En 2020, el segundo año de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no logró mejorar sus mecanismos para evitar pagos irregulares, como los 28 millones de pesos entregados a jóvenes que se registraron para ser aprendices, pero en realidad eran beneficiarios de otros programas y empleados en la administración pública y privada.
Además, la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde no presentó pruebas de las revisiones que, según los lineamientos del programa, se deben hacer a los centros de trabajo donde los jóvenes aprenden un oficio o adquieren experiencia laboral, como revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe sobre la Cuenta Pública 2020.