El México que la solidaridad colectiva saca de los escombros y el Estado entierra

México ante el terremoto y el régimen.

Hacerle frente a los escombros desde abajo por la vida y la libertad. 

A México lo levantan de la destrucción, del dolor y del despojo, escombro a escombro, la solidaridad, el compromiso, la organización y la fuerza de su pueblo. A la fecha, se reportan 337 muertes como consecuencia de este fenómeno y sus réplicas. Como vemos en la Carta Abierta que nos comparten y compartimos para adherir firmas a la misma, así como en los reportes, testimonios, imágenes, vivencias, que observamos y nos comparten a diario, el pueblo mexicano, se enfrenta a dos terremotos: uno, el más reciente, causado por los sismos, y el otro, el terremoto de esa maquinaria ilegítima, abrasadora, destructiva, criminal y mucho más asesina y perversa que el sismo reciente, que es el Régimen mexicano. Un terremoto que venía enfrentando en lo cotidiano, desde las esferas más altas del capital transnacional y del Estado, convertidos a todas luces en estructuras criminales y de despojo y que ha demostrado durante esta emergencia, no sólo su inoperancia y su ineptitud, sino que es un estorbo y una amenaza en curso contra el bienestar y la supervivencia de las y de los mexicanos. Todo el horror que ha causado el sismo palidece ante el horror cotidiano, sistemático y permanente que se ocupa de causar de manera establecida el régimen mexicano. Horror e ineptitud que aplica a partir del sismo, dejándolo en evidencia y reiterando una verdad que la gente que reconstruye ahora mismo sus vidas, escombro a escombro, dolor a dolor, hombro con hombro, reconoce y hace realidad en actos maravillosos.

Lo que aprendí del pueblo mexicano

Tuve la inmensa fortuna de haber estado en Ciudad de México el 19 de septiembre. A las 13.15 horas estábamos con el compañero y amigo Luis Hernández Navarro cerca de la colonia Juárez. En los días siguientes estuve con compañeros y compañeras en Ciudad Jardín y en la calle Zapata, donde habían colapsado edificios mientras otros presentan severos daños, compartimos con los voluntarios y vecinos sus dolores y afanes para superar el difícil momento.

Lo vivido y convivido esos días en la capital mexicana, y luego en el estado de Chiapas, me inspiran cuatro reflexiones, breves e incompletas.

Habitantes de Canoa expulsan a policías y crean su propia guardia rural

PUEBLA, Pue: La comunidad indígena de San Miguel Canoa decidió expulsar a la fuerza pública, crear su propia autodefensa desarmada y montar retenes para restringir el acceso a la localidad ante la pretensión del gobierno de Rafael Moreno Valle de imponerles autoridades.

En rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Rocío Pérez Pérez, informó vía telefónica que los acuerdos tomados por su comunidad el pasado lunes 12, incluyen evitar la entrada de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de posibles candidatos si el conflicto no se resuelve antes de la celebración de los comicios de este año.

El pasado 4 de noviembre fue detenido el Presidente Auxiliar de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, quien mantuvo su oposición a entregar las oficinas del Registro Civil, luego de que el gobierno de Moreno Valle impulsó una reforma legislativa para centralizar ese servicio.

Desde entonces, Canoa se declaró en resistencia y ha tratado de evitar que el gobierno estatal imponga autoridades suplentes sin que hayan sido electas por la vía de usos y costumbres que rige a esta comunidad y que cuenta con una población 90% indígena.

Pérez explicó que prefirió no presentarse en la rueda de prensa en la Ciudad de México, luego de que ha sido amenazada por el gobierno estatal de que si se manifiestan en torno al Informe del mandatario poblano, su padre será trasladado del penal de San Miguel al de alta seguridad de Tepexi de Rodríguez, lo que podría afectar su estado de salud y anímico.

Asimismo, denunció que recibieron dos amenazas por parte del gobierno poblano, una de ellas telefónica en la que le pidieron cancelar la conferencia de prensa.

Pérez informó que en la asamblea del lunes pobladores de Canoa determinaron que expulsarán a unos 30 policías que hay en esa localidad, que sólo se dedican a resguardar el edificio de la presidencia de la Junta Auxiliar y no cuidan la seguridad de los habitantes.

Explicó que la seguridad del pueblo, de unos 35 mil habitantes, será asumida con la organización de los pobladores, que ya dividieron el territorio en 10 secciones y nombraron comités que coordinarán las actividades de vigilancia.
“Todas se coordinarán con el comité central en coordinación para evitar ingobernabilidad”, precisó. “No hay, ni habrá armas de ningún tipo, nuestra resistencia es pacífica, vamos a resguardarnos como población sin ningún tipo de armas. No es autodefensa”.

Además, apuntó que la comunidad determinó colocar una especie de retenes o casetas en las entradas de la comunidad para tener un control del ingreso de personas extrañas, luego de que el gobierno estatal y municipal podría enviar policías o funcionarios para detener a más personas o imponer autoridades en la Presidencia Auxiliar.

“Tendrán que pedir permiso para ingresar a la comunidad, y así evitar que lleguen autoridades estatales y municipales”, detalló.


Indicó que no se permitirá el acceso a representantes del INE para la organización de los comicios federales, ni a los candidatos que pretendan hacer campañas, hasta que se acuerde respetar las decisiones del pueblo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Gobierno de Moreno Valle no aprendió con caso Chalchihuapan: activistas

PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones sociales advirtieron que la administración de Rafael Moreno Valle no adquirió algún aprendizaje del caso Chalchihuapan y sigue con su política de represión contra las movilizaciones sociales, con lo que agrava el estado de ingobernabilidad que priva en la entidad.

Agrupados en el Frente de Organizaciones Sociales contra la Represión y en Defensa de los Derechos Sociales en Puebla, los activistas y políticos manifestaron su solidaridad con el Círculo de Defensa de Cholula, cuyos integrantes fueron desalojados la madrugada del martes 7 de un plantón que llevaban a cabo frente a la alcaldía de San Andrés Cholula.

La detención de Adán Xicale, el abogado que encabeza la defensa contra el parque que pretende construir Moreno Valle en las inmediaciones de la Gran Pirámide, así como de su hijo Paul, de Albino, Primo Manuel y Odilón Tlachi, señalaron los grupos sociales, es parte de la estrategia que ha mantenido el gobierno para criminalizar la lucha social en lugar de escuchar las demandas de las comunidades.

En la conferencia de prensa cerraron filas la diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo; Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, de la 28 de Octubre; Abraham Cordero Calderón, del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada; Marco Mazatle y Arnulfo Hernández, del Movimiento por la Alternativa Social (MAS).

Asimismo, estuvieron Isaías Cruz, del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup); Dora Luz Sánchez y Jorge Méndez, de Izquierda Democrática Nacional, y Javier Montes Bautista, de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), quienes exigieron la liberación inmediata de los cinco detenidos en Cholula, considerados presos políticos.

La diputada Roxana Luna dijo que el gobierno estatal mantiene su postura de utilizar las vías de la represión, en lugar del diálogo y la negociación para atender las demandas de grupos sociales.

Mencionó lo ocurrido un día antes en Cholula, donde un representante del gobierno fue a dialogar con los grupos inconformes por el desalojo, firma con ellos puntos de acuerdo y horas después éstos son desmentidos en un boletín oficial. “Es una burla hacia las organizaciones”, reclamó.

En su oportunidad, Mazatle adelantó que en la primera quincena de noviembre realizarán una marcha al Senado y a la Secretaría de Gobernación federal para manifestar  su rechazo a las políticas de represión de Moreno Valle.

Javier Montes, edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, dijo que Moreno Valle parece no haber aprendido nada con lo ocurrido en su comunidad, cuando mandó un operativo policiaco a desalojar el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco y resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie y ocho pobladores más heridos.

“Si lo que está pensando es que con eso la lucha va a acabar está equivocado, lejos de que la población lo vea como una manera de intimidarse, lo ve como una provocación y eso genera más conflicto”, reclamó.

También dijo que entre las comunidades hay mucho descontento por lo ocurrido la madrugada del martes, pues no sólo se detuvo a dirigentes del movimiento, sino que se golpeó a señoras de edad avanzada que se habían quedado en el campamento para cuidar la toma de la alcaldía.

El abogado Vladimir Luna Porquillo, quien lleva la defensa legal de los detenidos, dijo que las autoridades han incurrido en múltiples irregularidades, como que no se mostró orden de aprehensión, se modificó el escenario del supuesto delito, se incomunicó a los detenidos y se les sometió a golpes.

Especialmente se comentó el caso de Odilón Tlachi, que hasta ayer se desconocía que estaba detenido porque fue golpeado por los policías, que incluso tuvieron que llamar una ambulancia para que fuera atendido, y a la defensa sólo les reportaron que “ya le habían dado una pastillita” para atenderlo.

El abogado indicó que hasta ahora los cargos contra los cinco detenidos son por motín, pero se espera que se cumpla el plazo legal para saber si se ampliarán los cargos o se les dictará auto de libertad.

Integrantes del Círculo de Defensa Cholula indicaron que los trabajadores del ayuntamiento de San Andrés fueron llevados a declarar a la Procuraduría en contra de los detenidos, por lo que se presume que se les buscará fincar responsabilidades por “secuestro”, para evitar que puedan salir bajo fianza.

Por la mañana, los pobladores llevaron a cabo una asamblea en Tlaxcalancingo en la que determinaron trasladarse a Casa Aguayo para realizar un plantón, que mantuvieron hasta alrededor de las seis de la tarde, y luego se trasladaron hacia las instalaciones de la PGJE para realizar otra protesta.

Los manifestantes esperan que se cumpla el plazo legal de 72 horas para que se defina la situación de los detenidos, en el entendido de que existe un acuerdo con el gobierno estatal de que se les dictará auto de libertad.

En caso de que la Procuraduría estatal consigne a los cinco activistas, la asamblea acordó que incrementarán las acciones de protesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.