Admite PGR inocencia de indígenas acusadas de secuestrar policías federales

El próximo martes 21 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) llevará a cabo un acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las indígenas hñähñú Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron encarceladas injustamente por más de tres años, acusadas por el secuestro de seis policías federales.

En un comunicado, la PGR indicó que mediante este acto público cumplirá con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los juicios 6234/13-17-01-1/1237/13-PL-04;6233/13-17-09-10/1521/13-PL-08-04 y 6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-04.

El acto será presidido por Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, y contará con la participación de las víctimas y de Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante legal de las mujeres.

El reconocimiento se llevará a cabo el 21 de febrero a las 12:30 horas, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, "para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas", apuntó la Procuraduría.

El encarcelamiento de las tres víctimas ocurrió en marzo de 2006, luego de que la extinta Agencia Federal de Investigaciones las acusara de secuestrar a seis de sus agentes, luego de un frustrado operativo contra la venta de piratería en el tianguis de la comunidad de Santiago Mexquititlán.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: FERNANDO CAMACHO SERVÍN.

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/14/reconoce-pgr-inocencia-de-3-indigenas-encarceladas-injustamente

PGR deberá divulgar declaraciones de Echeverría sobre “guerra sucia”

CIUDAD DE MÉXICO: Con el objetivo de ayudar a construir la verdad de hechos como la “guerra sucia”, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer pública una versión de las declaraciones ministeriales de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle y Alonso Aguirre Ramos, contenidas en la averiguación previa AP PGR/FEMOSPP/02/2002.

Luego de que un particular solicitó esa información, la PGR manifestó la existencia de 167 copias de las declaraciones ministeriales solicitadas, mismas que se ponían a disposición en copias simples, en versión pública y previo pago de los derechos correspondientes.

Sin embargo, la dependencia precisó que en las versiones públicas se eliminarían los datos de los servidores que prestaron servicios sustantivos a la institución, entre ellos nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, a través del cual impugnó la clasificación de los nombres de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, Alonso Aguirre Ramos y el nombre de funcionarios públicos y personal militar que participó en el periodo de la “guerra sucia”, en virtud de que la respuesta era ambigua y no definía cuáles nombres eran confidenciales y cuáles no.

En alegatos, la PGR precisó que la clasificación de confidencialidad, notificada a través de la respuesta inicial, no versa sobre los nombres de Echeverría Álvarez, Gutiérrez Oropeza, Nazar Haro, Gutiérrez Gómez Tagle y Aguirre Ramos.

Derivado del desahogo al Requerimiento de Información Adicional (RIA), solicitado por la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, el sujeto obligado manifestó que los servidores públicos sustantivos a que hacía referencia en su respuesta eran agentes del Ministerio Público de la Federación de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Aclaró que si bien los mismos no pertenecían a la hoy denominada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), éstos también resultaban competentes para conocer de todos los delitos del fuero federal, inclusive de delincuencia organizada.

Manifestó la importancia de observar el principio rector de “indivisibilidad del Ministerio Público”, en el que se establece que los agentes del Ministerio Público actúan como una unidad colectiva, toda vez que cada uno de ellos puede sustituirse en cualquier momento, obedeciendo a las necesidades de servicio que tenga la PGR para el ejercicio y cumplimiento de sus facultades y funciones.

Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia de Salas expuso que los nombres de los servidores públicos, en principio, es información de naturaleza pública, debido a los cargos que desempeñan, así como por la necesidad de rendir cuentas por el uso de recursos públicos.

La PGR, agregó, no acreditó un vínculo entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud, ya que si bien las funciones de los servidores públicos de la extinta Femospp estaban encaminadas a la prevención, investigación y persecución del delito, lo cierto es que, en el caso concreto, el hecho de proporcionar sus datos no los vincula con las labores que pudieron haber realizado o no en el combate de la delincuencia organizada, en alguna de las unidades dependientes de la SEIDO.

En consecuencia, apuntó, no se acredita un riesgo real, demostrable e identificado de perjuicio, toda vez que al no estar relacionada la información solicitada con las labores de combate a la delincuencia organizada, no es posible indicar que se pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física y/o la de sus familiares.

No obstante, los datos personales de testigos, víctimas e inculpados, sí es información clasificada como confidencial, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destacó.

Por lo expuesto, a propuesta de Salas Suárez, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó a entregar versión pública de las declaraciones ministeriales solicitadas, en los términos referidos.

También deberá entregar la resolución de su Comité de Transparencia, en la que funde y motive la clasificación de los datos personales de testigos, víctimas e inculpados.

Al presentar el asunto, el comisionado Joel Salas Suárez recordó que el Pleno del INAI ha discutido en varias ocasiones recursos de revisión relacionados con la “guerra Sucia” y las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, capítulos oscuros de nuestra historia, en los que se ha coincidido, dijo, en que el derecho de acceso a la información puede ayudarnos a reconstruir la verdad para reparar y no repetir el pasado.


“El derecho de acceso a la información pública permite a la población conocer documentos de nuestra historia para promover la rendición de cuentas, pero también para contribuir a escribir o reescribir la historia política reciente de nuestro país desde distintas perspectivas y con distintas miradas. Sin la información de esos documentos, esto no será posible, entender el pasado para cambiar el presente y redefinir el rumbo del futuro”, enfatizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472482/pgr-debera-divulgar-declaraciones-echeverria-guerra-sucia

Juez ordena a PGR fundar su negativa para investigar quejas del suegro de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO: Un juez de control de Veracruz ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) fundar y motivar su decisión de no investigar los “actos de vigilancia y acecho” denunciados por Jesús Antonio Macías Yazegey, suegro del prófugo exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, ordenó al MP federal que explique por qué no ha investigado la denuncia de Macías Yazegey en contra de la propia PGR y de la División de Gendarmería de la Policía Federal (PF).

Macías Yazegey es investigado por la PGR como parte del entramado de Duarte para desviar millonarios recursos del erario veracruzano mientras fue gobernador. En octubre pasado, junto con su esposa María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, solicitó un amparo contra su detención.

Dentro del recurso de impugnación 1/2017, el juez de control señaló que la decisión del MP federal de no investigar los actos denunciados por el suegro de Duarte carece de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación.


A partir de la resolución del juez, el Ministerio Público federal tendrá que emitir una nueva determinación en la que motive y fundamente su decisión de atender o no el reclamo del suegro del exgobernador prófugo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/471568/juez-ordena-a-pgr-fundar-negativa-investigar-quejas-del-suegro-javier-duarte

Dan más tiempo a PGR para recopilar pruebas contra detenidas por caso de empresas fantasma

Un juez aceptó una petición de PGR y contará con otros 3 meses para buscar evidencia en el caso de dos mujeres detenidas, presuntas responsables en el caso de las empresas fantasma durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

La Procuraduría General de la República solicitó al Poder Judicial de la Federación ampliar por tres meses más el periodo de investigación que sigue en contra de Elia “N” y Nadia “N”, las únicas dos personas detenidas hasta la fecha por su probable participación en la red de prestanombres mediante la cual el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvió cientos de millones de pesos del presupuesto público.

Las dos mujeres detenidas fueron consignadas ante el juez el pasado 23 de octubre de 2016, y desde entonces permanecen privadas de la libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en espera de que inicie el juicio en su contra.
Cuando fueron consignadas, en octubre de 2016, el juez otorgó a la PGR tres meses para que completara su proceso de investigación y recolección de pruebas, periodo que concluyó este lunes 23 de enero de 2017.

Sin embargo, de las seis fases de recolección de pruebas programadas por la PGR, sólo se concluyeron tres, por lo cual, solicitó formalmente al juez federal que se ampliara el periodo de investigación, petición que fue concedida.

De esta manera, la PGR contará con otro periodo de tres meses, para concluir las tres fases de recolección de evidencias que aún sigue sin concluir.

La primer fase de investigación que aún está inconclusa es entrevistar a los representantes legales de las diversas empresas, mediante las cuales presuntamente se fraguó el desfalco al presupuesto público, encabezado por el exgobernador Duarte y distintos prestanombres.

La segunda fase de la investigación es concluir un peritaje en contabilidad a las empresas que se presume fueron creadas con el único fin de simular compras gubernamentales.

Y la tercer fase que deberá concluir en los próximos tres meses es la recolección de pruebas sobre las presuntas operaciones financieras que estas empresas realizaron en Estados Unidos, para lavar el dinero desfalcado al gobierno de Veracruz.

En su turno al habla, el abogado defensor de las detenidas se manifestó en contra de ampliar el periodo de investigación por otros tres meses, al considerar que desde un inicio la PGR presentó acusaciones en contra de sus defendidas sin contar con pruebas en su contra, deficiencia que ahora se pretende subsanar otorgándole un plazo total de medio año para buscar dichas evidencias incriminatorias, lo cual atenta contra el principio de presunción de inocencia y genera un daño irreparable a Elia y Nadia “N”, ya que el tiempo que acumulen en prisión no podrá ser resarcido jamás.

No obstante, el juez consideró que los dos periodos de tres meses otorgados a la PGR para robustecer su investigación están dentro de los tiempos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, aún con la posible afectación que se cause a las detenidas, al mantenerlas recluidas sin que existan todavía pruebas suficientes para condenarlas, dicha situación es parte de un procedimiento normal de juicio penal.


Así, será hasta el próximo 23 de abril que se dé por concluido el proceso de recolección de evidencias en contra de las detenidas, con lo cual podrá iniciar formalmente el proceso de alegatos y sentencia.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/empresas-fantasma-veracruz-pgr/

Investiga PGR decomiso de dos ‘narcolaboratorios’ en Sinaloa

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) inició dos carpetas de investigación a través de su delegación en Sinaloa por el desmantelamiento y aseguramiento de dos laboratorios clandestinos y más de 16 mil litros de químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

El Ministerio Público Federal dio a conocer que el primer laboratorio clandestino fue localizado en inmediaciones del poblado Las Juntas de Bagrecitos, en el municipio de Culiacán, mismo que se encuentra resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En ese lugar fueron localizados 302 bidones con 11 mil litros de sustancias químicas, siete tinas con 2 mil 200 litros de sustancias químicas, 15 sacos con sustancia solida color blanco con un peso de 300 kilogramos, tres bolsas conteniendo polvo blanco con un peso de un kilogramo 500 gramos, un tambo con 170 litros de sustancia liquida color ámbar, 11 centrifugadoras, dos básculas, 54 tinas vacías, ocho hornillas con quemadores, nueve reactores, cuatro abanicos y dos condensadores.


El segundo aseguramiento se llevó a cabo en las inmediaciones del poblado Rincón de las Moras, perteneciente a la Labor, municipio de San Ignacio, y allí se aseguraron 31 bidones con 910 litros de sustancias químicas, 76 costales con sustancia sosa cáustica y polvo gris con un peso de mil 810 kilogramos, dos tinas con 170 litros de sustancia amarilla, dos tambos contiendo 155 litros de sustancia transparente, 10 reactores y 26 condensadores.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/19/investiga-pgr-decomiso-de-dos-2018narcolaboratorios2019-en-sinaloa

Caso Ayotzinapa: admite PGR que ‘El Cepillo’ pudo ser torturado

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) realizó evaluaciones médico-psicológicas a ocho personas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl isidro Burgos”, ocurrida el 26 septiembre de 2014, y detalló que dos arrojaron resultados coincidentes con los hechos.


En un comunicado, la dependencia destacó que los Servicios Periciales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) integraron los dictámenes correspondientes a cada una de las personas a quienes se aplicó el Protocolo de Estambul o evaluaciones Médico y Psicológicas Especializadas para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Precisó que mediante análisis científico-técnico se determinó que seis no presentan lesiones que pudieran ser compatibles con posibles maniobras de tortura física, y tampoco revelan datos ni manifestaciones que pudieran corresponder con tortura psicológica.

Se trata de Alberto Aceves Serrano, Darío Morales Sánchez, Edgar Magdaleno Navarro Cruz, Leodan Fuentes Pineda y/o Leodan Pineda Fuentes, Óscar Augusto Pérez Carreto y Verónica Bahena Cruz.

Respecto de la evaluación científico-medica realizada a Felipe Rodríguez Salgado, ésta arrojó que presenta algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física.

Según la PGR, Rodríguez Salgado se negó a que se le realizará la evaluación psicológica obligatoria, tal como lo establece el Protocolo de Estambul.

En el interrogatorio, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, acusado de participar en la incineración de los normalistas, aseguró no sentir remordimiento por la muerte de los normalistas de Ayotzinapa, ya que los estudiantes –aseguró– eran sicarios que trabajaban para el grupo antagónico de Los Rojos.

En el caso de Edgar Vieyra Pereyda, en el análisis científico-médico también se ubicaron algunas lesiones que pudieran tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física, destacó la PGR.

El procesado aceptó la aplicación de la evaluación psicológica, y se determinó que no presenta reacciones, ni clasificaciones de diagnóstico establecidas en víctimas de un evento de tortura, de conformidad con lo que establece el Protocolo de Estambul.


Vieyra Pereyda, expolicía del municipio de Iguala, fue detenido el 29 diciembre 2014, acusado de estar coludido con el grupo de Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470712/caso-ayotzinapa-admite-pgr-cepillo-pudo-torturado

Mario Villanueva llega a la CDMX; PGR ejecuta orden de aprehensión

El ex gobernador de Quintana Roo llegó esta tarde al aeropuerto de la Ciudad de México, tras permanecer recluido más de seis años en una cárcel de EU.

Luego de su hoy a la Ciudad de México en un vuelo comercial, tras permanecer recluido más de seis años en una cárcel de Estados Unidos, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, ha sido traslado a un hospital para valoración médica.

El ex mandatario llegó a las 12:40 horas en el vuelo comercial de Aeroméxico, procedente de Los Angeles; pasó por migración y se le practicó un examen médico.

Villanueva Madrid fue entregado en extradición al haberse declarado culpable de lavado de dinero, una corte federal lo sentenció a 131 meses de prisión, acreditándose el tiempo que ya había estado detenido en México antes de ser extraditado.


Mario Herrán Salvatti, abogado del ex funcionario, afirmó que Villanueva padece EPOC, por lo que proviene de un hospital y no de una prisión.

Reciben elementos de @PGR_AIC a Mario Ernesto Villanueva Madrid a las 12:40 en el AICM y cumplimentan orden de reaprehensión pic.twitter.com/9cpq5VtlQV

— PGR México (@PGR_mx) 18 de enero de 2017

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1801/mexico/mario-villanueva-llega-a-la-cdmx-pgr-ejecuta-orden-de-aprehension/

Pervirtió PGR investigación del caso Nochixtlán, acusan víctimas

OAXACA, Oax: La Procuraduría General de la República (PGR) pervirtió las investigaciones sobre el “ataque policiaco” del 19 de junio pasado en Asunción Nochixtlán al pretender reducir el crimen de lesa humanidad a la acción de dos uniformados, denunciaron víctimas del fallido desalojo.

En una carta dirigida al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, y firmada por 68 víctimas del desalojo violento que dejó ocho muertos y 198 heridos –155 civiles y 43 policías–, de los que 84 civiles presentan lesiones por disparos de armas de fuego, se demanda reconducir las investigaciones y respetar el sistema adversarial.

“La investigación que hasta ahora ha realizado la Procuraduría General de la República, ha revivido al sistema inquisitivo, pervirtiendo las reglas del sistema acusatorio adversarial, y ha pretendido transformar una tragedia colectiva del pueblo de Nochixtlán en un evento infravalorado, que tiene como únicos actores a un par de policías no identificados”, se resalta en el documento.

Las víctimas consideraron que lo ocurrido en Nochixtlán fue un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, por el que responsabilizan a 12 funcionarios estatales y federales –entre ellos el exgobernador Gabino Cué y el excomisionado de la PF, Enrique Francisco Galindo Ceballos–, y a 850 agentes de las policías Estatal y Federal.

También insistieron en acusar en que la PGR pervierte las reglas del sistema jurídico, al intentar reducir la agresión generalizada contra la población civil a un evento en donde sólo habrían actuado dos policías que, además, no han sido identificados.

El grupo de 68 víctimas exige que la dependencia reconduzca la investigación con apego a los principios constitucionales del sistema acusatorio adversarial y adopte criterios de autonomía e independencia técnica, privilegiando el respeto a los derechos humanos y dando preeminencia a la víctima del delito por encima de los intereses del Estado.

“La investigación de esta Procuraduría esta disociada de las huellas y evidencias de la verdad”, afirmaron.

Igual consideraron que “es necesario que la Procuraduría exija al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) todos y cada uno de los informes previos, concomitantes y posteriores con que cuente en relación con los hechos y el operativo realizado en Nochixtlán”.

Entre las demandas de las víctimas al procurador Raúl Cervantes figura también que se agoten todas las facultades de esa institución para ampliar la hipótesis técnica de investigación al dolo eventual y a la omisión impropia, temas que, consideraron, son los adecuados para lograr éxito en la compleja investigación del crimen de lesa humanidad.


Igualmente pidieron que en cumplimiento de la Ley General de Víctimas y el Estatuto de Roma se garantice “nuestra seguridad, nuestro bienestar físico y psicológico, nuestra dignidad y vida privada, derechos que también prevé la Ley General en cuestión, cuyo objetivo principal es proteger la dignidad y asegurar la reparación integral a favor de las víctimas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470463/pervirtio-pgr-investigacion-del-caso-nochixtlan-acusan-victimas

PGR entrega 171 mdp a Veracruz como “reparación” por desvíos de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) entregó un cheque por 171 millones 600 mil pesos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, como parte del “acuerdo reparatorio” al estado por los desvíos de recursos del exmandatario Javier Duarte.


En conferencia conjunta, el procurador Raúl Cervantes Andrade hizo entrega del cheque y otro más por 851 mil pesos, correspondiente a los intereses acumulados de dicha cantidad.

En su intervención, Yunes Linares dijo que han establecido un modelo de coordinación muy eficiente con la PGR, que ha permitido recuperar más 412 millones de pesos desde el 30 de noviembre, fecha de inicio de su gobierno.

En tanto, agradeció a la PGR por la entrega del dinero, el cual, dijo, “forma parte de los recursos que fueron desviados de manera ilícita por el exgobernador Javier Duarte y Ochoa, y que forman parte de todo este enorme cúmulo de recursos que estamos comprometidos a recuperar con la Procuraduría General de la República y la participación directa del gobierno del estado”.

El gobierno de Veracruz, abundó el gobernador, está comprometido a coadyuvar con la PGR para detener a Javier Duarte, al tiempo que precisó de qué manera iban a invertir estos recursos recuperados.


“Estos recursos, al igual que los recursos que recibimos el 30 de noviembre, serán depositados en una cuenta específica, mismos recursos que se aplicarán con la vigilancia de la sociedad, con absoluta transparencia en obras de beneficio social y particularmente en obras vinculadas a los servicios de salud”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469502/pgr-entrega-171-mdp-a-veracruz-reparacion-desvios-javier-duarte

PGR se declara incompetente para investigar a policías involucrados en caso Tierra Blanca

La procuraduría afirma que de la información proporcionada por la Fiscalía del estado sólo se desprenden delitos del fuero común. Abogado de las familias de los 5 jóvenes desaparecidos anuncia que interpondrá un amparo.

La Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para fincar responsabilidades a los ocho policías estatales detenidos por el caso Tierra Blanca, Veracruz, en actos de delincuencia organizada.

Mediante un acuerdo firmado por el Ministerio Público de la Federación, dentro de la Averiguación Previa AP/PGR/VER/II/46/2016, la PGR argumentó que del contenido proporcionado por la Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente se desprende la comisión de delitos del orden local.

Es decir, los ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre ellos el subdelegado regional Marcos Conde, no serán investigados por delitos federales.

Sin embargo, Celestino Espinoza Rivera, abogado de los cinco padres de Playa Vicente, asegura que las víctimas presentarán un amparo al considerar que no fueron considerados los hallazgos del rancho El Limón, relacionado con F.N.S, presunto mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que fue puesto a disposición de la PGR en enero de 2016.

Entre los indicios recabados por la Policía Científica, de la Policía Federal hubo 3 mil fragmentos humanos, así como vehículos automotores de carga, válvulas abrazaderas, tanques con restos de diésel y demás implementos empleados en el robo de hidrocarburos.

“No sé qué más pruebas necesitan. Creímos que con nuestro caso los responsables recibirían un castigo ejemplar y la situación en Tierra Blanca se iba a amainar. Sin embargo parece que la PGR se está olvidando de nosotros”, comentó en entrevista Bernardo Benítez, uno de los cinco padres.

Por su parte, el abogado abundó que la PGR tampoco consideró una declaración ante la FGE de tres civiles, quienes además de presentarse como integrantes del CJNG, describieron una presunta alianza con “Los Estuches”, como se referían a los policías estatales.

“El argumento de la PGR para no investigar a los detenidos por delincuencia organizada es falaz. Me hace suponer que intentan encubrir a otras instituciones de seguridad mencionadas en la investigación. Sin embargo las sanciones no deben recaer únicamente sobre los autores materiales, sino también debe sancionarse a las autoridades omisas, sin importa el fuero”, concluyó.

El 11 de enero, 5 jóvenes desaparecieron luego de que un grupo de policías estatales los detuvieron en Tierra Blanca cuando regresaban de un fin de semana en el Puerto de Veracruz. Se presume fueron entregados a un grupo del crimen organizado.


El pasado mes de junio, el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa anunció la conclusión de la búsqueda de los estudiantes, aunque afirmó que el caso continuaría abierto. Destacó que sólo los restos de Bernardo Beníez habían sido identificados luego del hallazgo de más de 3 mil fragmentos de restos humanos en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL LEÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/pgr-se-declara-incompetente-para-investigar-a-policias-involucrados-en-caso-tierra-blanca/

Investigadores de la PGR violaron la ley en indagatoria del caso Ayotzinapa: NYT

El influyente diario estadounidense hizo eco de un documento publicado por la periodista Anabel Hernández en su libro 'La verdadera noche de Iguala' y en 'Aristegui Noticias', en noviembre pasado.

El gobierno mexicano se negó a hacer público un reporte interno en el cual se señala que los investigadores del caso Ayotzinapa violaron la ley, una conclusión que “amenaza las bases legales” del caso, de acuerdo con un reportaje de The New York Times.

El reporte documenta que sospechosos cruciales fueron arrestados y trasladados ilegalmente, “poniendo en duda la evidencia que proveyeron”. La conducta de los investigadores, según el documento, violó el “derecho a la verdad”.

La investigación interna concluyó hace cuatro meses y estaba lista para ser entregada a los padres de los estudiantes desaparecidos. Pero el inspector general de la PGR, les dijo a los familiares de las víctimas que sus superiores debían aprobar el reporte antes, “una simple formalidad”.

Cuatro semanas después de la reunión con los padres, el indagador que preparó el reporte, César Alejandro Chávez Flores, renunció “abruptamente”.

La aprobación nunca llegó y el reporte permanece “bajo estudio” de acuerdo con la PGR. La existencia del documento se dio a conocer en el libro “La verdadera noche de Iguala”, de la periodista Anabel Hernández, y en Aristegui Noticias.

Una copia del reporte obtenida por NYT sugiere que el documento permanece en un “limbo burocrático” debido a que documenta una serie de violaciones.

Entre las irregularidades se reporta el hecho de que el investigador principal del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin un abogado presente, visita que no fue registrada oficialmente, además de que el lugar se dejo sin ser vigilado durante una noche.

Además se reportó que seis sospechosos fueron detenidos en diferentes ubicaciones en un sólo día y “espontáneamente” confesaron, con palabras idénticas, su pertenencia al grupo Guerreros Unidos y su responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

Los arrestos subsecuentes, basados en estas declaraciones, fueron arbitrarios e ilegales por lo que, bajo la Constitución, se anularía la evidencia obtenida a través de estos. Otras irregularidades muestran archivos faltantes y fechas mezcladas.

La visita del investigador principal del caso, Tomás Zerón de Lucio, junto con uno de los sospechosos, al río San Juan, donde supuestamente fueron tirados los restos de los estudiantes no fue registrada, así como tampoco se incluyeron ninguna de las actividades de ese día en el reporte de la investigación.

El diario estadounidense señaló que tras su renuncia a la Agencia de Investigación de la PGR, Zerón, “quien ha trabajado cerca del presidente Enrique Peña Nieto por casi una década”, fue “inmediatamente” nombrado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

De acuerdo con NYT, uno de los “misterios persistentes” en el caso es porque la policía municipal nunca fue detenida por las policías estatales y federales. En el reporte se afirma que si la policía estatal hubiera actuado, los estudiantes y otras personas que fueron atacadas esa noche “no hubieran sido heridos o asesinados”.

La investigación interna concluyó que es necesario realizar más investigaciones para determinar si la negligencia de las autoridades representó una obstrucción a la justicia.

El investigador que ahora ocupa el puesto de Chávez Flores no “reconoció” las conclusiones debido a que hacían falta formalidades “no especificadas”.

A su vez, Natalia Briseño, vocera de la PGR, afirmó que el documento “no existe legalmente” y aseguró que la revisión del documento sigue en marcha.


El diario estadounidense afirmó que el caso Ayotzinapa es una “herida abierta en México, evidencia del fracaso del país para proteger a sus ciudadanos y la impunidad dentro de un sistema de justicia corrupto”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/investigadores-de-la-pgr-violaron-la-ley-en-indagatoria-del-caso-ayotzinapa-nyt/

Clausuran PGR con 26 mil cartas por la impunidad de militares que violaron a mujer en BC

Denuncian falta de acción de las autoridades para procesar a los soldados, oficiales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Casi 26 mil cartas provenientes de 40 países distintos, fueron entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) para demandar el castigo a un grupo de militares vestidos de civil que torturaron y violaron a una joven en Tijuana, Baja California, el 2 de febrero de 2011, abusos que fueron denunciados hace cinco años sin que la averiguación previa haya avanzado.

Antes de entregar las misivas, seis mil de ellas dirigidas al nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, defensores de derechos humanos clausuraron de forma simbólica las instalaciones de esa dependencia, en protesta por la negligencia de tres procuradores y dos procuradoras que no han querido armar un caso sólido contra los integrantes del Ejército Mexicano que cometieron el abuso, por lo que ni siquiera se ha solicitado la comparecencia de los mismos.


El Secretario Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, explicó que la clausura simbólica de PGR es una forma de dar a conocer la falta de acción de las autoridades para procesar a los soldados, oficiales y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional  (Sedena) que consintieron la tortura sexual que sufrió Miriam Isaura López en las instalaciones de la Segunda Zona Militar de Tijuana, Baja California, conocido como Cuartel Militar Morelos.



“Miriam fue detenida de manera arbitraria por militares vestidos de civil hace seis años en Tijuana, fue llevada al Cuartel Militar Morelos en esa ciudad fronteriza, fue torturada brutalmente, fue violada y se le buscó incriminar en diversos delitos, pero las acusaciones fueron desechadas por el Poder Judicial Federal un año después, se presentó una denuncia penal contra los responsables desde hace cinco años y hasta la fecha, ningún funcionario castrense ha comparecido ante la justicia”, afirmó.

El activista agregó que las violaciones a los derechos humanos en agravio de Miriam Isaura no fueron las únicas cometidas por elementos del Ejército Mexicano durante la aplicación del Operativo Conjunto Tijuana, ya que se tienen denuncias de violaciones a los derechos humanos en otros 95 casos, en las cuales también se involucran a fuerzas castrenses del Campo Militar Aguaje de la Tuna.

“Llevamos casi seis años de impunidad y a la fecha no hay ningún responsable rindiendo declaración ante la justicia, han desfilado cinco procuradores y seis fiscales de violencia contra las mujeres que no han querido acusar a ningún militar por las atrocidades cometidas en el caso de Miriam Isaura, hemos intentado todos los recursos legales sin que haya resultados, por eso decidimos recurrir a la solidaridad internacional”, puntualizó.

José Antonio Guevara agregó que el caso de esta joven torturada y abusada sexualmente es una muestra de lo que podría ocurrir en el futuro si se amplían las facultades de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública, por lo que se pronunció en contra de que el Congreso de la Unión otorgue manga ancha al Ejército y a la Marina en este rubro, debido a que legalizaría este tipo de abusos contra civiles.


“Se trata de un caso que no es único en ese cuartel militar, en esa zona, tanto en el Cuartel Morelos como en Aguaje de la Tuna, al menos 95 personas fueron detenidas de manera arbitraria y sometidas a torturas en el contexto del operativo conjunto en Tijuana, entre los años 2009 y 20012. En el año 2011 iniciamos una campaña para demandar justicia en el caso de Miriam Isaura y hemos recibido desde entonces más de 26 mil cartas que ahora le mostramos a la sociedad mexicana, mismas que serán entregadas al Procurador para tratar de sensibilizarlo”, concluyó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1512/mexico/clausuran-pgr-con-26-mil-cartas-por-la-impunidad-de-militares-que-violaron-a-mujer-en-bc-video/

La PGR va por otra orden de aprehensión contra Duarte, ahora por presunto desvío de 200 mdp

Javier Duarte desvió más de 200 millones de pesos para la compra de terrenos a sobreprecio en Campeche, de acuerdo con las investigaciones de la PGR.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará a un juez federal una segunda orden de aprehensión contra el exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, por un nuevo presunto desvío de recursos públicos que supera los 200 millones de pesos.

El supuesto desvío del dinero se hizo a través de triangulaciones mediante compañías fantasma.

La solicitud que enviará la PGR a un juez, en los próximos días, establece que a través de una empresa denominada “Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria” se realizaron operaciones de lavado de dinero para ocultar el origen de recursos públicos.

Los datos recabados por el Ministerio Público, a los que Animal Político tuvo acceso, detallan que Terra compró parcelas ejidales sobrevaluadas en Campeche en los que invirtió más de 210 millones de pesos.

Los recursos para esta compra provinieron de varias compañías fantasma que fueron contratistas de las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Salud de Veracruz.

El dueño de las parcelas ejidales adquiridas por la empresa Terra era un abogado corporativo de nombre Alfonso Ortega López, quien previamente compró la tierra en no más de 20 millones de pesos. Lo anterior gracias a una serie de operaciones en las que simuló ser ejidatario para poder adquirir los terrenos.

“Nosotros nos convertimos en ejidatarios de papel, no lo éramos porque había que vivir en Campeche pero hicimos unos arreglos con un señor de nombre Antonio Almazán  para poder adquirir estos terrenos  a un precio inferior y luego vendérselos a estas empresas. Todo era una fachada”, declaró ministerialmente Ortega López.

Este esquema es prácticamente el mismo que el utilizado en el primer caso consignado por la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda en contra de Javier Duarte y otros ocho presuntos cómplices. Esa compra fue de 250 millones y se hizo a través de la empresa Consorcio Brades. Los terrenos ejidales que fueron sobrevaluados eran propiedad de Moisés Mansur, empresario prestanombres de Duarte que también está prófugo.

En esta segunda acusación la PGR procederá contra Javier Duarte y contra Alfonso Ortega López, entre otros presuntos implicados.

En el caso de Ortega López, este ha colaborado con el Ministerio Público confesando todas las operaciones simuladas en las que estuvo involucrado para “ocultar recursos públicos con fines privados”.

El titular de la PGR, Raúl Cervantes. confirmó en una entrevista radiofónica, el pasado 30 de noviembre, que Ortega López no era un testigo protegido pero estaba colaborando con las autoridades a través de una figura que contempla el nuevo sistema penal acusatorio, y que permite que personas implicadas en un delito alcancen penas reducidas.


La nueva consignación también incluirá a Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva, quienes, según las declaraciones de Ortega López, figuran como socios de la empresa Terra Urbanizaciones e Inmobiliaria utilizada en esta nueva trama para la triangulación de los recursos.

Prófugos durante dos meses

Ayer, Javier Duarte cumplió dos meses prófugo de la justicia. Fue la noche del 14 de octubre cuando un juez federal en la Ciudad de México concedió en una audiencia privada una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dos días antes de que el juez concediera dicha orden, Javier Duarte había pedido licencia en su cargo como gobernador y desde entonces se desconoce su paradero.

El pasado 7 de noviembre. el entonces gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, reconoció que hizo algunas gestiones para facilitar que Javier Duarte se desplazara en un helicóptero fuera de Veracruz. Aclaró que esto ocurrió porque no sabía en ese momento que fuera prófugo de la justicia.

“Él (Javier Duarte) pidió un helicóptero que lo trasladó a Coatzacoalcos, lo pidió directamente al aeropuerto. Pedí a la gente del aeropuerto que le dieran las atenciones de un gobernador porque yo no sabía que existía una orden de aprehensión”, dijo Ríos en una entrevista.

Cuatro días después de la declaración de Ríos y a casi un mes de que se había concedido la orden de arresto, la PGR anunció que ofrecía una recompensa de quince millones de pesos. Además, el 18 de noviembre se reveló públicamente que una persona fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tapachula con dos pasaportes en los cuales aparecían las imágenes retocadas de Javier Duarte y de su esposa Karime Macías pero con otros nombres. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que se trataba de documentos falsos.

De acuerdo con autoridades de la PGR, hasta ahora no hay un dato sólido que permita presumir que Javier Duarte consiguió salir del país en los últimos dos meses. Se siguen varias líneas de investigación que apuntan a que pudiera encontrarse en alguno de los estados del sur del país o incluso en el centro.

Javier Duarte no es el único que cumplió dos meses prófugo de la justicia. Dentro de la causa penal 97/2016 que contiene la acusación en contra del exgobernador también se giraron órdenes de aprehensión en contra de ocho personas  de las cuales solamente dos han sido detenidas hasta ahora: las hermanas Nadia e Isabel Arzate Peralta, socias de Concesionaria Brades.

El resto de las personas que siguen prófugas son Moisés Mansur Cisneyros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Nava Soria.

Duarte, en el “desamparo”

Javier Duarte ha intentado frenar la orden de aprehensión en su contra con dos demandas de amparo que hasta ahora no han fructificado.

En una de las demandas, la radicada en el expediente 1031/2016, Javier Duarte argumentó que debido a que tenía fuero como gobernador no podía ser detenido. Esto luego de que a través de un tercero envió una carta al Congreso del Estado en la que supuestamente anunciaba que daba por concluida la licencia temporal que pidió. Pero el juez no validó este argumento y rechazó suspender la orden de captura.


De forma paralela, los abogados de Duarte promovieron otra demanda de amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo pero el resultado también fue negativo. En este caso el juez consideró que el delito de delincuencia organizada es grave uy por lo tanto amerita prisión preventiva por lo que la orden de aprehensión concedida a la Procuraduría era legal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/pgr-segunda-orden-aprehension-duarte/

Homologar criterios para no proceder contra imputados, solicita PGR

Raúl Cervantes dijo que también se debe revisar la facultad de atracción de la dependencia ya que algunas autoridades locales están vinculadas a los crímenes.

Ante la disparidad de criterios para aplicar los mecanismos que permiten evitar llevar a juicio o procesar penalmente a una persona, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un llamado a homologar los parámetros que utilizan las procuradurías y fiscalías estatales para no proceder contra un imputado.

Durante su participación en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el titular de PGR, Raúl Cervantes Andrade, explicó que es necesario “establecer parámetros objetivos” para que los ministerios públicos y fiscales apliquen los llamados criterios de oportunidad con los que una persona puede evitar un proceso penal.

De acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), los criterios de oportunidad se aplican cuando el beneficio de procesar penalmente a una persona serían mínimos para el Estado mexicano y cuando se pueda reparar el daño en beneficio de las víctimas.

Sin embargo, la aplicación de estos criterios ha sido desigual en las 32 entidades federativas, por lo que procurador hizo un llamado a que haya parámetros similares en todo el territorio nacional, fijando las penas que garanticen la reparación del daño y una pena mínima a los imputados por un delito.

Frente a procuradores y fiscales de todo el país, Raúl Cervantes también se pronunció por homologar la Ley General de Delincuencia Organizada con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de modo que las penas de cárcel y procedimientos penales que se sigan contra integrantes de grupos criminales sean acordes con las leyes en materia de derechos humanos y de protección a las víctimas de un delito.

Cervantes Andrade agregó que otro punto a revisar es la facultad de atracción que tiene la PGR para investigar y resolver delitos, con el propósito de limitar la discrecionalidad que tiene esa dependencia en su aplicación.

La facultad de atracción de la PGR con frecuencia es solicitada por las víctimas de la delincuencia organizada, debido a que autoridades locales están vinculadas a los crímenes. Un ejemplo de su aplicación es la indagatoria sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como algunos casos de los periodistas asesinados en el estado de Veracruz durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Frente a sus similares de los estados, el procurador General de la República reconoció que se deben reestructurar todos los mecanismos de coordinación en materia de investigación e inteligencia criminal, además de que se deben profesionalizar los peritajes para estar acordes con las exigencias científicas de la justicia penal acusatoria.


En este sentido, consideró que debe existir un programa integral de capacitación para todas las procuradurías y fiscalías, con el fin de que exista “un piso mínimo de conocimientos y capacidades para todas las autoridades que participen dentro del proceso penal”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0812/mexico/homologar-criterios-para-no-proceder-contra-imputados-solicita-pgr/

PGR tiene 945 averiguaciones previas por corrupción contra funcionarios

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene 945 averiguaciones previas y 136 carpetas de investigación contra funcionarios de la dependencia que han sido acusados delitos relacionados con la corrupción, en tanto que el gobierno de la Ciudad de México ha acumulado 4 mil denuncias contra servidores públicos locales en que va del año por la misma causa.

En un seminario organizado por la American Chambers contra la corrupción, Adriana Campos López, visitadora general de la PGR, detalló que la dependencia tiene 77 consignaciones de servidores públicos acusados de extorsión, 64 por cohecho, 38 por abuso de autoridad, 22 por ejercicio indebido del servicio público, 14 por peculado y 10 por enriquecimiento ilicito. Explicó que dichos casos quedan bajo la responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción de la PGR, pero también de la dirección general de delitos cometidos por servidores públicos.

A su vez el contralor general del gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo, destacó que en la presente administración se ha sancionado a cerca de 4 mil funcionarios públicos, una cifra que no tiene ninguna comparación con alguna otra administración ni tampoco con el gobierno de otra entidad dado que la contraloría local cuenta con una plantilla de tan sólo mil 400 personas.

La funcionaria anunció que la visitaduría general de la PGR contará con un número telefónico, al que llamó Visitel, para que la ciudadanía pueda hacer directamente denuncias contra servidores públicos que incurran en actos de corrupción y que operará las 24 horas de los 365 días del año.

Por el momento aclaró que solamente se cuenta con un número fijo pero la visitadora dijo que en breve tendrá un número 01 800 y sólo espera qué Telmex se lo asigne para poder lanzar una campaña al respecto.


Adriana Campos, quien laboró en la Profeco, ponderó el papel tan importante que ha tenido en esta dependencia el teléfono del consumidor al mencionar que con el Visitel se pretende fomentar la cultura de la denuncia.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/07/pgr-tiene-945-averiguaciones-previas-por-corrupcion-contra-funcionarios

Investigación interna de PGR: Omisión del Ejército en caso Ayotzinapa tuvo “consecuencias fatales”

Una auditoría interna de la PGR –un documento de mil 150 hojas, cuya copia obtuvo Proceso– confirma y documenta que la indagatoria que llevó a la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está llena de omisiones, deficiencias e irregularidades, y en ella se encubrió a autoridades civiles, ministerios públicos, miembros de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería, cuya “conducta omisa tuvo consecuencias fatales”. En definitiva, “no existe un plan de investigación” y, por lo tanto, “no se ha llevado a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva” para dar con el paradero de los jóvenes.

Una auditoría interna de la Procuraduría General de la República (PGR) a los más de 200 tomos del expediente abierto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 pone en evidencia que, debido al cúmulo de irregularidades, omisiones y deficiencias, “no existe claridad en las líneas de investigación que deberán implementarse para poder dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, y, peor aún, es claro que “no se continuó con algún esfuerzo por parte de la autoridad responsable” para alcanzar el principal objetivo: conocer el destino final de los jóvenes.

Esa observaciones forman parte de las 17 conclusiones de la Evaluación Técnico Jurídica practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, realizada por la Visitaduría General de la dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez, quien dejó su cargo antes de dar a conocer el resultado de las investigaciones abiertas al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por haber realizado diligencias de modo irregular o ilegal (Proceso 2090).

Este semanario tuvo acceso a la supervisión de la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa, firmada por Raúl Barraza Franco, Jorge Teoyotl Quezada, Pablo Rodríguez Mejí, José de la Luz Gallegos Figueroa y Arturo Hernández Balderas, agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Visitaduría. Su análisis fue realizado del 20 de mayo al 2 de septiembre de 2016.


Buena parte de las observaciones coinciden con las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la necesidad de llamar a cuentas a miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, e incluso con algunas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la de presentar cargos penales contra policías federales por no haber intervenido para proteger a los jóvenes.

Los visitadores de la PGR también comparten con el GIEI y con la CNDH la perspectiva de que los hechos configuran el delito de desaparición forzada y no el de secuestro, que es por el que están siendo procesadas más de cien personas, 95 de las cuales probablemente fueron sometidas a tortura.

Sin embargo, el informe interno excluye de su análisis la factibilidad científica de que los 43 estudiantes fueran incinerados en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre.


(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2091, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464136/investigacion-interna-pgr-omision-del-ejercito-en-caso-ayotzinapa-consecuencias-fatales

Ofrece la PGR 15 mdp de recompensa por Yarrington

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien proporcione información “veraz y útil” que lleve a la localización, detención o aprehensión del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, señalado como probable responsable de delitos contra la salud.


El acuerdo ocurre a tres años de que el gobierno de Estados Unidos pidió a la PGR colaborar para detener al exmandatario a quien el país del norte le confiscó algunos bienes como residencias que poseía en la ciudad de McAllen, Texas, y cuentas bancarias.

Dicho acuerdo, firmado por el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade,  y publicado este día en el Diario Oficial de la Federación,  explica que el monto de la recompensa se entregará de manera proporcional en relación con la veracidad, utilidad y oportunidad de la información relacionada con las investigaciones que se llevan a cabo, misma que será considerada “estrictamente reservada y confidencial”.

La Procuraduría explica que llegó a este acuerdo derivado de indagatorias realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Según la acusación, el exgobernador pudo haber aceptado sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico y colaborado con estas organizaciones criminales para facilitarles el contrabando de drogas como cocaína a través del puerto de Veracruz.

También se le acusa de blanquear los recursos provenientes de esa actividad y lo relacionan con los cárteles de Los Zetas y Los Beltrán Leyva.

En su comunicado, la PGR expone que la participación de la sociedad en el combate a la delincuencia es de primordial importancia y debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley, para lograr la localización, detención y aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos “que por su gravedad y grado de violencia atentan contra la tranquilidad y paz pública”.

La información sobre la ubicación de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, será recibida en las oficinas de la PGR ubicadas en Paseo de la Reforma número 75, segundo piso, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México; en el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx; o bien en los teléfonos (55) 53 46 1544 y (55) 53 46 0000 extensión 4748, y 01 800 831 31 96 desde cualquier parte del país.

El acuerdo entra en vigor este día, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deja de surtir efectos en el momento en que haya sido localizado, detenido o aprehendido Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, o en los supuestos de prescripción, extinción o no ejercicio de la acción penal.


El pasado 11 de noviembre la PGR ofreció también una recompensa de 15 millones de pesos para dar con el paradero del gobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463502/ofrece-la-pgr-15-mdp-recompensa-yarrington

Padres de los 43 exigen a la PGR investigar vínculos del director de la AIC con Guerreros Unidos

CIUDAD DE MÉXICO: Padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que abra una indagatoria contra el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch, señalado de tener nexos con líderes de Guerreros Unidos (GU).


Al convocar a una manifestación frente a la PGR, los padres de los estudiantes desaparecidos retomaron lo publicado en la edición 2089 de Proceso, que revela los presuntos vínculos de García Harfuch con Sidronio Casarrubias, identificado por la PGR como líder de GU, cuando el funcionario fungía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero, de diciembre de 2012 a octubre de 2014.

Los padres de los 43 elevaron su “más enérgica protesta” y exigieron una investigación de García Harfuch. “De otra forma no vemos cómo obtendremos verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas y miles de desaparecidos en el país, si al frente de la Policía están funcionarios que conducen en la opacidad y corrupción”, señalan los padres en su convocatoria a la movilización.

Al invitar a un mitin político que se realizará este miércoles a las 11:00 horas frente a las instalaciones de la PGR, los padres cuestionaron:

“¿Cómo investigará con imparcialidad Omar Hamid García si es señalado de tener nexos con uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué confianza dará a las víctimas?”, cuestionaron.

Como lo informó Proceso, en el número en circulación, el nombre de García Harfuch y su teléfono, está inscrito como contacto en una libreta asegurada a Casarrubias Salgado, cuando fue detenido en octubre de 2014, y que forma parte del expediente integrado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Dicha información fue ocultada al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la situación está siendo “analizada” por el Mecanismo de Seguimiento del órgano interamericano, de acuerdo con datos obtenidos por Proceso y una breve declaración de su presidente James Cavallaro, durante su visita a México para instalar el mecanismo de monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.

García Harfuch fue nombrado al frente de la AIC, en sustitución de Tomás Zerón de Lucio, quien fue designado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, pese a ser señalado por el GIEI de realizar diligencias que no fueron incluidas en el expediente del caso Ayotzinapa, y estar bajo investigación de Visitaduría General de la PGR.

El presunto involucramiento de García Harfuch con Casarrubias se advierte en una resolución judicial a favor del líder de GU, emitida el 2 de septiembre pasado, por el juez segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, Oscar García Vega, por la cual concede el auto de libertad “por falta de elementos para procesar” por delincuencia organizada, no así por portación de armas de fuego.

Entre la descripción de los objetos asegurados a Casarrubias, destaca una libreta negra estampada con los rostros de los Beatles, de 240, con diversas anotaciones, entre ellas una de la página 14 con la siguiente leyenda: “Omar García Harfuch, El Comisario de Gro. 5526-73-81-10”.

El ahora director de la AIC fue también mencionado al menos por su cargo por el depuesto gobernador Ángel Aguirre Rivero y el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, como uno de los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero que estuvo al tanto de la operación de los cárteles en la entidad, como GU y Los Rojos, y de su presunta colusión con autoridades municipales, como fue el caso del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, en cuya gestión hubo cerca de 200 desapariciones denunciadas, de acuerdo con el GIEI.


Ante la relevancia del Grupo de Coordinación Guerrero, los padres y madres de los 43 pidieron a la entonces procuradora Arely Gómez en febrero pasado que se llamara a declarar a quienes integraron dicha instancia, entre ellos García Harfuch, diligencia que no se ha llevado a cabo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462735/padres-los-43-exigen-a-la-pgr-investigar-vinculos-del-director-la-aic-guerreros-unidos

PGR presenta más acusaciones por empresas fantasma de Veracruz: ya son 10 juicios abiertos

La mayoría de los procesados por estos hechos hasta ahora se encuentran libres; mientras que el gobernador con licencia, Javier Duarte está prófugo.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó nuevas acusaciones ante jueces federales en contra de cinco representantes legales de empresas fantasma que recibieron contratos con recursos públicos de la administración de Javier Duarte entre los años 2012 y 2014, a través de adjudicaciones directas o licitaciones simuladas.

Datos del Poder Judicial de la Federación proporcionados a Animal Político, indican que entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre, la Subprocuraduría de delitos Federales de la PGR en colaboración con el SAT consignaron estos cinco casos en los que acusan a los representantes o administradores de empresas de haber proporcionado información fiscal falsa.

En dos de los casos, asentados en los expedientes 25/2016 y 29/2016, los jueces ya dictaron la orden de vinculación a proceso. Esto significa que encontraron elementos de prueba suficientes para abrir juicio en contra de los inculpados.

En un tercer caso, con el número de causa 26/2016 el juez consideró que las pruebas eran insuficientes para abrir el juicio pero la PGR interpuso una apelación y el caso será revisado por una Sala Superior.

En los dos restantes, con los números 72 y 73/2016, las audiencias para definir si los probables responsables son vinculados a proceso se realizarán el próximo 18 de noviembre en el Palacio de Justicia Federal de Xalapa

Con lo anterior, hasta ahora ya suman diez los juicios abiertos relacionados con la operación de empresas fachada en Veracruz. Se trata del caso más grande abierto actualmente dentro del nuevo sistema penal acusatorio que comenzó a operar a nivel federal hace dos años.

De acuerdo con las autoridades judiciales y federales, esta cifra de procesos podría al menos duplicarse en las siguientes semanas toda vez que la PGR está por consignar por lo menos diez averiguaciones previas más que tiene abiertas tras las denuncias presentadas por el Servicio de Administración Tributaria.

La semana pasada el SAT dio a conocer que una vez concluidos los plazos legales, ninguna de estas compañías pudo demostrar que contaba con la infraestructura material y humana para haber llevado a cabo los servicios por los cuales se les adjudicaron contratos en la administración de Javier Duarte.

Las verificaciones físicas de los inspectores del SAT confirmaron lo que reportó Animal Político, respecto a que las compañías no existen en sus domicilios fiscales reportados, pues estos corresponden a cuartos de vecindades, terrenos baldíos y hasta tiendas de abarrotes.

Ninguna de estas empresas, según la información verificada por las autoridades, contaba con empleaos registrados e incluso reportaron que no tuvieron ingresos pese a que si existen facturas en las que reportan haber recibido millones de pesos a cambio de la venta y distribución de múltiples productos

Los implicados: la mayoría libres

De los diez juicios que ya se encuentran en desarrollo, en nueve de ellos no hay personas actualmente en prisión.

De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial, los nueve juicios en los que no hay detenidos corresponden a los iniciados contra los representantes legales del mismo número de compañías fantasma.


En la mayoría de estos procesos las personas se presentaron de forma voluntaria a las audiencias iniciales y de vinculación a proceso, por lo que los jueces consideraron que no existe riesgo de que pudieran escapar. El requisito es que se mantengan localizados en todo momento y acudan a las audiencias cuando sean citados.

Los únicos dos casos en donde no se presentaron voluntariamente las personas y se tuvo que girar una orden de aprehensión fue el Victorino Benítez Márquez, representante legal de la empresa Bienart SA de CV, y de Román Ulises Alvarado Hernández, administrador de Importadora Denylkk.

Ambos fueron detenidos y comparecieron en calidad de imputados ante los jueces los cuales determinaron que dejaron libres pero con la limitación de que no pueden abandonar Veracruz mientras se desarrolla el proceso.

En estos nueve juicios todas las personas que figuran como probables responsables están acusadas del delito tipificado en el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación que considera que viola la ley el que: “Rinda con falsedad al Registro Federal de Causantes los datos, informes o avisos a que se  encuentra obligado”.

En caso de ser encontrados culpables, las personas acusadas podrían alcanzar una pena de hasta seis años de prisión aunque por tratarse del nuevo sistema penal, podría buscarse una solución alterna. Por el momento todos estos juicios se encuentran en el periodo de investigación complementaria previo a la audiencia intermedia.

El juicio en donde si hay personas detenidas además de órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplimentadas es el asentado en la causa penal 97/2016 iniciado en un juzgado federal de la Ciudad de México en contra de nueve personas, entre ellas el gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte.

Por proceso se encuentran recluidas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes figuran como accionistas y representantes legales de una empresa inmobiliaria que de acuerdo con las investigaciones dela PGR, es una compañía fantasma creada con la única finalidad de triangular recursos de origen público que a su vez fueron entregados a otras empresas también falsas.

Las personas que permanecen prófugas por esta acusación además de Duarte, son Moises Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Nava Soria.

Todos ellos están acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ilícitos considerados como graves y que podrían ameritar una pena de prisión superior a los 20 años.

Fiscalía de Veracruz, sin consignaciones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz tiene iniciadas hasta ahora dos carpetas de investigación relacionadas con la operación de empresas fantasma, pero hasta ahora no ha consignado ninguno de los casos ante un juzgado penal.

La primera averiguación corresponde a la red de empresas reveladas por Animal Político y confirmadas por el SAT. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz (Orfis) revisó el caso, y descubrió que estas empresas recibieron en total 131 contratos de la administración estatal, 55 más de los revelados en el reportaje inicial.

Tras este hallazgo, los auditores interpusieron en agosto pasado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, que quedó asentada en la carpeta de investigación FESP/261/2016-VII.

La denuncia es contra los funcionarios que resulten responsables de las secretarías de Desarrollo Social de Veracruz, de Educación, de Protección Civil y del DIF estatal.

La segunda denuncia fue interpuesta la semana pasada como seguimiento de operación empresas no localizadas, pero esta vez por la adjudicación de contratos de Desarrollo Social a un nuevo grupo de compañías fantasma en 2015, lo que habría generado un daño patrimonial superior a los 430 millones de pesos.

“Es seguimiento a la denuncia que se formuló por los ejercicios 2012, 2013 y 2014, 2015 es una continuidad de lo que ya se venía haciendo, ese es el motivo por el que el Congreso del Estado instruyó al Orfis que de manera inmediata se formulara la denuncia penal” dijo el Director General de Asuntos Jurídicos del Orfis Óscar Ocampo Acosta.


Por otro lado el exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib dijo que desde 2013 presentó denuncias penales por la adjudicación de contratos de su dependencia a por lo menos siete empresas fantasma, sin que se tenga conocimiento de que alguna fuera consignada ante un juez.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/pgr-empresas-fantasma-veracruz-2/