La visita de la CIDH, que concluirá el 15 de julio, recorrerá las 22 comunidades indígenas de Chiapas beneficiarias de las medidas cautelares, ubicadas una en Chenalhó, nueve en Chalchihuitán y doce en Aldama.
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martes, 12 de julio de 2022
Llega CIDH a Chiapas ante incumplimiento del gobierno en protección de comunidades
martes, 5 de diciembre de 2017
Autoridades de Chalchihuitán exigen al gobernador suprimir grupos armados de Chenalhó
El alcalde de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, y representantes de 36 comunidades exigieron hoy al gobernador Manuel Velasco el desmantelamiento de los grupos armados en los límites con Chenalhó y que se garantice el retorno de los desplazados.
En caso contrario, advirtieron, ellos mismos regresarán a la zona de conflicto y asumirán las consecuencias que ello implique.
miércoles, 8 de marzo de 2017
Solicitan a la CIDH ordenar a México medidas cautelares en favor de indígenas de Nuevo San Andrés, Oaxaca
En un escrito firmado por Luis Bustamante Valencia y Miguel Angel A. García Aguirre, coordinadores del CNDCCH, explican que el territorio Chimalapa, es indígena ancestral, de origen zoque; localizado en el corazón del Istmo de Tehuantepec y abarca 594 mil hectáreas, distribuidas entre los Bienes Comunales de Santa María (460 mil hectáreas) y San Miguel (134 mil hectáreas), siendo además la región de mayor diversidad biológica y mejor conservada de México y Mesoamérica.
“Dicho territorio comunal – agregan- ha venido sufriendo invasiones y acciones de despojo y depredación, por parte de madereros, ganaderos, latifundistas privados y narcotraficantes, promovidas desde hace más de sesenta años por el gobierno del vecino estado de Chiapas, amparándose incluso en la utilización inhumana de grupos de indígenas de origen tsotsil necesitados de tierra o desplazados por conflictos religiosos, a quienes el gobierno chiapaneco, con el aval del gobierno federal les han dotado ilegalmente de tierra comunal chimalapa, fomentando el enfrentamiento entre indígenas pobres (los zoque chimalapas defendiendo su ancestral territorio enfrentados con los núcleos tsotsiles, metidos ahí mediante engaños, defendiendo al gobierno de Chiapas)”.
Explican que el presente caso de la congregación comunal Nuevo San Andrés, es un paradigmático de lo antes expuesto, pues Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tsotsiles provenientes de la zona de San Juan Chamula en los Altos del estado de Chiapas, quienes en el año 2013 fueron trasladados mediante engaños, para ocupar parte del territorio perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.
Para 2014, la mayoría de los citados indígenas tsotsiles, cerca de un centenar, habiendo conocido la verdadera situación relativa a la historia y propiedad agraria, solicitaron a la Asamblea comunal de Santa María Chimalapa, su ingreso como comuneros y comuneras, siendo aceptados y reconocidos, en agosto de 2015, como Congregación Comunal Nuevo San Andrés, perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.
En contraparte, “una minoría del grupo tsotsil original, encabezados por los señores Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, auspiciados por funcionarios del gobiernos de Chiapas y del municipio de Cintalapa, no sólo no reconocieron la propiedad comunal chimalapa, ni acataron la mayoritaria decisión de integrarse como comuneros chimalapas, sino que desde 2014 se organizaron como grupo de “guardias blancas”, autodenominado el “ejército chamula”, poniéndose al servicio de Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario privado del predio denominado “Los Ocotones” localizado en los límites del territorio Chimalapa, cometiendo entonces diversos delitos, incluyendo homicidio y despojo, y amenazando y hostigando a sus excompañeros tsotsiles…”.
Afirman que “es claro que, frente a lo aquí expuesto, el gobierno del estado de Oaxaca, con la aquiescencia del Estado Mexicano, ha sido omiso a su deber de garantizar la vida y la integridad física de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, mientras que el gobierno del estado de Chiapas ha permitido el impune actuar de grupos armados, (“guardias blancas”) como el autodenominado ejército chamula, auspiciados por agentes estatales, para controlar políticamente el territorio Chimalapa y facilitar así su invasión, depredación y despojo”.
Mencionan el ataque, el pasado 24 de febrero, contra comuneros de esta Congregación, por aproximadamente cuarenta hombres, todos ellos integrantes del autodenominado grupo “ejército chamula”, con machetes y armas de fuego, que dio por resultado final tres heridos (uno de ellos muy grave, de nombre Abner Ruíz Núñez, internado actualmente en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza” de la Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) y dos personas, de nombres Lorenzo Gómez Gómez y José Ignacio Gómez Díaz, quienes fueron privados temporalmente de su libertad, golpeados y torturados.
El grupo que perpetró esta agresión está encabezado por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, “quienes fueron inexplicablemente liberados del Centro de Reinserción Social número 14 “El Amate”, ubicado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, en donde, desde octubre de 2014 se encontraban procesados por delitos de Homicidio y Delincuencia Organizada”, agregan.
El 28 de febrero de 2017, los comuneros agredidos denunciaron los hechos relatados ante la Fiscalía de Zanatepec, perteneciente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, iniciándose la Carpeta de Investigación número 868/ZAN/2017por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, secuestro, disparos de arma de fuego, ataque peligroso y asociación delictuosa y “ese mismo día, los comuneros de la congregación Nuevo San Andrés fueron amenazados públicamente en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, de que con el Ejército Chamula arrasarían el poblado chimalapa de Nuevo San Andrés, lo cual ocurriría el jueves 2 de marzo por la noche ó el viernes 3, a cualquier hora del día”.
Ante esas amenazas públicas, el 01 de marzo de 2017, el CNDCCH solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la emisión de Medidas Cautelares, con la finalidad de que se resguardara la vida y la integridad física de los pobladores y las familias de la Congregación Nuevo San Andrés.
La Defensoría, a su vez, añaden, instauró el expediente DHPO/CA/241/(10)/OAX/2017, solicitando la intervención y petición correspondiente ante el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Alvares, mediante oficio 002948, firmado por el Visitador General de la citada Defensoría, Juan Rodríguez; sin embargo, la protección requerida urgentemente nunca llegó, “pues a decir del propio Visitador el viernes 3 de marzo, por la noche, la secretaría general de Gobierno del estado de Oaxaca negó oficialmente el otorgamiento de dichas medidas, bajo el argumento de que ´no podía exponer la seguridad de policías del estado de Oaxaca, puesto que la zona donde se ubica Nuevo San Andrés está rodeada de poblados chiapanecos”.
Esta negativa de parte del gobierno del estado de Oaxaca de otorgar las medidas cautelares solicitadas -afirman- pone en riesgo la integridad física y la vida misma de las familias indígenas tsoltsiles que habitan la congregación comunal Nuevo San Andrés, Chimalapas, además de no existir garantías de seguridad para el herido y sus familiares, que a raíz de la agresión se encuentran en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza” de la Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Añaden que este domingo 5 de marzo, los comuneros de Nuevo San Andrés fueron avisados nuevamente de que integrantes del ejército chamula estaban organizándose en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, para entrar a la congregación y cumplir con la amenaza realizada el 28 de febrero, situación que ha generado intranquilidad e inseguridad entre los habitantes de la comunidad, quienes han establecido guardias para responder a un posible ataque armado.
Ante esos hechos, mencionan que, en el presente caso hay una amenaza extremadamente grave y urgente contra los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, por lo que solicitan a la CIDH “que ordene al Estado Mexicano el otorgamiento de las medidas de protección que sean adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de todas las familias habitantes de la Congregación Nuevo San Andrés”.
Asimismo, el otorgamiento de medidas de protección, adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de quienes, en calidad de víctimas directas, presentaron la demanda penal número 868/ZAN/2017 y la investigación pronta, honesta y expedita, de los hechos que dieron origen a la solicitud de otorgamiento de las presentes medidas, de manera que se identifique y juzgue a la totalidad de los responsables de las agresiones y amenazas en contra de comuneros y de las familias indígenas de la Congregación Nuevo San Andrés.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/solicitan-la-cidh-ordenar-mexico-medidas-cautelares-favor-indigenas-nuevo-san-andres-oaxaca/
miércoles, 8 de febrero de 2017
Solicita CNDH medidas cautelares para Choreachi, Chihuahua
En respuesta, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel anunció que como “primer responsable”, la Policía Municipal tiene la obligación de la seguridad en ese municipio del Triángulo Dorado.
En su oficio 6706 dirigido al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al secretario de Gobierno del estado, César Jáuregui Robles, la CNDH destaca que en el municipio de Guadalupe y Calvo históricamente ha habido siembra, cultivo y trasiego de amapola y mariguana, y ha predominado el control de caciques.
Sin embargo, agrega, en los últimos tres años se ha incrementado el hostigamiento a las comunidades indígenas, con el consecuente asesinato de dos líderes este año.
Por ello, pidió al comisionado nacional que gire instrucciones para “garantizar la protección a la seguridad, la integridad física y la vida de las y los habitantes de la comunidad de Choreachi, municipio de Guadalupe y Calvo”.
En el caso de Coloradas de la Virgen –comunidad donde el pasado 15 de enero fue asesinado el activista ambiental Isidro Baldenegro López, premio Goldman 2005–, solicitó medidas cautelares para cinco indígenas.
El fiscal general dijo que además de incorporar a la Policía Municipal en la protección de los afectados, se analizarán los lineamientos de la solicitud de la CNDH para coordinarse con las autoridades federales y darle cumplimiento.
Tras el homicidio de Ontiveros, Isela González, Ruth Fierro y Diana Villalobos, representantes de Alianza Sierra Madre, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Consultoría Técnica Comunitaria, respectivamente, solicitaron las medidas de seguridad para los pobladores de Choréachi.
Y lo hicieron así porque en la Sierra Tarahumara, aseguraron, ocurren actos de violencia por el control que ejercen los grupos delictivos, y Guadalupe y Calvo es uno de los lugares de mayor siembra y cultivo de amapola.
En el oficio enviado a la CNDH señalaron que anteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para dos personas que estaban activas en la labor de visibilizar la situación en la comunidad, pero hasta ahora no se ha logrado la efectiva protección de los beneficiarios y menos han sido suficientes para garantizar la seguridad de toda la comunidad.
El pasado fin de semana, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) se solidarizaron con el pueblo rarámuri por los asesinatos de Ontiveros y de Isidro Baldenegro, ocurrido el 15 de enero, y exigieron un alto a las ejecuciones de sus compañeros indígenas por defender su territorio.
“Denunciamos de manera urgente esta nueva barbaridad contra compañeros con compromiso destacado en la lucha de su pueblo, por la recuperación de su territorio acaparado desde hace más de 40 años por grandes terratenientes y grupos de la delincuencia organizada”, expresaron en un comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473540/solicita-cndh-medidas-cautelares-choreachi-chihuahua
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