A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha declarado en varias ocasiones que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, está cancelado, «no se ha presentado algún documento que formalice este dicho» y, por el contrario», están vigentes 15 concesiones relacionadas con la mina, denunciaron habitantes, organizaciones civiles y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En un comunicado, las organizaciones señalaron que de acuerdo a la Secretaría de Economía las 15 concesiones mineras relacionadas con el proyecto continúan vigentes, algunas hasta el 2055, además de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que no ha recibido ninguna solicitud por parte de presidencia para cancelar el permiso ambiental otorgado a la mina, por lo que el proyecto aún cuenta con la autorización de impacto ambiental.

Desde hace cuatro meses el proyecto minero San José de la minera Cuzcatlán «opera en completa ilegalidad» en los Valles Centrales de Oaxaca, pues continúa con sus actividades a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le retiró los permisos ambientales hasta 2023, denunció el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.

Las autoridades comunitarias que integran el Frente recordaron que la Semarnat decidió retirar los permisos con los que se extendía por doce años la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la minera, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que fueron resultado del «tráfico de influencias y la corrupción» entre diputados federales y funcionarios de la dependencia.

La empresa minera Cuzcatlán «ha irrumpido clandestinamente» en las comunidades zapotecas de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, Oaxaca, a pesar de que en las asambleas comunitarias declararon sus territorios libres de minería, por lo que representa una violación a su derecho de la libre determinación, denunció el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.

La entrada de la minera Cuzcatlán a las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca se suma a la presión de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que haya una reunión con los directivos de la empresa y al «error tipográfico» que cometió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el que otorgó a la minera dos años de explotación comercial, a través de la ampliación de su Manifestación de Impacto Ambiental.

Tras un proceso judicial que se prolongó por más de siete años, la comunidad indígena de Zacualpan ganó un juicio de amparo contra el otorgamiento de los títulos de concesión minera 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, registrados a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente.

En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez primero de Distrito en esta ciudad, Jorge Damián González Villaseñor, ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.

Organizaciones y redes de América y Europa manifestaron su preocupación por «el clima de inseguridad y amenazas» en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, por la operación ilegal del proyecto minero Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

En un pronunciamiento, las organizaciones reprobaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificara a la minera la autorización para renovar los permisos ambientales por otros 12 años de explotación comercial, a pesar de las denuncias por los asesinatos de defensores que se oponían a la mina, las obras irregulares, la contaminación del agua y el estrés hídrico en el que se encuentra el acuífero.

La comunidad nahua de Tecoltemi, en la áridas sierras de Puebla, en el centro este de México, celebraba esta semana el triunfo de siete años de batalla legal contra una minera canadiense que, según los pobladores, ponía el peligro la escasa agua que tenían, su salud y su derecho a un medio ambiente sano.

La Suprema Corte de Justicia del país decidió el miércoles “dejar sin efecto” dos concesiones de la empresa canadiense Almaden Minerals para extraer oro y plata en sus montañas a cielo abierto porque no hubo una consulta previa a los pueblos indígenas afectados, tal y como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México forma parte.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer miércoles dejar sin validez dos concesiones mineras otorgadas a Almaden Minerals, minera canadiense que proyecta abrir una mina de oro y plata a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, en la sierra norte de Puebla.

Animal Político publicó en agosto de 2020 una investigación que documentó que este proyecto minero requerirá más de 5 millones de litros de agua diarios en una comunidad indígena que padece sequías severas, y que, por tal motivo, ciudadanos de las comunidades aledañas al proyecto, como el ejido de Tecoltemi, habían interpuesto amparos contra la concesión a esta compañía canadiense y contra la misma Ley Minera.

A escasos 300 metros de la comunidad de Naopa, en la sierra hidalguense, se estableció en 1992 una mina a cielo abierto de manganeso, una de las diez más extensas del planeta y la más importante para el continenente americano. La empresa encargada es Mina Autlán, nombre que lleva por el un municipio del estado de Jalisco, que en 1953 estableció su primera unidad para extraer este material.

Los habitantes han realizado manifestaciones por las diversas afectaciones a su salud, al territorio, el agua y la tierra, pues la mina ha ocasionado derrumbes, la tala de árboles avanza con velocidad y las enfermedades asociadas a la contaminación se presentan todos los días.