A dos años de que termine el sexenio, Enrique Peña Nieto se apresuró a realizar dos nombramientos de escándalo: colocó al priista Raúl Cervantes al frente de la PGR y movió además a otra incondicional –Arely Gómez– a la desmantelada Secretaría de la Función Pública. De igual modo maniobró para incidir en el sistema de justicia electoral. Y todo en un solo día: el mismo en que afirmó que no se levantaba pensando cómo joder a México… Organizaciones no gubernamentales, cúpulas empresariales y actores políticos repudiaron las designaciones, pues, afirman, ignoraron a la sociedad y buscan blindar al mandatario… algo que recuerda las estrategias de impunidad maquinadas por gobernantes corruptos como Javier Duarte, ahora prófugo de la justicia.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El mismo día que Enrique Peña Nieto aseguró en el foro empresarial de Grupo Interacciones que “ningún presidente se levanta pensando en cómo joder a México”, el mandatario decidió realizar dos nombramientos sorpresivos: envió al Senado sendos oficios para designar como procurador general de la República al doctor Raúl Cervantes Andrade y, como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la maestra Arely Gómez González.
La maquinaria de operación política de Los Pinos en el Senado, a cargo del coordinador de la mayoría priista, Emilio Gamboa Patrón, se echó a andar desde el mediodía de ese martes 25. Por unanimidad, el pleno de esa cámara aprobó la solicitud de licencia de Cervantes Andrade –quien apenas había vuelto al Senado en noviembre de 2015, después de su fallido segundo intento por ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por la mañana de ese mismo día, la aún procuradora Arely Gómez sostuvo una reunión en Los Pinos con el presidente. Trascendió que discutieron los posibles escenarios para la detención de Javier Duarte, mandatario con licencia prófugo. Supuestamente fue por la tarde cuando ella se enteró que dejaría la PGR y que debía comparecer en el Senado para que la ratificaran como titular de la SFP.
En paralelo, y también durante esa jornada, los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN, PVEM y PRD aprobaron una iniciativa para ampliar los plazos de tres a siete años, y de seis a ocho años, de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que habían sido electos días antes. Argumentaron que con esta extensión “se favorecería la pluralidad de los criterios que conformarán dicha instancia jurisdiccional, lo que mejorará la calidad de las resoluciones”.
La campanada la dio el propio Cervantes Andrade durante su comparecencia en comisiones el miércoles 26, cuando afirmó que no sólo aspiraba a ser el nuevo titular de la PGR, sino el fiscal general de la República por nueve años, posibilidad asentada en la reforma del artículo 102 constitucional.
Fuente: Proceso
Autor: Jenaro Villamil
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