Ciudad de México. A pesar de la creciente exigencia de actores políticos y organizaciones sociales para que sean garantizados los derechos de las víctimas de un delito, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en la última semana diversos artículos de legislaciones de San Luis Potosí, Tamaulipas y Puebla que, incluso, eran más completas que la legislación federal en la materia.
Con el argumento de que la protección de víctimas y testigos de delitos es de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, los ministros del máximo tribunal decidieron declarar la inconstitucionalidad de diversas medidas de protección, algunas de las cuales llevaban más de dos años operando.
