Un tribunal emitió una resolución que niega la queja que interpuso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar entregar la copia certificada del oficio que comprueba los derechos del agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a los ejidos de Ayala, en Morelos.

En un comunicado, los Ejidos de Ayala en Defensa del Agua señalaron que el documento que debe entregar la Conagua es «clave» para que se ordene la suspensión del desvío del agua de la PTAR hacia la termoeléctrica de Huexca, «lo que la dejaría inoperante hasta que se resuelva en definitiva el amparo» interpuesto en noviembre de 2020 por Moyotepec.

El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció que la entrega de información sobre la termoeléctrica de Huexca, solicitada por las comunidades que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM), implica una vulnerabilidad que tendría «una severa repercusión», que podría ir desde una indemnización económica hasta el retiro de la infraestructura eléctrica.

En un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala dio a conocer que el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información reservada que hizo la subsidiaria CFE Generación I, responsable de la termoeléctrica en Huexca, con respecto a la solicitud de información realizada por la defensa legal de los pueblos y ejidos que luchan contra el PIM.

Pobladores de la comunidad de Huexca, Morelos, realizaron una procesión al antiguo plantón de resistencia que detuvo la construcción de la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos (PIM) en 2012, para agradecer que «el PIM ya es chatarra».

La comunidad aseguró que la termoeléctrica no ha funcionado desde hace un mes, cuando en la última fase de pruebas de la central de ciclo combinado se escuchó un «tronido».

Integrantes de Ejidos Unidos en Defensa del Agua de Ayala, Morelos, instalaron un plantón afuera de la sede de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Xalapa, Veracruz, para exigir la cancelación del acueducto que se lleva el agua del Río Cuautla a la termoeléctrica de Huexca, explica en entrevista telefónica Herminio Chávez, ejidatario de Ayala.

En la toma de Conagua también participan pobladores de Huexca, quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) y también exigen la suspensión del acueducto, además, al plantón se sumaron colectivos y organizaciones de Puebla y Veracruz que defienden el agua y el territorio, asegura Chávez en entrevista telefónica con Desinformémonos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala convocó al plan de acción en conmemoración del Día Internacional del Agua, el próximo 22 de marzo, a través de manifestaciones «en diferentes formas, modos y de manera segura».

«Gritemos como gritaba Samir junto con los pueblos, ‘¡Agua sí, termo no! ¡Agua sí, megaproyectos no!'», llamó el FPDTA, que actualmente lucha contra el despojo del agua y la operación del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Ejidos de Ayala, Morelos, comprobaron con documentos oficiales que el acueducto que llevará el agua del río Cuautla a la termoeléctrica de Huexca «no tiene permisos para funcionar».

Los ejidatarios demostraron que una declaración del Organismo Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, con fecha del 15 de febrero de este año, indica explícitamente que el organismo «no ha emitido permiso alguno para la construcción del acueducto sobre la zona federal del Río Cuautla», que «no ha dictado autorización alguna para el cambio de uso de agua de agrícola a industrial» y que «tampoco se ha expedido autorización alguna para que el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla deje de verter las aguas de la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla».

El convenio entre la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) General Eufemio Zapata Salazar y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que autoriza el uso de agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR) para la termoeléctrica de Huexca, Morelos, podría perder su validez al haberse violado los estatutos de la Asurco, explicó el abogado y activista Juan Carlos Flores Solís.

El abogado, que acompaña a las comunidades que se oponen a la operación del Proyecto Integral Morelos (PIM), explicó que los estatutos de la Asurco establecen que los integrantes del consejo directivo o del consejo de vigilancia “deben estar al corriente en el pago de sus cuotas y no ostentar ni postularse en cargos de elección popular o en alguna otra actividad que le impida el cumplimiento cabal de sus obligaciones con la asociación, no tener cargo de algún partido político u otro cargo que le impida el cumplimiento imparcial de sus obligaciones con la asociación”.