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¿Qué cambios habrá al pasar de Procuraduría a Fiscalía de la CDMX? Esto dice el plan de transición

El plan de transición de Procuraduría a Fiscalía incluye la creación de un nuevo cuerpo policiaco de investigación criminal.

Fue presentado el Plan de Transición que será la base de la nueva Fiscalía de la Ciudad de México, y que propone cinco puntos con cambios esenciales respecto a la actual Procuraduría General de Justicia. Uno de ellos es reforzar la capacidad para resolver los delitos de alto impacto.

Una Comisión Técnica, integrada por especialistas en investigación criminal, derechos humanos y procuración e impartición de justicia, guió los trabajos de análisis sobre el funcionamiento de la actual Procuraduría, y el plan para hacer el cambio.

PGJDF pide orden de aprehensión contra comandante de la policía que filtró información del caso Narvarte

El comandante de la policía de investigación del DF, René Ruiz Mejía, habría proporcionado ilegalmente información reservada a periodistas sobre las placas de circulación del vehículo Ford Mustang Shelby involucrado en el multihomicidio, así como fotografías del departamento donde tuvo lugar el asesinato.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó al juez decimo octavo de lo penal que girara una orden de aprehensión contra René Ruiz Mejía, comandante de la policía investigadora capitalina, por facilitar a diversos medios de comunicación información confidencial de las investigaciones sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte.

De acuerdo con el expediente de consignación del que Animal Político tiene copia, el comandante René Ruiz Mejía, quien está adscrito a la Fiscalía desconcentrada de Investigación en la delegación Benito Juárez, habría proporcionado información reservada a periodistas sobre las placas de circulación del vehículo Ford Mustang Shelby, el cual estuvo involucrado en las averiguaciones del caso Narvarte.

Según la Fiscalía, el elemento policiaco aprovechó su condición como funcionario para acceder con su nombre de usuario y clave a la Base de Datos Informática de la Procuraduría, conocida como Sistema Único de Información Delictiva del DF, y obtener “toda la información privilegiada o exclusiva que deseaba”.

Asimismo, la Procuraduría de la Ciudad de México acusa a René Ruiz Mejía de haber filtrado a la prensa fotografías del interior del departamento ubicado en la calle Luz Saviñón de la colonia Narvarte, donde el pasado 31 de julio aparecieron los cadáveres del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera, y de Yesenia Quiroz, Mile Martín, y Olivia Negrete.

Como pruebas de que el comandante de policía filtró estas informaciones a los medios, la Fiscalía adjunta en el expediente de consignación impresiones de siete notas periodísticas de tres medios diferentes, fechadas el tres y cinco de agosto del año pasado.

En varias de las notas periodísticas del 3 de agosto que menciona la Procuraduría, el elemento clave con el que arrancan las informaciones es que la Fiscalía capitalina buscaba la pista de un Mustang Shelby, y mencionan el número exacto de la placa del vehículo, mismo al que tuvo acceso el funcionario.

La Fiscalía capitalina pide para este comandante de la policía entre dos y siete años de cárcel, así como la destitución de su cargo e inhabilitación de tres a diez años como servidor público, por “ejercicio ilegal del servicio público”, ya que “utilizó indebidamente” información de la dependencia aprovechándose de su cargo como funcionario.

Asimismo, en el expediente de consignación, la Fiscalía también acusa a René Ruíz Mejía de haber accedido ilegalmente a otras 28 averiguaciones previas de otros tres casos.

No obstante, en la consignación del expediente la Fiscalía no menciona las razones por las que el funcionario habría filtrado información en el caso del multihomicidio de la Narvarte, ni tampoco que el policía hubiera recibido un pago por facilitar los documentos a los medios de comunicación.

Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre, el juez noveno de Distrito en Materia Penal avaló un amparo, promovido por la familia del fotoperiodista asesinado Rubén Espinosa y la organización Artículo 19, con el que se le ordenaba a la Procuraduría del DF que no filtrara información sobre el multihomicidio de la Narvarte.

Este mandato judicial se produjo tras la filtración, por ejemplo, de fotos de la escena del crimen.

Homicidio, caso abierto

Por otra parte, los abogados de las víctimas del multihomicidio obtuvieron de un juez federal un amparo para que la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no cierre la averiguación del caso, y por el contrario, desahogue diversas pruebas que se han solicitado.

Entre otras cosas, los defensores en su calidad de coadyuvantes, han pedido que se amplíen los resultados de peritajes en criminalística y mecánica de hechos, pues señalaron dudas en torno a como se habría cometido el crimen en el interior del departamento del departamento de la colonia Narvarte.


Este día se realizará una conferencia de prensa al mediodía en el que se ampliarán los detalles en torno a esta sentencia judicial obtenida.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE/ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/pgjdf-pide-orden-de-aprehension-contra-comandante-de-la-policia-que-filtro-informacion-del-caso-narvarte/

Paga PGJDF hospedaje de $200 a familiares de víctimas de delito violento

CIUDAD DE MÉXICO: La ayuda para hospedaje que la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) ofrece por ley a familiares o víctimas de delito violento oscila entre los 200 y 420 pesos por noche, mientras que para alimentación va de los 65 a los 90 pesos por día.

Esa fue la respuesta que la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos dio a un particular que le solicitó –vía transparencia de la información– datos sobre el protocolo de atención a las víctimas de delito violento, entre los que destacan el tipo de apoyo que les otorgan a estos y a sus familias.

A través de un comunicado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), explicó que la PGJ dijo al solicitante que no era posible revelar los montos de la ayuda porque son de acceso restringido en su modalidad de reservada por seguridad de los involucrados.


El particular interpuso un recurso de revisión ante el organismo por considerar que la respuesta de la Procuraduría era “parcial e incompleta”. Entonces, ésta tuvo que revelar los montos solicitados.

En su edición 2048, la revista Proceso publicó un reportaje sobre el trato de revictimización que la Procuraduría capitalina dio a Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera Pérez, una de las cinco personas asesinadas en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015.

La investigación reveló las malas condiciones higiénicas y de seguridad del hotel donde la dependencia dio hospedaje a la mujer –así como a la madre de Yesenia Quiroz, otra de las víctimas– durante el inicio de la investigación sobre el crimen.

De acuerdo con el reportaje, se trata de un inmueble ubicado en la colonia Doctores, a escasas tres cuadras de la sede central de la dependencia, donde “lo mismo llegan parejas por un par de horas de pasión y turistas con bajo presupuesto, que víctimas de trata y agresión sexual o familiares de quienes fueron brutalmente asesinados”.

Las condiciones físicas y del entorno del hotel de inmediato fueron rechazadas por la madre de la víctima y su defensa. Y es que, cuando Mirtha Pérez y su abogada particular entraron a la habitación asignada en la recepción del hotel, la primera exclamó: “¡Esto es una coartada, aquí nos van a matar a nosotros también!”.

Más: El 9 de noviembre de 2015, durante la presentación de la Plataforma de Seguimiento del Caso Narvarte, Pérez aseguró que el hotel donde la PGJDF aloja a los familiares de las víctimas presenta “un ambiente de pánico e inseguridad a propósito para amedrentarlos y hacer que cejen en su empeño de exigir el derecho a una investigación”.

Según la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el DF y el reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de Trata de Personas en el DF, el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito (Adevi) de la Procuraduría capitalina debe ofrecer hospedaje y transporte al lugar de origen a las víctimas directas o indirectas ofendidas o testigos de feminicidio, como fue el caso de Nadia y las otras tres mujeres asesinadas en la colonia Narvarte.

En el reportaje publicado, Héctor Alberto Pérez Rivera, coordinador de la Clínica contra la Trata de Personas y el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM, aseguró que la atención victimal de la PGJDF “está en la calle, está por los suelos”.

En entrevista, aseguró que para la Procuraduría “la víctima en el proceso no es una persona, es una evidencia que les sirve para sancionar a una persona”.


Puso como ejemplo el caso que lleva de una mujer víctima de trata: “Las pruebas que le hacen no sirven para acreditar la violación a un derecho, sino para acreditar la culpabilidad de un sujeto. Ese es el patrón: mientras les sirve, a la víctima la tratan como una prueba, por eso no le dan un lugar digno, por eso no acceden a la reparación del daño, por eso no acceden a la verdad, por eso las pruebas psicológicas no están orientadas a atender su dolor, sino a probar el delito”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
FECHA: 16 DE MARZO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433756/paga-pgjdf-hospedaje-200-a-familiares-victimas-delito-violento

PGJDF resguardará información de 'Caso Narvarte'

México, DF. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fue obligada por la justicia federal a resguardar toda la información contenida en el expediente de investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el pasado 31 de julio, donde perdieran la vida el fotoreportero, Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y tres mujeres más.

La dependencia a cargo de Rodolfo Ríos, fue notificada, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la suspensión definitiva que otorgó luego de resolver al amparo "promovido por la omisión de resguardo de la información contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1".

De acuerdo con la notificación del recurso, interpuesto por familiares de las víctimas, la PGJDF deberá proteger "los datos personales de las víctimas, directas e indirectas, para que no se haga del dominio público la información contenida en la indagatoria relacionada con el caso Narvarte".

En septiembre pasado el juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal admitió el recurso solicitado por familiares de Rubén Espinosa Becerril por las filtraciones del caso que permitió la procuradora capitalina.

Entonces la juez María Catalina de la Rosa otorgó una suspensión provisional del acto reclamado, por lo que la dependencia fue obligada temporalmente a resguardar la totalidad de la información contenida en la citada averiguación previa.

De acuerdo con la información que emitió, en ese momento, el Consejo de la Judicatura Federal, todos los servidores públicos con acceso al expediente tuvieron que acatar la restricción, lo cual les impedía difundir cualquier información del caso.

La argumentación expuesta en el recurso 804/2015 señalaba que la información difundida ocasionó daño moral, revictimización y violó los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

Además que las filtraciones del homicidio y cuatro feminicidios  generaron actos de estigmatización y criminalización, equiparables a tormento con efectos de infamia, prohibidos por la Constitución.


Ahora, luego de casi tres meses de la determinación judicial, se ordena a la PGJDF el resguardo definitivo de la información del homicidio múltiple.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSEFINA QUINTERO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/28/pgjdf-resguardara-informacion-de-caso-narvarte-4791.html

Confirma juez que la PGJDF omitió resguardar información sobre caso Narvarte

MÉXICO, DF: A casi cuatro meses del multihomicidio de la colonia Narvarte, un juez confirmó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no resguardó debidamente la información sobre la indagatoria del caso y le ordenó no hacerla del dominio público.

En un comunicado, la dependencia informó que fue notificada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la suspensión definitiva al amparo promovido por la omisión de resguardo de la información contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1.

Dicha notificación también instruyó a la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos “para que se resguarden los datos personales de las víctimas, directas e indirectas, y no se haga del dominio público la información contenida en la indagatoria relacionada con el caso Narvarte”.

El viernes 31 de julio, Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín fueron asesinados en el departamento 401 del edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez.

Desde los primeros días, la PGJDF filtró información a ciertos medios de comunicación que fortaleció la línea de investigación que involucra el delito de robo, delincuencia organizada y prostitución. Prácticamente no se tocó la indagatoria que señaló un posible móvil político y su relación con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien Nadia y Rubén acusaron de amenazarlos.

A principios de septiembre pasado, la familia del periodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso y Cuartoscuro junto con la organización internacional Artículo 19 promovieron un amparo contra el actuar de la PGJDF.

El propósito fue evitar que continuara la filtración de información sobre el caso a los medios de comunicación con “interpretaciones sesgadas y parciales de la orden judicial”. Según sus argumentos, con las filtraciones se causó daños psicológicos y morales a los familiares de las cinco víctimas con la intención de criminalizarlas y estigmatizarlas.

Amistad entre Mile y detenidos, el origen: PGJDF

Ayer, el portal de noticias AnimalPolítico publicó que, a punto de cumplirse cuatro meses del multihomicidio, la PGJDF sólo ha reunido pruebas para fortalecer una de las líneas de investigación: que el origen del crimen es la “amistad” de los tres detenidos con Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana.

En entrevista, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales dela PGJDF Edmundo Garrido reconoció que aunque aún no tienen un móvil totalmente confirmado, la investigación ha permitido construir un “caso sólido ya consignado”, del que se mantiene un desglose abierto.

Según la nota, el funcionario dijo que se siguieron todas las líneas del caso incluso la de Veracruz. “Evidentemente que con tres personas consignadas una (línea) se fortalece y otras se debilitan. La que se fortaleció es que hay tres personas que privaron de la vida a estas cinco personas que estaban en el interior y que estas tres personas tenían un vínculo de amistad y afectividad con una de las personas que estaban en el interior”, dijo.
Sin embargo, Garrido Osorio reconoció que no tienen elementos suficientes para confirmar al 100%el móvil del crimen. La PGJDF, agregó, tampoco tiene pruebas de que supuestamente la mujer colombiana recibía cargamentos de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El funcionario reiteró que la averiguación previa del caso no se ha cerrado porque aún falta recabar testimonios –aunque no especificó de quiénes–, así como la localización de otras personas que podrían estar involucradas en el multihomicidio.


En su edición del pasado 17 de septiembre, Proceso publicó la existencia de videos captados por cámaras privadas que mostraban el intercambio de un paquete negro y un sobre amarillo que un par de horas después del crimen hicieron dos de los ahora detenidos con al menos dos personas más que no estuvieron en el departamento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
FECHA 28 NOVIEMBRE 2015.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421979

La PGR reduce en 80% el número de testigos protegidos

México, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) informó que redujo en 80% el número de testigos protegidos que coadyuvan con las autoridades para fincar cargos, tanto a funcionarios públicos como a miembros del crimen organizado.

Destacó que a partir de ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, por el contrario, de ser el caso tendrá que estar adminiculado con otros medios de prueba.

En sesión de trabajo, el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR analizó la situación que guardan los testigos protegidos que forman parte de dicho programa, y como resultado de ese análisis decidió dar de baja a tres de los 14 colaboradores.

De acuerdo con el Comité, basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos llegó a convertirse en administraciones pasadas en una práctica recurrente sin algún otro sustento.

Por ello, la procuradora general de la República, Arely Gómez, giró la instrucción de disminuir el número de esos testigos para evitar abusos en el empleo de la figura.

Ahora ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, sino que adicionalmente deberá allegarse otros medios de prueba.

Para la investigación de los delitos del orden federal, de 66 testigos colaboradores registrados en 2012 se pasó a 53 en 2013, 40 un año después y actualmente sólo se reportan 11.

Es decir, en los últimos tres años se ha disminuido en 83.33% la cifra de testigos colaboradores, y en lo que va de esta administración –de marzo a la fecha– no se ha incluido a ninguna persona en dicho programa.

Gómez pidió que por lo menos cada tres meses se siga revisando la utilidad de las declaraciones en los procesos penales en los que intervienen los testigos protegidos, así como su comportamiento y disponibilidad, para que se determine la pertinencia de su continuidad.

Para costear diversos gastos de los testigos protegidos, entre ellos manutención y arrendamiento, la PGR erogó 217 millones 443 mil pesos de 2000 a abril de 2015.

Ello a pesar de que varios asuntos se han caído porque los señalamientos de los testigos colaboradores han resultado falsos. Tal es el caso del exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y del extitular de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, quienes fueron relacionados con la delincuencia organizada y finalmente puestos en libertad.

En abril de 2013 el entonces procurador Jesús Murillo Karam admitió que no se pudo comprobar lo que declaró el testigo en contra de ambos exfuncionarios, quien fungió como abogado del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

Otros 13 acusados dentro de la Operación Limpieza, iniciada en 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, fueron exonerados.


De 1997 a marzo de este año, 806 personas han servido a la PGR como testigos colaboradores porque decidieron acogerse al programa con el único fin de que se les redujeran las penas impuestas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421619