Una Comisión Técnica, integrada por especialistas en investigación criminal, derechos humanos y procuración e impartición de justicia, guió los trabajos de análisis sobre el funcionamiento de la actual Procuraduría, y el plan para hacer el cambio.
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martes, 1 de octubre de 2019
¿Qué cambios habrá al pasar de Procuraduría a Fiscalía de la CDMX? Esto dice el plan de transición
El plan de transición de Procuraduría a Fiscalía incluye la creación de un nuevo cuerpo policiaco de investigación criminal.
Fue presentado el Plan de Transición que será la base de la nueva Fiscalía de la Ciudad de México, y que propone cinco puntos con cambios esenciales respecto a la actual Procuraduría General de Justicia. Uno de ellos es reforzar la capacidad para resolver los delitos de alto impacto.
Una Comisión Técnica, integrada por especialistas en investigación criminal, derechos humanos y procuración e impartición de justicia, guió los trabajos de análisis sobre el funcionamiento de la actual Procuraduría, y el plan para hacer el cambio.
Una Comisión Técnica, integrada por especialistas en investigación criminal, derechos humanos y procuración e impartición de justicia, guió los trabajos de análisis sobre el funcionamiento de la actual Procuraduría, y el plan para hacer el cambio.
jueves, 21 de abril de 2016
PGJDF pide orden de aprehensión contra comandante de la policía que filtró información del caso Narvarte
El comandante de la policía de investigación del DF, René Ruiz Mejía, habría proporcionado ilegalmente información reservada a periodistas sobre las placas de circulación del vehículo Ford Mustang Shelby involucrado en el multihomicidio, así como fotografías del departamento donde tuvo lugar el asesinato.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó al juez decimo octavo de lo penal que girara una orden de aprehensión contra René Ruiz Mejía, comandante de la policía investigadora capitalina, por facilitar a diversos medios de comunicación información confidencial de las investigaciones sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte.
De acuerdo con el expediente de consignación del que Animal Político tiene copia, el comandante René Ruiz Mejía, quien está adscrito a la Fiscalía desconcentrada de Investigación en la delegación Benito Juárez, habría proporcionado información reservada a periodistas sobre las placas de circulación del vehículo Ford Mustang Shelby, el cual estuvo involucrado en las averiguaciones del caso Narvarte.
Según la Fiscalía, el elemento policiaco aprovechó su condición como funcionario para acceder con su nombre de usuario y clave a la Base de Datos Informática de la Procuraduría, conocida como Sistema Único de Información Delictiva del DF, y obtener “toda la información privilegiada o exclusiva que deseaba”.
Asimismo, la Procuraduría de la Ciudad de México acusa a René Ruiz Mejía de haber filtrado a la prensa fotografías del interior del departamento ubicado en la calle Luz Saviñón de la colonia Narvarte, donde el pasado 31 de julio aparecieron los cadáveres del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera, y de Yesenia Quiroz, Mile Martín, y Olivia Negrete.
Como pruebas de que el comandante de policía filtró estas informaciones a los medios, la Fiscalía adjunta en el expediente de consignación impresiones de siete notas periodísticas de tres medios diferentes, fechadas el tres y cinco de agosto del año pasado.
En varias de las notas periodísticas del 3 de agosto que menciona la Procuraduría, el elemento clave con el que arrancan las informaciones es que la Fiscalía capitalina buscaba la pista de un Mustang Shelby, y mencionan el número exacto de la placa del vehículo, mismo al que tuvo acceso el funcionario.
La Fiscalía capitalina pide para este comandante de la policía entre dos y siete años de cárcel, así como la destitución de su cargo e inhabilitación de tres a diez años como servidor público, por “ejercicio ilegal del servicio público”, ya que “utilizó indebidamente” información de la dependencia aprovechándose de su cargo como funcionario.
Asimismo, en el expediente de consignación, la Fiscalía también acusa a René Ruíz Mejía de haber accedido ilegalmente a otras 28 averiguaciones previas de otros tres casos.
No obstante, en la consignación del expediente la Fiscalía no menciona las razones por las que el funcionario habría filtrado información en el caso del multihomicidio de la Narvarte, ni tampoco que el policía hubiera recibido un pago por facilitar los documentos a los medios de comunicación.
Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre, el juez noveno de Distrito en Materia Penal avaló un amparo, promovido por la familia del fotoperiodista asesinado Rubén Espinosa y la organización Artículo 19, con el que se le ordenaba a la Procuraduría del DF que no filtrara información sobre el multihomicidio de la Narvarte.
Este mandato judicial se produjo tras la filtración, por ejemplo, de fotos de la escena del crimen.
Homicidio, caso abierto
Por otra parte, los abogados de las víctimas del multihomicidio obtuvieron de un juez federal un amparo para que la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no cierre la averiguación del caso, y por el contrario, desahogue diversas pruebas que se han solicitado.
Entre otras cosas, los defensores en su calidad de coadyuvantes, han pedido que se amplíen los resultados de peritajes en criminalística y mecánica de hechos, pues señalaron dudas en torno a como se habría cometido el crimen en el interior del departamento del departamento de la colonia Narvarte.
Este día se realizará una conferencia de prensa al mediodía en el que se ampliarán los detalles en torno a esta sentencia judicial obtenida.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE/ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/pgjdf-pide-orden-de-aprehension-contra-comandante-de-la-policia-que-filtro-informacion-del-caso-narvarte/
De acuerdo con el expediente de consignación del que Animal Político tiene copia, el comandante René Ruiz Mejía, quien está adscrito a la Fiscalía desconcentrada de Investigación en la delegación Benito Juárez, habría proporcionado información reservada a periodistas sobre las placas de circulación del vehículo Ford Mustang Shelby, el cual estuvo involucrado en las averiguaciones del caso Narvarte.
Según la Fiscalía, el elemento policiaco aprovechó su condición como funcionario para acceder con su nombre de usuario y clave a la Base de Datos Informática de la Procuraduría, conocida como Sistema Único de Información Delictiva del DF, y obtener “toda la información privilegiada o exclusiva que deseaba”.
Asimismo, la Procuraduría de la Ciudad de México acusa a René Ruiz Mejía de haber filtrado a la prensa fotografías del interior del departamento ubicado en la calle Luz Saviñón de la colonia Narvarte, donde el pasado 31 de julio aparecieron los cadáveres del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera, y de Yesenia Quiroz, Mile Martín, y Olivia Negrete.
Como pruebas de que el comandante de policía filtró estas informaciones a los medios, la Fiscalía adjunta en el expediente de consignación impresiones de siete notas periodísticas de tres medios diferentes, fechadas el tres y cinco de agosto del año pasado.
En varias de las notas periodísticas del 3 de agosto que menciona la Procuraduría, el elemento clave con el que arrancan las informaciones es que la Fiscalía capitalina buscaba la pista de un Mustang Shelby, y mencionan el número exacto de la placa del vehículo, mismo al que tuvo acceso el funcionario.
La Fiscalía capitalina pide para este comandante de la policía entre dos y siete años de cárcel, así como la destitución de su cargo e inhabilitación de tres a diez años como servidor público, por “ejercicio ilegal del servicio público”, ya que “utilizó indebidamente” información de la dependencia aprovechándose de su cargo como funcionario.
Asimismo, en el expediente de consignación, la Fiscalía también acusa a René Ruíz Mejía de haber accedido ilegalmente a otras 28 averiguaciones previas de otros tres casos.
No obstante, en la consignación del expediente la Fiscalía no menciona las razones por las que el funcionario habría filtrado información en el caso del multihomicidio de la Narvarte, ni tampoco que el policía hubiera recibido un pago por facilitar los documentos a los medios de comunicación.
Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre, el juez noveno de Distrito en Materia Penal avaló un amparo, promovido por la familia del fotoperiodista asesinado Rubén Espinosa y la organización Artículo 19, con el que se le ordenaba a la Procuraduría del DF que no filtrara información sobre el multihomicidio de la Narvarte.
Este mandato judicial se produjo tras la filtración, por ejemplo, de fotos de la escena del crimen.
Homicidio, caso abierto
Por otra parte, los abogados de las víctimas del multihomicidio obtuvieron de un juez federal un amparo para que la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no cierre la averiguación del caso, y por el contrario, desahogue diversas pruebas que se han solicitado.
Entre otras cosas, los defensores en su calidad de coadyuvantes, han pedido que se amplíen los resultados de peritajes en criminalística y mecánica de hechos, pues señalaron dudas en torno a como se habría cometido el crimen en el interior del departamento del departamento de la colonia Narvarte.
Este día se realizará una conferencia de prensa al mediodía en el que se ampliarán los detalles en torno a esta sentencia judicial obtenida.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE/ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/pgjdf-pide-orden-de-aprehension-contra-comandante-de-la-policia-que-filtro-informacion-del-caso-narvarte/
jueves, 17 de marzo de 2016
Paga PGJDF hospedaje de $200 a familiares de víctimas de delito violento
Esa fue la respuesta que la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos dio a un particular que le solicitó –vía transparencia de la información– datos sobre el protocolo de atención a las víctimas de delito violento, entre los que destacan el tipo de apoyo que les otorgan a estos y a sus familias.
A través de un comunicado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), explicó que la PGJ dijo al solicitante que no era posible revelar los montos de la ayuda porque son de acceso restringido en su modalidad de reservada por seguridad de los involucrados.
El particular interpuso un recurso de revisión ante el organismo por considerar que la respuesta de la Procuraduría era “parcial e incompleta”. Entonces, ésta tuvo que revelar los montos solicitados.
En su edición 2048, la revista Proceso publicó un reportaje sobre el trato de revictimización que la Procuraduría capitalina dio a Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera Pérez, una de las cinco personas asesinadas en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015.
La investigación reveló las malas condiciones higiénicas y de seguridad del hotel donde la dependencia dio hospedaje a la mujer –así como a la madre de Yesenia Quiroz, otra de las víctimas– durante el inicio de la investigación sobre el crimen.
De acuerdo con el reportaje, se trata de un inmueble ubicado en la colonia Doctores, a escasas tres cuadras de la sede central de la dependencia, donde “lo mismo llegan parejas por un par de horas de pasión y turistas con bajo presupuesto, que víctimas de trata y agresión sexual o familiares de quienes fueron brutalmente asesinados”.
Las condiciones físicas y del entorno del hotel de inmediato fueron rechazadas por la madre de la víctima y su defensa. Y es que, cuando Mirtha Pérez y su abogada particular entraron a la habitación asignada en la recepción del hotel, la primera exclamó: “¡Esto es una coartada, aquí nos van a matar a nosotros también!”.
Más: El 9 de noviembre de 2015, durante la presentación de la Plataforma de Seguimiento del Caso Narvarte, Pérez aseguró que el hotel donde la PGJDF aloja a los familiares de las víctimas presenta “un ambiente de pánico e inseguridad a propósito para amedrentarlos y hacer que cejen en su empeño de exigir el derecho a una investigación”.
Según la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el DF y el reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de Trata de Personas en el DF, el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito (Adevi) de la Procuraduría capitalina debe ofrecer hospedaje y transporte al lugar de origen a las víctimas directas o indirectas ofendidas o testigos de feminicidio, como fue el caso de Nadia y las otras tres mujeres asesinadas en la colonia Narvarte.
En el reportaje publicado, Héctor Alberto Pérez Rivera, coordinador de la Clínica contra la Trata de Personas y el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM, aseguró que la atención victimal de la PGJDF “está en la calle, está por los suelos”.
En entrevista, aseguró que para la Procuraduría “la víctima en el proceso no es una persona, es una evidencia que les sirve para sancionar a una persona”.
Puso como ejemplo el caso que lleva de una mujer víctima de trata: “Las pruebas que le hacen no sirven para acreditar la violación a un derecho, sino para acreditar la culpabilidad de un sujeto. Ese es el patrón: mientras les sirve, a la víctima la tratan como una prueba, por eso no le dan un lugar digno, por eso no acceden a la reparación del daño, por eso no acceden a la verdad, por eso las pruebas psicológicas no están orientadas a atender su dolor, sino a probar el delito”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
FECHA: 16 DE MARZO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433756/paga-pgjdf-hospedaje-200-a-familiares-victimas-delito-violento
domingo, 29 de noviembre de 2015
PGJDF resguardará información de 'Caso Narvarte'
La dependencia a cargo de Rodolfo Ríos, fue notificada, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la suspensión definitiva que otorgó luego de resolver al amparo "promovido por la omisión de resguardo de la información contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1".
De acuerdo con la notificación del recurso, interpuesto por familiares de las víctimas, la PGJDF deberá proteger "los datos personales de las víctimas, directas e indirectas, para que no se haga del dominio público la información contenida en la indagatoria relacionada con el caso Narvarte".
En septiembre pasado el juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal admitió el recurso solicitado por familiares de Rubén Espinosa Becerril por las filtraciones del caso que permitió la procuradora capitalina.
Entonces la juez María Catalina de la Rosa otorgó una suspensión provisional del acto reclamado, por lo que la dependencia fue obligada temporalmente a resguardar la totalidad de la información contenida en la citada averiguación previa.
De acuerdo con la información que emitió, en ese momento, el Consejo de la Judicatura Federal, todos los servidores públicos con acceso al expediente tuvieron que acatar la restricción, lo cual les impedía difundir cualquier información del caso.
La argumentación expuesta en el recurso 804/2015 señalaba que la información difundida ocasionó daño moral, revictimización y violó los derechos humanos de las víctimas y sus familias.
Además que las filtraciones del homicidio y cuatro feminicidios generaron actos de estigmatización y criminalización, equiparables a tormento con efectos de infamia, prohibidos por la Constitución.
Ahora, luego de casi tres meses de la determinación judicial, se ordena a la PGJDF el resguardo definitivo de la información del homicidio múltiple.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSEFINA QUINTERO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/28/pgjdf-resguardara-informacion-de-caso-narvarte-4791.html
Confirma juez que la PGJDF omitió resguardar información sobre caso Narvarte
En un comunicado, la dependencia informó que fue notificada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la suspensión definitiva al amparo promovido por la omisión de resguardo de la información contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1.
Dicha notificación también instruyó a la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos “para que se resguarden los datos personales de las víctimas, directas e indirectas, y no se haga del dominio público la información contenida en la indagatoria relacionada con el caso Narvarte”.
El viernes 31 de julio, Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín fueron asesinados en el departamento 401 del edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez.
Desde los primeros días, la PGJDF filtró información a ciertos medios de comunicación que fortaleció la línea de investigación que involucra el delito de robo, delincuencia organizada y prostitución. Prácticamente no se tocó la indagatoria que señaló un posible móvil político y su relación con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien Nadia y Rubén acusaron de amenazarlos.
A principios de septiembre pasado, la familia del periodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso y Cuartoscuro junto con la organización internacional Artículo 19 promovieron un amparo contra el actuar de la PGJDF.
El propósito fue evitar que continuara la filtración de información sobre el caso a los medios de comunicación con “interpretaciones sesgadas y parciales de la orden judicial”. Según sus argumentos, con las filtraciones se causó daños psicológicos y morales a los familiares de las cinco víctimas con la intención de criminalizarlas y estigmatizarlas.
Amistad entre Mile y detenidos, el origen: PGJDF
Ayer, el portal de noticias AnimalPolítico publicó que, a punto de cumplirse cuatro meses del multihomicidio, la PGJDF sólo ha reunido pruebas para fortalecer una de las líneas de investigación: que el origen del crimen es la “amistad” de los tres detenidos con Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana.
En entrevista, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales dela PGJDF Edmundo Garrido reconoció que aunque aún no tienen un móvil totalmente confirmado, la investigación ha permitido construir un “caso sólido ya consignado”, del que se mantiene un desglose abierto.
Según la nota, el funcionario dijo que se siguieron todas las líneas del caso incluso la de Veracruz. “Evidentemente que con tres personas consignadas una (línea) se fortalece y otras se debilitan. La que se fortaleció es que hay tres personas que privaron de la vida a estas cinco personas que estaban en el interior y que estas tres personas tenían un vínculo de amistad y afectividad con una de las personas que estaban en el interior”, dijo.
Sin embargo, Garrido Osorio reconoció que no tienen elementos suficientes para confirmar al 100%el móvil del crimen. La PGJDF, agregó, tampoco tiene pruebas de que supuestamente la mujer colombiana recibía cargamentos de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El funcionario reiteró que la averiguación previa del caso no se ha cerrado porque aún falta recabar testimonios –aunque no especificó de quiénes–, así como la localización de otras personas que podrían estar involucradas en el multihomicidio.
En su edición del pasado 17 de septiembre, Proceso publicó la existencia de videos captados por cámaras privadas que mostraban el intercambio de un paquete negro y un sobre amarillo que un par de horas después del crimen hicieron dos de los ahora detenidos con al menos dos personas más que no estuvieron en el departamento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
FECHA 28 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421979
miércoles, 25 de noviembre de 2015
La PGR reduce en 80% el número de testigos protegidos
Destacó que a partir de ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, por el contrario, de ser el caso tendrá que estar adminiculado con otros medios de prueba.
En sesión de trabajo, el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR analizó la situación que guardan los testigos protegidos que forman parte de dicho programa, y como resultado de ese análisis decidió dar de baja a tres de los 14 colaboradores.
De acuerdo con el Comité, basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos llegó a convertirse en administraciones pasadas en una práctica recurrente sin algún otro sustento.
Por ello, la procuradora general de la República, Arely Gómez, giró la instrucción de disminuir el número de esos testigos para evitar abusos en el empleo de la figura.
Ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, sino que adicionalmente deberá allegarse otros medios de prueba.
Para la investigación de los delitos del orden federal, de 66 testigos colaboradores registrados en 2012 se pasó a 53 en 2013, 40 un año después y actualmente sólo se reportan 11.
Es decir, en los últimos tres años se ha disminuido en 83.33% la cifra de testigos colaboradores, y en lo que va de esta administración –de marzo a la fecha– no se ha incluido a ninguna persona en dicho programa.
Gómez pidió que por lo menos cada tres meses se siga revisando la utilidad de las declaraciones en los procesos penales en los que intervienen los testigos protegidos, así como su comportamiento y disponibilidad, para que se determine la pertinencia de su continuidad.
Para costear diversos gastos de los testigos protegidos, entre ellos manutención y arrendamiento, la PGR erogó 217 millones 443 mil pesos de 2000 a abril de 2015.
Ello a pesar de que varios asuntos se han caído porque los señalamientos de los testigos colaboradores han resultado falsos. Tal es el caso del exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y del extitular de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, quienes fueron relacionados con la delincuencia organizada y finalmente puestos en libertad.
En abril de 2013 el entonces procurador Jesús Murillo Karam admitió que no se pudo comprobar lo que declaró el testigo en contra de ambos exfuncionarios, quien fungió como abogado del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Otros 13 acusados dentro de la Operación Limpieza, iniciada en 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, fueron exonerados.
De 1997 a marzo de este año, 806 personas han servido a la PGR como testigos colaboradores porque decidieron acogerse al programa con el único fin de que se les redujeran las penas impuestas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421619
martes, 10 de noviembre de 2015
Caso Ayotzinapa: La Policía Federal aportará los datos que pida PGR, dice Renato Sales
El comisionado Nacional de Seguridad subrayó que se trata de una investigación que sigue abierta y en la que se indagan distintas vertientes. Animal Político público que la Policía Federal presenció los incidentes en Iguala pero reportó saldo blanco.
Si la PGR lo solicita, la Policía Federal entregará cualquier informe relacionado con la actuación de sus elementos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, dijo este martes 10 de noviembre el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.
“La averiguación previa esta iniciada en la PGR. Nosotros estamos en plena disposición de aportar lo que sea solicitado en la Procuraduría y es una averiguación previa que sabemos esta en curso. Se han consignado algunos desgloses pero el expediente principal sigue abierto”, indicó Sales en entrevista tras su participación en el foro Sumemos Causas Policías + Ciudadanos.
Animal Político publicó a principios de octubre que patrullas de la Policía Federal estuvieron presentes en los lugares clave donde se registraron los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sin embargo, de acuerdo con la bitácoras oficiales incluidas en el expediente del caso, los agentes no intervinieron e incluso se reportó “saldo blanco”.
Policías federales dieron paso libre a secuestradores de normalistas: bitácora
El funcionario federal agregó que los hechos ocurridos en la noche de Iguala corresponden a una investigación que sigue en curso y en integración, y con la que ellos cooperarán si se les requiere datos sobre la actuación de las fuerzas federales. Señaló que es la PGR la que determinará las responsabilidades.
Respecto a los hechos de violencia ocurridos en Guerrero en los últimos días, incluido un tiroteo en un Palenque, Sales subrayó que se ha incrementado la presencia de elementos de la Gendarmería en varios puntos de la entidad, como el puerto turístico de Acapulco.
Defendió que si bien hay problemas que persisten en algunas partes del país, los operativos y la estrategia de seguridad actual han dado resultados.
“Hay que ver como estábamos hace algunos años. Del 2007 al 2011 pasamos de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes a 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, esto en apenas cuatro años. Actualmente estamos en 16 homicidios que claro, seguimos teniendo problemas en algunas entidades federativas, pero está disminuyendo la incidencia delictiva en este y otros delitos”, dijo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
“La averiguación previa esta iniciada en la PGR. Nosotros estamos en plena disposición de aportar lo que sea solicitado en la Procuraduría y es una averiguación previa que sabemos esta en curso. Se han consignado algunos desgloses pero el expediente principal sigue abierto”, indicó Sales en entrevista tras su participación en el foro Sumemos Causas Policías + Ciudadanos.
Animal Político publicó a principios de octubre que patrullas de la Policía Federal estuvieron presentes en los lugares clave donde se registraron los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sin embargo, de acuerdo con la bitácoras oficiales incluidas en el expediente del caso, los agentes no intervinieron e incluso se reportó “saldo blanco”.
Policías federales dieron paso libre a secuestradores de normalistas: bitácora
El funcionario federal agregó que los hechos ocurridos en la noche de Iguala corresponden a una investigación que sigue en curso y en integración, y con la que ellos cooperarán si se les requiere datos sobre la actuación de las fuerzas federales. Señaló que es la PGR la que determinará las responsabilidades.
Respecto a los hechos de violencia ocurridos en Guerrero en los últimos días, incluido un tiroteo en un Palenque, Sales subrayó que se ha incrementado la presencia de elementos de la Gendarmería en varios puntos de la entidad, como el puerto turístico de Acapulco.
Defendió que si bien hay problemas que persisten en algunas partes del país, los operativos y la estrategia de seguridad actual han dado resultados.
“Hay que ver como estábamos hace algunos años. Del 2007 al 2011 pasamos de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes a 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, esto en apenas cuatro años. Actualmente estamos en 16 homicidios que claro, seguimos teniendo problemas en algunas entidades federativas, pero está disminuyendo la incidencia delictiva en este y otros delitos”, dijo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
La PGJDF pretende dar carpetazo al multihomicidio en la Narvarte
El argumento es que la PGJDF se negó a informarles por escrito los avances de la investigación del crimen ocurrido el pasado 31 de julio en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, donde fueron asesinadas Milena Virginia Martín, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.
No sólo eso: la Procuraduría puso pretextos para no realizar o aplazar –sin fecha definida–, la realización de por lo menos 50 peritajes y diligencias específicas, así como la reconstrucción de hechos que la coadyuvancia le pidió por escrito dos veces –el 5 de agosto y el 10 de septiembre– para complementar la indagatoria y aclarar el crimen.
La solicitud de los demandantes incluía acciones que apuntan a Veracruz, de donde salieron el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera, exiliados por las amenazas y acoso que, a decir de ellos públicamente, provenían del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El pasado 12 de octubre, la PGJDF respondió a los abogados con la negativa de cumplir dichas peticiones, pues consideró que no era “necesario ni obligatorio” darles un informe por escrito. Entre sus argumentos expuso que los interesados han tenido “múltiples” reuniones informativas con las autoridades encargadas de la investigación, entre ellos Edmundo Garrido, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; Marco Reyes, fiscal de Homicidios; y Raúl Peralta, director de la Policía de Investigación de la dependencia.
También alegó que los interesados han podido revisar el expediente del caso en días y horarios hábiles. Sin embargo, la PGJDF no aclaró que éste es un derecho legal de la coadyuvancia, no un favor de la dependencia.
Sobre los peritajes y diligencias solicitadas, la PGJDF respondió que las realizará sólo si el Ministerio Público las considera “dables y oportunas” y si ello ocurre, se harían “en su momento procesal oportuno”.
De acuerdo con la demanda de amparo interpuesta por los abogados, con su respuesta la Procuraduría no dio “cumplimiento a su obligación constitucional y legal de informar a las víctimas sobre el desarrollo del proceso y no solventó las dudas que se plantearon”. Por si fuera poco, dejó a los familiares de las víctimas “en un estado de indefensión” pues no les dio ninguna certidumbre sobre el móvil del asesinato de sus familiares aquella tarde del 31 de julio.
Inconsistencias impiden cierre
Un resumen ejecutivo sobre el avance en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, elaborado por los abogados Karla Micheele Salas y David Peña –defensa de las familias de Nadia Vera y Mile Virginia Martín–, asegura que, pese a las inconsistencias en el expediente señaladas por los abogados coadyuvantes, la PGJDF les ha informado que en las próximas semanas el caso va a ser “cerrado y archivado”.
Entre las principales observaciones que alegan los también integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) está el doble discurso de la PGJDF. Y es que, dicen, por un lado el procurador Ríos Garza, ha presentado públicamente a tres personas –Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas– como las que “estuvieron presentes en el departamento el día de los hechos” y aparecen en los videos captados por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SP-DF) cuando entraron al edificio de la calle Luz Saviñón.
Sin embargo, el funcionario ha sido “muy cuidadoso” en no señalarlos públicamente como los responsables de los asesinatos. De esta manera, aclaran, evita “que los medios de comunicación le inquieran sobe la mecánica de los hechos, el móvil o la organización previa para el crimen”.
No obstante, los tres detenidos han recibido el auto de formal prisión por los delitos de homicidio y cuatro feminicidios, además del robo calificado. De hecho, Pacheco, Torres y Martínez se encuentran presos en el reclusorio Preventivo Oriente, en una zona conocida como “Diamante”. Se trata de un módulo de alta seguridad, con extrema vigilancia y salidas al patio, visitas y uso de dinero restringidos. Ahí están recluidos secuestradores, multihomicidas y líderes del crimen organizado… aquellos considerados como peligro para la sociedad. Por ejemplo, ahí están presos los acusados por el caso Heaven.
Una segunda inconsistencia, añaden, es que a más de tres meses de investigación, la PGJDF no ha podido establecer ni probar el móvil del multihomicidio. “No sabe cuál fue la motivación de este atroz crimen, por qué cuatro de las cinco víctimas fueron torturadas, ni por qué ni para qué actuaron de la forma en que lo hicieron las personas responsables de los hechos”.
Para colmo, agregan, las autoridades de justicia les han dicho que “no es obligación de la PGJDF el probar el móvil, eso en este caso es una exquisitez”. Así les respondieron en la reunión realizada el jueves 27 de agosto.
Como tercer punto, la coadyuvancia observa que tanto Pacheco Gutiérrez como Torres Tranquilino han admitido la participación de más personas y más vehículos antes y después de cometido el crimen. En su edición 2038, Proceso informó de la existencia de una videograbación captada por cámaras particulares a las 19:07 horas de aquel 31 de julio en calles de la delegación Coyoacán. Las imágenes mostraron el intercambio de un paquete negro y un sobre amarillo que Abraham y Omar tuvieron con al menos otra persona más.
El mismo Abraham lo reconoció en la ampliación de su declaración: “En el fotograma señalado con la hora 19:08:26 se ve a Omar después caminando hacia un sujeto con una playera color café clara como beige, sin saber quién es, porque es la gente de Omar…”.
En otra parte de su testimonio, el expolicía capitalino mencionó la presencia de dos personas a quienes reconoció como “gente de Omar”, quienes los ayudaron cuando el Mustang –propiedad de Mile y que robaron después del crimen– empezó a fallar y lo metieron al estacionamiento de un hotel ubicado en la calzada de Tlalpan: “Entonces llegan los del carro y me introducen al vehículo, pero a mí me ponen en la parte posterior atrás del copiloto, pero me piden que agache la cabeza, pues no quería Omar que viera a los otros dos tipos y le dijeron ellos que a mí me hubiera mandado Omar en Metro…”.
Otra inconsistencia marcada por los abogados y que la PGJDF no ha aclarado es el hallazgo en el departamento del ADN de una cuarta persona que participó en el multihomicidio. El material genético se obtuvo cuando — a petición de la coadyuvancia– se procesaron pericial y químicamente algunos objetos localizados en la zona del crimen, entre ellos, la liga para hacer ejercicio con la que fue asfixiada Nadia Vera. En ese artículo deportivo se encontró “una muestra de ADN con 14 marcadores definidos y sólo un marcador mezclado” que corresponden a los de una persona de sexo masculino, que no es ninguno de los tres detenidos ni de Rubén Espinosa. Eso, dicen, “nos obliga a pensar la participación de cuando menos una persona más en estos hechos”. Pero la PGJDF no ha mencionado nada al respecto.
Es el mismo caso en cuanto a las huellas dactilares que se encontraron en el departamento y en el Mustang y que no corresponden ni a las víctimas ni a los tres detenidos. Por ello, dicen los abogados, la Procuraduría “no ha podido tampoco descartar la presencia de otros sujetos en el departamento al momento de crimen”.
En el resumen ejecutivo del caso, los autores destacan que la PGJDF realizó un cruce de llamadas telefónicas entre los tres detenidos con el cual construyó una “red” de comunicaciones con la que pretendió acreditar que se “organizaron” para cometer el crimen.
No obstante, dicen que la autoridad ha omitido investigar el cúmulo de llamadas que los tres tuvieron antes, durante y después de ir al departamento de la colonia Narvarte. Y son enfáticos: “existen llamadas y enlaces telefónicos sin investigar, números telefónicos sin procesar e incluso enlaces de comunicación de Puebla, Chihuahua y del Estado de México que siguen sin ser investigados”.
Peor aún, no se ha hecho un seguimiento de los teléfonos celulares de Nadia y Rubén, pese a que lo solicitaron desde septiembre pasado. “A 100 días de los hechos no se tiene información cierta sobre la localización, uso y llamadas o mensajes que pudieron haberse enviado y recibido de ambos teléfonos después del crimen”.
Sobre la camioneta Suburban azul, presuntamente propiedad de Daniel Pacheco, en la que los homicidas llegaron al departamento (Proceso 2027), señalan que luego de ser localizada el 1 de octubre en un estacionamiento de una unidad habitacional en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, los peritos no hallaron rastros de droga, armas ni otro indicio “que permita robustecer ninguna de las hipótesis que ha mantenido la PGJDF”.
Respecto a la pistola utilizada para ultimar a las víctimas, la coadyuvancia informa que el rastreo y el análisis comparativo, tanto en la base de datos de armas del Distrito Federal como de la Procuraduría General de la República (PGR) no se encontró ningún antecedente delincuencial. Ello indica que el arma nunca había sido utilizada en otros hechos delictivos o que era nueva, “lo que permite concluir que se trató de una arma especialmente adquirida para el multihomicidio”.
Sobre este mismo aspecto, señalan que aunque la PGJDF ha reiterado su negativa de que los homicidas usaron un silenciador para accionar el arma, “los testimonios de más de siete vecinos señalan que en ningún momento escucharon las detonaciones con las que fueron asesinados Rubén, Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra”.
Una de las acciones más cuestionadas a la dependencia que encabeza Rodolfo Ríos desde que ocurrió el multihomicidio fue la filtración de información que salió de la misma procuraduría y de manera parcial para encaminar el caso a un asunto de prostitución, robo y narcomenudeo. No obstante, tampoco ha encontrado la droga que supuestamente le quitaron a Mile en el departamento.
En el resumen ejecutivo de las inconsistencias de la investigación, la coadyuvancia señala la “violencia institucional en contra de las víctimas desde las primeras horas de cometido el crimen hasta la fecha”. La acusa de “dirigir a la opinión pública y crear una verdad paralela sobre lo que en realidad consta en la investigación”.
Destaca su preocupación por el manejo sobre la información relativa a Mile Virginia, la víctima de origen colombiano. Dice: “A partir de estereotipos derivados de la apariencia de la víctima y de su nacionalidad, la PGJDF construyó un perfil de la víctima, le impuso un apodo o sobrenombre y ha filtrado información a los medios de comunicación sobre supuestas actividades previas al crimen así como su involucramiento en los hechos”.
No obstante, agrega, a 100 días de los hechos, la Procuraduría “no puede establecer con pruebas objetivas la supuesta relación que tenía Mile Virginia con los responsables, ni si ellos se conocían previamente”.
Pero eso no es todo. Como representantes legales de la familia de la joven en México, los litigantes acusan que el “uso malicioso” en la prensa que ha hecho la PGJDF sobre su imagen, así como el “maltrato” al propio cuerpo de la víctima, pues fue enviado a Colombia en un avanzado estado de descomposición y “muchas” semanas después, bajo el argumento de que “el cuerpo estaba en investigación”. Eso, añaden, “se tradujo en un maltrato físico al propio cuerpo y una afectación emocional para sus familiares”.
Lamentable, el papel de la CDHDF
En la lista de inconsistencias señaladas por la coadyuvancia, destaca la crítica al “lamentable papel” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), presidida por Perla Gómez Gallardo, pues critica que “con su silencio se ha convertido en parte de la impunidad que prevalece en el caso”.
Y señala sus errores: En un primer comunicado de prensa sólo hizo referencia al fotoperiodista Rubén Espinosa y pidió a las autoridades capitalinas medidas cautelares hacia su familia, “dejando de lado” a las cuatro víctimas mujeres. Tampoco verificó que los restos de Mile Virginia se preservaran y que su traslado a Colombia se diera respetando los derechos de la familia.
Más: Aún cuando acreditó que Daniel Pacheco Gutiérrez fue víctima de tratos crueles durante su detención, la Comisión se pronunció diciendo que “no fue víctima de tortura”. Con ello, restó “importancia a la coacción de la cual fue objeto el detenido para declarar”.
Karla Micheele Salas y David Peña también observan que la PGJDF ha incumplido las medidas cautelares emitidas por la CDHDF para evitar las filtraciones de información, que se respeten los derechos de las víctimas y se garantice el derecho a la coadyuvancia.
“A pesar de los claros incumplimientos, dicha instancia no se ha pronunciado ni ha hecho valer los medios legales que tiene a su disposición para que se investigue y sancione el incumplimiento de sus peticiones”. Tampoco se ha pronunciado contra las omisiones que la Procuraduría ha hecho en la indagatoria, aún cuando la misma Comisión las ha acreditado y “pese a la importancia que conllevaría que esa instancia se pronunciara sobre un caso que se encuentra aún abierto y que puede corregirse”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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