Otorga IFT título de concesión de Red Compartida a Altán

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió otorgar el título de concesión de la Red Compartida mayorista a Consorcio Altán Redes S.A.P.I de C.V., con una vigencia de 20 años, a pesar del litigio que ha emprendido el Consorcio Rivada, descalificado en el proceso de licitación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El pleno del órgano regulador resolvió que la solicitud presentada por Altán, el 8 de diciembre de 2016, “cumplió con los requisitos establecidos por las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en materia de telecomunicaciones”.

El IFT reiteró su opinión favorable a la conformación del Consorcio Altán, establecida el 13 de octubre de 2016, y señaló que ni Axtel ni Megacable, las dos únicas empresas mexicanas que participan en la sociedad, tendrán influencia en la operación de la Red Compartida.

En referencia indirecta a la denuncia de Rivada de que el gobierno de China influye con el 23.6 por ciento de las acciones en Consorcio Altán, el IFT indicó que “la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras emitió su opinión favorable en torno a los integrantes y participación accionaria del grupo”.

Según un comunicado de Rivada Networks, el China Mexico Found L.P, está compuesto por fondos de bancos propiedad del gobierno chino, como el China Investments Corporation y el China Development Bank, este último mediante su subsidiaria China Development Bank Capital.

En la misma sesión del 17 de enero del IFT se resolvió otorgar a favor del Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel) un título de concesión para usar y explotar bandas del espectro radioeléctrico en la banda 700 Mhz que permitirá la formación de una Asociación Público Privada (APP) con Altán.

Según el pleno del instituto esta APP “genera un cambio estructural significativo en el sector de telecomunicaciones, pues se constituirá como un nuevo oferente que incidirá significativamente en el acceso efectivo de otros operadores a servicios mayoristas y, en última instancia, favorecerá el acceso de la población a los servicios de telecomunciaciones y de banda ancha”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

LINK: http://www.proceso.com.mx/470562/otorga-ift-titulo-concesion-red-compartida-a-altan

Gobierno de China, detrás del consorcio ganador de Red Compartida, acusa Rivada

CIUDAD DE MÉXICO: La soberanía y seguridad nacional de México fueron “comprometidas” con el otorgamiento de la Red Compartida al Consorcio Altán, porque el gobierno de China “participa indirectamente en el 23.6 por ciento del capital social” de este grupo, destacó la empresa Rivada Networks.


En un nuevo comunicado, Rivada Networks, consorcio que mantiene un litigio en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el fallo de la licitación de la Red Compartida, orientó ahora sus baterías en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones por haber autorizado en su opinión técnica sobre competencia económica la participación de China México Fund L.P. en la composición de Consorcio Altán.

“En dicha opinión no se hace un análisis sobre el origen del capital del mencionado fondo”, subrayó Rivada.

China Mexico Fund L.P. “está compuesto por fondos provenientes de bancos propiedad del gobierno chino, concretamente el China Investments Corporation y el China Development Bank, este último por medio de su subsidiaria China Development Bank Capital”.

Fundada en 2007, China Investments Corporation es “una compañía enteramente de propiedad estatal, que fue creada como un vehículo para administrar y diversificar su tenencia de divisas extranjeras y dedicada a invertir principalmente en capital privado e instrumentos financieros derivados”, afirmó Rivada Networks, compañía de capital estadounidense, y citó la página de internet http://www.china-inv.cn.

Por otro lado, el China Developtment Bank fue fundado en 1994 como “una institución de política financiera bajo el mandato directo del Consejo de Estado de la República Popular China y definido en 2015 por el Consejo de Estado como una institución financiera de desarrollo”.

Rivada Networks recordó que el artículo 111 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión expresa “la prohibición absoluta de celebrar determinados actos jurídicos a favor de cualquier gobierno o estado extranjero en relación con las concesiones en materia de telecomunicaciones”.


También citó el artículo 28 de la Constitución, el artículo 2 de la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el artículo 17 de la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Vías Generales de Comunicación para subrayar que es “jurídicamente inadmisible” que el IFT otorgue el título de concesión a Altán Redes SAPI de CV.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470220/gobierno-china-detras-del-consorcio-ganador-red-compartida-acusa-rivada

Red Compartida: el nuevo escándalo que enloda al peñanietismo

El gobierno de Enrique Peña Nieto vuelve a ser objeto de acusaciones de corrupción a raíz de una testificación jurada que realizó en diciembre último un directivo de la firma Deloitte Consulting en una corte de Estados Unidos. Esta empresa señala a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de haber incurrido en irregularidades en la licitación de la Red Compartida, concurso en el que resultó ganador el Consorcio Altán. Más aún, el directivo compareciente asegura que en 2015 un funcionario de la SCT le hizo la propuesta “ilegal” de prestarse para favorecer a una sola compañía. A su vez, la dependencia mexicana se apresta a responder ante los tribunales…

CIUDAD DE MÉXICO: Por si no le faltaran escándalos y acusaciones de corrupción y prácticas ilegales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el pasado 20 de diciembre un alto directivo de la consultora estadunidense Deloitte declaró ante una corte de Virginia que la licitación de la Red Compartida, el más ambicioso proyecto en materia de telecomunicaciones del gobierno mexicano, está manchada por el interés de adjudicarle desde el principio a una sola empresa este plan de asociación público-privada que representará una inversión de más de 7 mil 500 millones de dólares.

Brett Haan, director ejecutivo y socio de Deloitte Consulting, reveló que en 2015 la SCT le pagó 5.2 millones de dólares a esta empresa para elaborar un “robusto plan de negocios” y un modelo de licitación de la Red Compartida. Ese año Haan recibió una propuesta “ilegal” de quien fuera director general de la Subsecretaría de Comunicaciones, Mario Góngora Preciado, para que “ayudara” a que la licitación se le asignara a una sola compañía, Comunicación Veta Grande (CVG), cuyos integrantes principales se convertirían después en Consorcio Altán, y se evitara el concurso internacional.

El documento de más de 80 cuartillas con el interrogatorio completo de Brett Haan, distribuido por la empresa Rivada Networks, revela también que el 99% del proyecto que elaboró Deloitte es coincidente con la propuesta del grupo ganador, el Consorcio Altán. Asimismo, indica que tanto en el caso de CVG como en el de Consorcio Altán había fuertes inversiones privadas de capital chino que representaban “problemas de seguridad nacional”, dada la naturaleza del ambicioso proyecto de armar una red de telecomunicaciones mayorista que cubra el 85% del territorio mexicano.


En una de las partes medulares del interrogatorio, Haan citó un encuentro con Richard Keith, quien participó como consultor independiente de Deloitte en la elaboración del plan de negocios de la Red Compartida y después trabajó con Bank of America como asesor de esta institución para evaluar la propuesta de Consorcio Altán.

Keith detectó que la propuesta ganadora de Consorcio Altán y el plan de negocios que elaboró Deloitte para la SCT “sólo tenían un 1% de diferencia”. Haan declaró que esta afirmación se la hizo durante una cena en el restaurante Fiola Mare, de la ciudad de Washington.

Haan recordó también que en el mismo 2015, antes de que se lanzaran las bases de licitación de la Red Compartida, sostuvo un encuentro con la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, en presencia de Mario Góngora, quien fue director general en la dependencia. Aseguró que en esa reunión Aspe coincidió en la necesidad de ir por una oferta internacional con varias propuestas.

“Después de este encuentro, no en presencia de Aspe, Mario Góngora me dijo que ellos querían seleccionar sólo a CVG”, afirmó Haan ante el juez, y añadió que Góngora le hizo otra propuesta para que simulara asesorar a McKinsey y Bain con errores claros para descalificarlos. “Le refuté que esto era ilegal. Él sólo se encogió de hombros”, indicó.

SCT prepara un litigio internacional

Las revelaciones del directivo de Deloitte contenidas en esta declaración jurada ante una corte de Virginia provocaron una airada reacción de la SCT. A través de un comunicado de prensa emitido el mismo 20 de diciembre, la dependencia dirigida por Gerardo Ruiz Esparza anunció que iniciará acciones legales en contra del consorcio perdedor, Rivada Networks, y en contra de su directivo Declan Ganley, quienes han denunciado públicamente que la licitación de la Red Compartida estuvo plagada de irregularidades y de presuntas prácticas ilegales.

Según su comunicado, la SCT ya contrató al despacho estadunidense de Jones Day para reclamar los daños ocasionados por los señalamientos de Rivada Networks y de Ganley. La dependencia argumentó que después de que esta empresa fue descalificada por no haber entregado en tiempo y forma los mil millones de pesos de garantía, emprendió una campaña para justificar su incumplimiento.

“Las omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso no deben dañar el honor y la reputación de las instituciones de nuestro país”, puntualizó la SCT y consideró que las acusaciones de Rivada “carecen de sustento y pretenden desprestigiar” a México y a su gobierno.

Paradójicamente, la SCT no negó ni el contrato con Deloitte por 5.2 millones de dólares ni que Mario Góngora hubiera trabajado como funcionario bajo las órdenes de Mónica Aspe. Sólo aclaró que éste “dejó de trabajar desde 2015” para la SCT y, “por lo tanto, en el desempeño de sus funciones no tuvo injerencia alguna” en el proceso de licitación ni contacto con los consorcios participantes.

La SCT admitió haber firmado un contrato con Deloitte, pero argumentó que éste concluyó un año antes de la licitación y la secretaría “no utilizó ningún plan de negocios propio o provisto por Deloitte o algún otro consultor para evaluar las propuestas participantes”.

Hasta ahora, la SCT no ha explicado entonces por qué pagó 5.2 millones de dólares a Deloitte si no utilizó su documento. Tampoco ha dado acceso al documento original de la consultoría de Deloitte para contrastarlo con el plan de negocios del Consorcio Altán.

“Acto de censura” de la SCT

Una semana después que la SCT anunciara que se irá a litigar en las cortes de Estados Unidos, Consorcio Rivada afirmó en un comunicado del 28 de diciembre que acepta la demanda por difamación y aclara que “sería la primera en la historia moderna en la que un Estado demanda por difamación a una empresa o individuo”.

“Una demanda de este tipo constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier Asociación Público Privada (APP) por los riesgos que ello implica”, abunda en su comunicado.

Reitera que “los hechos denunciados sobre prácticas ilegales son ciertos” y “se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un juez”.

Desde el 20 de diciembre, Rivada Networks lanzó otras preguntas en su comunicado:

“¿El trabajo por el que la SCT pagó 5 millones de dólares a Deloitte resultó irrelevante? ¿No constituye información privilegiada?…. ¿Niega la SCT que se haya celebrado una reunión entre la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, el señor Brett Haan, directivo y socio de Deloitte Consulting Group, en la que se consultó la posible adjudicación directa de la Red Compartida a favor de Grupo Altán?”

“Consorcio Rivada no renunciará al ejercicio de sus derechos como concursante en el Proyecto de la Red Compartida y ejercerá su debida defensa a la autoridad en los tribunales mexicanos y en los de Estados Unidos”, manifestó en su comunicado.

Rivada Networks ha insistido en que la SCT “tiene el deber de investigar a fondo los hechos denunciados y debe abstenerse de celebrar el contrato de Asociación Público Privada con el Consorcio Altán, hasta en tanto se despeje la duda sobre la causa de la descalificación”.

La SCT “tiene la responsabilidad de asegurar a los mexicanos que la adjudicación del proyecto de la Red Compartida se ajustó a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia”.

Por su parte, Consorcio Altán aclaró en otro comunicado que su propuesta para ganar la Red Compartida es “totalmente original, independiente y única”, y negó cualquier vínculo con Deloitte.

Calificó como “infundadas y maliciosas” las acusaciones de Rivada Networks, rechazó haber accedido a información privilegiada o confidencial para ganar la licitación y anunció que eventualmente hará valer sus derechos ante los tribunales competentes.

Origen del conflicto

A principios de noviembre último la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descalificó la oferta técnica del Consorcio Rivada por no haber entregado la garantía de seriedad de mil millones de pesos para el concurso de la Red Compartida (Proceso No. 2090).

Por lo tanto, sólo quedó el otro competidor, Consorcio Altán, constituido por un conglomerado de empresas off shore, fideicomisos cuya integración es poco transparente, el megabanco Morgan Stanley (accionista del 33.38% a través de Marapendi Holding), fondos de inversión como China Mexico Found Investment (CMF), que posee el 23.36%, y las empresas mexicanas Megacable y Axtel, cada una con apenas el 4.01% de la inversión total.

Además de estas empresas en Consorcio Altán participan el abogado mexicano Miguel Escobedo y Fulda, principal accionista de Hansam, S. A. (con 9.35% de las acciones).

El apoderado legal del grupo, el empresario español Eugenio Galdón, tiene sólo el 3.34% de las acciones mediante una sociedad unipersonal denominada Isla Guadalupe Investments SLU, creada en un paraíso fiscal.

Galdón es presidente del grupo Multitel y fundó la compañía española de telecomunicaciones ONO, que terminó vendiendo al gigante Vodafone.

El fallo de la SCT alteró al CEO (Chief Executive Officer) de Consorcio Rivada, Declan Gangley, quien reveló en su cuenta de Twitter, @declanganley, que el pasado 20 de octubre fueron “secuestradas” las cajas donde entregarían su propuesta técnica para la Red Compartida. También aclaró que se entregaron cartas de crédito por mil millones de pesos de BBVA Bancomer.

“Tenemos información sólida de dos fuentes (del gobierno mexicano) sobre beneficios a Altán. No hacemos estas denuncias sin conocimiento de causa”, reiteró Ganley en las redes sociales. Incluso, consideró que el proceso de adjudicación de la Red Compartida “apestaba” porque se trató de beneficiar desde el principio a un solo competidor.

Según la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Rivada Networks tenía originalmente un socio problemático: la compañía EchoStar, socio de Dish México. Los comisionados del IFT consideraron que esta sociedad “no es una condición suficiente” para concluir que tenía control e influencia sobre Dish México, la única competidora de Grupo Sky, de Televisa, en el mercado de televisión restringida vía satelital.

Sin embargo, 72 horas antes de que se venciera el plazo para la presentación de la propuesta formal ante la SCT, el IFT le ordenó a Rivada que modificara su estructura accionaria para que Echostar sólo pudiera tener “un porcentaje menor al 10% de su capital social y de los derechos de voto del consorcio”.

En el grupo formado por Rivada Networks y Spectrum Frontier también figura Ciena Communications. Sus dos principales accionistas son Black Rock y Vanguard, que participaron directa o indirectamente en América Móvil, de Carlos Slim, y en Telefónica, los dos grandes consorcios de telefonía móvil impedidos de participar en la licitación de la Red Compartida.

El IFT determinó que Marco Antonio Slim Domit, de América Móvil, era consejero independiente de Black Rock, pero que eso “no lleva a la coordinación de sociedades identificadas porque no tienen influencia” sobre Consorcio Rivada.

Según Ezequiel Gil Huerta, director general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT, Rivada en lugar de presentar su propuesta de seriedad el pasado 20 de octubre, mostró sólo un escrito solicitando una prórroga de cinco días.

El 31 del mismo mes Consorcio Rivada presentó en la oficialía de partes de la SCT una carta de crédito expedida por BBVA Bancomer, con la misma fecha y por el monto de mil millones de pesos.

“Sin embargo, no fue viable responder a esta solicitud, ya que las bases de concurso señalan que la SCT debe mantener la igualdad de condiciones en el concurso, por lo que la garantía debió ser entregada en el evento del 20 de octubre”, abundó Gil Huerta.

La Red Compartida se orienta a desplegar una infraestructura para dar servicios de telefonía móvil, banda ancha y fibra óptica oscura a mayoristas y tener una cobertura del 85% del territorio nacional. El gobierno, a través de una asociación público-privada, pondrá a disposición los 90 Mhz liberados de la banda de 700 Mhz recién desocupados con el “apagón analógico”, así como el par de hilos de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. En el proyecto se calcula una inversión de 7 mil millones de dólares en ocho años.


El proyecto debió iniciar en 2014 pero se retrasó dos años. De los primeros 21 grupos interesados, sólo quedaron dos: Rivada y Altán. Este último se perfiló como el único ganador, una vez que fue descalificada la propuesta técnica de Rivada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/468955/red-compartida-nuevo-escandalo-enloda-al-penanietismo

Aprueba la SCT una red que comparte múltiples riesgos e intereses económicos

El jueves 17, apenas se conoció el fallo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la adjudicación de la Red Compartida de Telecomunicaciones al consorcio Altán –que lidera el empresario español Eugenio Galdón–, comenzaron las inconformidades dentro y fuera del país. Especialistas en telecomunicaciones temen que el controvertido proyecto acabe enfocándose sólo en las zonas rentables económicamente y deje sin servicio a las marginadas.

CIUDAD DE MÉXICO: La Red Compartida de Telecomunicaciones, la licitación más ambiciosa de este sexenio bajo un modelo de asociación público-privada (APP) por 7 mil 500 millones de dólares, quedó finalmente en manos de consorcio Altán, conformado por nueve agentes económicos que van desde el poderoso megabanco internacional Morgan Stanley (accionista de 33.38% a través de Marapendi Holding) hasta fondos de inversión, como China Mexico Found Investment (CMF), que tendrá 23.36% y una red de sociedades configuradas en paraísos fiscales y de fideicomisos de pensiones y de accionistas bursátiles.

Las dos únicas empresas de telecomunicaciones mexicanas que participarán en el consorcio serán Megacable y Axtel, cada una con 4.01% de la inversión total, y el abogado mexicano Miguel Escobedo y Fulda, principal accionista de Hansam, S.A. (con 9.35% de las acciones).

El apoderado legal del grupo, el empresario español Eugenio Galdón, tiene sólo 3.34%, a través de la sociedad unipersonal denominada Isla Guadalupe Investments SLU, creada en un paraíso fiscal. Galdón, presidente de grupo Multitel, fue fundador de la empresa de telecomunicaciones ONO, que terminó vendiendo a Vodafone España.

Tras conocerse el fallo el jueves 17, Galdón declaró que “este concurso ha sido modelo, transparente y competitivo, con normas iguales para todos y no se fabricó a la medida de las necesidades de nadie”.

No opinó lo mismo el representante legal de Consorcio Rivada, Declan Ganley, quien escribió el mismo día en su cuenta de Twitter que no había sorpresa en el fallo. “El pueblo de México recibe un trato injusto, que es triste”, sentenció.

Consorcio Rivada fue descalificada desde el viernes 4 por no haber cubierto la garantía de mil millones de pesos. Ganley declaró que fueron “secuestradas” las cajas y posteriormente consideró que la licitación “apestaba” porque se trataba de favorecer a su competidor del consorcio Altán. Rivada interpuso dos litigios jurídicos que difícilmente prosperen, según destacan varios especialistas consultados por Proceso.

“Tenemos información sólida de dos fuentes (del gobierno mexicano) sobre beneficios a Altán. No hacemos estas denuncias sin conocimiento de causa”, reiteró Ganley en las redes sociales.

El apoderado legal de Consorcio Rivada, Julián Domínguez, protestó el mismo día del fallo sobre la oferta económica porque se le impidió el acceso a la ceremonia pública organizada en el auditorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Domínguez declaró que sólo fueron notificados hasta el viernes 4 que fueron descalificados del concurso.

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ni se inmutó ante las críticas de Rivada y declaró que el fallo a favor de Altán “es un momento histórico para el gobierno de la República, la sociedad en su conjunto y la industria mexicana de las telecomunicaciones” y destacó la transparencia, el interés internacional y la posibilidad de que la Red Compartida cumpla con el objetivo de eliminar la brecha digital y darle acceso a 46% de la población que no está conectada.

Escepticismo internacional y nacional

No opinaron lo mismo los dos principales periódicos especializados en finanzas y negocios, el estadunidense The Wall Street Journal y el británico Financial Times. El primero cuestionó en su nota informativa la rentabilidad del proyecto, ya que creará duplicidad en redes manejadas por otras compañías como América Móvil, Telefónica y AT&T.

The Wall Street Journal reproduce en su nota cuestionamientos de especialistas como Francisco Gil Díaz, expresidente de Telefónica, y de Ernesto Piedras porque, dicen, la infraestructura de la Red Compartida podría no atraer la demanda esperada, ya que las zonas más rentables tienen los servicios de banda ancha.

A su vez, Financial Times resaltó los vínculos de Altán con el capital chino que tendrá 23% de las acciones del desarrollador de la Red Compartida, a través de China Mexico Found, administrada por Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial.

La especialista en telecomunicaciones Clara Luz Álvarez cuestiona el esquema de financiamiento público y privado que es poco transparente en ambos consorcios y destaca que “el error de origen de la Red Compartida estuvo en la redacción del décimo sexto transitorio de la reforma constitucional de telecomunicaciones”.

Entrevistada por Proceso, Álvarez se dice “escéptica” frente al futuro de la Red Compartida porque “es un proyecto bastante riesgoso” y “el peor escenario es que sólo acabe enfocándose en las zonas rentables económicamente y sigan sin servicio las zonas marginadas”.

–¿Puede suceder que una inversión tan elevada como la Red Compartida no ayude a eliminar la brecha digital? –se le pregunta.

–Así es. Si el consorcio ganador no cumple con las condiciones establecidas en las bases de licitación el proceso de sanción es muy largo y tortuoso. Además, ¿cómo le quitas la concesión a un consorcio internacional por 20 años que utilizará el espectro de la banda 700 Mhz?

–¿Cuál es el error fundamental de la Red Compartida?

–El error básico estuvo en el diseño de la reforma constitucional. El artículo transitorio ató de manos a la SCT y al IFT. No podían tener un mejor modelo. Se pudieron hacer otros esquemas, que se enfocaran sólo en las zonas marginadas.

Excomisionada de la antigua Cofetel, Álvarez también expresa sus dudas sobre el litigio de Consorcio Rivada. “¿Por qué Rivada no presentó la garantía a tiempo? ¿Se habrán dado cuenta de que no era tan buen negocio? En realidad, están emprendiendo una graciosa retirada”, señala.

–Sin embargo, están demandando y han sido muy duros en sus críticas –le comenta el reportero.

–Ellos saben que no tiene futuro su litigio. Quizás es una forma de retirarse elegantemente.

A su vez, Sandra Rodríguez, del despacho Jurídica en Telecomunicaciones, cuestiona que sólo hubiera una propuesta. “Se perdió la posibilidad de valorar los proyectos que harían de este proceso un concurso más consistente y en beneficio de los mexicanos”.

Jorge Bravo, director del portal especializado Mediatelecom, escribió: “La Red Compartida es un proyecto de alto riesgo financiero y tecnológico, pero encontró inversionistas y un modelo de negocio. Lo más importante es que tiene un objetivo social: conectar a los desconectados allí donde los operadores no han invertido lo suficiente”.

Altán se comprometió a desplegar una infraestructura mayorista de servicios de telecomunicaciones en banda ancha con 10 mil radiobases en todo el territorio nacional, a partir de la concesión de 90 Mhz en la banda 700 Mhz, liberada tras el “apagón analógico”.

Según el fallo de la SCT, el consorcio triunfador cumplió con los parámetros técnicos de cobertura y económicos necesarios para desplegar esta red que incluirá también el par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

Altán tiene como plazo hasta el 31 de marzo de 2018 para iniciar operaciones comerciales con una cobertura no menor a 30% de la población, a través de una APP, la primera red de telecomunicaciones de su tipo construida con una asociación público-privada.

El Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel), descentralizado de la SCT, será el responsable de vigilar el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones previstas por el consorcio ganador.

Según el cronograma del propio consorcio Altán, para marzo de 2018 tendrá cubierto 30% del territorio nacional y 25% de los Pueblos Mágicos; para el tercer año (2021) cubrirá 50% de todo el territorio y hasta el séptimo año (2025) alcanzará la cobertura de 92.2% de todo el territorio.

Marapendi y Morgan Stanley, de última hora

El jueves 3, apenas un día antes de que se emitiera el fallo sobre la viabilidad de las propuestas técnicas, los siete comisionados del IFT, entidad responsable de emitir su opinión en materia de competencia económica, recibieron una petición urgente de consulta de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT para que analizaran y autorizaran la integración a Altán de una entidad llamada Marapendi Holdings.

Esta sociedad se constituyó a principios de septiembre pasado, apenas dos días antes de que el consorcio pidiera su opinión a la IFT en materia económica, según se desprende de la versión estenográfica de esa sesión en la página del organismo regulador.

Marapendi Holdings se convertiría en el “fondeador” de los dos principales accionistas fijos del consorcio: North Haven Infraestructure Partners II L.P. y North Haven Infraestructure Partners II-AIV L.P, ambas sociedades constituidas bajo la legislación de los Países Bajos, que es un paraíso fiscal.

Otro dato interesante de ambas empresas North Haven: llevan el nombre de un suburbio al norte de New Haven, Connecticut, donde está la Universidad de Yale. En esa zona tiene su residencia el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, según confiaron a Proceso académicos originarios de North Haven.

Durante esa sesión, los comisionados del IFT determinaron que la elección de Marapendi Holdings “como vehículo previamente constituido por el NHIPI y NHIPII o como parte del desarrollador se apega plenamente a los términos establecidos en la resolución emitida por el pleno (del organismo)”.

Según la versión estenográfica del organismo, “dichas sociedades tenían la libertad de escoger cualquier vehículo para participar en el consorcio, siempre y cuando fuese en los parámetros evaluados y autorizados por el IFT en la Opinión en Materia de Competencia Económica”.

Finalmente, resultó que Marapendi Holdings se convirtió en el principal accionista de Altán, ya que posee 33.38% de las acciones y los fondos provienen de Morgan Stanley Infraestructure II.

El segundo fondo principal es de origen chino y se denomina CMF Invest­ment Company II BV. Es un fondo de inversiones administrado por la Corporación Financiera Internacional que pertenece al Banco Mundial. Tendrá 23.36% de las acciones.

El tercer fondo con mayor participación acccionaria es el Fideicomiso de Coinversión 2431, que maneja los fondos de pensiones canadienses de Quebec a través de la Caisse Depot et Placement du Quebec (CDPQ), y tendrá 12.68% de las acciones del consorcio Altán.

El cuarto accionista en importancia es Hansma, S.A., del abogado Miguel Escobedo y Fulda, que tendrá 9.35%. Escobedo y Fulda apareció como socio, junto con su esposa e hijos, de la empresa Pro-S Seguridad Privada, Custodia de Valores y Gestión de Efectivo, cuyo nombre surgió en una investigación de 2012 en la Cámara de Diputados por la compra de la empresa transportista de valores Servicio Panamericano de Protección a la firma estadunidense Brink’s. Esta operación implicaba una presunta violación a la Ley de Inversiones Extranjeras que prohibe la participación mayoritaria de capital exterior en empresas transportistas.

El quinto accionista es el FFLATAM 15-2, fideicomisos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y tendrán 6.54% de las acciones.

Las empresas de telecomunicaciones Axtel, de capital regiomontano, y Megacable, la única de las grandes compañías operados de televisión por cable que no pertenece a Grupo Televisa, tendrán solamente 4.01%, respectivamente, de las acciones de Altán, sin derecho a voto.

Consorcio Rivada y la presencia de EchoStar

En el análisis de competencia económica de Consorcio Rivada, realizado por el IFT el 13 de octubre, el tema más polémico fue la presencia de EchoStar Technologies, socia de Dish México, competidora de la empresa Sky, filial de Televisa.

Los comisionados del IFT determinaron que la participación de EchoStar en Dish México “no es una condición suficiente” para concluir que tenía control e influencia sobre la empresa creada por Grupo MVS. Su participación accionaria es de 16%, según se desprende de la misma versión estenográfica.

Rivada se comprometió ante IFT a que EchoStar no tendría más de 49% de los votos, pero los comisionados acordaron que esta compañía estadunidense sólo podía tener “un porcentaje menor a 10% del capital social y de los derechos de voto” en el consorcio.

El IFT también analizó la presencia en el Consorcio Rivada de la empresa Ciena Communications, creada en Delaware. Los dos accionistas principales de Ciena son Black Rock y Vanguard, que participan directa o indirectamente con varios de los grandes consorcios de telecomunicaciones en México, como América Móvil y Telefónica, impedidos de participar en la licitación de la Red Compartida.


El organismo determinó que Marco Antonio Slim Domit, de América Móvil, era consejero independiente en Black Rock, pero que eso “no lleva a la coordinación de las sociedades identificadas porque no tienen influencia” determinante sobre Consorcio Rivada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/463578/aprueba-la-sct-una-red-comparte-multiples-riesgos-e-intereses-economicos

Juez niega amparo a Rivada contra la SCT por Red Compartida

CIUDAD DE MÉXICO: Un juzgado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones rechazó el amparo que interpuso el Consorcio Rivada contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) bajo el argumento de incompetencia.


“Visto el oficio de cuenta, así como el sumario constitucional que remite el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y en atención a los motivos expuestos, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por cuestión de especialización”, dice el expediente 162/2016 fechado el pasado viernes 11.

Se trata del amparo que el pasado 7 de noviembre solicitó la empresa contra la descalificación del proyecto que presentó sobre la Red Compartida para ser parte del desarrollo económico del país. Según la empresa, cuenta con la experiencia y tecnología para participar en el plan de la dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.

No obstante, la SCT declaró a la empresa como no solvente, además de que presuntamente no entregó la garantía de seriedad de mil millones de pesos, de acuerdo con las bases del concurso; entonces, la descalificó de la licitación. Así, avanzó al siguiente paso del proceso el consorcio Atlán, integrado por Megacable y Axtel.


Ese amparo fue remitido al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dirigido por Alma Delia Aguilar Chávez. Sin embargo, ésta lo rechazó y lo turnó a un juzgado especializado pues consideró que no es competente en la materia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462566/juez-niega-amparo-a-rivada-contra-la-sct-red-compartida

Responde SCT a Rivada: no cumplió con la garantía de seriedad en Red Compartida

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reiteró que el Consorcio Rivada fue descalificado de la licitación de la Red Compartida por no entregar la garantía de seriedad de mil millones de pesos “en los términos y condiciones establecidos en las bases de concurso”, publicadas el 29 de enero de este año.


En respuesta a la inconformidad de Consorcio Rivada, descalificado el pasado viernes 4 de noviembre y que emitió un duro comunicado de prensa calificando la licitación como “una coronación” a favor del Consorcio Altán, la SCT recordó en un comunicado que Rivada pidió una prórroga de cinco días hábiles para entregar la garantía de seriedad, contraviniendo lo establecido en los numerales 4.9.1, 4.15.2 y 14.15.2.6 de las bases de concurso.

La subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, destacó en varias entrevistas publicadas este lunes que Rivada “está en su derecho” de inconformarse por la vía judicial contra la descalificación del concurso, pero reiteró que no habrá marcha atrás en la decisión adoptada.

De acuerdo con las bases del concurso, el proceso de licitación y adjudicación de la Red Compartida será adjudicado a más tardar el 31 de marzo de 2018, cuando el ganador del concurso deberá iniciar operaciones comerciales con una cobertura no menor al 30% de la población de todo el país.

El proyecto de la Red Compartida deberá ser diseñada y desplegada con base en tecnología móvil de última generación 4G y cumplir con una cobertura poblacional de por lo menos el 85% del territorio.


Operará completamente con dinero privado, por lo que se convierte en la primera Asociación Público Privada (APP) autofinanciable que estará a cargo de un proyecto tan ambicioso cuyo costo se calcula en siete mil millones de dólares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461669/responde-sct-a-rivada-no-cumplio-con-la-garantia-de-seriedad-en-red-compartida