Los adolescentes en conflicto con la ley enfrentan situaciones como la de agentes que les piden dinero para "arreglar su situación"; además no hay un trabajo adecuado para lograr la reinserción social.
Enriqueta y Pablo iban caminando por Paseo de la Reforma cerca de las 10 de la noche cuando Federico y Enrique intentaron asaltarlos.
Federico forcejeó con Pablo para quitarle la mochila. “¡Ya valió madre, saquen sus cosas!”, les dijo.
Enriqueta comenzó a gritar lo que puso nerviosos a sus agresores, quienes huyeron. No tardaron en sonar las sirenas de las patrullas y en menos de tres minutos un grupo de cinco unidades llegaba a la zona, en una estaba detenido Federico.
Enriqueta y Pablo les contaron del intento de asalto, y les pidieron reconocer al agresor, al hacerlo les pidieron que los acompañaran a la delegación a denunciar el hecho.
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La conversación en la patrulla fue informal. Preguntas y respuestas sobre el incidente. Entonces un oficial hizo una petición que los jóvenes no podían creer.
—¿Qué le parece si me da su celular —se dirigió a Enriqueta— y decimos que nosotros lo recuperamos después del asalto?
Si no hacían eso el robo quedaría solo en tentativa y no en un delito consumado lo que repercutiría en la sentencia de Federico.
—Si metemos el celular como que lo recuperamos la sentencia es más grande para el chamaco —replicó.
El ambiente se tensó en la patrulla que se dirigía a la delegación Miguel Hidalgo, ya ahí ambos rindieron su declaración. A Enriqueta le fue retirado su celular dentro de la delegación. Terminaron el trámite después de las cuatro de la mañana y dieron seguimiento a las audiencias.
Federico tiene 17 años y recibió una medida de dos años en privación de su libertad, lo que determinó su sentencia fue que no era la primera vez que era detenido. Tenía antecedentes por el robo de una motocicleta.
Sin confianza en la policía
El 70.3% de los adolescentes no se siente seguro en las calles, el 19.5% dice haber sufrido violencia y el 17.4% (83,392) participado en actos violentos, según los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En la consulta participaron 2 millones 916,686 niñas, niños y adolescentes de los 6 hasta los 17 años.
19,079 adolescentes entre 14 y 17 años revela que han sido obligados a formar parte de un grupo de delincuentes.
Si se habla de confianza, 2l,7% dice confiar en la policía, el 25.2% en el ejército, el 4.9% en los partidos políticos y el 5.2% en los gobernantes. El factor confianza se centra en la familia con un 95.9% y en las amistades con un 70.3%
Sólo el 35% de los adolescentes encuestados pediría ayuda a un policía en una situación de peligro y el 5% a una institución de gobierno.
La corrupción abona a esta desconfianza en las instituciones.
Son los padres de familia los que denuncian este tipo de atraco, ya que cuando sus hijos son detenidos reciben ofertas por “arreglar” la situación, “porque efectivamente el familiar del adolescente no tiene conocimiento jurídico o de los pasos por lo menos que debe haber en el sistema de justicia para adolescentes”, dice María Guadalupe Chávez Contreras, directora del Área de Adolescentes en la Fundación Reintegra.
Los agentes les solicitan dinero “les dan sus teléfonos y les piden que les depositen, incluso en cuentas”.
Además no hay un trabajo de las autoridades para reinsertar a los jóvenes que tienen problemas con la ley.
“Hay muchos jóvenes que salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar, porque como autoridades lo están botando, ellos llegan por delitos no graves y cuando salen no trabajan con ellos. Creo que tiene que haber este apoyo, trabajar con los jóvenes y con sus familias para poder incidir, si no, no se puede incidir en generar procesos de cambio”, dice Chávez.
Un cambio de vida exitoso
Josué, Gil y Juan pensaron que sería una buena idea salir a asaltar en el Bosque de Aragón, sólo tenían 15 años.
Josué y Gil venían preparados, el primero traía unos nudillos de acero, mejor conocidos como bóxer y el segundo una navaja, además traían mariguana y pastillas de Rivotril, un medicamento controlado.
El plan era el siguiente: identificarían a una posible víctima y dos de ellos se encargarían del asalto mientras un tercero estaría pendiente de echar aguas y avisar si se acercaba un policía o alguna autoridad.
El trío logró asaltar a un adolescente, corrieron y después de unos metros fingieron que nada había pasado, pero siete vigilantes del bosque los detuvieron.
Josué y Gil ofrecieron entregarles todo el dinero que traían si los dejan marcharse, pero los guardias no aceptaron.
Al rato llegó un oficial en una cuatrimoto que funciona como patrulla en el bosque y continuaron los insultos: “Son bien marihuanos y ya se chingaron se van a ir a la chingada”. Revisaron sus mochilas, por el contenido determinaron que no habían entrado a la escuela y llamaron a otra patrulla, ahora una de la PGJ del Distrito Federal.
Nadie les informó por el motivo de su detención o sus derechos y fueron trasferidos a la delegación Gustavo A. Madero donde llegó el adolescente asaltado con su madre. En su declaración se agregó que había sido agredido verbalmente y que había sido golpeado, aunque ello no concordaría nunca con la declaración de los otros tres adolescentes.
Frente a ellos desfiló un policía que los llamó marihuanos y comenzó a insultarlos. Esculcaron sus teléfonos y se burlaron de la música que escuchaban.
De la Delegación Gustavo A. Madero fueron trasladados a la Agencia 57 y en el camino trataron de negociar. “Los hubiéramos dejado en el bosque pero ahora no se puede, el niño ya metió su demanda”, dijeron los oficiales.
En la Agencia 57 Especializada en Justicia para Adolescentes pasaron la noche en los separos y esperaron al día siguiente para que fuera tomada su declaración. Los tres recibieron una sentencia de 9 meses 11 días en internamiento por robo calificado con armas blancas y violencia moral.
Josué durmió en una colchoneta en malas condiciones. Poco se fue haciendo de algunas cosas, cuando les ganaba a sus compañeros en el frontón o apostando con los postres de la hora de la comida. Si corría suerte, algún compañero que se fuera en libertad le heredaría sus cosas.
Aunque estaba encerrado, Josué podía ir a la escuela y a los talleres de artes plásticas, como el de cartonería, su preferido.
Su libertad vendría pronto después de un mes una semana de internamiento y salió por medidas cautelares. Su sentencia incluía: terapia, vigilancia familiar, libertad asistida.
Su proceso en externación fue dirigido y acompañado por la Fundación Reintegra.
Dice Josué que después de esa experiencia “maduras a temprana edad, como que te roban la infancia y te das cuenta lo que es la vida real. Como niño haces las cosas como son, no piensas lo que va a pasar después”. En la comunidad aprendió a valorar la comida de casa porque su experiencia no fue grata, no sólo eso, supo también valorar el papel de baño porque ahí “hasta por un cuadrito te peleabas”.
Ahora piensa “que los verdaderos amigos son los papás porque ellos siempre van a dar la cara por ti”. En sus nuevos días procura no dar preocupaciones, su padre está al pendiente y se siente orgulloso de la conducta de su hijo.
Actualmente, Josué está por terminar el último semestre de la preparatoria y espera hacer examen al Politécnico Nacional porque le gustaría estudiar mecánica.
Cómo es la reinserción de un joven
Lo que determina las sentencias y medidas de los adolescentes en conflicto con la ley, es el tipo de actividad tipificada como delito que cometieron.
La ley de justicia para adolescentes del Distrito Federal califica como delitos graves: homicidio, femnicidio, lesiones cometidas con armas o explosivos, retención o sustracción de menores o incapaces corrupción de menores de edad, robo calificado cometido con violencia, daño a la propiedad y la asociación delictuosa.
Después de recibir los beneficios, obtener su libertad y continuar con su medida en externación, los adolescentes deben sujetarse a la Comunidad de tratamiento, donde les darán seguimiento a sus medidas educativas, de trabajo y de atención psicológica.
Otra opción para los adolescentes es acercarse a organizaciones de asociación civil, Josué dio seguimiento a su medida en la Fundación Reintegra que ofrece los servicios de asesoría jurídica y psicosocial, servicio de orientación y apoyo legal.
La Fundación elabora un reporte del contexto familiar, un perfil escolar y un diagnóstico sobre el contexto sociocomunitario del joven infractor.
Actualmente trabaja con 60 jóvenes y en un año llegan a atender a 150 jóvenes en externación desde 1992. La Fundación Reintegra mantiene un convenio con la Dirección de tratamiento para Adolescentes en la Comunidad Externa de Atención para Adolescentes, dicho convenio los faculta como la única institución en el Distrito Federal para la ejecución de la medida legal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, CIDAC.
AUTOR: ALEJANDRA CASTILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-corrupcion-el-otro-castigo-para-los-jovenes-infractores/
El 22 de junio de 2018, mientras toda la atención, energía y pasión de la sociedad mexicana estaban enfocadas en el inminente “día D” de las elecciones presidenciales, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó un contrato por un monto estimado de 3 mil 959 millones de pesos para concluir la construcción de la cárcel de “supermáxima seguridad” de Papantla, Veracruz, y operarla hasta 2042.
