Mariana Rodríguez violó derechos de menor discapacitado que “adoptó” fin de semana: Redim

Bajo el argumento de un permiso de convivencia de fin de semana –una “adopción” de 2 días–, Mariana Rodríguez Cantú –servidora pública y esposa del gobernador de Nuevo León­, Samuel García Sepúlveda– extrajo del centro del DIF Capullos a un niño de 5 meses de edad, con discapacidad. Por este hecho la funcionaria habría violado los derechos del menor en situación de vulnerabilidad, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Agregó que el DIF-Nuevo León y el DIF nacional están obligados a garantizar el derecho a vivir en familia y los estándares para la protección de la niñez con necesidades de atención especiales. Por ello, dijo, “será muy importante conocer cuál es la valoración que se haga desde estas instancias sobre la protección de este niño a vivir en familia, a no ser revictimizado ni usado un fin de semana para generar beneficios en términos de popularidad y en redes sociales monetizadas”.

El 30% de desaparecidos en el país tiene menos de 17 años: Redim; la mayoría son mujeres

Los niños, niñas y adolescentes de México enfrentan un panorama desalentador, pues persisten los casos de desaparición, violencia y maternidad o matrimonio adolescente. De acuerdo con el balance anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), no existen políticas públicas ni recursos suficientes para protección de los infantes.

De enero a noviembre de 2015 –según cifras oficiales–, 622 personas de 0 a 17 años perdieron la vida por homicidio. El 62.9 por ciento, que equivale a 391 casos –81 eran mujeres y 310 eran hombres–, fueron adolescentes que tenían entre 15 y 17 años. Es decir, 5.8 de cada 100 mil personas de 15 a 17 años fallecieron por homicidio durante ese periodo.

La tasa de mortalidad por homicidio entre adolescentes de 15 a 17 años fue de 2.4 mujeres y 9.1 hombres, por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con la Red, la tercera parte de los homicidios de niños, niñas y adolescentes se concentraron en los estados de Guerrero, Estado de México y Jalisco.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, explicó que son los jóvenes a los que la violencia sigue afectando, tomando en cuenta los datos de homicidio y desaparición.

De 2006 a 2014 se registraron más de 23 mil casos de desaparición en toda la población, de los cuales más de 6 mil 700 fueron de menores de edad, que representa el 30 por ciento de desapariciones en el país.

Redim informó que en siete de cada 10 desapariciones, las víctimas son jóvenes de 15 a 17 años y en su mayoría son mujeres. Actualmente el Estado de México tiene 393 registros de mujeres adolescentes desaparecidas, que corresponde a los 400 casos denunciados por familiares.

“Cuando decimos esto, nos referimos a que el Estado mexicano y sus entidades federativas siguen sin brindar medidas preventivas”, comentó Juan Martín Pérez García, quien agregó que “no podemos seguir con la idea que a los niños les va bien porque recibieron juguetes el 6 de enero. Está bonito, está padre para la foto, pero eso no ayuda a tomar decisiones de políticas públicas; son los datos, los cuales nos vienen señalando que hay entidades federativas donde es muy urgente implementar acciones”.

Las entidades con mayor número de casos de desaparición de menores son: Tamaulipas, Baja California, Guanajuato y Puebla.

Las entidades con mayor número de casos de desaparición de menores son: Tamaulipas, Baja California, Guanajuato y Puebla.

Pérez García resaltó que muchos de los menores desaparecidos van a dar a manos de grupos del crimen organizado, ya sea para prostitución o para reclutarlos con fines de transportación de droga o incluso como sicarios.

Redim calcula que cerca de 25 o 30 mil niños en México son explotados por el narcotráfico; si bien, no es una cifra oficial, esta estimación evidenció la falta de información y datos sobre esta problemático, refirió.

El director de la organización puso como ejemplo a los menores asesinados en la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya por parte del Ejército, que tuvo lugar en junio de 2014 en el Estado de México, y donde las familias habían reportado a esos adolescentes como desaparecidos.


Pese a que existe el reclutamiento forzado y muchas de las víctimas son niños, en México no hay una figura para atenderlos. Tampoco hay reparación de daño.

En cuanto a recursos, los menores de edad, que representan el 35 por ciento de toda la población mexicana, reciben 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de ahí solamente el 1 por ciento es destinado para protección de 40 millones de infantes.

Redim informó que con ese dinero no se puede garantizar el bienestar de los niños y adolescentes. “Con esos recursos, la realidad de los menores de edad no cambiará”, dijo Pérez García.

En materia legislativa tampoco hay muchos avances, pues la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –que entró en vigor en diciembre de 2014– y el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes están en el papel pero no se han implementado, detalló la organización.

Por otra parte, 300 mil 331 mujeres de entre 15 y 17 años (el 9.4 por ciento) estaban casadas, separadas, divorciadas, vivían en unión libre o eran viudas en 2015.

Un total de 23 mil 605 mujeres de 10 a 14 años, o sea, 4.3 de cada mil mujeres en dicho rango de edad, estaban casadas, separadas, divorciadas, vivían en unión libre o eran viudas en 2015; 91 mil 582 mujeres de entre 15 y 17 años (el 6 por ciento de las mujeres en dicho rango de edad) tenían al menos un hijo en 2015.

En México, por cada mil mujeres de entre 10 y 14 años, 1.2 mujeres de 10 a 14 años (6 mil 844) tenían al menos un hijo en 2015.

Respecto al nivel de educación educación, Redim informó que 4 millones 762 mil 863 menores de 3 a 17 años (el 14.4 por ciento) no asistían a la escuela en 2015.

La organización aclaró que los problemas de la infancia no se pueden resolver con acciones menores, sino con una cadena de políticas públicas en las cuales se contemple la opinión de los menores.


“Debemos comenzar a escuchar a los niños, ellos tienen mucho qué decirnos”, opinó Juan Martín Pérez García.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-01-2016/1592576

Suman más de 6 mil 600 los menores desaparecidos en México: Redim

MÉXICO, DF: Pese a que casi 30% de los casos reportados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) corresponde a menores de edad, no existen políticas públicas para atender el problema, alertó el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.

Al término de la presentación del informe “La infancia cuenta en México 2015”, Pérez García señaló que de la reciente cifra depurada del RNPED, de 23 mil personas sin ser localizadas, unos “6 mil 676 son personas menores de edad, y el dato más preocupante es que en el segmento de adolescentes de 15 a 17 años de edad, siete de cada diez son mujeres adolescentes desaparecidas”.

Al aclarar que los registros del RNPED no fueron incluidos en la plataforma de la Infancia Cuenta porque es información que se está actualizando constantemente, Pérez García resaltó que los datos oficiales demuestran la gravedad de las alertas que organizaciones han hecho sobre “desaparición, de robo de mujeres y de trata, ilícitos que están directamente vinculados con acciones presuntamente del crimen organizado”.

Para Pérez García más grave aún es que los datos sobre la desaparición de menores “no están siendo considerados para la toma de decisiones, como alertas de género que se deberían haber emitido a partir de las cifras, tendría que ser una forma urgente para tomar medidas preventivas”.

Luego agregó que el problema tampoco está considerado en el proyecto de ley sobre desapariciones, pues “no están visibilizados los niños o el tema queda reducido a la declaración de ausencia para que las familias puedan registrar a sus hijos y no frenar sus trámites, y lo hemos hablado con Gobernación de que estamos hablando de que entre 25 y 30% de los casos de desaparición por particulares o desaparición forzada son menores de edad”.

En la onceava edición de la Infancia Cuenta en México, Pérez García destacó que entre los temas de preocupación resaltan las altas tasas de homicidios de menores, con entidades que “han estado creciendo en estas cifras, como Guerrero, en tanto que en Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa no se ha dejado de registrar, son estados que para un adolescente se convierten en lugares inseguros”.

Entre los problemas que no varían su tendencia de alarma, dijo, están los embarazos tempranos, sobre todo en rangos de 10 a 14 años, en tanto que en las categorías de 15 a 17 años no disminuyen aquéllos.

El defensor criticó que las autoridades federales consideren como “tasas normales” los embarazos entre chicas de 15 a 17 años, que es de 5%, aunque en estados como Chiapas y Chihuahua los índices son de 8%

“Con motivos diferentes, en Chiapas con una lógica de desprotección a las mujeres indígenas y de pautas culturales o prácticas tradicionales nocivas, y en el caso de Chihuahua por violencia sexual”, aclaró el director ejecutivo de la Redim.

Enseguida dijo que es “inaceptable” que, ocupando el número 11 de las economías en el mundo, “no estemos para nada en la correlación de desarrollo humano con el beneficio a niños y niñas”.

Entre las preocupaciones de la Redim está también la deserción escolar en nivel medio superior, que oscila entre 25 a 30% en las entidades del país, lo que “habla de que estos adolescentes no solamente no pasarán la educación media superior, sino que están condenados a vivir en pobreza”, como lo sostienen estudios de la Cepal.

Peor aún, dijo que “hay una correlación entre adolescentes que no están en la escuela con adolescentes en conflicto con la ley, no es una cuestión de que los adolescente que no están en la escuela van a cometer delitos, sino que es un asunto de desprotección si los adolescentes no están en la escuela y no están protegidos por los sistemas o las instituciones de nuestro país, lo que los hace presa fácil”.

Al abundar sobre la situación de pobreza de los menores, Pérez García destacó que, de acuerdo con los datos de Coneval, “53% de niños en México viven en pobreza, en tanto que 5 millones están en pobreza extrema, eso significa que al menos una vez al día tienen dificultad para comer, pero si son indígenas ocho de cada diez son pobres, eso nos muestra la discriminación institucional y cómo nuestro país, pese a instrumentos y tratados firmados, no ha cambiado que ser indígena en México te convierte automáticamente en pobre”.

También agregó que los estados con más rezago son Chiapas, Veracruz, Oaxaca y “algunos municipios de como Calakmul, en Campeche, que es de riqueza cultural maya pero es de los más pobres en el país”.

Sobre el eventual debate sobre la legalización de la mariguana, Pérez García advirtió que “abre la ventana para revisar la lucha contra el crimen organizado, particularmente contra el narcotráfico”, como lo recomendó el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en la revisión que hizo a México.


También recordó que en su informe del 10 de junio pasado el Comité de la ONU “expresamente pidió al gobierno mexicano revisar la estrategia de lucha contra el crimen organizado, porque el peor impacto que ha tenido esta estrategia ha sido para los niños, niñas y adolescentes, que se refleja en el incremento de tasas de homicidio, así como en el reclutamiento forzado, es decir la narcoexplotación, que el Estado mexicano se ha negado a reconocer, y la desaparición, tema en el que el Comité pide que en la nueva ley de desaparición se incluya el reconocimiento de los niños y acciones a favor de ellos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=420429

El Estado es un “engañabobos”: REDIM; en crisis de DDHH los niños lideran estadísticas, dice

En la grave crisis de derechos humanos que vive México, señalada por la comunidad internacional, los infantes y los adolescentes son los que tienen más probabilidades de padecer y perecer, afirma Juan Martín Pérez García, director de REDIM.

En México cuando se habla de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, se piensa en adultos. Nada más equivocado,  dice en esta entrevista Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Son los niños, niñas y adolescentes los más afectados por la falta de acción del Estado, pare detener la maquinaria de muerte y corrupción que día a día sacude a los mexicanos, asegura a SinEmbargo el activista.


Siete de cada 10 personas ya no salen a la calle, o no dejan salir a sus hijos, afirma Juan Martín. El motivo principal es el miedo.

“Miedo a la inseguridad a la que estamos expuestos muchos de nosotros. Esto nos da cuenta de que el Estado no está cumpliendo con ese rol de garantizar nuestra integridad. Hay una ruptura en el contrato social. El Estado no es capaz de respetar este contrato, sus instituciones no respetan el acuerdo social que significa tratados internacionales, leyes mexicanas y demás. No respeta la integridad de sus ciudadanos, por eso es que hablamos de una grave crisis de derechos humanos”, dice.

Para el director de REDIM el país podría tocar fondo y convertirse en un narco-estado, si es que ya lo es, acota, gracias a gobiernos simuladores, “engañabobos”, que firman tratados, se abren a la crítica y a la evaluación, pero al final rechazan las observaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recomendaciones van y vienen. También excusas. Es la infancia mexicana la más desprotegida y vulnerada, argumenta

–¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el caso de la infancia en México?

–La violencia tiene entre sus peores expresiones impactos negativos en niños, niñas y adolescentes. Digamos creo, que hay un elemento contextual para entenderlo y tiene que ver con las condiciones de desigualdad. Las niñas, niños y adolescentes viven en la invisibilidad, están considerados como objetos de la propiedad familiar. Eso lleva a que el Estado no realice acciones preventivas, sino que decida generalmente actuar siempre cuando los niños son víctimas o se les considera victimarios. Ese esquema de carecer de una política de Estado para atender de manera apropiada a niños y niñas, lleva a que sean vulnerables o frágiles a todo lo que pasa en el país. Hay que tener presente que los niños y niñas representan el 36 por ciento de la población, cualquier cosa que pase en este país, les toca en gran medida a ellos. Muchos datos rondan a ese impacto de 36 por ciento. En el ámbito de desapariciones, en los registros disponibles de parte del Estado mexicano hay 23 mil casos registrados de desaparición de los cuales 6 mil 700 son de personas menores de 18 años. En el segmento de 15 a 17 años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Los estados donde hay un número importante de desapariciones son Estado de México, Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero. Cuando nos muestran estos datos es que pensamos en la grave crisis de derechos humanos y hablamos de desaparición. Todo el mundo piensa en adultos, pero no están reconociendo que en muchos casos los niños y las niñas son víctimas. Hay varios casos que se han encontrado que desaparecen a la familia completa o que es asesinada la familia completa. Niños y niñas van en este escenario de sangre y desaparición, siendo estas víctimas constantes, pero invisibles.

–De los resultados de la llamada guerra contra el narco, de los casi 30 mil desaparecidos y los muertos, ¿qué tanto por viento serían niños o menores?

–Hay una situación compleja en los datos, pero los disponibles, los datos oficiales nos dan cuenta de que las tasas de homicidios, el número de homicidios de niños y niñas frente a adultos, creció. Ahora mismo hay dos tipos de datos: los poblacionales, estadísticos, que se ve como las tasas de homicidios han ido creciendo de manera alarmante a partir de 2007, obviamente vas a notar que los datos van creciendo y que coinciden plenamente con la confrontación entre el Estado y los grupos criminales, pero el segmento más grave, es el de adolescentes de 15 a 17 años. Entidades como Chihuahua en 2012 tenía una tasa de homicidios de 45 por cada 100 mil habitantes. En el el país eran 14 casos por cada 100 mil. México ha invertido mucho dinero en armas, policías. Esta confrontación de fuego obliga en un principio a requerir soldados. Esto originó a que detonara de parte del gobierno la contratación de jóvenes para la Policía Federal y el Ejército. Denunciamos ante el Comité de los Derechos del Niño que aumentó el reclutamiento de adolescentes a partir de 15 años en el Ejército. Pero también por los grupos criminales. Nosotros hicimos un recuento hemerográfico, no es oficial, pero lo que logramos tener evidencia, lo tenemos  en un mapa y nos dio cerca de 2000 casos, entre 2006 hasta 2014. Todos ellos vinculados a escenarios de crimen organizado.

–Hay quienes dicen que los adolescentes no son niños…

–Nuestras leyes reconocen que se es niño en este concepto jurídico, hasta antes de cumplir 18 años. En términos psicológicos tenemos entonces los recién nacidos; los de primera infancia antes de los ocho años;  la niñez de nueve a 12 y la adolescencia que inicia a los 13 hasta los 17. Hasta antes de los 18 años están protegidos por los convenios internacionales y por las leyes mexicanas. El que asesinen adolescentes de 15 a 17 años, nos da cuenta del estado de abandono en el que se encuentra este segmento. Precisamente por esta representación social de que ya no son niños, pero al mismo tiempo tampoco están con posibilidades; por ejemplo, un adolescente de 15 años de edad, no puede registrar un equipo de fútbol solo, no puede tener un proyecto y acceso a crédito, tampoco puede votar, pero sí puede ser privado de la libertad. Hay una incoherencia en la forma que tratamos a nuestros adolescentes, porque ni les vamos incorporando al mundo laboral, ni educativo, pero tampoco les permitimos condiciones legales y sociales para un desarrollo diferente. Así como subieron las tasas de los homicidios, los de los adolescentes estuvieron a veces 100 por ciento por arriba de los adultos. La tasa de homicidio a nivel nacional de 2014 era de 11.3 casos por cada 100 mil habitantes y en el segmento de 15 a 17 años de 14.3 por cada 100 mil, hay un 30 por ciento de probabilidad mayor que asesinen a un adolescente que a un adulto.

–¿Cuántos convenios internacionales en materia de infancia ha firmado México?


–Los tratados internacionales en infancia son complementarios. El corazón del sistema universal de derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hace ya 60 años, sobre eso hay nuevos instrumentos. El 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, este sería el instrumento especializado en infancia, pero es importante tener en cuenta que se complementa con los otros tratados, por ejemplo los tratados para la violencia contra las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, se entremezclan. Hay condiciones que llevan a  que se entienda que el sistema universal crea una especie de entramado, de red. Cuando estamos hablando de niños y niñas están protegidos no solo por la Convención y  sus protocolos que hay tres: el  de Venta, Pornografía y Prostitución Infantil,  Conflicto Armado y un tercero que México no ha firmado que son denuncias individuales de niños frente al Comité. Todos esto permite tener un mecanismo de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene otros mecanismos, tiene una Relatoría Sobre los Derechos de la Niñez.

–¿Cómo calificarías a México con los tratados que ha firmado a nivel internacional con respecto a los derechos del niño? ¿Se puede decir que está al nivel de los países desarrollados, en teoría?

–México es un Estado complejo. No es un Estado monolítico. Es un Estado que tiene una gran diversidad dentro del Estado. Hay aquellos gobiernos que son grandes simuladores, firman todo, hablan con discurso de derechos humanos, pero en su espíritu, su corazón, no está en los derechos humanos, sino en otros tipo de intereses. El ejemplo más burdo y básico es la simulación en el Distrito Federal: se mencionan los derechos, pero es la ciudad es donde mantenemos un número muy importante de graves violaciones a los derechos humanos, en lo cotidiano. Hay otros gobiernos, como Coahuila, con un descrédito impresionante, pero que han decidido abrirse al mundo. La primera Ley la tenemos en Coahuila, la más avanzada. En marzo se conocieron datos sobre maltrato infantil, se manejó que se incrementó y entre las entidades  con más casos, está Coahuila, con 200 por ciento más. Esto podría significar que  está muy grave o que hay más registro de maltrato infantil. Tienen una policía especializada para la infancia. Son policías jóvenes, preparados y sensibilizados. Tenemos otros gobiernos como Chihuahua, retrogradas, violatorios, que no queden saber nada del escrutinio interno, mucho menos el internacional. Entonces, por eso digo que el Estado mexicano no es monolítico y que tiene tal nivel de porosidad, que no puede controlar o generar un acuerdo con las entidades federativas. No tenemos un Estado fuerte, sino sistemas feudales en las entidades federativas y que son como [Javier] Duarte que manda matar a periodistas. Tratando de redondear, toda esta crisis tiene que ver en tres cosas básicas con la infancia: uno, hay incertidumbre en torno al futuro, para niñas y niños no saben qué harán en el futuro. Segundo, tienen miedo. Son las cosas que van reportando las encuestas. El tercer elemento son estos casos de desaparición, homicidio, feminicidio. Lo preocupante, lo grave es que el Estado rechace la crítica, la observación internacional, en un diálogo esquizofrénico. Todas estas visitas han sido por invitación. Es una especie de engañabobos, de decir: “vean qué tan abiertos somos, que hasta invitamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas a que venga a vernos, que nos hagan una revisión y, como nosotros lo invitamos, tiene que ser cortés y decir que estamos bien”.

–Y dice lo contrario: que hay una grave crisis y el Estado lanza una maquinaria de descrédito, ¿por qué?

–La respuesta básica, burda, pobre que han hecho, es que ya lo tienen controlado y distraen con temas por un lado, y por el otro empiezan a generar la duda razonable. Entonces el grupo de expertos [GIEI] demuestra jurídicamente, judicial y técnicamente que es imposible lo que están planteando en el tema Ayotzinapa y el Estado se consigue a otras personas que pueden decir que es posible. Es lamentable y pobre. Lo hemos hablado mucho con funcionarios. Lo que les explicamos es que hay que tener presente que los derechos humanos en el mundo han servido para fortalecer la democracia. Los gobiernos que han incluido los derechos humanos en su agenda, tienen democracias fuertes. Pensemos en Europa e incluso América Latina.

– Para el mundo de los adultos el caso más emblemático que retrata la grave crisis de derechos humanos es Ayotzinapa, para el caso de la infancia, ¿cuáles serían los casos emblemáticos que han llegado a nivel internacional, donde hay recomendaciones que México no acató?

–De manera reciente el Comité  de los Derechos del Niño emitió 150 recomendaciones a México, el 10 de junio pasado. Del examen que tuvo yo diría que la mitad las destinaron a graves violaciones de derechos humanos: desaparición, feminicidios, homicidios, reclutamiento forzado y casos paradigmáticos que el Comité recomendó hacer investigación y  justicia como el de la Guardería ABC, el de Mamá Rosa, el del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado en la represión de Puebla, y Tlatlaya, donde de las  22 personas ejecutadas presuntamente de forma extra judicial, cuatro eran menores de edad.


–Aún no ocurría lo de Ostula [Michoacán]. El niño de ocho años que fue asesinado.

–Así es. Además se agrega Tanhuato, Michoacán. De los 43 asesinados, uno de ellos era de 17 años de edad; un adolescente que le pasaron encima un vehículo de la policía federal. Está La Calera, en Zacatecas. De los siete jornaleros, cuatro menores de edad. Tenemos una larga lista de agravios a la infancia en estas violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano no está reconociendo. En el caso de Tlatlaya la necesidad es reconocer la presencia de niños, niños y adolescentes. No lo ha hecho y,  eso obliga y debe forzar a tener una respuesta distinta para la atención. En Desaparición, el 30 por ciento son de menores de edad, en el segmento de adolescentes de 15 a 17 años, donde siete de cada 10 son mujeres adolescentes. El crimen organizado se está robando adolescentes para convertirlas en esclavas sexuales o sicarias, es decir, hay toda una maquinaria que está operando, que además agrego, que el padre [Alejandro] Solalinde y el Comisionado para Michoacán, reconocieron tráfico de órganos. Esto no se ha investigado y con esto seguimos fragilizando al Estado y nos exponemos a que se repitan los acontecimientos. Se convierte en una especie de maquinaria que se para, se oxida y se pudre.

–Hay quien dice que el Estado mexicano no se compromete, porque no puede, porqué está sobrepasado en sus instituciones. ¿Qué tiene que hacer el Estado?

–Cada vez más personas que nos dedicamos a los derechos humanos vamos mirando que experiencias como la guatemalteca y una Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad, pudiera ser una salida. Comparto que el Estado mexicano está atrapado en su propia dinámica de corrupción, en el pacto de impunidad, ya reconocido cínicamente por la clase política. En los muchos compromisos internacionales donde ha fallado, en el descrédito y falta de legitimidad. La única manera es que tengamos apoyo internacional. La experiencia guatemalteca es una posibilidad. No son cosas mágicas, no es de la noche a la mañana, no tienen que terminar dos Presidentes presos, pero es un agente externo que ayuda a que se movilice la maquinaria interna. El Presidente [Enrique Peña Nieto] hace acuerdos con los padres de Ayotzinapa que no puede cumplir. El Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] hace acuerdos con todo el mundo , que tampoco puede cumplir, porque los gobernadores no le hacen caso, son señores feudales y entonces hacen lo que quieren. Una Comisión sería de gran ayuda y sería de rentabilidad política para esta administración, porque podría afrontar la crisis de derechos humanos con temas serios; porque muy pronto, si no es que ya nos está pasando, vamos a tener un narco-estado. El Estado no puede mantenerse con los ojos cerrados.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-10-2015/1526109.