Cuatro entidades desvían el 63% de los recursos que reciben del gobierno federal

De los recursos del Ramo 33 que el gobierno federal transfirió en 2014 a las entidades federativas para educación, salud, seguridad pública o infraestructura, 10 mil 602 millones de pesos se perdieron en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

6 de cada 10 pesos que el gobierno federal envío en 2014 a las entidades federativas para temas de educación, salud, infraestructura, seguridad pública o desarrollo social se perdieron en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

Esos cuatro gobiernos suman el 63% de los recursos estatales del Ramo 33 —Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios— que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) implican un probable daño a la Hacienda Pública Federal por desvío o uso irregular.

10 mil 602 millones 315 mil 126 pesos es el total que estas cuatro entidades desviaron de siete fondos diferentes que entregan recursos a los estados a través del Ramo 33.

Ese monto es equivalente al presupuesto total para este 2016 del programa de Escuelas de Tiempo Completo, cinco veces los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito o sólo 35% más que el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con el Ramo 33 el gobierno federal transfiere recursos a los estados y municipios para “fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno (…) y apoya a los gobiernos locales en las necesidades de su población”.

Animal Político revisó las auditorías de cada una de las entidades federativas para los siete fondos federales que en 2014 transfirieron recursos del Ramo General 33. El monto total considerado por la ASF como probable daño a la Hacienda Pública Federal por diversas irregularidades fue de 16 mil 825 millones 488 mil 736 pesos; de los cuáles, el 63.01% ocurrieron en Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

Este último estado, concentra el 37% de los recursos con uso irregular. Por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas —destinado a fortalecer las finanzas públicas estatales— hay un uso irregular por el 100% de los recursos entregados.

En el sentido opuesto, Querétaro es la entidad con menos irregularidades. Según las auditorías, en la Cuenta Pública 2014 en el estado sólo se presume un daño a la Hacienda Pública Federal por 250 mil 400 pesos.

Ningún estado terminó en ceros en este ejercicio, es decir, en todas las entidades la ASF encontró un probable daño por uso irregular de recursos federales del Ramo 33 transferidos a los gobiernos locales.

Sin embargo, las entidades todavía pueden hacer aclaraciones sobre los hallazgos del órgano fiscalizador, por lo que estos montos no son definitivos.

El Fondo para la Seguridad Pública, con más desvíos

En este ejercicio, Animal Político revisó las auditorías a la Cuenta Pública 2014 de siete fondos del Ramo 33:

-Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. FAEB. (Que en 2015 se convirtió en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo).

-Fondo de Aportaciones Múltiples. Destinado a construcción de espacios educativos.

-Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

-Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

-Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. Destinado al financiamiento de obras e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema.

-Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.

-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En el caso del Fondo para la Seguridad Pública —recursos destinados, entre otras cosas, al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los agentes de seguridad pública— destacan entidades como Coahuila, Tamaulipas e Hidalgo, con entre 32 y 36% de los recursos transferidos con irregularidades.

Otros estados como Coahuila y Morelos presentan probable daño a la Hacienda Pública federal por más de 25%.

En promedio, en los estados se registraron irregularidades en el 11.2% de los recursos federales destinados a este Fondo y auditados por la ASF.

Otros hallazgos

–En Baja California Sur, para el Fondo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas se presumen irregularidades en el 99.8% de los recursos entregados.

-En Colima ocurre lo mismo para el 99.6% de los recursos entregados a través del Fondo de Infraestructura Social.

-En Quintana Roo, con el 48.5% de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples ocurrió un posible daño a la Hacienda Pública Federal.

-Yucatán fue la única entidad que no registró ninguna irregularidad en los recursos de fondos educativos.


-En el Estado de México se presume que ocurrió el 5.3% de las irregularidades en el manejo de estos siete fondos, por detrás de Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/cuatro-entidades-desvian-el-63-de-los-recursos-que-reciben-del-gobierno-federal/

El Ramo 33, para la delincuencia organizada

La delincuencia organizada tiene repartidos todos los municipios de Guerrero o se los disputa, pero se fortalece aún más con extorsiones a los presidentes municipales y a los constructores que realizan obras del gobierno. Los más afectados, como siempre, son los pobladores. Por eso cobran dimensiones alarmantes las denuncias de dirigentes del PRD sobre los presuntos acuerdos del gobernador priista Héctor Astudillo con el crimen organizado para intercambiar apoyos electorales por impunidad.

MÉXICO, DF: Convulsionado por el hallazgo de decenas de fosas clandestinas y la desaparición de los estudiantes normalistas, el estado de Guerrero enfrenta un “reacomodo” del crimen organizado a partir de que el priista Héctor Astudillo llegó a la gubernatura el pasado 6 de junio.

Además, los nueve grupos criminales que se disputan el territorio siguen exigiendo a los alcaldes entrantes un “derecho de piso” de 15% de los fondos que les entrega la federación; de lo contrario comienzan las amenazas, el cierre de los establecimientos que tengan y, finalmente, sus vidas penden de un hilo.

Es el caso del presidente municipal perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, quien le arrebató el municipio al PRI en junio pasado. Apenas asumió el cargo, Los Caballeros Templarios –que según un documento oficial  no dominan esa zona– le exigieron 3 millones de pesos. Soto se negó a pagar.

Después de casi dos meses recibió la amenaza: o entregaba el dinero o “clausuraban” dos de sus comercios. El mensaje de texto fue el siguiente:

Buenaz nochez sr komo ezta? Oiga d favor ze le pidió d favor qce arrime a platikar, noc aarrimo, ez en buen plan i usted no kiere, me komenta mi apa q para mañana lunes kiere loz 3 millonez akordadoz, ia ez mucho tiempo, d lo kontrario si paza un día zera lo doble.

Soto volvió a negarse. El pasado lunes 23 Los Caballeros Templarios cerraron las dos refaccionarias del alcalde.

En entrevista con Proceso, Soto recuerda que cuando Carlos Navarrete era presidente nacional del PRD, le sugirió denunciar el caso ante Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad. Así lo hizo y el funcionario se comprometió a tomar medidas preventivas, pero nada ocurrió. Ante la inacción de la autoridad federal, Soto puso “a disposición de la dirigencia nacional” del PRD la presidencia municipal, aunque sigue despachando en  Ciudad Altamirano, en Pungarabato.

Agustín Basave y Beatriz Mojica, presidente y secretaria general del PRD, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República medidas cautelares para el alcalde, además de hacer responsables a las autoridades federales de la vida de Soto y su familia.

Para este año la federación destinó a los 81 municipios de Guerrero poco más de 4 mil millones de pesos a través del Ramo 33. Si los extorsionadores demandan una cuota del 15%, esto implica que el gobierno federal “subsidia” al crimen organizado con 600 millones de pesos.

Esto, además de la cuota de 50 mil a 100 mil pesos que los delincuentes exigen a los pequeños comerciantes y al 20% que se les exige a los constructores por las obras estatales y federales que realizan en los municipios, como admiten algunos empresarios que pagan la extorsión con tal de seguir trabajando.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2039, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421974