Los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora compartieron en un comunicado los resultados y exigencias que presentaron ante las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) después de la reunión virtual que sostuvieron el pasado 26 de noviembre.

A 10 años del derrame de residuos tóxicos de una minera de Grupo México en la cuenca del río Sonora, el gobierno mexicano afirma que avanza con la implementación del Plan de Remediación en la zona y con la reparación de los daños. 

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se está trabajando de manera permanente en el caso y se comprometió a presentar más avances antes de que termine su sexenio. 

Germán Larrea, quien aumentó 922 por ciento su fortuna en este sexenio, cruzó completa la administración de Andrés Manuel López Obrador evadiendo la remediación del desastre ambiental en Río Sonora con tácticas dilatorias, reconocieron hoy dos secretarias de Estado en un informe presentado durante la conferencia matutina del Presidente. El Gobierno dijo que hay dos denuncias contra las empresas de Larrea, uno de los más ricos de América Latina, una de ellas penal.

Un grupo de personas afectadas por la tragedia ambiental ocurrida hace 10 años en el Río  Sonora, instalaron un antimonumento esta mañana en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo.

“Las autoridades deben frenar la impunidad que la empresa Grupo México ha tenido durante los últimos dos sexenios” por el derrame de 40 millones de litros de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, aseguraron los Comités de Cuenca Río Sonora, que proyectaron en la fachada del Palacio Nacional mensajes para exigir “la justicia que sido prometida todos estos años” y que desde 2014 “no ha llegado”.

La noche del pasado 9 de junio, representantes de los Comités protestaron frente al recinto presidencial para interpelar a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y pedirle “que no olvide el Río Sonora”, pues a casi diez años del derrame de Grupo México “ninguna autoridad, ni estatal ni federal, ha cumplido sus promesas”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció, casi diez años después del derrame tóxico de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, la responsabilidad de la empresa y de las autoridades federales y estatales en la violación a los derechos de las víctimas, quienes aún viven los impactos por la contaminación de los 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre en sus cuerpos de agua, informaron los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

“En el documento, la CNDH constata lo que los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hemos denunciado durante casi 10 años: no sólo la minera ha violado los derechos humanos de las víctimas del derrame; también las instituciones, y de forma persistente a lo largo de casi una década”, señalaron en un comunicado.

Las autoridades estatales y federales «siguen sin cumplir con sus obligaciones» de reparación y justicia para los pobladores víctimas del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS).

Tras sostener una reunión para constatar los avances de la implementación del Plan de Justicia Cananea-Río Sonora (PJC-RS), presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, los CCRS aseguraron que el programa «sigue sin implementarse, careciendo de decreto, objetivos y planeación, y sin hacer justicia», así como que las autoridades «comparten información errónea; no acatan las sentencias judiciales y evaden reuniones (pero sí se reúnen con Grupo México para negociar)».

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Cofepris deberá compartir la información que tenga sobre la contaminación del río Sonora, así como sus efectos a la salud de la población.

A través de una solicitud en la plataforma de transparencia, un ciudadano pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) datos referentes a la contaminación del río.