Radio Zapote hace llamado de alerta y solidaridad ante amenazas de desalojo

La embestida contra las radios comunitarias de la ciudad de México que empezó con Regeneración Radio, parece ir ahora contra la otra decana. Radio Zapote lleva más de 15 años al aire, transmitiendo desde el edificio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) pero la nueva dirección, a cargo de Julieta Valle Esquivel desde comienzos de este mes, viene anunciando (y promoviendo) su cierre. O su “relocalización” como le llaman.

“Hemos recibido amenazas de parte de la nueva directora, incluso desde antes que hubiese asumido ya que en algunas reuniones con el Consejo Técnico de la Escuela aseguró que iba a cerrar el espacio de la radio” explicó Alexis, uno de los integrantes del Colectivo que la mantiene al aire.

Radio Zapote nació en los días en que la Marcha del Color de la Tierra, organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegó al entonces Distrito Federal. “La radio surge a partir de la efervescencia estudiantil que genera la presencia de la comandancia del EZLN, que se instala en la ENAH. Desde la Huelga de la UNAM, en 1999 se veía la necesidad de una voz no deformada porque se reconoce el cerco informativo de los medios de comunicación. La avalancha que la marcha genera en los estudiantes dan paso al medio.”
Se crea primero una cabina en la explanada de la Escuela, que se sostiene durante un año, hasta que en 2002 se decide tomar un espacio dentro de la Escuela, “desde dónde trabajar la autogestión y la autonomía”, explica Alexis. El lugar elegido fue un cubículo en el segundo piso, que estaba desaprovechado, ya que se utilizaba de depósito.

La otra señal de la embestida contra la radio, explican desde el colectivo, fue el despido arbitrario de Artuto Camas, quien se encargó durante 20 años del Departamento de Medios Audiovisuales de la ENAH. “Arturo era ejemplar con su trabajo, al punto que le llamábamos el boy scout. Estaba encargado de guardar y gestionar el archivo videográfico de la escuela, que con su salida, al parecer, quedó clausurado.” Es sabido que para que un archivo sea útil, hay que saber qué es lo que guarda. Arturo llevaba 20 años de conocerlo al dedillo.
“Creemos que su despido, sin justificación, de un compañero súper responsable se debe a que también integra el Colectivo de la Radio.”

Lo que emerge de fondo, o la explicación que se da el colectivo para la nueva ofensiva contra el medio comunitario responde a los cambios que se han operado en la Secretaría de Cultura.
Creada a fines de 2015 por mandato del presidente de la República Enrique Peña Nieto, su creación “implica la separación orgánica entre educación y cultura”, según denunciaron en su momento los arqueólogos del Instituto de Antropología e Historia, quienes incluso interpusieron una queja frente al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México.

“Al momento de asumir la nueva dirección venía con una línea clara de hacer cambios en la Escuela, tal como se ha reflejado en las primeras semanas de su gestión”

El problema es que Radio Zapote es un espacio que ha funcionado en permanente sinergia tanto con la comunidad estudiantil, como con la docente. Primero en el 94.1 fm y desde hace 4 años, en el 102.1.
“A pesar de que cuando se tomó el espacio para la cabina de radio hubo confrontación directa con las autoridades de la ENAH, luego se normalizó la situación, nos aceptaron, respetaron nuestro trabajo.

El problema surgió tras la masacre de Iguala, en la que 7 personas fueron asesinadas por agentes de policía y 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa continúan desaparecidos.
“Cuando sucede lo de Ayotzi, la radio empezó a funcionar como un centro, no sólo de transmisión de lo que estaba sucediendo, sino que el espacio se abrió a toda la disidencia que nació o creció después del 26 de Setiembre de 2014. Incluso para los padres de los Normalistas y su lucha. Entonces empezó el hostigamiento de la dirección y de los agentes de la policía que resguardan el predio y están al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública”

Es una especie de hostigamiento soft, ya que no se traduce en violencia concreta, pero sí en amenazas de vigilancia, en un hostigamiento solapado a quienes se dirigen a la cabina del segundo piso: “se te acercan, te preguntan a dónde es que vas, nos tienen identificados.” Un hostigamiento de bajo perfil.

¿Cómo es la situación de Radio Zapote en relación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones? “El Ifetel tiene conocimiento de que transmitimos sin su permiso. Tampoco nos interesa obtenerlo, y muchos menos después de la sanción de la Ley Federal de Telecomunicaciones, una ley regresiva y agresiva contra los medios de comunicación indígenas y comunitarios”
Dicen desde Radio Zapote que la nueva ley los ahorca aún más en relación a sus capacidades para obtener recursos y así autosustentarse, ya que la radio no recibe ningún apoyo externo.

Pero la avanzada que ven en el horizonte la esperan de la nueva dirección de la ENAH, como se dijo al comienzo de este artículo. “Va a haber acomodo de espacios, nos dicen, pero hace más de un año que se contruyó un nuevo edificio en el predio, con fondos públicos, que aún continúa en desuso. A pesar de que cuentan con un edificio vacío, un espacio súper enorme que costó millones de pesos del herario público, hablan de reubicarnos”

¿Qué puede hacer la audiencia que ha respaldado a Radio Zapote durante 15 años de vida independiente? “Lo que hemos visto en experiencias de radialistas independientes de distintos estados es que lo que ha salvado a las Radios Comunitarias ha sido que la gente haga acto de presencia en las instalaciones, que estén dispuestos a la posibilidad de movilizarse ante un posible desalojo o hallanamiento por parte de la fuerza pública. Cualquier cosa que suceda, vamos a difundirla por nuestras redes, pero hacemos un llamado de alerta y solidaridad a todos, a que nos escuchen vía streamming. Nos gustaría que se mantengan enterados”

Radio Zapote transmite todas las tardes, vía streamming en http://www.radiozapote.org/, entre las 14 y las 21 horas.




Fuente: Desinformémonos

Autora: Eliana Gilet

http://desinformemonos.org.mx/radio-zapote-hace-llamado-de-alerta-y-solidaridad-ante-amenazas-de-desalojo/

Condenan a locutora a 2 años de prisión por denunciar a gobierno de Veracruz

Veracruz, Ver (02 de Marzo del 2016).- Tras siete años de persecución, la locutora Paola Ochoa Tlapanco fue condenada a dos años de prisión por hacer mal uso del espectro radioeléctrico (pena que purgará en libertad), pese a que sólo era locutora de Radio Identidad, una emisora comunitaria del municipio de Paso del Macho, al suroeste del estado de Veracruz.

En entrevista, la locutora explicó que desde hace siete años, cuando se fundó la radio comunitaria, ella y el equipo de estación son objeto de persecución, pero fue apenas la semana pasada cuando recibió la notificación de que fue condenada a dos años de prisión por una denuncia que data de 2009, pena que purgará en libertad y firmando cada 15 días ante una autoridad.

En 2007, cuando se fundó la radio comunitaria, Ochoa Tlapanco empezó a conducir un programa donde se abordaban temas de género, pero a unos meses de la transmisión las autoridades del estado montaron un operativo para cerrar el medio informativo.

De acuerdo con la locutora, en aquel año el entonces alcalde Rafael Pacheco Molina juntó firmas de la población para hacer una denuncia penal contra los dueños de la emisora, y denunciar que el medio estaba en la ilegalidad y que transmitía contenidos que afectaban a la sociedad y causaban conflictos.

Ochoa Tlapanco afirmó que el funcionario hizo la denuncia porque la gente comenzó a usar la radio para expresar sus demandas y señalar la ineficiencia del gobierno municipal.

En ese entonces, se desplegó un operativo para impedir las trasmisiones y se detuvieron a tres personas para que rindieran su declaración. No obstante, tras el incidente la radio siguió transmitiendo.

Fue así que en 2009 nuevamente se desplegó otro operativo y se giró una orden de aprehensión contra la locutora por “hacer mal uso del espectro radioeléctrico”. En ese momento, a fin de no pisar la cárcel Paola estuvo firmando su libertad condicional.

Explicó que la radio no cuenta con recursos económicos ni con abogado, y por ello fue hasta 2011 que descubrió que la orden de aprehensión seguía vigente, así que se dio a la tarea de buscar un defensor de oficio y hacer los trámites correspondientes para resolver el caso.

Según narró, se enteró de que fue condenada a dos años de prisión y aunque apeló la sentencia un tribunal ratificó la pena dictada por el juez, misma que le fue notificada la semana pasada.

Señaló además que aunque la radio comunitaria buscó regularizar su situación ante la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), nunca obtuvo respuesta y hoy no saben cuál es el proceso a seguir ante el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por último, la locutora dijo que decidió cumplir su condena en libertad, por lo que pagó una fianza y tendrá que presentarse a firmar. Para colmo, Rafael Pacheco Molina –quien la denunció– es de nuevo presidente municipal.

Fuente: Revolución 3.0

Autor: CIMAC Noticias

http://revoluciontrespuntocero.com/condenan-a-locutora-a-2-anos-de-prision-por-denunciar-a-gobierno-de-veracruz/

Denuncian desmantelamiento de radios indígenas en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció el desmantelamiento de dos radiodifusoras de alta influencia en comunidades indígenas, tras el despido de 50% de su personal por parte de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Con el argumento de un “recorte presupuestal” en el año en curso, la CDI despidió a locutores, productores y directores de dos radiodifusoras que cumplen una importante función en la difusión de la lengua y las tradiciones de los pueblos zoque y maya de la entidad.

El vocero del grupo, Fermín Ledesma Domínguez, un comunicador e investigador de la etnia zoque, denunció que durante la tercera semana de diciembre pasado fue despedido más de 50% del ya raquítico personal que labora como locutor, productor y director en las estaciones de radios de la CDI, todo esto con el argumento del “recorte presupuestal de 2016” ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

También dijo que la acción de despido fue ejecutada por personal de las delegaciones estatales de la CDI. De manera extraoficial se menciona el cese de 2 mil trabajadores de la comisión en todo el país, afectando principalmente a las estaciones de radio.

Expuso que en el caso de Chiapas, los ceses afectaron a las estaciones de radio XECOPA “La Voz de los Vientos” en Copainalá (área zoque) y Radio XEVFS “La Voz de la Frontera Sur” (Radio Xuxepil) en Las Margaritas (área tojolabal), involucrando a locutores zoques, tzeltales, tzotziles, poptí y tojolabales.

Ledesma Domínguez agregó que este despido ocurre sin que tales acciones hayan sido discutidas en el pleno del Consejo Consultivo de la CDI, como tampoco se informó a los integrantes del consejo de las estaciones de radio.

Luego señaló que para el caso de “La Voz de los Vientos”, ubicada en Copainalá, se les presentó un convenio de liquidación a cuatro trabajadores de la radio (dos locutoras zoques, una tzotzil y un productor en español), quedando reducido el personal a tres trabajadores (un locutor zoque, una locutora tzotzil y el técnico de la estación), quienes deberán cubrir un total de 12 horas de transmisión diaria, además de realizar diversas funciones de producción, postproducción, programación, pautado, continuidad y atención al público, lo que constituye un acto humanamente imposible.

“Estos hechos evidencian el claro interés para desmantelar las estaciones de radio indigenistas, negando a la vez la posibilidad de que los pueblos zoques de Chiapas difundan, reproduzcan y reciban información propia de su cultura, pero fundamentalmente reduce la posibilidad de que los pueblos indígenas minoritarios tengan acceso a los medios de comunicación en su propia lengua, sobre todo en zoque, una de las más amenazadas en extinguirse en México”, dijo Ledesma Domínguez.

Los integrantes del Centro de Lengua y Cultura Zoque se dijeron preocupados por esta situación, por lo que demandaron públicamente la solidaridad con las radios indígenas para frenar el evidente desmantelamiento de los medios de comunicación públicos y culturales de México.

También exigieron la recontratación del personal que firmó el convenio de liquidación, ya que fueron presionados para signar ese documento.

“Para nuestra organización es preocupante el desmantelamiento de los medios públicos, culturales e indigenistas porque cierra la posibilidad de que la población indígena monolingüe –que en el caso de los zoques suman más de 6 mil personas– tenga pleno derecho a informarse y comunicarse de manera masiva en su propia lengua”, acusó Ledesma Domínguez.


Por ello pidió la intervención del presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Congreso de la Unión, el senador Zoé Robledo Aburto; del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y del representante del Consejo Consultivo de la CDI, Jesús Fuentes Blanco, para frenar estas acciones que contradicen en los hechos el discurso sobre las políticas públicas del gobierno federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARISTEGUI NOTICIAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425441

Decomisan la radio comunitaria de Luvianos a 14 meses del asesinato del hijo del director

Los hostigamientos a la radio comunitaria de Luvianos no cesan. El 2 de agosto de 2014 el crimen organizado mató al hijo del director Indalecio Benítez al dispararle al vehículo en el que circulaba toda la familia. Este jueves 15 de octubre fue el IFETEL el que les calló al decomisar el equipo.

En Luvianos ya no pueden sintonizar Calentana Mexiquense, su radio comunitaria. El jueves 15 de octubre, poco antes de las dos de la tarde, cuatro empleados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) –acompañados de elementos de la Marina Armada de México– decomisaron el equipo por emitir sin concesión legal.

Los agentes llegaron sin previo aviso mientras José De Paz Morales, un locutor invidente, transmitía su programa La voz de la Gente. José maneja solo la cabina, gracias a dos celulares que conecta a la consola y que maneja, uno por teclado y otro por voz. No le dio tiempo ni de avisar a los radioescuchas. Le pidieron los papeles que acreditaban el permiso de emisión y mientras De Paz se comunicaba con el director de la radio, Indalecio Benítez, procedieron a desmantelarla. Se llevaron el transmisor, la computadora portátil con la que trabajaban, el CPU, una consola y dos micrófonos.

“El equipo costaba unos 20 mil pesos pero no es eso, lo valioso es lo que me quitaron en materia de comunicación”, dijo Benítez delante de la sede del IFT en la Ciudad de México.

Calentana Mexiquense emitía desde el 20 de noviembre de 2013 con un transmisor de 20 watts por la 98.1 de Frecuencia Modulada, que apenas lleva la señal a unos 15 kilómetros a la redonda. Luvianos es uno de los municipios más violentos del sur del Estado de México. Frontera con Guerrero y Michoacán, es parte de la suprarregión de Tierra Caliente y desde hace más de dos años vive una espiral de violencia por la disputa entre los cárteles de La Familia y Guerreros Unidos, que pelean el control de su territorio, clave geográficamente y zona histórica de sembradíos de enervantes.

El propio director, Indalecio Benítez, ha sufrido en carne propia los estragos del crimen organizado. El 2 de agosto de 2014, uno de los grupos del crimen organizado que operan en la zona se plantaron frente a las instalaciones de la radio y cuando él iba llegando con toda su familia dispararon al vehículo. Una de las balas impactó en el corazón de su hijo Juan Diego, de tan solo 12 años.

Desde entonces, él y su familia viven exiliados pero la radio seguía operando bajo medidas cautelares y protección policial. E hicieron un esfuerzo por girar los contenidos a la construcción de paz en su municipio.

José De Paz, quien estaba en cabina de lunes a viernes de 12 a 14 horas, recuerda que uno de sus programas más exitosos fue cuando cubrió el extravío de un vecino del pueblo y lograron encontrarlo a través de enlaces telefónicos a la emisora. Ahora está indignado de que cerraran la radio en el momento que él, con una discapacidad, transmitía.

“Yo no entiendo por qué actuaron así, uno lo hace para contribuir a su pueblo”, lamenta. A su lado Benítez se queja: “para mi no existe ilegalidad, lo único que estamos haciendo es servir a la comunidad y contribuir a la paz en Luvianos a través de la comunicación”.

El viernes pasado, Benítez estableció un plantón en las escalinatas de la sede del IFT en protesta. “Si no me calló el crimen organizado, no me van a callar las autoridades, seguimos transmitiendo en internet y vamos a luchar por la permanencia, porque no nos discriminen por no tener capacidad económica”, espeta. El viernes lo echaron del edificio así que ayer lunes regresó y llenó de mantas la entrada del IFT que exigen la restitución de la radio.

Para el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, que le acompaña en el proceso, en el contexto de violencia en Luvianos, “las acciones del IFETEL se suman a este clima de hostigamiento y censura en contra del ejercicio de la libertad de expresión, agravado por la discriminación en contra de las radios comunitarias para su regularización y revisión”.

Calentana salió al aire cuando apenas se aprobaba la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. A mediados de 2014 se aprobó la ley secundaria y se publicaron los lineamientos que regulan las concesiones para radios comunitaria, indígenas y sociales. Después el IFT convocó a una consulta pública con estas radios y la sociedad civil para discutirlos. El propio Indalecio Benítez participó en ella. De hecho, en diciembre hizo una manifestación de interés ante el IFT de solicitar una concesión, ante lo que el Instituto elaboró un estudio técnico de viabilidad y constató que hay una frecuencia disponible en Luvianos. Ese anuncio le posibilitó a Calentana preparar los requisitos para tramitar legalmente la concesión el próximo 19 de noviembre, fecha en que se abre el primer plazo para las licitaciones de emisoras comunitarias, sociales e indígenas en el marco de la nueva ley.

Antes de que entrara en vigor la reforma en telecomunicaciones en México había 20 radios comunitarias con permiso de emisión. Ahora hay 24. Los últimos 4 permisos los dieron en mayo de este año pero bajo la ley antigua a radios que habían tramitado su solicitud entre dos y cuatro años antes.

Irina Vázquez, coordinadora en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), explica que estas emisoras “surgen por una necesidad de comunicación de una comunidad, en el caso de Luvianos ante la crisis de violencia e inseguridad. En casos así o otros habituales como los que denuncian un megaproyecto, no puedes esperar tres años a que te den el permiso entonces la mayoría transmiten sin él y son las menos las que optan por el camino largo”. Con la nueva ley el camino se acorta un poco, pero aún así hay que esperar alrededor de un año desde que se inicia la licitación.

“Calentana está en su derecho legítimo de transmitir, pero no en la legalidad. Si inicias un proceso para legalizarte pero caes en el uso indebido del espectro es como si le jugaras chueca al IFT. Durante muchos años reclamamos para que hubiera claridad, para que hubiera un reglamento al que acogerse, ahora lo hay pero son sus reglas del juego”, matiza Vázquez.

Desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones el Director General Vinculación Alberto Gutiérrez aseguró que se le daría un asesoramiento jurídico y técnico a Indalecio Benítez para revisar el expediente administrativo.


Benítez por su parte exige que esta reunión sea una mesa de trabajo con el Consejero presidente y que de ahí salga “una ruta clara para la regularización de Radio Calentana”. Asimismo pidió por escrito que se le devuelvan los equipos de sustraídos, que no le criminalicen a él ni a ningún miembro de la emisora y que no violenten su derecho a la protesta pacífica.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.

Asesinan a director de radio comunitaria en Oaxaca

OAXACA, Oax: El director de la radio comunitaria “Sentimiento de la Voz del Pueblo” 96.1, Abel Manuel Martínez Raymundo, fue asesinado esta tarde en el barrio San Pedro el Alto del municipio de Santiago Juxtlahuaca, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:50 horas sobre el camino real de San Pedro el Alto, en esa comunidad de la región mixteca, sin embargo, el subprocurador regional Víctor Fernando Ruiz Méndez no adelantó el móvil del crimen, aunque refirió que no se descarta ninguna línea de investigación.

De acuerdo con los primeros datos, el arma utilizada para el crimen es 9 milímetros y el comunicador presenta dos impactos, uno en la mano izquierda y otro en le pecho.

Martínez Raymundo, de 46 años, sufrió el atentado saliendo de su estación radiofónica al ser interceptado en su vehículo.

El 17 de julio de 2013 también fue asesinado Alberto López Bello, reportero de la sección policiaca del diario “El Imparcial”.

Y el 11 de agosto pasado fue asesinado Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario “El Buen Tono de Veracruz”, en el municipio de San José Cosolapa.

La Procuraduría de Oaxaca confirmó que alrededor de las 16:00 horas, en la avenida El Nacimiento frente al número 23 de la colonia Santa Fe de la unidad habitacional Constancia, perteneciente al municipio de San José Cosolapa, fue ejecutado el reportero.

El diario “El Buen Tono” reconoció que Rojas Hernández era su colaborador y además condenó el crimen de su corresponsal.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció que, entre 2013 y 2014, abrió 19 expedientes de queja y 46 cuadernos de antecedentes relacionados con diversas agresiones y amenazas a periodistas.


Además de una alerta temprana, en 2014, para que las autoridades garantizaran la integridad física y la seguridad jurídica de las y los periodistas, con el fin de proteger su libertad de expresión y, mediante éste, el derecho de acceso a la información del resto de la sociedad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

6 meses del asesinato del hijo del director de la Radio de Luvianos: sin justicia

Hay dos menores de edad detenidos que declararon haber participado en el asesinato. Presuntamente son del cártel Guerreros Unidos. La familia Benítez aún no tiene las condiciones de seguridad para regresar al municipio.

Hace seis meses, un grupo armado atacó a Indalecio Benítez, el fundador y director de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, del municipio de Luvianos, en el Estado de México. Asesinaron a su hijo de 12 años, Juan Diego Benítez. El atentado se dio en el zaguán de su casa y sede de la radio. Era un grupo de al menos cuatro hombres armados con cuernos de chivo y con chaleco y pantalones de camuflaje, según recuerda Benítez.

Ahora sabe que fueron los Guerreros Unidos. Así lo declararon ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México dos menores de edad que están detenidos por haber participado en el ataque. Un tercero, señalado por ellos como el que disparó, habría muerto pocos días después del asesinato de Juan Diego en un enfrentamiento con miembros de La Familia. El cuarto, presuntamente también estaría muerto.

Los Guerreros Unidos disputan el municipio de Luvianos al cártel de La Familia, el grupo criminal fuerte en el municipio desde el 2010 cuando José María Chávez Magaña, alias “El Pony”, sometió a los narcos locales. Desde que “El Pony” fue detenido el pasado julio como el operador de La Familia en el Estado de México, los Guerreros Unidos aumentaron su presencia en Luvianos. Según las declaraciones de los detenidos, tenían el encargo de obligar a Indalecio Benítez a prestarles la radio periódicamente para emitir mensajes de su organización.
“En el pueblo hay mucha gente que le entra al crimen porque le obligan y no le queda de otra”, explica ahora Indalecio. Luvianos colinda con Michoacán y Guerrero y se inserta en el mismo corredor de Tierra Caliente que Tlatlaya, todavía en el Estado de México, Arcelia, en Guerrero e Iguala.

Indalecio Benítez y toda su familia ya rindieron declaración, la última vez ante la Fiscalía Especial para la Atención a los Derechos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que atrajo el caso. En la última ampliación de la declaración, hace apenas un par de semanas, Indalecio les entregó un casquillo que quedó en su propiedad pese al peritaje hecho por la Procuraduría de Justicia del Estado de México para iniciar la averiguación previa.

Los criminales habían disparado dos balas. Los investigadores solo se llevaron un casquillo. Dos días después, uno de los hijos de Indalecio se encontró el segundo. “La Procuraduría mexiquense hizo el levantamiento de pruebas en cinco minutos, como que se quería desentender”, se queja Benítez. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso a las pocas semanas.

Ahora, los peritos de la FEADLE –dependiente de PGR– determinaron que ese casquillo es el de la bala que asesinó a Juan Diego, expansiva, que al impactar en el carro se dividió en seis ojivas, tres de las cuales penetraron el cuerpo del menor. El tipo de bala explica que en un primer momento Indalecio dijese que les habían rafagueado pese a que el vehículo en el que llegaban a su casa cuando recibieron el impacto tenía un solo agujero.

Como Animal Político explicó hace seis meses, Benítez y su familia regresaban de cenar pasada la medianoche del sábado 2 de agosto cuando al llegar a su casa cuatro hombres armados los esperaban. En un acto reflejo Indalecio decidió no detenerse y acelerar. Los hombres dispararon al vehículo y tres impactos penetraron por la espalda a su hijo Juan Diego, y le atravesaron el corazón.

Benítez condujo hasta la base de la Marina, a 700 metros de su casa, para resguardarse pero ya no pudieron salvar la vida del pequeño. Los criminales dieron media vuelta y regresaron a la casa de Benítez. Allí se encontraban su madre y dos tíos, todos mayores de 80 años, y el hijo más grande, de 17. Volvieron a disparar y entraron empuñando sus AK-47, los amenazaron, registraron la casa, y encañonaron al muchacho al que le pidieron el celular y le esculcaron hasta la mochila de la preparatoria. La Marina llegó a los 20 minutos, cuando ya se habían ido los criminales.

Después de cinco días, Indalecio Benítez y su familia decidieron dejar el municipio por temor a vivir más represalias. A raíz de su denuncia pública la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado mandó dos patrullas a vigilar la sede de la emisora, que ha seguido retransmitiendo en todo momento.

Una de las locutoras denunció a Animal Político haber recibido una amenaza en estos meses, justo un día que se fue la policía. Aunque los dichos no pasaron a más Indalecio Benítez y su familia no se atreven todavía a regresar. “Se está avanzando pero todavía no se ha hecho justicia. Tenemos que esperar. Estos chamacos han aportando algunos datos, pero son el eslabón más bajo de una organización y no saben muchas cosas”, reflexiona Benítez.

Su esposa dice que ya necesitan volver, que no pueden continuar en el limbo que es el exilio. “Mira, aquí estamos encerrados, no trabajamos, ya se nos acabó el dinero, luego pasa algo, como ahora al niño, que se rompió el pie y no tenemos ni a quién pedirle prestado para comprar las medicinas”, relata Lorena Benítez, esposa de Indalecio. Uno de sus otros cuatro hijos, con la pierna en alto, baja la mirada. Su hermano Juan Diego murió en sus brazos.

En Luvianos los enfrentamientos continúan. El 30 de octubre el Ejército, que tiene también base en tierras municipales, mató a cinco presuntos delincuentes en uno de sus parajes. Al menos desde el asesinato de Juan Diego, Indalecio cuenta tres asesinatos de vecinos.

También mataron a un edil del partido que gobierna, el PRD. Otros tantos han sido secuestrados. En una visita al municipio en noviembre un comerciante local decía: “Sin quererlo estamos en medio de sus conflictos (de ambos grupos). Uno saluda a todos, se la lleva tranquilo, pero no sabes si un día van a venir por ti”. Benítez asegura que la estrategia es que “con una mano se les saluda y con la otra se les retira”.


La FEADLE, que apoya al periodista y a su familia en el exilio, no quiso dar detalles de cómo podrían asegurar su regreso. “Las medidas cautelares funcionan en tanto son secretas”, espetó Alberto Peralta, Director General Adjunto de esta Fiscalía, quién aceptó la entrevista de este medio pero no contestó ninguna pregunta para no afectar la investigación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.