La decisión de impedir las obras se llevó a cabo de común acuerdo con los pueblos vecinos de Majimachi, Pitorreal y Kawirare, y de los gobernadores indígenas de Repechike y Rochivo.
El pasado 21 de febrero, en una reunión realizada en Creel con representantes de la Secretaría de Energía (Sener), el gobernador de San Luis Majimachi suscribió un acuerdo de consentimiento, pero lo hizo bajo presión y sin conocer el contenido del proyecto. Por tal razón, la comunidad desconocieron el convenio y decidieron no ratificarlo en una reunión celebrada el 17 de marzo en esta comunidad.
A pesar de no contar con el consentimiento de la población, las empresas reiniciaron las obras amparados en la aprobación de ejidatarios a quienes ya les habían pagado sus parcelas, aseguró Sserafín Mendoza Hernández, gestor de la empresa GDI.
Los opositores al gasoducto de San Luis indicaron que una cosa es el ejido y otra la comunidad indígena, que, advirtieron, debe ser consultada.
San Luis de Majimachi tiene 144 ejidatarios mestizos e indígenas y alrededor de 400 habitantes indígenas. A varios ejidatarios ya les dieron dinero por su tierra de 4 a 5 mil pesos.
“Han ejercido presión contra gobernadores para obtener las firmas, no les explican de manera sencilla”, dice Fátima Valdivia, del Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos Indígenas en la Tarahumara.
“Fueron presionados (los gobernadores) por la CDI y Coordinación de la Tarahumara para que firmaran. TransCanada está ofreciendo beneficios pero no saben qué ofrecieron (…) les piden escuelas, arreglar la comunidad, luz eléctrica, pero eso es obligación de los gobiernos”, opina Javier Molina, habitante del ejido de San Luis de Majimachi.
La obra del gasoducto en ese tramo inició noviembre de 2014 y a los tres meses acordaron suspenderla hasta que concluyera la consulta, mientras que en la Baja Tarahumara continúa.
Los pobladores aseveran que la Coordinación Estatal de la Tarahumara ha estado presionando porque la empresa ofrece un fondo social para las comunidades y esa instancia se quiere quedar con una parte para “administrarlo”, pero hasta ahora nadie les ha dicho a cuánto asciende ese fondo ni para qué lo van a utilizar.
En la reunión de febrero “un gobernador de la Baja Tarahumara, de Basonaivo, dijo en público: ‘esto es lo que necesitamos’ y nos aseguraron que la empresa iba a venir a explicar”, refirió otro poblador de Majimachi, Alberto Rojo Cruz.
“Nos engañan para las firmas nada más, y mucha gente se conforma con despensas porque no saben de qué se trata”, agrega Manuel Batista.
Fátima Valdivia explica que hay una evidente inclinación del gobierno federal y del estatal, hacia la empresa, aun cuando deberían proteger a las comunidades indígenas o mínimo, permanecer neutrales.
“A mi madre ya le destruyeron toda su parcela, se han llevado aguajes, parcelas de maíz, sólo quieren darles 4 mil pesos pero casi nadie sabe leer. A Luis Cobos Cruz le tumbaron su maíz el año pasado; a Martín Felipe se lo tumbaron cerca de la carretera; a Albino Caraveo Castillo le dieron 5 mil pesos y se quedó conforme porque estaba borracho”, detalla Javier Molina, quien indica que a varias comunidades llevan bastante vino para convencer a los indígenas.
Por la parcela de maíz de la mamá de Javier Molina, Guadalupe González Cervantes, pasaron la maquinaria de las empresas. “Cuando mi mamá fue a reclamar le dijeron que yo había firmado pero nunca firmé nada”, asegura Javier Molina.
Guadalupe y Javier denunciaron que otro hermano de éste, Manuel Molina, es el tesorero del comisariado ejidal y ha trabajado en complicidad con la empresa. Además es consuegro del alcalde de Bocoyna, Ernesto Estrada.
Melesio Torres Cruz, primer gobernador de Pitorreal, dijo que ellos apenas presentaron la solicitud pero no los han consultado, sólo han ido a juntas al centro de reunión en Majimachi.
“No sabemos por qué siguieron con la obra, están violentando nuestros derechos (…) no dicen nada de vamos a empezar a trabajar ni nada y luego después nos dijeron que mejor aceptemos el dinero, porque si no después va a ser a fuerzas porque así dice la ley y no nos van a pagar nada”, dicen los pobladores indígenas.
Relatan que en 2013, la gente de la CDI y las empresas llegaron con una mochila con dinero, y aunque “Raúl” de la Procuraduría Agraria les dijo que así no se debía hacer, “no lo dejaron hablar porque dijeron que venían arreglados de afuera”.
“Hicieron un contrato por 18 meses, en septiembre se vence, se supone que ya deben dejar los tubos enterrados”, indicó Batista.
Además, reclaman, las compañías no contratan gente de la región como en las motosierras, veladores, para las banderas, “sólo contrataron gente de San Matilde para el desmonte, pero según dijeron que iban a poner viveros para trasplantar las plantas medicinales y las especiales y como vieron que no era cierto, muchos ya no quisieron seguirle”, indican.
El pasado viernes 1, alrededor de las 11 de la mañana, la gente de San Luis de Majimachi acompañada de otras comunidades, se acercaron a las máquinas pesadas que abren camino por 560 kilómetros desde Chihuahua hasta Topolobampo, la mayor parte en la Sierra Tarahumara.
“Venimos a ver qué ha sucedido, porque habíamos quedado que no iban a seguirle con las máquinas”, cuestionó uno de los pobladores a los ingenieros encargados de la obra, quienes respondieron que tenían entendido que hoy se reunirían en Majimachi.
Serafín Mendoza, de la empresa GDI y Rafael Espinoza, de TransCanada explicaron a los pobladores que la siguiente reunión sería hoy en la comunidad, pero justificaron que continuaron la obra porque tienen el permiso de ejidatarios.
Les reclamaron que la comunidad nunca aceptó que continuaran con la obra, menos cuando vieron que se trata de tirar tanto árbol.
Rafael Espinoza les pidió identificarse para conocer quiénes eran de la comunidad y le reclamaron que el problema es que no les respetaron la última etapa de la consulta.
Luego, les explicaron que una parte son los ejidatarios, que son mestizos e indígenas, que es sólo una parte del problema, y otra es la comunidad indígena, que debe ser consultada porque así lo piden las leyes federales e internacionales.
“No se han respetado acuerdos”, reclamó otro de ellos.
Sólo se estaban revisando aguajes y arroyos con la comisión de cada comunidad-, respondió Espinoza.
En Majimachi no nos hemos puesto acuerdo como comunidad para ver los beneficios que tendrá, por eso no ha ratificado acuerdos.
El soporte que tenemos (para continuar la obra) es permiso de ejido, el acta de asamblea del reparto de dinero entre ejidatarios. El comisionado dice que tiene reparto, consta en el acta, aseguró el ingeniero Serafín Mendoza.
“No consta en acta de asamblea”, recriminó el sacerdote Javier Ávila, quien fue testigo en aquella reunión.
En la asamblea la comunicación fue para ver si se cambiaba o no, la autenticidad ejidal-, abundó el sacerdote. Incluso la Procuraduría Agraria dijo que no era lega la manera en la que lo estaban haciendo, se retiró, insistió el sacerdote.
La justificación, el soporte legal con el que trabajamos es ese, se verá en la reunión del 4 de mayo, va a ser importante para llegar a acuerdos. No estamos actuando de mala fe-, dijo el ingeniero Mendoza.
En la última reunión que fue sólo con gobernadores, no podían decidir solos porque no era acuerdo de la comunidad, los presionaron para que continuara la obra porque si no se los llevaban al bote-, dijo Javier Molina.
Posteriormente, Citlali Quintana, del Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos Indígenas en la Tarahumara, insistió que una cosa es la negociación con el ejido y otra la consulta a la comunidad, por lo que acordaron que la reunión de hoy 4 de mayo, sólo será para tomar acuerdos con los ejidatarios y posteriormente la comunidad dará una fecha para la consulta, a través de la Sener.
Serfín Mendoza pidió a los manifestantes que les permitieran concluir el sábado pasado para detener la obra, porque representa mucho gasto para la empresa. Luego de deliberar entre ellos, por una unanimidad y con la mano levantada, les informaron a los encargados de las empresas que se debían retirar ya hasta que la comunidad llegue a un acuerdo.
En entrevista con Apro, Serfín Mendoza explica que ellos como empresa han mostrado apertura para las solicitudes y trabajan “lo más legalmente posible en función de la gente que demuestra la legalidad de sus tierras”.
Asegura que cuando no cuentan con título de propiedad, les ayudan a obtenerlo, sin embargo, en el caso de Repechique, donde piden el reconocimiento de sus tierras para llegar a acuerdos, indicó que desconoce la problemática.
“Recorremos junto con los propietarios las tierras, o los buscamos en su casa”, insistió, aunque reconoció que la empresa no los capacitó en cuanto a la ley que exige que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre e informada. “La empresa sólo busca perfiles, por ejemplo, yo soy ingeniero agrónomo con maestría en Desarrollo Rural y tengo experiencia en el área rural”, dijo Serafín Mendoza.
Después culpa a las organizaciones civiles y al sacerdote “El Pato” Ávila, que aunque lo conoció ese día, lo culpó de haber pedido dinero a la empresa para convencer a los indígenas que cedan sus tierras, pero como no se lo dieron, él los ha apoyado para que defiendan su territorio.
“Creo yo que aquí (en el tramo de Bocoyna) ha afectado (a la empresa) la influencia que ejercen ciertos personajes. Otro señor, Javier Molina, trabaja sus camionetas y quería trabajar en el proyecto y le dijeron que no, por eso está reclamando. Cada uno defiende lo suyo, pero pueden sembrar cerca de sus tierras. Hay casos en los que citamos a la comunidad para ofrecer trabajo, como en Panalachi, pero sólo llegaron dos”, justificó.
El Pato Ávila respondió que la declaración del ingeniero es una vergüenza sobre todo por la responsabilidad tan seria que tiene.
“Me da pena que ni siquiera la ley conozcan. Si puede demostrar de lo que me culpa, le exijo que lo haga. De tan estúpida y corriente, es risible su difamación”, dijo el sacerdote, quien refirió que la empresa y el gobierno son los nuevos fariseos.
Como sacerdotes, dijo, tienen la obligación de defender a los pueblos indígenas, tal como lo enseñó Jesucristo, quien incluso expulsó a los fariseos de su templo.
En cuanto al proyecto, Serafín Mendoza dijo que ya casi concluyeron el tramo de Carichií a Pacigochi y más allá de Panalachi a Cuiteco, del municipio de Urique, pero aún les falta Creel, La Laguna y Panalachi, del municipio de Bocoyna.
Las etapas son la apertura de pista; desfile de tubería por donde bajan los tubos trabajo de doblado y soldadura; ensanjado y en su caso, uso de explosivos y descenso de tubería. Al último dejan el trabajo más fino para los cruces de carreteras, ferrocarriles y arroyos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.