CIUDAD DE MÉXICO: Con nulo debate y 62 votos a favor y sólo 13 en contra, el pleno del Senado aprobó las reformas que permitirán a la Secretaría de Marina tomar el control de las 110 capitanías de puerto, reorganizar las funciones entre esta dependencia y la SCT para “reforzar la seguridad en los puertos y costas del país”.
“La militarización de los puertos es una conjura contra la democracia mexicana”, sentenció el senador Manuel Bartlett, coordinador del PT, quien subió a tribuna a argumentar su voto en contra de esta reforma enviada por el Ejecutivo federal desde marzo pasado.
“Esta militarización está controlada por el extranjero. Se lo dijimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional, que ya están al servicio de los intereses norteamericanos”, subrayó Bartlett, quien insistió en que es una instrucción de Estados Unidos porque así garantizan sus inversiones y el manejo de sus negocios en México.
“Están jugando con fuego y ustedes los están apoyando”, sentenció Bartlett. También la senadora Layda Sansores acusó que esta reforma es una “puñalada por la espalda” al país y a la marina mercante, porque ésta es eficaz, eficiente y es la organización más prestigiada de América Latina.
El senador independiente Manuel Fonseca denunció que el dictamen viola la Constitución, genera dos autoridades responsables en la misma materia, deteriora la estructura jurídica del país y desconoce las actividades de las más de 15 organizaciones que se han encargado de la seguridad y protección marítima y “que no han tenido tantos problemas”.
Al argumentar a favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, el senador priista Ricardo Barroso Agromont insistió en que no se modifica el modelo actual de administración portuaria y, en general, de toda la actividad productiva y mercantil que se genera en los puertos mexicanos.
Barroso dijo que las capitanías de puertos serán operadas por la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de Marina, en la que “labora personal civil”, y negó que se trate de una “militarización”.
El senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, consideró que “el corazón de la reforma” es transferir la operación de las 110 capitanías de puerto que hay en el país de la SCT a la Secretaría de Marina, pero que los temas económico, comercial y marina mercante “continuarán bajo la administración y coordinación” de Comunicaciones y Transportes.
“No se militarizan los puertos ni se transfiere la operación de capitanías de puerto, es sólo en términos de seguridad. No implica presupuesto adicional alguno, ni los trabajadores perderán su empleo o derechos laborales y demás prestaciones, y no afecta el comercio y actividades portuarias, marina mercante ni operación de las Administraciones Portuarias Integrales” (API), insistió Lozano Alarcón.
El senador panista Francisco Salvador López Brito también fijó su posición en contra, debido a que en las iniciativas “hay situaciones contradictorias”, ya que la seguridad de los puertos no recae solamente en las capitanías, sino que es un trabajo integral entre Aduanas, Migración, las secretarías de Salud, SCT y de la Marina.
“La Marina ya tiene una importante participación en la seguridad de los puertos, por lo que este aspecto ya está cumplido”, indicó López Brito, de los pocos legisladores de Acción Nacional que votó en contra de la iniciativa finalmente avalada por el pleno del Senado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464653/aprueba-senado-62-votos-militarizar-los-puertos-mexicanos
Su intención era privatizar los puertos como hizo con Teléfonos de México, bancos y una televisora, pero Carlos Salinas de Gortari sólo consiguió crear las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), una figura estatal que tiene facultades para administrar el puerto, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de empresas mediante contratos de cesión parcial de derechos. Casi tres décadas después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta acción como “una simulación” y cuestionó la concesión que se otorgó en el puerto de Veracruz bajo esta figura.
