La organización Artículo 19 (A19) exigió a a las autoridades que atiendan «de forma inmediata» al periodista Luis Daniel Nava Jiménez, corresponsal de Proceso y El Sur: Periódico de Guerrero, a quien sujetos armados y uniformados de negro amagaron y robaron el teléfono celular y computadora en Chilpancingo, Guerrero.

A19 demandó a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos que se coordine con el Mecanismo Federal de Protección para atender «de forma inmediata» al Nava Jiménez, cuyo ataque, el pasado 9 de noviembre, sucedió luego de que reportara la desaparición y masacre de 11 personas en la entidad, en donde pobladores denunciaron la omisión de autoridades estatales.  

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México se ha mantenido como el país con el mayor número de periodistas asesinados, hasta el momento se registraron 38, a esto se suma al ataque que cada mañana desde su conferencia de prensa atiza contra los medios de comunicación, a quien tilda de "medios de manipulación". En este contexto y ante la ausencia de este tema en la campaña presidencial, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez han suscrito un acuerdo para la protección del periodismo con Reporteros Sin Frontera (RSF).

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y el aspirante de Movimiento Ciudadano, firmaron la propuesta de cinco puntos estratégicos elaborados por RSF, con el fin de reforzar la acción de gobierno a favor de la protección de los periodistas y del derecho a la información.

En los últimos siete años han sido asesinados ocho comunicadores que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

Esta cifra, de acuerdo con Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), subraya la necesidad urgente de fortalecer y reformar las políticas federales que buscan garantizar la seguridad de quienes ejercen la profesión informativa.

Tras la difusión del número telefónico móvil de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times (NYT), para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe, un total de 123 corresponsales y comunicadores mexicanos exigieron, el 28 de diciembre de 2024, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ejerciera su derecho de réplica, sin poner en riesgo la integridad de los periodistas.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) -organización no gubernamental, con sede en Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial- fue la que dio a conocer la misiva.

La organización Artículo 19 urgió a periodistas quienes hayan asistido a las conferencias mañaneras en los últimos años, y cuyos datos personales fueron filtrados, a “activar protocolos de seguridad y tomar debidas precauciones”.

Asimismo, pidió al gobierno federal clarificar cuáles fueron las medidas que tomó para evitar la vulneración de los datos personales que recolectó, específicamente las medidas contempladas en el sistema de gestión.

Después de cuatro años de que la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hiciera una serie de recomendaciones al actual gobierno para atender la situación de riesgo contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración anunció el arranque de la campaña “De frente a la libertad”, patrocinada por la Unión Europea y diseñada con la colaboración de la ONU-DH.