado 7 de marzo organizaciones civiles de esta entidad y una veintena de agrupaciones del país, lanzaron públicamente una alerta preventiva para defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua.
La alerta fue dirigida al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en su calidad de presidente de la junta de gobierno del Mecanismo de Protección Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de prevenir futuras agresiones.
Luego de hacer un recuento de las campañas de desprestigio a través de diferentes medios de comunicación, que han sostenido en contra de defensores durante la actual administración gubernamental, Alejandra Niño, representante del Cedehm, destacó los últimos ataques en contra de las defensoras de indígenas Diana Villalobos y María Teresa Guerrero de Consultoría Técnica Comunitaria, y de Isela González, de Alianza Sierra Madre.
Las integrantes de esas organizaciones defienden, además, casos de desplazamiento forzado, asesinatos y amenazas.
La semana pasada, luego de que las organizaciones manifestaron su apoyo público a la colaboradora de Proceso, el portal La Opción atacó a las activistas Luz Estela Castro Rodríguez y Blanca Gámez Gutiérrez, a quienes acusó de exigir 36 millones de pesos para crear una cooperativa para familias de personas desaparecidas y de “lucrar con desapariciones, en serio, no tiene nombre”.
“Estas aseveraciones, realizadas de mala fe, sin fundamento y con la evidente intención de crear un perjuicio en las mujeres a las que se involucra en las diferentes notas, son posibles por el evidente control que ejerce el ejecutivo del estado a partir de la publicidad oficial que contrata”, dijo Nuño.
Pidieron reforzar la protección de las mujeres defensoras y periodistas por parte del Estado mexicano, basadas en tratados internacionales que ha firmado.
“Por otra parte, dado que no existe reglamentación en la publicidad oficial, los convenios de publicidad son completamente discrecionales. El Gobierno decide con qué medios firma convenios y con cuánto monto. Obviamente esta fórmula lo que propicia es que el Gobierno convenga la publicidad con los medios que más le favorecen, tanto impresos, como electrónicos, incluidos los digitales.
“Ello ha propiciado que algunos medios, especialmente páginas digitales hayan crecido exponencialmente, con una política completamente oficial y lo más grave es que algunos hacen campañas de difamación contra las personas que son críticas del Gobierno.
“De acuerdo con FUNDAR y Artículo 19, “en términos absolutos, de estas quince entidades, la que más gastó en publicidad oficial desde 2005 hasta el 2012 fue Chihuahua con 2 mil 550 millones, le sigue el Distrito Federal con 2 mil 396 millones y en tercer lugar Nayarit, con mil 726 millones”, asienta la alerta de las organizaciones.
Además, consideran que Chihuahua enfrenta diversos retos para garantizar libertad de las voces que luchan por los derechos humanos o por evidenciar los actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades por parte de las autoridades.
“No obstante ello, es obligación del Estado eliminar todos los obstáculos que ponen en riesgo a personas defensoras y periodistas”.
En la alerta, los activistas urgen a adoptar medidas preventivas que desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones la labor informativa y de defensa de derechos humanos y periodistas.
También piden que se informe de la alerta de manera inmediata al gobernador, al fiscal general y al secretario de Gobierno, para que cooperen en la implementación de medidas de protección, solicitan no incentivar o tolerar las campañas de desprestigio y urgen a difundir en todos los medios que tengan publicidad contratada un boletín en el que resalten la labor positiva que desarrollan los defensoras de derechos humanos y la periodista afectada, así como pedir información a la Fiscalía General sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los ataques sufridos por beneficiarios del Mecanismo de Protección, de medidas cautelares y provisionales.
La periodista Dora Villalobos dijo en el marco del Día Internacional de la Mujer:
“No es posible que se calumnie a nadie (…) tenemos que tomar conciencia, preocuparnos y exigir, exigirnos como gremio, un periodismo ético. Nos preocupa mucho esta relación entre el poder y medios de comunicación porque no hay reglamentación y hay mucho dinero de por medio”, abundó Villalobos.
El pasado 6 de marzo la organización Periodistas de a Pie y media docena de agrupaciones civiles y periodistas de distintos puntos del país lanzaron otra alerta. En ella, los periodistas pidieron a Campa Cifrián, entre otras autoridades federales y estatales, iniciar las investigaciones correspondientes que clarifiquen la iniciativa de esta campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Mayorga y otros periodistas de Chihuahua.
Exigieron aplicar acciones preventivas en coordinación con la periodista, para anular la escalada de ataques y prevenir alguna agresión física que pongan en riesgo su vida y la de su núcleo familiar.
De igual forma, demandaron respetar el mandato que cada autoridad tiene para establecer garantías básicas para que el periodismo libre se pueda ejercer, particularmente el que somete a rendición de cuentas el ejercicio del poder.
“Es deber del Estado mexicano a través de las instancias y jerarquías correspondientes, garantizar las condiciones físicas y de seguridad para que se ejerza el periodismo de calidad (…) Lamentablemente, nuestra labor dentro del periodismo dado el clima generalizado de violencia contra periodistas y comunicadores en México, se ha tenido que fusionar también con la tarea de denunciar y protegernos colectivamente ante situaciones como la que hoy alertamos”, subrayaron.
Antecedentes
En la alerta emitida a través de Periodistas de a Pie se explica que “por la virulenta redacción de la nota, nos resulta evidente que se ha activado una campaña de desprestigio a raíz de su trabajo periodístico, por parte de Osvaldo Salvador, director del portal La Opción ,quien, precisamente, protagonizó el arrebato de la presidencia del Colegio de Periodistas a finales de 2015 y ha sido señalado como posible responsable de mensajes anónimos vía correo electrónico enviados a otros reporteros involucrados en el juicio de amparo.
“La policía cibernética en su momento detectó que el origen de tales mensajes de amenaza y acoso salieron del servidor del portal La Opción, según consta en la denuncia 26046/2015 en la Unidad de Delitos de peligro con la paz, seguridad de las personas y fe pública. Tenemos conocimiento que organismos civiles de Chihuahua en solidaridad con la periodista Mayorga, realizaron diversas acciones en Palacio de Gobierno el 3 de marzo 2016 y resultaron, también, difamadas por el mismo director de La Opción en represalia, por lo que se constata que se trata de una orquestación claramente definida contra voces críticas y disidentes a la actuación gubernamental”.
Señalan además el ataque mediático se dio después de las publicaciones “El carcelero de turbio historial” a partir de la visita del Papa en ciudad Juárez y la nota “Funcionaria denuncia violencia institucional y acusa a juez de golpeador” sobre la denuncia de Emma Saldaña Lobera del Ichmujer.
“Trabajos periodísticos que dan cuenta de comportamiento institucional no adecuado y acciones de corrupción en el sistema penitenciario, por lo que la consecuencia al dedicado trabajo periodístico, lo sabemos, suele ser una campaña de hostigamiento y agresiones como la que se ha dirigido contra Patricia Mayorga”.
Luego de las alertas, La Opción publicó otra columna anónima, en la que asegura que la corresponsal no estuvo en el evento de Saldaña, pese a que hay evidencia de lo contrario porque tuvo como invitados a autoridades, organizaciones civiles y estuvieron presentes los medios de comunicación locales.
La acusa de haber copiado de otro medio, el 4 de marzo, una nota en la que se evidencian nombres de presuntos líderes de grupos delictivos que afiliaron a familiares como candidatos del PRI, que elaboró en conjunto con la reportera de otros medios, por razones de seguridad y a la que ambas entrevistaron al mismo tiempo al presidente del PRI, Guillermo Dowell.
La segunda publicación fue en la columna del mismo medio, el 6 de marzo:
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433459/emprenden-campana-difamatoria-contra-colaboradora-proceso-en-chihuahua
Pese a foto y testigos, perredista dice que no hay pruebas de amenaza a corresponsal de Proceso
By: Unknown on 15:07:00 / comment : 0 Acoso, Agresión a periodistas, Amenazas, Guerrero, Nacional, NarcoPRD, Proceso
Dijo que hasta el momento no ha recibido ningún citatorio para comparecer ante autoridades ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se encuentra radicado el caso y que no tiene que acudir directamente porque no lo considera necesario para deslindar responsabilidades y esclarecer el hecho.
Arellano Sotelo fue entrevistado este viernes por la mañana en la sede del Poder Ejecutivo, cuando se encontraba formado en la fila de trabajadores de la administración del gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, que cobran su salario a través de una lista de raya.
Al respecto, el también exalcalde de Acapetlahuaya señalado públicamente por sus presuntos nexos con el narco, consideró que la denuncia en su contra “no tiene algún sustento”.
Arellano aseguró que el corresponsal de Proceso no tiene elementos para probar la amenaza de muerte porque “no tiene audio, no tiene nada”, advirtió.
Sobre los testimonios de reporteros que presenciaron el hecho y las fotografías difundidas por el periódico El Sur, donde se observa el momento que Arellano, a bordo de un auto azul tipo Jetta, encaró y amenazó de muerte al reportero el pasado 10 de febrero frente a la sede del Congreso, el perredista dijo que los testigos “pueden ser presentados a modo” y se desmarcó de las imágenes al señalar textual:
“Ahí esas fotos no sé dónde las tomaron y cuándo las tomaron, yo fui una figura pública”, expresó el perredista.
Luego, negó que pretenda esconderse porque sigue haciendo vida pública en la ciudad de Chilpancingo y que acudirá ante la PGR cuando lo citen formalmente en su domicilio ubicado en la cabecera municipal de
Acapetlahuaya, en la zona Norte de la entidad, donde opera el grupo criminal La Familia.
“¿Por qué voy a ir a la PGR?, ¿Por qué ir al doctor si no estoy enfermo?, cuando me hagan un llamado, iré”, soltó el ex diputado local.
El pasado miércoles 10 de febrero, mientras un grupo de reporteros protestaba frente a la sede del Congreso de Guerrero para condenar el asesinato de la periodista veracruzana Anabel Flores, el exdiputado perredista Roger Arellano Sotelo, amenazó de muerte al corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras.
El hecho se registró alrededor de las 11:00 horas, cuando Arellano Sotelo, quien manejaba un auto azul tipo Jetta con vidrios polarizados, se acercó a la manifestación, bajó el cristal del copiloto y se dirigió a Flores Contreras:
“Hey, Cheque. Cuídate cabrón porque te va a llevar la verga. ¿Ya no te acuerdas de mí? Ya te dije culero: Te va a cargar la verga”, expresó el político, señalado en informes oficiales y públicamente por sus nexos con
el grupo delictivo La Familia que opera en la zona norte de la entidad y dirige Johny El Mojarro Hurtado Olascoaga.
El corresponsal acudió a la delegación de la PGR donde presentó una denuncia y las autoridades ministeriales integraron el expediente AP/PGR/GRO/CHI-VI/0212PP/2016 por el delito de amenazas en contra Roger Arellano.
Dos semanas después, a finales de febrero, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la misma dependencia federal y hasta el momento se desconoce el estado que guarda la investigación.
Desde hace cuatro años, Proceso ha documentado los presuntos nexos de Roger Arellano con los operadores del grupo delictivo La Familia.
En un reportaje publicado por la revista en octubre de 2012 con el título “Guerrero: Contagio narco de autoridades”, se dio a conocer que para el exgobernador Ángel Aguirre, la trama que involucra a delincuentes y autoridades locales de la zona norte no es una historia desconocida.
Aguirre Rivero empezó su campaña por la gubernatura en Teloloapan en noviembre de 2010 y por esa fecha fue invitado a una comida en el rancho San Andrés, propiedad de Bernardo Lagunas Contreras, empresario del ramo hotelero y aficionado a los caballos. El ágape fue auspiciado por Santana Ríos Bahena, conocido productor
de melón. Ambos son señalados por sus presuntos nexos con el narcotráfico, según informes oficiales consultados por el semanario.
El encuentro pactado por el actual senador perredista Sofío Ramírez fue promovido por un grupo de políticos, también del PRD, que triangularon posiciones en la zona norte para mantener sus cotos de poder.
El grupo lo aglutinan las corrientes Nueva Mayoría y Grupo Guerrero, que dirige el actual alcalde de Acapulco, Evodio Velásquez, y el diputado federal David Jiménez Rumbo, así como el exalcalde de Teloloapan y exdiputado federal Marino Miranda, quien dejó como sucesor a su amigo el exdiputado local Ignacio Valladares. Éste, a su vez, designó como su suplente a Rogelio Lagunas Contreras, hermano de Bernardo.
De igual manera, el exalcalde de General Canuto A. Neri y exdiputado local Roger Arellano Sotelo prácticamente dejó como sucesor en el ayuntamiento a Eleuterio Aranda Salgado, El Solitario del Sur, su jefe de la policía e intérprete de narcocorridos donde exalta a La Familia.
Consultado por Proceso, el ex gobernador Aguirre reconoció que ese grupo de políticos perredistas lo invitó a comer con los presuntos narcotraficantes Bernardo Lagunas y Santana Ríos, pero sostuvo que al final no acudió al encuentro.
“Recibí algunas invitaciones (de los políticos) pero no acudí a ese lugar (rancho San Andrés) y, más allá de eso, en una campaña muchas veces recibes el saludo de gente que no sabes de quién se trata ni tienes por qué saberlo, pues no tienes función investigadora en ese momento; aunque por supuesto que yo me deslindo absoluta y totalmente de cualquier vínculo con esas personas”, expresó Aguirre en ese entonces.
Una década de ataques contra periodistas de Proceso
By: Draco Dracul on 18:58:00 / comment : 0 Agresión a medios, Agresión a periodistas, Ataque a la libertad de expresión, Libertad de expresión, Medios de comunicación, Nacional, Proceso
CIUDAD DE MÉXICO: Hace diez años comenzaron las agresiones y las amenazas contra reporteros y corresponsales de Proceso. Una década de impunidad frente a los asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones físicas, intimidación y difamación contra sus periodistas y colaboradores. Han sido casi 20 hechos de violencia.
Veracruz y Guerrero son los estados donde se ha registrado el mayor número de agresiones. Justo cuando se intensificó la acción armada del gobierno federal contra la delincuencia, comenzaron las agresiones a los reporteros, corresponsales, fotógrafos y colaboradores.
Además de Veracruz y Guerrero, todo tipo de agresiones han ocurrido en Michoacán, Coahuila, Oaxaca, la Ciudad de México, Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Guanajuato. Lo mismo con gobiernos del PRI que del PAN o del PRD.
La espiral no cesa. La más reciente fue la amenaza de muerte contra el reportero Álvaro Delgado Gómez, quien el martes 9 recibió en su cuenta de Twitter una serie de mensajes intimidatorios, después de que en esa red social cuestionara el silencio del presidente Enrique Peña Nieto ante un asesinato más de una periodista de Veracruz.
Anabel Flores Salazar, reportera de asuntos policiales, fue secuestrada y asesinada entre el lunes 8 y el martes 9. Era colaboradora del periódico El Sol de Orizaba y exreportera del periódico orizabeño El Buen Tono, que en noviembre de 2011 fue incendiado por hombres armados.
Flores Salazar fue sacada de su casa por un grupo armado la madrugada del lunes 8, y encontrada asfixiada y semidesnuda al día siguiente en un paraje del municipio de Tehuacán, Puebla, a media hora de donde vivía. Con ese crimen son ya 17 los periodistas asesinados en la administración de Javier Duarte de Ochoa, incluido el de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, en abril de 2012.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2050, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430001/una-decada-de-ataques-contra-periodistas-de-proceso
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