Según datos del Instituto de Estadística mexicanos, en el país hay alrededor de siete millones de personas que hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas. Foto: Archivo Cuartoscuro
Por una parte, en las últimas décadas algún moderado avance se ha producido, como el hecho de que la Iglesia católica haya empezado a permitir que se celebren las misas en idiomas originarios, tal como aconteció durante la visita del Papa Francisco a México en febrero de 2016. Por otra, siguen produciéndose episodios extremos de discriminación, como el ocurrido en ese mismo año de tres indígenas que estuvieron a punto de ser deportados por las autoridades migratorias mexicanas, porque no se les reconocía como mexicanos, según informó la prensa local. Algo de lo que se salvaron únicamente gracias a la intervención de algunas ONG.
De hecho, ese es otro tema. De acuerdo con Azalia Hernández Rodríguez, del centro de derechos humanos FrayBa de San Cristóbal de las Casas, “los indígenas siguen siendo víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos”, a manos de grupos paramilitares e incluso de las autoridades federales y nacionales que operan en Chiapas, lo que incluye “desplazamiento forzosos, represión y arrestos arbitrarios”. Algo que, a su vez, conlleva graves actos de discriminación y vulneración de los derechos de los indígenas cuando son arrestados y no reciben la debida atención al desconocer el castellano.
En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe (2015) sobre la situación de derechos humanos en México, ha desdibujado un panorama desolador.“ Existen graves violaciones contra los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en México […] en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos […] o en el marco de reivindicación de sus tierras y faltas al debido proceso penal”.
LA NUEVA HOSTIL LEY DE PEÑA NIETO
Después de algunos días en la ciudad, los reporteros indígenas informan sobre los últimos acontecimientos. No es casual que Armando no hable de temas sensibles. Ni que Mario trabaje con los evangélicos. “El tema es que las radios indígenas no son comerciales, no compiten con las leyes del mercado, expresan una función social a través de los usos y costumbres de nuestra gente”, observa Armando.
En este ya frágil equilibro, se ha sumado la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, aprobada en 2014 por la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Una legislación que hubiera marcado un hito histórico, pues reconoció por primera vez la existencia de las radios indígenas o comunitarias, pero que ha suscitado múltiples quejas entre los involucrados, que la ven como otra estrategia para acabar con ellos. ¿Qué ha cambiado? “Que en cualquier momento te catean, se llevan todo y te cierran la radio. Ya le pasó a unos colegas hace un año”, dice otro reportero.
Las nuevas normas no sólo dificultan los ya complicados y costosos trámites para obtener las licencias, lo que condena a la clandestinidad a estas emisoras, según Mario. También el Gobierno ha reservado “el 10 por ciento del espectro radioeléctrico” que está en las frecuencias más altas de la FM (de los 88 a los 108 MHz), mientras que en AM se ha previsto el segmento de la llamada banda ampliada (de los 1605 a los 1705 KHz), como se lee en el artículo 90 de la ley.
“Y este es otro problema. Eso significa que tendríamos menos alcance de señal. Esas son las frecuencias que nadie quiere”, afirma el locutor indígena. Algunos periodistas comunitarios de Chiapas se han reunido en una asociación para denuncia las faltas de la ley. Algunos expertos piensan que detrás hay cuestiones políticas, puesto que unas de las primeras radios indígenas de Chiapas fue creada por los zapatistas en los 90. Tanto es así que el asunto de las radios también fue objeto de debate cuando se negoció los fallidos acuerdos de San Andrés Larráinzar (1996), firmados por el Gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y nunca realmente puestos en marcha.
Porque, además, todo esto ocurre en una tierra donde los conflictos no escasean. Hoy, “en Chiapas, hay alrededor de 40 megaproyectos, la mayoría de los cuales son mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones, que siguen la lógica del despojo de la tierra (a los indígenas)”, advierte Hernández Rodríguez, del FrayBa. “El tema es que, desde el levantamiento zapatista (1994), los indígenas han desarrollado mayor capacidad de resistencia y lucha, lo que a su vez ha originado reacciones muy violentas por parte del Estado”, añade.
ALGUNAS TIBIAS SEÑALES DE ESPERANZA
Lo que, claro, se suma a los riesgos propios del sector en estas tierras. Donde hablar de un homicidio en una aldea, de tráfico de estupefacientes o de despojo de tierras, puede significar perder el puesto o, mucho peor, poner en riesgo la vida. “A mí, me pasó. Se me han acercado y me han dicho que dejara de dar la información. Me han amenazado de muerte y también han intentado corromperme”, cuenta Enrique Gómez Hernández, reportero de Xero Uno, la única radio autorizada por el Gobierno que emite en idiomas originarios en San Cristóbal.
“La radio tiene 43 años, y desde el inicio ha servido como un puente de comunicación entre las comunidades indígenas y el Estado, a lo que ahora se ha sumado un noticiero de información general”, explica el gerente de la emisora, Gubidcha Matus. Pero, ¿hasta cuándo pueden continuar? “De momento, no hay fecha de caducidad. La radio habla los idiomas de mucha gente”, continúa Gubidcha. “Creo que las cosas están cambiando. Hay puertas que se están abriendo”, afirma María Jirón Pérez, una de las primeras periodistas que como Gómez Hernández han sido llamadas a colaborar con el proyecto.
—¿Y qué pasa si alguien no quiere que salga una información?
—Se colabora. Yo además no hablo de política, dice María.
—¿Nunca?
—Me gustan más los temas culturales.
Dicho esto, los indígenas de Chiapas no son tampoco los únicos de México que batallan por llevar adelante sus formas de vivir. Según publicó, recientemente, el diario mexicano El Economista, en el estado de Oaxaca existen alrededor de 70 radios comunitarias o indígenas, de las cuales solo tres cuentan con permiso oficial para emitir.
Un tema que también ha sido objeto de informe de la antropóloga Elena Nava Morales, titulado Fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas en la comunicación indígena, que en sus conclusiones parciales —la investigación todavía está en curso— asevera que las políticas de los gobiernos mexicanos todavía son confusas sobre estas radios y “cargadas de paternalismo”. Algo que se suma a otro obstáculo: los indígenas se rigen también por sus propias reglas, conocidos como usos y costumbres.
Y no es de un asunto baladí. “Las radios son de importancia fundamental para las comunidades originarias porque ahí reproducen su lengua, su política, su cultura y sus conocimientos sobre el mundo”, subraya Nava Morales.
Así y todo, Nava Morales también considera que la nueva ley de Peña Nieto ha logrado al menos una victoria para los indígenas. El Estado mexicano ha reconocido por primera vez la existencia de estas emisoras, lo que ha sentado un precedente legislativo “muy importante”. Dicho esto, también considera que los ocho artículos de la legislación son “insuficientes para abarcar la diversidad de experiencias comunicativas indígenas que existen en el país”. Y, más en general, que todavía falta camino por recorrer para que se pongan en marcha “políticas y leyes que vayan más de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de todas las personas que conforman el país”.
La autora ha realizado el reportaje con el apoyo de la IWMF (International Women’s Media Foundation), en el marco del proyecto Adelante.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción con información de elmundo.es
http://www.sinembargo.mx/12-02-2017/3148265